Protección contra Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

7 Santiago, cinco de noviembre de dos mil diez.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 3, don nombre reservado, egresado de derecho, domiciliado domicilio reservado, recurre de protección en contra del Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, institución de educación superior, cargo desempeñado por don nombre reservado, profesor, ambos domiciliados en domicilio reservado ; en contra del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, representado por la misma persona antes indicada, ambos del mismo domicilio anterior y en contra de la Tesorería General de la República, representada por doña nombre reservado, ignora profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado, indicando que el 07 de mayo de 2010, formuló su Declaración de Impuestos para la Operación Renta año 2010 la que fue aceptada con fecha 18 de mayo de 2010 por el Servicio de Impuestos Internos al igual que la devolución de impuestos por la suma de $ 1.439.615.

Señala, que el 28 de mayo de 2010, tras consultar la página web de este servicio se enteró que la devolución de impuestos aceptada había sido retenida con igual fecha por la Tesorería General de la República, con una glosa que indicaba haberse efectuado una retención por la suma de $ 1.454.011 solicitada por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y al pedir información a Tesorería, ésta le indicó que la retención se efectuaba con la sola información y nómina que le enviaba esa casa de estudios y que respondía a una deuda de crédito universitario. Agrega que dicha deuda, correspondía a estudios realizados en la mencionada Universidad, por la cual suscribió un pagaré el 23 de enero de 1992 bajo el imperio de la ley 19.083 y que ella, se encuentra prescrita sin perjuicio de representar que se le aplica un interés del 1,5% mensual, lo que la hace más gravosa amén que la Universidad recurrida no ha efectuado gestiones de pago ante los tribunales, pretendiendo que es responsable de la mora respecto de una deuda original de 51,90 U..M. que por las circunstancias anotadas hoy asciende a 159,53 U.T.M. esto es, ha crecido en un 200% siendo improcedente que se cobre la deuda a través de una compensación legal, por tratarse de una obligación natural y no civil y además, por haber transcurrido en exceso el plazo de prescripción que establece la ley. Además, la facultad conferida por el artículo 9° de la ley 19.848 modificada por la ley 19.989 sólo se puede aplicar a los deudores de la ley 19.287 que facultó a los deudores del antiguo régimen a acogerse a sus disposiciones, lo que el recurrente no hizo.

Continúa expresando, que la Universidad recurrida lo incluyó en una nómina enviada a Tesorería, sin existir respaldo alguno de carácter mercantil que pueda permitir al ente retenedor actuar de la manera que lo hizo, ni menos claridad jurídica sobre la vigencia de la deuda y que, todo lo expuesto, constituye un acto arbitrario e ilegal, lo que conculca las garantías constitucionales previstas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. En efecto, en relación con la garantía del primero de los numerales en que funda en recurso, no ha existido un procedimiento racional y justo tramitado de acuerdo a las reglas que señale la ley ya que Tesorería ha retenido la devolución de impuestos con la sola información de la Universidad recurrida, sin dar oportunidad al recurrente a presentar otro descargo que no sea el certificado de pago emitido por el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario, lo que no satisface las exigencias mínimas de un procedimiento que debe tener las características indicadas. En cuanto a la segunda garantía que dice conculcada, el recurrente expresa que se le ha privado de su devolución de impuestos, lo que en la práctica es una expropiación y también, de la facultad de disponer de sus bienes corporales e incorporales o meros derechos, consistentes en poder alegar la prescripción de éstos ante un tribunal de la República.

Termina pidiendo que se adopten por esta Corte, las medidas para restablecer el imperio del derecho y que se le haga devolución y reintegro de todo el dinero que le fuera retenido por parte de aquel que actualmente lo tenga en su poder y se adopten, las medidas que beneficien al recurrente y a todos los deudores de crédito universitario del país.

Segundo: Que, a fojas 16 informa doña nombre reservado, Tesorera General Subrogante, por la recurrida, la Tesorería General de la República, indicando que efectivamente de la Declaración de Impuesto a la Renta 2010 del recurrente retuvo la suma de $ 1.454.011 remanente de pagos provisionales, a petición del Administrador del Fondo Solidario de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 19.989 en relación con la ley 19.287 y sus modificaciones, referidas a los deudores de crédito universitario entre los que se encuentra el señor nombre reservado. Agrega, que Tesorería no incurrió en acto arbitrario o ilegal alguno, ya que actuó de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora, razón por la que no se le puede imputar que su actuar sea reprochable en la forma que se plantea. Termina pidiendo, que a su respecto, se rechace el recurso.

Tercero: Que a fojas 58 y siguientes, informa la recurrida Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, señalando que el recurrente fue alumno de esa casa de estudios, y que éstos, los llevó a cabo con recursos provenientes del Fondo de Crédito Universitario de la ley 18.591 constituyéndose en deudor moroso de la Universidad, acogiéndose a los beneficios de la ley 19.083 suscribiendo un pagaré con fecha 23 de enero de 1992. Expresa, que aplicando lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 19.989 la Tesorería General de la República, con cargo a devoluciones de impuestos, en mayo 2008 le retuvo al recurrente la suma de $ 338.742 ; en el año 2009 la suma de $ 1.397.093 y en el año 2010 el monto cuestionado en este recurso.

Precisa, que la retención a que alude el presente recurso, se inició con el envío al recurrente de una carta aviso el 20 de enero de 2010 en que se le informa que se le va a ingresar al Registro de Retención de su Devolución del Impuesto a la Renta; se publicó la nómina de morosos en la página web de la Universidad y en el Diario La Nación del 18 de marzo de 2010.

Por ello, el recurso debe ser declarado extemporáneo por haberse interpuesto transcurrido el plazo de 30 días para ejercer la acción conforme lo dispone el Auto Acordado de la Excma Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, más aún si se tiene en consideración que es la tercera vez que se efectúa idéntica retención al recurrente.

Más adelante, se refiere a lo que disponen los artículos 70 y siguientes de la ley 18.591 que crea y regula el Fondo de Crédito Universitario ; la Ley 19.083 que estableció normas sobre reprogramación de deudas del crédito fiscal universitario, normativa a la que se acogió el recurrente suscribiendo un pagaré ; la ley 19.287 que modificó y complementa la primera y la ley 19.848 sobre reprogramación de deudas del Crédito Solidario de la Educación Superior, que en el artículo 9°, autorizó a Tesorería para retener la devolución de impuestos a quienes fueren deudores del sistema, indicando que si bien es cierto el recurrente no se acogió a esta última ley, la retención se hizo al amparo del artículo 1° de la ley 19.989 que no exige que el deudor se haya acogido a la ley 19.848 como lo plantea el recurrente.

Agrega la recurrida, que no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal, no ha conculcado las garantías constitucionales citadas por el recurrente por haberse ajustado en su proceder a la ley y a los procedimiento que ésta establece y que respecto de la prescripción de la deuda, ésta no ha sido demandada por el recurrente para que se declare por tribunal competente, estimando que tal pretensión no debiera prosperar, por estimar que se trata de una deuda imprescriptible. Además, se trata de una alegación de lato conocimiento que no es materia propia de un recurso de protección.

Finalmente, termina pidiendo el rechazo del recurso, por cuanto su actuar también tiene como causa legal, permitir el financiamiento del Fondo de manera que nuevos estudiantes que ingresen a las Universidades Estatales puedan acceder a él.

Cuarto: Que a fojas 72 y siguientes, informa el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, señalando que el Fondo, es un beneficio que se otorga a los estudiantes de la Universidades del Consejo de Rectores para financiar parte o el total del arancel de referencia anual de la carrera, precisando sus principales características en cuanto la forma y condiciones para su otorgamiento, pago y /o devolución; compatibilidad con otras becas; requisitos que el estudiante debe reunir para acceder al beneficio; su naturaleza jurídica reseñando las disposiciones legales que le dieron origen.

Refiere que el recurrente, hizo uso del beneficio y en general, alude a las mismas leyes reseñadas en el basamento anterior que llevan a esta recurrida a terminar, asimismo, pidiendo que a su respecto se rechace el recurso por no haber incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno.

Quinto: Que conforme lo referido en el recurso, lo que el recurrente reprocha en el proceder de los recurridos y que estima como actos arbitrarioa e ilegales, es que en base a nóminas enviadas por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y el Fondo Solidario antes citado, la Tesorería General de la República haya retenido al recurrente la devolución de los impuestos que le correspondía percibir por la Declaración de nombre reservado 2010 para ser puestos esos dineros a disposición del Fondo, en circunstancias que ello no era procedente, por cuanto se encontraba prescrita la deuda correspondiente al crédito fiscal universitario, no obstante que antes, con ocasión de la presentación de las Declaraciones Anuales de Renta de los años 2008 y 2009 ya se había procedido en igual forma, procedimiento que también había impugnado.

Sexto: Que en estos autos, a petición de la Universidad recurrida, se agregaron de fojas 76 a 86 una copia del Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 19.989 que faculta a Tesorería para retener la devolución de impuestos a los deudores del crédito solidario universitario presentado por el recurrente ante el Tribunal Constitucional el 28 de agosto de 2009 y asimismo, una copia de la demanda en juicio ordinario entablada por él, con fecha 12 de mayo de 2009, contra la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación ante el Cuarto Juzgado de Letras En Lo Civil de Santiago, solicitando la declaración de la prescripción extintiva de las acciones ejecutivas y ordinarias para el cobro de la deuda originada en el pagaré indicado en el basamento primero anterior.

Séptimo: Que conforme lo que se ha venido reseñando precedentemente, los actos y forma de proceder de los recurridos que merecen reproche al recurrente, necesariamente estuvieron en su conocimiento antes de la presentación de las acciones ante el Tribunal Constitucional y el Cuarto Juzgado de Letras En Lo Civil citados, lo que lleva a esta Corte a concluir que el presente recurso de protección, atendida la fecha de su interposición, es extemporáneo por lo que procederá a rechazarlo, sin entrar referirse a otros aspectos que en él se abordan.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°s 10, 11 y 24 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza por extemporáneo el interpuesto En Lo Principal de fojas 39 por don nombre reservado, con costas.

Regístrese y archívese, si no fuere apelada.

ROL N° 2987-2010.

Redacción del abogado integrante Sr. Guerrero Pavez Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Cornelio Villarroel Ramírez e integrada por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal y abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez.