HINO CHILE S.A. con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO

Foja: 77 Setenta y Siete Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fs. 1 comparece nombre reservado, ingeniero comercial, en representación HINO Chile S.A. del giro automotriz, ambos domiciliados en domicilio reservado, quienes deducen recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, representada por su jefe Inspector Provincial María Leonor Arroyo Funes, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Solicita se deje sin efecto y valor la resolución administrativa N° 43 de 26 de Mayo de 2014, notificada el 27 de Mayo del mismo año, por la cual la Inspección del Trabajo citada acogió una observación de legalidad de la comisión negociadora del sindicato de trabajadores de la empresa Distribuidora Automotriz Santiago S.A. (actualmente Hino Chile S.A.) y ordenó incorporar al proceso de negociación colectiva a 18 trabajadores dependientes de otras empresas, que no son parte del proceso de negociación.

Expone que la empresa al contestar el proyecto objetó a 19 trabajadores que no formaban parte de ella. El sindicato formulo observación de legalidad ante la recurrida, en la cual reconoce que los 19 trabajadores, salvo nombre reservado, no se encontrarían contratados por HinoChile S.A., pero instan por su incorporación al proceso porque si bien pertenecen a otras empresas, todas ellas forman parte de una unidad económica, con un mismo domicilio, mando común y explotan un giro similar, por lo que deben ser consideradas como una sola para todos los efectos de la negociación colectiva.

En cuanto al trabajador nombre reservado, señalan que está amparado por el fuero establecido en el artículo 309 del Código del Trabajo, en su condición de socio del sindicato actuante.

En cuanto al hecho que los 19 trabajadores cuestionados no pertenezcan al sindicato desde antes del inicio de la negociación, solo se limitan a señalar que si están afiliados.

La Inspección del Trabajo dio traslado del reclamo, sosteniendo la empresa, al momento de evacuarlo, que el ente administrativo carecía de facultades para declarar la existencia de una unidad económica, por corresponder a facultades jurisdiccionales. Mediante la Resolución 43, ya citada, la Inspección del Trabajo acogió parcialmente las observaciones de legalidad, excluyendo del proceso a solo uno de los trabajadores, y concluyendo respecto de los demás que Hino Chile S.A., era su empleador, aún cuando los contratos de trabajo hayan sido suscritos por otras empresas y, sin más, ordenó complementar la respuesta en 5 días corridos. En cuanto a su falta de facultades legales, sostuvo que de acuerdo al artículo 331 del Código del Trabajo y el artículo 14 de la Ley 19.880, en relación con el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, por lo que al ser requerida no puede excusarse de emitir pronunciamiento y de excluir los impugnados afectaría la garantía constitucional aludida en relación a los trabajadores objetados.

El recurrente funda su recurso en que la autoridad administrativa desconoce el tenor de los artículos 420 letra b, 391 Y 507 todos del código laboral, que otorgan competencia exclusiva a los tribunales del trabajo para el conocimiento de las cuestiones que en materia de negociación colectiva se planteen. Al proceder de contrario, se ha atribuido facultades que no le competen, al fijar el sentido y alcance del artículo 3ro.del código de la materia.

Lo reseñado precedentemente constituye una acto arbitrario e ilegal que viola los artículos 6, 7 y 73 de la Constitución y vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 3, inciso 4to., 21 y 24 de la Carta Fundamental.

Al actuar de la forma descrita,la recurrida ha vulnerado el principio de la legalidad de los actos de la administración a que se refiere el artículo 2° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, conforme a la cual los órganos del Estado deben someter su actuar a la Constitución y a las leyes.

Referente a las facultades de la Inspección del Trabajo en el marco de las observaciones de legalidad, el recurrente cita y transcribe en lo pertinente una jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y una sentencia de esta I. Corte de Apelaciones de Santiago, de las que concluye que en la actuación de la recurrida se incurrió en un acto ilegal que perturba la garantía constitucional del artículo 19 N° 3, inciso 4°, de la Constitución Política de la República, porque nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que señale ley y que se halle establecido con anterioridad.

Asimismo, el recurrente afirma que el acto arbitrario e ilegal importa una privación y perturbación de la garantía consagrada en el número 21 del artículo 19 de la Constitución Política, en cuanto consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas que la regulen y en el presente caso se coarta la libertad de dirigir, organizar y administrar la empresa al obligar a incorporar a trabajadores no contratados al proceso de negociación.

Por último, también se considera afectada la garantía del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, porque el acto arbitrario e legal lesiona el derecho de propiedad del recurrente al verse expuesto a asumir las consecuencias de la incorporación improcedente de 18 trabajadores contratados por sociedades no emplazadas en el proceso de negociación colectiva.

Termina pidiendo tener por interpuesto a nombre de Hino Chile S.A. recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago y se deje sin efecto e invalide la Resolución N° 43 de 26 de Mayo del presente año que ordenó incorporar a 18 trabajadores no contratados al proceso de negociación colectiva, dejándola subsistente en la parte que excluyó a nombre reservado por falta de afiliación; y que se ordena la recurrida abstenerse en los sucesivo de ejercer facultades jurisdiccionales que son privativas de los Tribunales de Justicia, con costas.

A fs. 29 evacua informe la recurrida por intermedio de Paulina Orellana Ossa, abogada, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene que sin perjuicio del tenor del artículo 20 de la Carta Fundamental, ello no significa que este pueda utilizarse como un sustituto procesal de procedimiento específicos contemplados en la ley, como reconsideración administrativa y reclamación judicial, por lo que el presente recurso es improcedente dada la naturaleza del acto recurrido. Cita al efecto diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia en abono de ese criterio.

Comenta a continuación los artículos 410 letra e) y 504 del en relación al artículo 500, del Código del Trabajo, todos los cuales otorgan recursos jurisdiccionales específicos para impugnar resoluciones administrativas emanadas de la Dirección del Trabajo, por lo que recurrir de protección para resolver este tipo de materias es desconocer el sistema procesal vigente establecido por el legislador para este tipo de materias.

El informe de la recurrida, en su primera parte, hace una síntesis de los hechos y de los antecedentes en base a los cuales dictó la Resolución N° 43, de 27 de Mayo de 2014, que sólo excluyó del proceso de negociación colectiva al trabajador nombre reservado. Entre estos últimos, destaca el informe del fiscalizador Mauricio Pineda Bustos, según el cual los trabajadores cuestionados pertenecen a distintas empresas con razones sociales diversas, como son, Distribuidora Automotriz Santiago, Automotriz Autocard S.A., Camiones y Buses Indumotora S.A. y Hyundai Vehículos Comerciales Chile S.A..

Agrega que todas ellas tienen los mismos accionistas y el mismo representante legal, que comparten el mismo domicilio comercial, la administración de personal, contable, financiera y comercial y se desempeñan en el establecimiento de Lampa.

Afirma a continuación la informante la plena legalidad de su proceder, de acuerdo al artículo 331 del Código del Trabajo, cuyo texto transcribe, del que desprende que el legislador, previendo una posible ilegalidad a la respuesta del empleador en la negociación colectiva, le asignó competencia a la Inspección del Trabajo para pronunciarse sobre ella, como excepción a la competencia natural de tal conocimiento por parte de los Tribunales Justicia.

Que para resolver como lo hizo tuvo presente el artículo 3° del Código del Trabajo, que define lo que debe entenderse por empleador, el artículo 7° que define el contrato de trabajo y el artículo 8° que hace presumir, en las situaciones que indica, un contrato de trabajo, a lo que agregó el principio de la primacía de la realidad, que otorga prioridad a los hechos, esto es, a lo que verdaderamente ocurre, sobre las formas o apariencias.

Del análisis efectuado, a la luz de esas disposiciones, el fiscalizador concluyó que los 19 trabajadores se desempeñaban y desarrollaban funciones para la recurrente independientemente de con quien hubieran celebrado contrato de trabajo. Es el mismo empleador, agrega el informe, en la persona del señor nombre reservado, representante legal de todas ellas, quien contrata a los trabajadores para las distintas empresas. Cita, en tal sentido, jurisprudencia administrativa que avala esta conclusión.

Seguidamente la informante fundamenta la ausencia de arbitrariedad en lo actuado por ella, precisamente por haberlo hecho al amparo de la facultad otorgada por el artículo 331 del Código del Trabajo, el que analiza con detención para justificar la plena y absoluta potestad que tiene para investigar la materia de objeción; y en todo caso la resolución dictada fue fundada y previo informe de fiscalización.

Reitera la potestad absoluta de su repartición para investigar la controversia a raíz de la exclusión de 18 trabajadores de la negociación colectiva que forman parte del sindicato de la Empresa Distribuidora Automotriz Santiago S.A..La reclamación es una facultad de la comisión negociadora, dentro del proceso para reclamar de las observaciones del empleador y se ejerce ante el Inspector del Trabajo, cuando están involucrados mas de mil trabajadores como es el caso. Hace presente que la exclusión trabajadores por no ser de la empresa , materia de la controversia es de los que se presentan con mayor regularidad y amerita una investigación, dentro de las facultades de esa repartición y además no se trata de una materia excluida.

Por lo expuesto sostiene que no se han vulnerado con su actuar garantías constitucionales, su intervención no implica actuación de una comisión especial, no impide a la empresa desarrollar su actividad económica, ni lesiona su patrimonio, ya que lo otorgue en el proceso como beneficio implicará como contraprestación el trabajo de sus dependientes. En cuanto al derecho de propiedad, no e podría vulnerar por la resolución recurrida que solo pretende resguardar los derechos irrenunciables de los trabajadores a negociar colectivamente.

Por todo lo expuesto solicita el rechazo del recurso con costas, por inadmisible e improcedente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

2.- Que como es unánimemente aceptado, requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

3.- Que en el presente caso la controversia se centra en si la recurrida tenía facultades para decidir la inclusión de 18 de trabajadores en un proceso de negociación colectiva ya iniciado y que fue materia de objeción de legalidad por parte de la comisión negociadora, sin perjuicio la empresa al contestar dejó constancia que 18 de ellos no estaban contratados por la empresa y uno había sido exonerado.

4.- Que ambas partes acompañaron senda documentación en esta instancia la que no ha sido materia de objeción por parte de ninguna de las contrapartes, según consta de fs. 47 a 74.

5.- Que si bien es cierto que el recurso de protección puede incoarse sin perjuicio de la existencia de otros procedimientos, también lo es, que al efecto existe una justicia y una tramitación especializada con competencia para entrar a conocer una controversia como la planteada en autos.

6.- Que el principal reproche del recurrente radica en el hecho que la recurrida se atribuyó facultades que no le corresponden, procedió a interpretar la situación sometida a su conocimiento invadiendo facultades jurisdiccionales, ya que solo los tribunales de justicia son los llamados a resolver este tipo de controversia, se constituyó en una comisión especial, ilegal, desconociendo el claro tenor de los artículos 420 letra b], 391 y 507 todos de Código del Trabajo, y los artículo 6 y 7 y 73 de la Constitución, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 N°s 3 inciso 4to. 21 y 24 todos de la Constitución.

7.- Que en cuanto a las dos últimas garantías denunciadas como vulneradas, el derecho a ejercer una actividad económica y el derecho de propiedad, en primer lugar no se explica como podrían afectarse tales derechos fundamentales y en todo caso no se divisa de que forma la intervención de la recurrida e incluso su decisión podría afectar el desarrollo de la empresa en cuestión ni la propiedad de la misma, por lo que a ese respecto el recurso carece de sustento.

8.- Que si cabe analizar con mayor detalle la garantia que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señala la ley y establecido con anterioridad a la perpetración del hecho.

9.- Que la referida norma tiene una connotación mas bien de carácter penal que administrativa laboral, sin embargo, la recurrida no cabe duda que está establecida con mucha anterioridad a la situación que nos ocupa.

10.- Que queda entonces por analizar si tal entidad, Inspección Provincial del Trabajo, estaba facultada para intervenir en el conflicto producido entre la empresa y el sindicato, o si por el contrario los únicos organismos habilitados para ello eran los tribunales especializados del ramo.

11.- Que al efecto cabe tener a la vista las normas que invoca el recurrente, y ellas entregan a la competencia de los juzgados del trabajo las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización sindical y negociación colectiva, en concordancia con ello en el Título del Procedimiento Judicial en la Negociación Colectiva, la competencia radica igualmente en los tribunales laborales, ello es sin perjuicio de las atribuciones del organismo fiscalizador, Inspección del Trabajo, pero su intervención solo debe circunscribirse a la constatación de una infracción al fiscalizar. No puede entonces entrar a investigar como la propia recurrida reconoce, ya que tal reconocimiento demuestra que su actuar no se limitó a constatar sino que tuvo que discernir si se encontraba frente a más de una empresa, si éstas estaban relacionadas entre si, y si conformaban una entidad que debía incluir en el proceso de negociación a todos los trabajadores de cada una de las personas jurídicas intervinientes, las que formarían una sola unidad, y esa forma de fiscalizar excede las facultades de la recurrida e invade las entregadas a los tribunales del ramo.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y del Auto Acordado de la Excma. Corte Supresa sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protecció y la Ley N° 19.880 y los artículos 391 y 420 letra b), 500 y 504 del Código del Trabajo., por lo que SE DECLARA QUE SE HACE LUGAR al Recurso de Protección deducido por HINO CHILE S.A. SOLO EN CUANTO a lo solicitado en los Numerales 1 y 2 del petitorio de su recurso y SE NIEGA LUGAR a lo solicitado en los numerales 3 y 4 de su acción cautelar.

Redacción de la Ministra señora Kittsteiner.

Regístrese y comuníquese.

N° Protección- 29863-2014.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por Ministro (S) señor Tomas Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Mauricio Izquierdo Páez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.