nombre reservado con SINDICATO N°3 DE EMPRESA SERVICIO DE LIMPIEZA MECANIZADA SLIM S.A.

C.A. de Santiago Santiago, nueve de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña nombre reservado e interpone acción de protección en contra de Sindicato N° 3 de Trabajadores de la Empresa de Servicios de Limpieza Mecanizada SLIM S.A., por la desafiliación del señalado sindicato de que ha sido objeto, vulnerando con ello las garantías consagradas en los numerales 3º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que es socia del Sindicato N° 3 de Trabajadores de la Empresa de Servicios de Limpieza Mecanizada SLIM S.A., y que con fecha 8 de marzo de 2023 el presidente del Sindicato envió correo electrónico al encargado de remuneraciones de su empleador, comunicándole su desvinculación del referido Sindicato desde el 1 de marzo de ese mismo año, correo del que tomó conocimiento al ser copiada en el mismo.

Refiere que, al tomar conocimiento de la sorpresiva y arbitraria desvinculación, tomó contacto con el presidente del Sindicato solicitándole explicación al respecto, quien le señaló verbalmente que ya no pertenecía al Sindicato a contar del 1 de marzo de 2023, sin dar mayores explicaciones. Agrega que, con fecha 13 de marzo de 2023, encontrándose en la sucursal San Antonio de la Inspección del Trabajo, de la comuna de Santiago, tomó conocimiento que el Sindicato, al remitir a dicha repartición la nómina de sus socios afectos a la negociación colectiva en curso con su empleador, la excluyó de aquella, corroborando así que había sido desafiliada unilateral y arbitrariamente del Sindicato.

Hace presente que el artículo 30 del estatuto del Sindicato señala las hipótesis en que un socio pierde su calidad de tal, y que son: cuando deja de pertenecer a la empresa base del sindicato, cuando presenta renuncia escrita al sindicato, o cuando no paga las cuotas ordinarias por un periodo superior a 3 meses; sin embargo, afirma que no ha incurrido en ninguna de dichas hipótesis. Por su parte, el artículo 46 del mismo estatuto se refiere a la expulsión de un socio por incurrir en falta grave o en reincidencias, siendo únicamente la asamblea del Sindicato el órgano que puede adoptar dicha sanción, sin que, en su caso, éste se haya pronunciado al respecto ni haya sido objeto de un proceso un disciplinario o sancionatorio.

Sostiene que, de esta forma, su desvinculación del sindicato constituye un acto arbitrario e ilegal cometido por la recurrida, privándola de la totalidad de los derechos que le concede su calidad de socio, y en especial de los beneficios que se obtendrán de la negociación colectiva en curso, que está llevando a cabo el Sindicato con la empresa.

Arguye que su desvinculación se verificó sin forma de juicio, incumpliéndose las reglas del debido proceso, sin que se le notificara alguna resolución de expulsión ni de sus fundamentos, todo ello en contravención al estatuto del Sindicato. En tal sentido, refiere que el aludido artículo 46 dispone, en la parte final de su inciso primero, que al socio siempre se le dará la oportunidad de defenderse, lo que no se verificó en su caso. Añade que tal desvinculación convierte al órgano que la adoptó en una comisión especial, infringiendo la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el inciso cuarto del numeral 3º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expresa que, a la luz de las normas de la sana crítica, al haber señalado el presidente del Sindicato al representante del empleador, a través del referido correo electrónico, que ella ya no tenía relación con el Sindicato desde el 1 de marzo de 2023, sumado a su exclusión de la nómina de los asociados del sindicato beneficiados con la negociación colectiva, se vulneró la garantía constitucional invocada, infringiéndose las normas estatutarias del Sindicato, lo que transforma dicho acto en ilegal, y también arbitrario por carecer de la debida razonabilidad exigible respecto de las acciones adoptadas de orden disciplinario por el Sindicato, vulnerando su derecho a no ser juzgada por comisiones especiales, como lo hizo la recurrida, quien de manera irregular adoptó la decisión de excluirla del Sindicato, transgrediendo la normativa constitucional y estatutaria.

Afirma que el acto recurrido también vulneró el numeral 24º del artículo 19 de la Constitución, que ampara el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre bienes corporales e incorporales; añadiendo que el artículo 583 del Código Civil dispone que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, resultando indudable que esta especie o clase de propiedad sobre derechos incorporales también se encuentra protegida por el precepto constitucional.

Arguye que con la medida de desvinculación del Sindicato y, por ende, de exclusión del proceso de negociación colectiva, se ha afectado su derecho de propiedad incorporal que tiene sobre el conjunto de prerrogativas que emanan de su condición de socia, privándosele, entre otros, de los beneficios y derechos que reconoce el estatuto a quien es socio, e impidiéndole, a su vez, recibir los beneficios derivados de la negociación colectiva en curso.

Concluye solicitando se restablezca el imperio del derecho, disponiendo que se deje sin efecto la señalada desvinculación, con expresa condenación en costas, ordenándose que debe seguir como socia del Sindicato y que se le incluya en el proceso de negociación colectiva llevado a cabo por la recurrida con su empleador.

Segundo: Que, informa el presidente del Sindicato Nº 3 de Trabajadores de la Empresa de Servicios de Limpieza Mecanizada SLIM S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Refiere que la presente acción de protección es improcedente, toda vez que las supuestas infracciones e hipotéticos incumplimientos deben ser sometidos al Juez de Letra del Trabajo que corresponda, a través de un proceso de lato conocimiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 del Código del Trabajo, y no en sede constitucional como pretende la recurrente. En este sentido, señala que la Corte Suprema ha resuelto que, dado el carácter y finalidad del recurso de protección, éste no puede sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a la existencia, declaración o extinción de derechos y obligaciones generados por un contrato celebrado entre las partes, su vigencia o término, de manera que ésta no es la vía para decidir sobre materias que deben determinarse sobre la base de probanzas que se alleguen para acreditarlas, sin perjuicio de otros derechos que tenga el recurrente conforme a la ley.

En relación al fondo del recurso, señala que la recurrente, a propósito de negociación colectiva que se está llevando a cabo con la empresa empleadora, con fecha 13 de marzo de 2023 habría tomado conocimiento de que no iba en la nómina del Sindicato como socia. Al respecto, sostiene que la recurrente, en una primera instancia, se registró en una nómina que estaba en depuración para la posterior presentación del proyecto de negociación colectiva, la cual fue manejada de manera interna por sus asesores, no comprendiendo cómo llegó a manos de la actora, toda vez que se trataba de un correo electrónico privado, enviado previamente a las gestiones de presentación formal y legal del proyecto de negociación colectiva que se presentaría al día siguiente a la empleadora. En tal sentido, refiere que la nómina a la que alude la recurrente era un borrador de dicho listado de socios, la que contenía una serie de errores que fueron depurados al momento de emitir el listado final para la entrega al empleador. Agrega que, si bien se registra a la recurrente como concepto de renuncia, aclara que la actora participó en calidad de socia en el proceso de negociación colectiva celebrado con la empresa en el año 2021.

Explica que en el presente proceso de negociación colectiva que se está llevando a cabo, la recurrente no tiene calidad de socia, toda vez que con fecha 22 de septiembre de 2021 fue electa directora del Sindicato Interempresa Nº3 Nacional del Holding ISS, RSU Nº13.01.4422.

Por lo anterior, afirma que el único vínculo con la recurrente es ésta que quedó afecta al contrato colectivo del año 2021 y hasta el 24 de abril de 2023, pagando la correspondiente cuota sindical. De ello se concluye, que la recurrida no ha vulnerado los artículos 30 y 46 de los Estatutos, por cuanto la recurrente no tiene la calidad de socia y, en consecuencia, no se realizó asamblea alguna para despojarla de tal calidad.

Sostiene que en la actualidad la recurrente es socia y dirigente sindical de uno de los tantos sindicatos que se mantienen vigentes en la empresa, gozando incluso de fuero sindical, por lo que si ella hubiera querido participar de la actual negociación colectiva en calidad de socia, tendría que haber presentado su renuncia a la organización sindical de la cual es dirigente, dado que no podría ser representada por la recurrida, ni tampoco ser socia de ésta, toda vez que la legislación laboral indica que no puede existir una doble afiliación, primando la última inscripción de la trabajadora, citando en tal sentido el artículo 214 del Código del Trabajo.

Hace presente que siempre han tratado de negociar y representar a la máxima cantidad de trabajadores dependientes de la empresa, sin transgredir los derechos que tienen los empleados que confían en su gestión sindical.

Añade que la recurrente obtuvo la información de la nómina sin depuración final y de forma irregular, cuestionando si es válido que, por medio ilícitos, como es la violación de la correspondencia privada, se pueda fundar un recurso de protección como el presente, por lo que hace expresa reserva de las acciones judiciales que procedan al efecto.

Finaliza sosteniendo que no ha incurrido en ninguna vulneración de derechos constitucionales, legales o reglamentarios, toda vez que, de acuerdo a los argumentos y hechos descritos, el recurso de protección resulta totalmente infundado e improcedente.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, el acto que se denuncia como ilegal y arbitrario consiste en la desvinculación de la recurrente del sindicato recurrido, lo que se habría realizado en contravención a normas estatutarias, dado que no concurriría a su respecto causal alguna de desvinculación o expulsión, y de la cual, además, no pudo defenderse, vulnerando ello las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la propiedad.

Quinto: Que, para la acertada decisión del asunto planteado en estos autos, se ha de tener presente que, como consta de los antecedentes agregados a estos autos, la recurrente sostiene haberse encontrado asociada, hasta el 1 de marzo de 2023, al Sindicato N° 3 de Trabajadores de la Empresa de Servicios de Limpieza Mecanizada SLIM S.A, como también que forma parte del Sindicato Interempresa Nº 3 Nacional del Holding ISS, del cual además es directora.

Sexto: Que, en vista de lo anterior, se debe tener presente también lo preceptuado en el artículo 214 del Código del Trabajo, en cuyo inciso cuarto se establece que “Un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, simultáneamente, en función de un mismo empleo. Las organizaciones sindicales no podrán pertenecer a más de una organización de grado superior de un mismo nivel”; y en su inciso quinto prescribe que “En caso de contravención a las normas del inciso precedente, la afiliación posterior producirá la caducidad de cualquiera otra anterior y, si los actos de afiliación fueren simultáneos, o si no pudiere determinarse cuál es el último, todas ellas quedarán sin efecto”.

Séptimo: Que, conforme a lo expuesto precedentemente, el Sindicato recurrido ha actuado conforme a lo que el ordenamiento jurídico mandata, toda vez que habiéndose vinculado la recurrente a un nuevo sindicato, del cual además es directora, procedía que fuera desvinculada del anterior, como ha sucedido en el caso de marras, no existiendo, por tanto, actuación ilegal o arbitraria que se pueda reprochar a la recurrida, la que ha actuado conforme al imperativo legal.

Octavo: Que, por lo que se viene razonando, el arbitrio en análisis deberá desestimarse, resultando innecesario analizar si se quebrantaron las garantías denunciadas como asimismo las demás alegaciones realizadas por la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Sindicato Nº 3 de Trabajadores de la Empresa de Servicios de Limpieza Mecanizada SLIM S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Michael Camus Dávila.

No firma la Ministro señora María Paula Merino, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.

N° Protección-2986-2023.