nombre reservado con MUTUAL DE SEGURIDAD CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN -

C.A. de Santiago Santiago, siete de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Al folio 16, téngase presente.

PRIMERO: Que, comparece Cristian Zúñiga Armijo, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y de la MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Nº5535911 de 01 de julio de 2024, ratificada por la Resolución R-01-ISESAT-08700-2025 de 21 de enero de 2025, que niega calificación laboral de enfermedad laboral y califica la misma como enfermedad común, vulnerando con ello sus derechos fundamentales de derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; igualdad ante la ley; el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales; y el derecho de propiedad; todos derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso 5° y 24° de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Explica, que su representada trabajó como Ingeniera Senior Especialista en Minera Centinela entre septiembre de 2022 y mayo de 2024. Durante su desempeño laboral, fue víctima de hostilidad por parte de sus jefaturas, siendo la única mujer del equipo de ingeniería, situación que motivó una denuncia interna por acoso laboral el 13 de marzo de 2024. La investigación correspondiente concluyó, en agosto de 2024, que existían irregularidades en los hechos denunciados.

Paralelamente, la trabajadora denunció ante la Mutual de Seguridad factores de riesgo psicosocial derivados del mal diseño organizacional y hostilidad de jefatura. Inicialmente, Mutual reconoció la existencia de enfermedad profesional y otorgó licencia médica, receta farmacológica y realizó una investigación del puesto de trabajo. Sin embargo, el 1 de julio de 2024, mediante resolución N° 5535911, la Mutual cambió arbitrariamente el origen del diagnóstico a “enfermedad común”, sin notificar debidamente a la afectada ni entregarle acceso a su ficha clínica.

Asevera que esta modificación es arbitraria y responde a un conflicto de interés, dado que Minera Centinela, parte del holding Antofagasta Minerals y cliente relevante de la Mutual, representa una fuente de financiamiento significativa en virtud de la ley 16.744. La decisión se habría tomado para proteger los intereses de la empresa adherente en lugar de los derechos de la trabajadora afectada, constituyéndose un sistema injusto en que las mutualidades actúan como juez y parte.

Frente a ello, la trabajadora recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), acompañando documentación probatoria abundante, incluidos informes médicos psiquiátricos que diagnóstican “trastorno de ansiedad generalizada severo” derivado de acoso laboral. No obstante, la SUSESO, sin citarla a evaluación ni explicar otro origen clínico posible, rechazó su recurso de reposición mediante resolución R-01-ISESAT-08700-2025, señalando genéricamente que los antecedentes no eran suficientes para modificar la calificación de enfermedad común. Dicha resolución fue notificada recién el 21 de enero de 2025.

Cuestiona la falta de fundamentación técnica de las decisiones de ambas instituciones y sugiere que la SUSESO no cumple eficazmente su rol fiscalizador, repitiendo resoluciones de la Mutual sin un análisis autónomo y objetivo, lo que vulnera el derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley y al acceso efectivo a la seguridad social. Finalmente, refuerza que no existe otro origen de la enfermedad mental, ni antecedentes clínicos previos, salvo los asociados a la relación laboral con Minera Centinela, y pide que se restablezca la cobertura bajo la ley 16.744.

Afirma que el actuar de ambas instituciones infringe el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución, ya que las decisiones fueron adoptadas sin fundamentos técnicos suficientes, sin una evaluación médica presencial e imparcial, y sin considerar los extensos informes psiquiátricos que acreditan el diagnóstico de “trastorno por ansiedad generalizada severo” derivado de acoso laboral.

También invoca la vulneración del artículo 19 N° 1, al señalar que la negativa a reconocer la enfermedad profesional afecta gravemente la integridad psíquica de la trabajadora, al impedirle acceder a tratamiento adecuado y aumentar su carga emocional y económica.

Asimismo, acusa infracción al principio de igualdad ante la ley, artículo 19 N° 2, ya que a la actora se le niega un derecho que en condiciones equivalentes sí se reconoce a otros trabajadores. La falta de justificación y la disparidad en el trato constituyen una discriminación arbitraria.

También alega afectación al derecho de propiedad, artículo 19 N°24, al privársele del acceso a los beneficios de la ley 16.744, tales como subsidios, atención médica, fármacos y terapias. Esto implica una carga económica injusta y una limitación al derecho patrimonial sin fundamento legal válido.

Finalmente, pide a esta Corte que en definitiva se acoja otorgar la cobertura de la Ley 16.744, en Subsidio que se ordene a Superintendencia de Seguridad Social, llevar a cabo evaluación y/o pericia presencial de su representada, por médicos del área de salud mental imparciales de otra institución para luego emitir un nuevo dictamen, con expresa condena en costas.Final del formulario SEGUNDO: Que, comparece el abogado ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, en representación de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y evacua informe solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección.

En primer lugar, alega la improcedencia de la acción de protección en materias relacionadas con el derecho a la Seguridad Social, argumentando que la materia tratada –la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad– pertenece al ámbito específico del Sistema de Seguridad Social chileno, en particular al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales regulado por la Ley N° 16.744.

Afirma que estos asuntos están regulados en los artículos 77 y 77 bis de dicha ley, y corresponden a procedimientos administrativos de reclamación propios del sistema de seguridad social. En consecuencia, no estarían comprendidos dentro del ámbito de protección de la acción constitucional de protección.

Explica, que la recurrente presentó el 6 de octubre de 2024 un recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° R-01-S-102406-2024, que ya había confirmado lo resuelto por la Mutual de Seguridad, esto es, calificar la patología como de origen común. SUSESO estudió los nuevos antecedentes entregados por la recurrente, pero sus profesionales médicos concluyeron que no existían elementos suficientes para modificar el dictamen original. En consecuencia, el 21 de enero de 2025 se dictó la Resolución Exenta N° R-01-ISESAT-08700-2025, manteniendo la calificación de enfermedad común.

Expone que no se logró establecer una relación de causalidad directa entre los síntomas mentales presentados y los factores de riesgo laboral descritos, como liderazgo disfuncional u hostilidad de jefatura. Se menciona, además, que los testigos aportados no presenciaron hechos de hostigamiento, que existe una evaluación de personalidad con rasgos disfuncionales, y que parte de las situaciones denunciadas (como la superposición de turnos) tendrían explicaciones administrativas. Todo ello llevó a concluir que la sintomatología de la trabajadora no tiene un origen profesional.

Afirma que actuó dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, conforme a lo dispuesto por el artículo 19 N°18 y los artículos 1, 7 y 77 de la Ley N°16.744, junto con el artículo 3° de la Ley N°16.395 que regula su funcionamiento. Enfatiza que su rol es técnico y fiscalizador, y que su decisión no fue arbitraria ni carente de fundamento, sino que se basó en la ponderación de antecedentes médicos y administrativos conforme a criterios normativos internos.

En cuanto a los derechos invocados por la recurrente, sostiene que no existe afectación alguna, ya que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional de aquellos protegidos por el artículo 20 de la Constitución. La decisión administrativa, afirma, fue fundada y adoptada racionalmente, sin arbitrariedad ni ilegalidad.

Solicita que el recurso de protección sea desestimado en todas sus partes, por ser improcedente tanto desde el punto de vista material -por tratarse de una controversia de seguridad social- como de fondo -al no existir afectación de derechos fundamentales-, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, comparece el abogado ROBERTO TORRES REBOLLEDO, en representación de la MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN y evacua informe solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección.

Señala, en primer lugar que esta acción es improcedente porque la materia discutida —la calificación del origen común o laboral de una enfermedad— pertenece al ámbito de la Seguridad Social de la Ley N°16.744, y no se trata de una garantía constitucional protegida por el artículo 20 de la Constitución. Indica que la trabajadora agotó la vía administrativa al recurrir ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que confirmó el criterio de la Mutual, por lo que no procede reabrir la discusión mediante esta vía excepcional, que no está destinada a reemplazar procedimientos de lato conocimiento.

Además, alega la extemporaneidad del recurso, ya que la resolución que calificó como común la patología de la recurrente data del 1 de julio de 2024, y el recurso fue interpuesto el 18 de febrero de 2025, es decir, 232 días después, lo que excede con creces el plazo de 30 días que establece el Auto Acordado de la Corte Suprema para este tipo de acciones. Incluso considerando que la recurrente alegó haber sido notificada con retraso, el recurso seguiría siendo extemporareo.

En subsidio, y sin perjuicio de lo anterior, la Mutual expone que actuó conforme a derecho y dentro del marco de sus facultades como organismo administrador del seguro de la Ley N°16.744. Relata que la Sra. nombre reservado fue derivada por su isapre el 5 de abril de 2024 y que se realizaron las evaluaciones correspondientes, incluyendo un estudio de puesto de trabajo, el cual descartó la presencia de factores de riesgo psicosocial laboral, como liderazgo disfuncional u hostilidad de jefatura. Con base en dichos antecedentes, se calificó la enfermedad como de origen común, en cumplimiento de los criterios normativos establecidos por la SUSESO.

Asimismo, señala que la Superintendencia revisó el caso y ratificó el actuar de la Mutual, descartando la existencia de una enfermedad profesional, lo que confirma la legalidad del procedimiento. Por lo tanto, no existiría ninguna vulneración de garantías constitucionales, ya que las decisiones adoptadas fueron fundadas en criterios técnicos y dentro del marco legal vigente.

Finalmente, la Mutual sostiene que el derecho invocado por la recurrente es dubitativo, ya que depende de una calificación médica discutida, y por tanto no es susceptible de tutela vía recurso de protección, el cual está reservado para proteger derechos indubitados. Reitera que el camino legal adecuado para debatir estos temas es un procedimiento de lato conocimiento, y no una vía excepcional como la acción constitucional.

Solicita a esta Corte declarar el recurso improcedente y extemporáneo, y en subsidio, rechazarlo en todas sus partes, por no haberse acreditado vulneración alguna de derechos fundamentales por parte de la Mutual de Seguridad, con costas.

CUARTO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que en primer término, en relación con la alegación de extemporaneidad esgrimida por la recurrida Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, acontece que la acción de protección de derechos constitucionales la dedujo la actora mediante presentación de 18 de febrero de este año, en circunstancias que la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social que ratificó lo obrado por la primera de las aludidas entidades, fue de fecha 21 de enero del año en curso. Luego, resulta incuestionable que el presente recurso de protección no es extemporáneo, puesto que fue deducido en el plazo señalado en el artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección;

SEXTO: Que lo fundamentalmente alegado por la recurrente como acto ilegal y arbitrario, es la supuesta errónea calificación de la enfermedad que ella padece “Trastorno de Ansiedad Generalizado Severo”, como de origen común, mediante Resolución Nº 5535911, de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, de 1 de julio de 2024, diagnostico ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social con fecha 21 de enero de este año;

SÉPTIMO: Que como se ha dicho reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que pretende la actora es que se establezca a su favor un derecho a la seguridad social, al amparo de la Ley 16.744, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, ya que atendida la controversia existente sobre el hecho que genera el conflicto que ha dado pábulo a esta acción constitucional -origen común o laboral de la enfermedad psiquiátrica que padece la actora- y más aún, teniendo presente que lo fundamentalmente invocado por el abogado que alegó ante estrados, fue que el procedimiento administrativo seguido por ambas recurridas habría desconocido las garantías mínimas del debido proceso, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento -artículo 420 del Código del Trabajo-, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

OCTAVO: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, sin costas.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-2983-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, siete de julio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.