Protección contra un debido proceso desde un punto de vista administrativo

Santiago, veintitrés de junio de dos mil diecisiete.

PRIMERO: Que comparece a fojas 1 doña nombre reservado, venezolana, N° de pasaporte RUT reservado, abogada, domiciliada en domicilio reservado y expone que de conformidad con el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, y dentro de plazo, recurre de protección respecto de la resolución que rechaza visa para fines laborales, según Resolución EX.N°62815 de 16 de marzo de 2017, notificada el 25 de abril del presente año. Agrega que el argumento de la misma es atribuirle hechos falsos sin mayor sustento, y que la suposición, esto es “que no cumple suficientemente con los requisitos que la legislación de extranjería establece para residir en Chile, por efectuar declaraciones falsas en lo que respecta al contrato de trabajo”, no es efectiva.

En primer lugar expone que se ha visto afectada por terceros, que mediante engaños han intentado sacar provecho de la desgracia que les afecta como nación, lo que les ha hecho salir de Venezuela por salvaguardar la integridad física y buscar trabajo en Chile. Agrega que el antiguo empleador no cumplió una serie de beneficios laborales, desde Octubre a diciembre de 2016, y hasta el 2 de marzo del presente año, en que puso término a su contrato de trabajo por incumplimiento de lo prometido.

Explica que desde el 2 de marzo del presente año trabaja en la empresa Argenta, Sociedad de Asesorías e Inversiones Argenta Ltda. RUT RUT reservado con domicilio en domicilio reservado, representada legalmente por nombre reservado, c.i. N° RUT reservado con domicilio en domicilio reservado según indica el contrato de trabajo.

Señala que comparece mediante este recurso, para que se le permita permanecer en Chile, de manera independiente de la resolución que tome el Departamento de Extranjería y Migración, sobre reconsideración planteada en relación al acto administrativo que ordenó abandonar el país en quince días, toda vez que se le informó que no tendría respuesta de la decisión sino hasta en 80 días a partir del 18 de abril del presente año, fecha en que la reconsideración fue enviada por correo central clasificado 8.

Agrega que no puede volver a su país exponiendo su integridad física y psíquica, y además de perder su trabajo, mientras esperaba decisión.

En seguida habla de la situación existente en su país, Venezuela.

Reitera el principio de inocencia y que se ha vulnerado el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de igualdad de protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Que su inocencia se ve transgredida, pues no ha sido condenada por falsificación de ningún documento, que no ha sido sometida a proceso, y además, se fundamenta en lo que dispone el N°3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República sobre “igualdad de protección en el ejercicio de sus derechos”.

Además, agrega que la ley no puede presumir de derecho la responsabilidad penal.

Pide que se acoja el recurso en todas sus partes y se establezca que la resolución Ex. mencionada, de 16 de marzo de 2017, es inconstitucional, con costas.

Acompaña contrato de trabajo, Resolución del Ministerio del Interior, Subsecretaría Departamento de Extranjería y Migración, Exenta N° 62815 de 16 de marzo de 2017, por la cual se resuelve Rechazar la solicitud de visación de residencia temporal por motivos laborales presentado por la extranjera, doña nombre reservado, venezolana, conforme al artículo 84 N°2 Ley de Extranjería, teniendo presente que no cumple suficientemente con los requisitos que la legislación de Extranjería dispone, por efectuar declaraciones falsas en lo que respecta al contrato de trabajo, y que dispuso el abandono del país en 15 días contados desde la notificación de dicha resolución.

SEGUNDO: Que, informando don nombre reservado, Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, domiciliado, para estos efectos, en domicilio reservado, señala los antecedentes de hecho, y refiere que la extranjera recurrente ingresó a territorio nacional el 29 de septiembre de 2016 por el Paso Fronterizo Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista. Agrega que el 5 de diciembre de 2016 dicha persona solicitó un permiso de visación temporaria por motivos laborales. Y que en virtud de resolución Exenta N° 62815 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se rechazó la solicitud de visación de doña nombre reservado, debido a que no cumple suficientemente con los requisitos que la legislación de Extranjería establece para residir en Chile, toda vez que efectuó declaraciones falsas en lo que respeta a su contrato de trabajo, Explica que el acto recurrido se funda en causa legal expresa, en relación con el artículo 64 N°2 y 67 del DL N° 1094 de 1975, y los artículos 131 y 141 del Decreto Supremo de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, toda vez que presentó ante la autoridad administrativa un contrato con declaraciones falsas, de acuerdo a lo informado por la autoridad policial que concurrió al lugar del empleador, quien reconoció que sólo celebró contrato de trabajo para ayudar a sus compatriotas. El informe policial, mediante oficio ORD N°705 de 8 de marzo de 2017, señala que no hay relación contractual y que sólo se efectuó el contrato para acreditar ante la autoridad migratoria una relación laboral que le permitiera a la extranjera obtener una visa de residencia en el país.

En consecuencia, agrega, hay inexistencia de acto arbitrario o ilegal por parte de la autoridad recurrida, por lo que pide sea rechazado en todas sus partes este recurso, ya que a juicio de la autoridad no se cumplen los presupuestos constitucionales para la interposición de este recurso de protección, toda vez que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que para que éste sea procedente, se requiere que a un individuo se le prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de un derecho o garantía constitucional protegida por esta acción cautelar y que ello sea consecuencia de un acto u omisión arbitraria como alega de la autoridad.

Señala, además, que el artículo 6 del DL N° 1094 de 1975, Ley de Extranjería, dispone en su inciso 1° que “El otorgamiento y prórroga de las autorizaciones de turismo y de las visaciones a .los extranjeros en Chile será resuelto por el Ministerio del Interior, a excepción de aquéllas correspondientes a las calidades de residente oficial, la que será otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Continúa analizando el Decreto Ley N° 1094 de 1975, Ley de Extranjería, que en su artículo 13 dispone que “las atribuciones que correspondan al Ministerio del Interior, para el otorgamiento de visaciones, para la prórroga de las mismas y para la concesión de la permanencia definitiva serán ejercidas discrecionalmente por éste, ateniéndose en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y la reciprocidad internacional, previo informe de la Dirección General de Investigaciones.

Y finalmente explica que el artículo 92 del Decreto Ley N°1094 de 1075 dispone que “Corresponderá al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, en adelante, Departamento de Extranjería y Migración, aplicar y supervigilar directamente el cumplimiento de las normas del presente decreto ley y su reglamento, y, en concreto, el artículo 178 N° 4 del Reglamento de Extranjería, que establece: “Corresponderá al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, a su Jefe, entre otras…resolver aprobando o rechazando las solicitudes de permisos y autorizaciones a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento.

Por todo ello estima que la resolución recurrida no puede ser considerada ilegal, toda vez que el acto impugnado fue dictado por autoridad competente dentro de la esfera de sus atribuciones, a quien le ha sido conferida legalmente esta facultad.

Por otra parte, explica las causales de procedencia para dictar esta medida, y refiere que el artículo 64 N°2 del Decreto Ley N° 1094 de 1975, establece precisamente que “Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: N°2, los que hagan declaraciones falsas al solicitar la cedula consular, la tarjeta de turismo, el registro, la cédula de identidad, visaciones y sus prórrogas o permanencia definitiva, y en general, cualquier gestión ante las autoridades chilenas”

Expresa que dada la normativa aludida, el acto administrativo que rechaza la solicitud de residencia temporaria se funda en causal legal expresa, y que la resolución se basa en lo dispuesto por los artículos 64 N°2 Y 67 del D.L. N°1094 de 1975 y los artículos 138 y 141 del DS 597 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, debido a que la extranjera presentó ante la autoridad administrativa un contrato que contendría declaraciones falsas, de acuerdo a lo informado por la autoridad policial que concurrió a verificar la veracidad del vínculo laboral, ante lo cual el empleador señaló que sólo celebró contratos de trabajo con el fin de ayudar a sus compatriotas, y que la solicitante no corresponde a uno de los dos extranjeros que efectivamente trabajan con él.

Destaca el informe el artículo 125 del Reglamento de Extranjería que establece los requisitos que deben incorporar los solicitantes de ampliaciones, prórrogas, visaciones y cambio de los permisos a los formularios que la autoridad proporciona, diversos requisitos, entre ellos, los motivos que fundamentan la petición, y también los documentos que deben acompañarse, subrayando en este caso, el documento fundante de la petición, según corresponde, mencionando, entre varios, contrato de trabajo.

En este caso la extranjera presentó una solicitud de visa de residencia ante la autoridad, la que no cumple con los requisitos establecidos por la normativa para ser beneficiaria del permiso requerido, al haber efectuado declaraciones falsas en lo que respecta a su contrato de trabajo; y para ello se fundamentó en el informe policial contenido en Oficio Ordinario n° 705 de 7 de marzo del presente año mediante el cual el Departamento de Extranjería y Policía Internacional Antofagasta de la Policía de Investigaciones de Chile señala que se puede inferir que el contrato de trabajo no cumple con los requisitos de exigencia del mismo, toda vez que no existe la relación basada en los vínculos de dependencia, En la especie, agrega, se celebró el contrato de trabajo con el único fin de acreditar a la autoridad migratoria una relación laboral que le permitiera obtener un permiso de residencia en el país, sin que hubiera en realidad ninguno de los supuestos de una relación laboral fidedigna. Y por su parte la resolución exenta reclamada es la manifestación de la potestad estatal reglada. El acto administrativo reclamado tiene las razones suficientes que permiten entender la causa del rechazo de esta visa, por haber efectuado la solicitante declaraciones falsas ante la autoridad con el fin de obtener un beneficio.

La consecuencia de este rechazo basado en una causal legal, es la medida de abandono, toda vez que el extranjero no puede permanecer en el país, y consecuentemente es la razón por la que se establece un plazo para que pueda hacer abandono voluntario del país, Y en caso de no cumplirse, posteriormente se puede decretar la expulsión de manera compulsiva.

Son las razones que le permiten afirmar que no hay ilegalidad en el proceder de la recurrida. Y en consecuencia no hay fundamentos para reclamar la vulneración de la garantía constitucional alegada, artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por lo demás, estima que no hay ningún acto que atente contra lo que dispone el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que sólo se ha sustentado en la misma normativa migratoria, como también en la Ley 19.880.

Esta acción, insiste la recurrida, fue presentada en forma temeraria por la recurrente, y por ende, pide su rechazo.

TERCERO: Que por su parte el recurrido señala, que en la especie no se trata de un acto arbitrario de su parte, por cuanto el contrato de trabajo acompañado por la solicitante, no cumple con los requisitos del artículo 7° del Código del Trabajo en relación con el artículo 127 N°5 de la Ley de Extranjería, por lo que se concluye que sólo se celebró con el único fin de intentar acreditar que su actuar tiene su origen en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo vínculo contractual, por lo que, de esta manera, no cumple los requisitos del artículo 7° del Código del Trabajo, tanto en los supuestos básicos del vínculo de dependencia, como por el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo vínculo contractual, concluyendo que éste se celebró con el único fin de acreditar a la autoridad migratoria una relación laboral que le permitiera al extranjero obtener un permiso de residencia en el país, así que hubiese en realidad ninguno de los supuestos de una relación laboral fidedigna.

Agrega que relacionado con lo anterior la referida norma dispone, que como documento fundante de la petición, entre otros, puede exigirse contrato de trabajo, pero que en la especie no se trataba de un contrato real.

CUARTO: Que en cuanto a la concurrencia de las causales, en relación con la alegación del recurrente, en primer lugar, no puede alegar que la resolución exenta es desproporcionada, por cuanto ésta se condice con el objetivo de la norma, esto es, la posibilidad de gestionar la migración en virtud de la potestad estatal reglada, que se manifiesta en la facultad de poder rechazar alguna solicitud de residencia en virtud de causales legales específicas, tales como las señaladas en el artículo 64 en relación con el 67, ambos del Decreto ley N°10094 de 1975. Y este acto administrativo de autos, contiene la debida razonabilidad, pues rechaza la solicitud fundada en causal legal expresa, fundada en que la peticionaria realizó declaraciones falsas ante la autoridad con el fin de obtener un beneficio.

Y la consecuencia entonces es el rechazo de la solicitud de residencia; el extranjero no puede permanecer de manera irregular residiendo en el país, y por eso se establece un plazo para que abandone el país; dicha orden de abandono es una medida voluntaria por parte del extranjero, que en caso de no cumplirse de la manera señalada, se puede decretar posteriormente la expulsión del país, para que se efectúe de manera compulsiva. Y desde este punto de vista, estima, que esta medida, el acto administrativo no genera una privación de un legítimo ejercicio de un derecho o garantía, toda vez que el rechazo se ha basado en una causa legal cuya proporcionalidad se demuestra tanto por la intensidad de la medida de que se trata (medida voluntaria), como por el fin del objetivo contenido a la vista, esto es, no residir de manera irregular en el país posterior al rechazo de su solicitud de visa, por haber efectuado la requirente declaraciones falsas ante la autoridad y permanecer en el país luego del vencimiento de los plazos otorgados para hacer abandono voluntario del país, y hasta la fecha (del informe) no ha sido sancionada con la expulsión del territorio.

Por todo lo explicado no ve ilegalidad alguna en su proceder.

Agrega que la solicitante no ha justificado la existencia de un acto administrativo de extranjería que vulnere la garantía contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República , y que respecto del artículo 19 N°3 del mismo texto legal no hay acto alguno que sea atentatorio en contra de un debido proceso desde un punto de vista administrativo, ya que su actividad, sólo se ha sustentado en la Ley 19.880 y por ende, ha actuado constitucionalmente, ante la forma temeraria de actuación de la solicitante. Insta por rechazo del presente recurso, por no darse los presupuestos constitucionales para que prospere.

QUINTO : Que por su parte la recurrida acompañó una copia de la resolución exenta N°62815 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, la copia del oficio Ordinario N°705 d 8 de marzo de 2017, del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de Policía de Investigaciones de Chile; una copia de Minuta N°284 de 10 de mayo de 2017 de la oficial de enlace de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones, Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y una copia de Resolución N° 574 del 11 de marzo de 2014 del M. del Interior y de Seguridad Pública, con su personería.

SEXTO: Que de los antecedentes reunidos en la causa, se advierte que es efectivo lo alegado por la parte recurrida. En la especie, la recurrente, al haber hecho uso de un contrato de trabajo, para acreditar ante la autoridad migratoria que de esta manera cumplía con los requisitos para obtener una visa, documento que contenía declaraciones falsas, como expresa, y lo reconoció quien aparecía como empleador de la recurrente. Es decir, toda su petición partía de un intento de engaño, que, dadas las investigaciones de la Policía, que son en este caso, auxiliares de la autoridad migratoria, la que debe efectuar ciertas constataciones para el otorgamiento otorgar de la visa, lo dejaron así establecido.

SÉPTIMO: Que así entonces es que resulta claro que este recurso de protección no podrá prosperar, por cuanto, si bien es entendible lo que la recurrente manifiesta, que existe en su país una situación difícil, que fue la circunstancia que la impulsó a venirse a Chile a buscar un mejor destino, sin embargo este interés debió canalizarse de manera apropiada, y no precisamente vulnerando o intentando vulnerar la confianza, y principalmente, la normativa que se encuentra vigente en nuestro país.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento como consecuencia de lo que se ha venido reseñando, al tener presente que este arbitrio aparece viciado desde su origen con lo cual, además, no se cumplen los requisitos para que sea procedente su acogida.

NOVENO: Que por otra parte se hace necesario tener presente lo que la misma parte recurrida expresa, en cuanto a que en la especie no se está compeliendo a la recurrente a ser expulsada en forma violenta. Se le ha dado un plazo salir del país de manera voluntaria, y sólo en el caso de no hacerlo así, la autoridad tiene la facultad para decretar la expulsión del país de manera compulsiva, lo que en la especie no ha ocurrido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en la normativa citada y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, de la EXCMA. Corte Suprema, se RECHAZA el Recurso de Protección deducido por doña nombre reservado y en consecuencia, se declara que la Resolución Exenta impugnada, N°62815 de 16 de marzo del año en curso emanada del Ministerio del Interior Subsecretaría Departamento de Extranjería y Migración N° 62815 de 16 de marzo del año en curso, se ha dictado de conformidad con la legislación vigente y dentro de sus facultades, lo cual amerita el rechazo del recurso de protección incoado por doña nombre reservado.

Se previene que la Ministro Señora Jenny Book concurre al rechazo del recurso teniendo además en cuenta en virtud de:

1°) Que, en atención a la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional, se impone a ésta una fisonomía especial, de tal suerte que ésta no es un proceso donde en – igualdad de armas – se ventila una controversia entre partes. Aun cuando a propósito de un recurso de protección se provoca, la más de las veces intercambio de pareceres e intereses, como objeto de la “litis” es la tutela de un derecho subjetivo, la controversia puntual. No se trata entonces, de darle razón a una parte o a otra, sino de proteger el derecho en la específica situación o circunstancia que plantea “el que” se ha visto lesionado en el derecho.

2°) Que, en consecuencia el derecho tutelado debe ser preexistente e indubitado, por tanto esta acción constitucional, no es la vía idónea para solucionar el apremio que denuncia la recurrente, de esta forma el actuar de la recurrida no ha sido ilegal ni mucho menos arbitrario.

Notifíquese y Regístrese.

Redacción de la Ministra señora Patricia González Quiroz.

N°29.804-2017.- Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Patricia Liliana González Quiroz e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.