nombre reservado con MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS- VISTA CONJUNTA 2960-2025, 2961-2025, 2962-2025, 2963-2025, 2964-2025, 2965-2025 Y 2966-2025

C.A. de Santiago Santiago, quince de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece la abogada doña Makarena García Dinamarca, en representación de doña nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Contraloría General de la República, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en disponer un descuento en las remuneraciones de la actora -por parte del primer recurrido- y en la dictación de la Resolución Exenta N° 1992/2025, de 27 de enero de 2025, -por parte del segundo recurrido-, en cuya virtud niega lugar a una solicitud de condonación formulada por la recurrente, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que, en el contexto de la pandemia causada por el COVID-19, la Contraloría General de la República emitió el Dictamen N° 9913 de 2020, relativo a la forma de cumplir con el beneficio de sala cuna durante la emergencia sanitaria, disponiendo, en lo pertinente, que “en aquellos casos que el órgano de la Administración no se encuentre pagando por concepto de sala cuna al tenor de lo antes expuesto y en la medida que exista disponibilidad presupuestaria, esta Contraloría General no advierte inconveniente en que se entregue un monto en dinero para costear los cuidados de los niños menores de dos años que actualmente han visto suspendido el beneficio de sala cuna respecto de aquellas funcionarias que, atendidas sus funciones, se ven en la obligación de concurrir presencialmente a sus lugares de trabajo…”, beneficio que “únicamente puede suspenderse respecto de las trabajadoras que actualmente se encuentran en sus casas sin cumplir labores en esas modalidades, así como también aquellas que estén haciendo uso de un permiso sin goce de remuneraciones”.

Por otro lado, refiere que, mediante Resolución Exenta N° 1630, de 9 de octubre de 2020, del Departamento Administrativo de la Subsecretaría de Justicia, se modificó la modalidad de ejecución de las prestaciones correspondientes al derecho a sala cuna que se le había concedido a la actora y se dispone que se efectuará mediante un equivalente a prestaciones en dinero, que en su caso se extendió desde octubre a diciembre de 2020, por un monto mensual de $360.000; luego, mediante Resolución Exenta N° 85, de 22 de enero de 2021, se autorizó el cumplimiento equivalente a prestaciones en dinero del derecho a sala cuna, entre enero y marzo de 2021, por un monto mensual de $360.000; luego, mediante Resolución Exenta N° 429, de 22 de marzo de 2021, se prorrogó el cumplimiento equivalente en prestaciones en dinero del derecho a sala cuna entre los meses de abril a junio de 2021 y; finalmente, mediante Resolución Exenta N° 1021, de 8 de julio de 2021, se prorrogó el cumplimento equivalente en prestaciones en dinero del derecho a sala cuna, entre los meses de julio y septiembre de 2021, por hasta un monto de $360.000 UF mensuales.

Agrega que, luego, la Contraloría General de la República emitió el Dictamen N° 70289, de 2021, en el que se indica, en lo pertinente, que “a contar de la fecha del presente pronunciamiento y en la medida que las restricciones sanitarias lo permitan, las madres trabajadoras que cumplen sus labores en teletrabajo o trabajo remoto a causa de la pandemia podrán solicitar a su organismo público empleador, la entrega del beneficio de sala cuna a través del pago de una suma de dinero que se fije de acuerdo con el presupuesto institucional para este ítem” y, posteriormente, emitió el Dictamen Nº E440605N24, de 17 de enero 2024, que se pronuncia respecto del bono compensatorio de sala cuna que por error se pagó en el mes de julio de 2023, indicando, en lo pertinente, que “la madre trabajadora puede hacer uso del derecho a sala cuna -en este caso del bono compensatorio- cuando se encuentra con licencia médica o permiso facultativo, pero no durante su feriado legal, por cuanto en esta última situación está gozando de un descanso efectivo que no le impide dedicarse al cuidado de sus hijos”.

Indica que, mediante Acta de Notificación N° 11, de 12 de julio de 2024, del Jefe del Departamento Administrativo, se le informó a la recurrente la existencia de una deuda por pago de bono, fundada en el Dictamen N° E440605N24, de 17 de enero de 2024, de la Contraloría General de la República, donde se señala la obligatoriedad de descontar los días de feriado legal a los montos del beneficio pagado por concepto de bono compensatorio y/o cumplimiento equivalente del derecho de sala cuna, que dio lugar a una revisión de los actos administrativos que concedieron el aludido beneficio, determinándose un descuento de las remuneraciones de la actora por la suma de $300.000.

Señala que la recurrente solicitó a la Contraloría General de la República la revisión y condonación de la deuda, que fue rechazado mediante la Resolución Exenta N° 1992/2025 de 27 de enero de 2025.

Sostiene que la decisión comunicada en el Acta de Notificación de 12 de julio de 2024 es ilegal y arbitraria, por cuanto, por un lado, de conformidad al artículo 61 de la Ley N° 19.880 no procede la revocación en el caso de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente y, por otro lado, de acuerdo al criterio de la Corte Suprema, la potestad invalidatoria consagrada en el artículo 53 de la misma ley cuenta con limitaciones, cuales son, ejercerse previa audiencia del interesado y un plazo de caducidad de dos años, habiéndose excedido éste en el caso de marras.

Alega que la Contraloría General de la República incurre en ilegalidad y arbitrariedad en la Resolución Exenta N° 1992/2025 de 27 de enero de 2025, toda vez que omite considerar que existen actos administrativos que autorizaron el pago del bono del beneficio equivalente en prestaciones en dinero del derecho a sala cuna en el contexto de lo manifestado por la propia Contraloría en dictámenes previos, de forma tal que el Dictamen N° E440605N24, de 17 de enero de 2024, representa un cambio jurisprudencial sobre la materia, producto de un nuevo estudio o antecedente, que sólo puede producir efectos para el futuro, sin afectar las situaciones consolidadas durante la vigencia de la doctrina anterior.

Previa referencia a las garantías que entiende afectadas, solicita dejar sin efecto los actos descritos o adoptar las medidas que se estimen necesarias, con costas.

Segundo: Que, la Contraloría General de la República evacuó el informe que le fue requerido, a través del cual solicita el rechazo del presente arbitrio.

En primer lugar, señala que la Resolución Exenta N° E1992, de 2025, no representa un agravio para la actora, toda vez que a través de aquella se rechazó una solicitud de condonación y se otorgaron facilidades de pago en relación con montos adeudados, atendida la obligación de reintegrar lo percibido por concepto de bono compensatorio de sala cuna por los periodos en que hizo uso de su feriado legal, ya que su pago resultaba improcedente, de forma tal que no existe un desconocimiento de la deuda y el otorgamiento de facilidades de reintegro no puede estimarse como agraviante.

Seguidamente, plantea que en la acción de autos no se persigue amparar un derecho indubitado, sino que impugnar el legítimo ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República sobre la materia, asunto que resulta ajeno a la naturaleza cautelar de la acción de protección.

Asevera que la Contraloría General de la República carece de legitimación pasiva, toda vez que el acto que se cuestiona es la solicitud de reintegro de los dineros percibidos indebidamente por concepto de bono compensatorio de sala cuna, sin embargo, no ha sido dicha entidad la que ha solicitado dicho reintegro ni se ha pronunciado sobre el fondo o procedencia de dicha solicitud, atendido que la actora no ha requerido dicho pronunciamiento, sino únicamente una petición de condonación.

Arguye que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la emisión de la Resolución Exenta N° E1992, de 2025, toda vez que ésta se dictó en el ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confirió a la Contraloría General de la República.

Explica que el Dictamen N° 6.381, de 2018, de la Contraloría General de la República, establece situaciones excepcionales en que se puede acceder al beneficio de sala cuna del artículo 203 del Código del Trabajo a través del pago de un bono compensatorio, sin embargo, la reiterada jurisprudencia administrativa desde hace al menos 28 años ha precisado que la madre trabajadora puede hacer uso del derecho a sala cuna, o del derecho al bono compensatorio, en su caso, cuando se encuentra con licencia médica o permiso facultativo, pero no durante su feriado legal.

En este mismo sentido, puntualiza que el artículo 67 de la Ley N° 10.336 prevé que el Contralor General puede ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios las sumas que se adeuden por beneficios pecuniarios percibidos indebidamente. En dicho sentido, mediante el Dictamen N° E440605, de 2024, la Contraloría General de la República concluyó que, respecto de las funcionarias que recibieron el pago del bono sala cuna por el periodo en que hicieron uso de su feriado legal, se generó un pago indebido, que produce en enriquecimiento sin causa, sugiriendo la obligación de reintegrar las sumas mal percibidas.

Hace presente, a este respecto, que el inciso cuarto de la antes aludida disposición prevé la posibilidad de condonación de las remuneraciones indicadas en la misma, a través del procedimiento establecido en la Resolución N° 35, de 2018, del Órgano Contralor, que excluye la posibilidad de una discrecionalidad que pueda estimarse como arbitraria.

Sostiene que no ha existido aplicación retroactiva de un nuevo criterio jurisprudencial en el acto recurrido, toda vez que al menos desde el Dictamen N° 27.865, de 14 de junio de 2005, se ha excluido el beneficio de sala cuna a quienes se encuentren haciendo uso de su feriado legal.

Postula que no existe contradicción entre el Dictamen N° E440605, de 2024, y los Dictámenes N°s 9913 de 2020 y E70289, de 2021, toda vez que el primero de éstos simplemente reconoce la posibilidad de que, en el marco de la pandemia por COVID-19, se pague un bono compensatorio por concepto de sala cuna a quienes se encontraban en la obligación de prestar presencialmente sus funciones y, el segundo de éstos, concluye que quienes cumplen sus labores en modalidad de teletrabajo o trabajo remoto durante la pandemia podían solicitar la entrega del aludido beneficio a través del pago de una suma de dinero.

Del mismo modo, niega la tesis de la actora en el sentido de que para solicitar el reintegro de los haberes percibidos indebidamente requiere que se invalide o revoque el acto administrativo que los reconozca, máxime considerando que la Contraloría simplemente se limitó a atender una condonación formulada por la propia recurrente, sin que ello implique el desconocimiento a su derecho al pago del beneficio en cuestión, sino que se ha precisado que el entero del mismo resulta improcedente en aquellos casos en que se encuentre haciendo uso del feriado legal, toda vez que durante dicho periodo no se encuentra desempeñando labores y goza de un descanso que no le impide brindar atención a sus hijos.

Indica que acceder a la pretensión de la actora constituiría un enriquecimiento sin causa a su favor, a través de la consolidación de una percepción pecuniaria contraria a derecho, conforme se ha expuesto.

Finalmente, enfatiza que no ha habido afectación a las garantías fundamentales referidas en el libelo.

Tercero: Que, el Subsecretario de Justicia, don Ernesto Muñoz Lamartine, evacuó el informe que le fue requerido, a través del cual solicita el rechazo del presente arbitrio.

Expone que en contexto de la pandemia por la propagación del virus COVID-19, la Contraloría General de la República, emitió el Dictamen N°9913N20, de fecha 16 de junio de 2020, relativo a, entre otros ámbitos, el beneficio de sala cuna y jardín infantil, en el que se indica, en lo pertinente, que “en aquellos casos en que el órgano de la Administración no se encuentre pagando por concepto de sala cuna al tenor de lo antes expuesto y en la medida que exista disponibilidad presupuestaria, esta Contraloría General no advierte inconveniente en que se entregue un monto en dinero para costear los cuidados de los niños menores de dos años que actualmente han visto suspendido el beneficio de sala cuna respecto de aquellas funcionarias que, atendidas sus funciones, se ven en la obligación de concurrir presencialmente a sus lugares de trabajo, como acontece con las trabajadoras de los establecimientos de salud”.

Agrega que, posteriormente, el Ente de Control señaló en el Dictamen N° E70289 de 2021, que “esta Entidad Fiscalizadora no advierte inconveniente en que se entregue por concepto del beneficio de sala cuna consignado en el artículo 203 del Código del Trabajo, una cantidad en dinero que equivalga a esa prestación, con la finalidad de contribuir en los cuidados del menor en su hogar, mientras su madre cumple labores en modalidad de teletrabajo o trabajo remoto durante la pandemia”.

Puntualiza que, conforme a lo expuesto, la Subsecretaría de Justicia procedió a dictar las Resoluciones Exentas N°s 1630, de 9 de octubre de 2020; 85, de 22 de enero de 2021; 429, de 22 de febrero de 2021 y; 1022, de 8 de julio de 2021, en cuya virtud se otorgaron montos de $360.000 mensuales, entre octubre y diciembre de 2020, enero y marzo de 2021, abril y junio de 2021 y julio y septiembre de 2021, respectivamente, por concepto de bono compensatorio de derecho a sala cuna, con el fin de dar continuidad al cuidado de los hijos e hijas de las funcionarias, atendido el cierre temporal de los recintos educacionales, sin efectuarse descuento alguno, sea por licencia médica, permiso o feriado legal.

Explica que el 17 de enero de 2024 la Contraloría General de la República emitió el Dictamen N° E446065N24, en el que se indica, en lo pertinente, que “conforme con la jurisprudencia administrativa vigente sobre la materia contenida, entre otros, en el Dictamen N° 8.481, de 2016, la madre trabajadora puede hacer uso del derecho a sala cuna -en este caso del bono compensatorio- cuando se encuentre con licencia médica o permiso facultativo, pero no durante su feriado legal, por cuanto en esta última situación está gozando de un descanso efectivo que no le impide dedicarse al cuidado de sus hijos”, motivo por el cual se realizó revisión completa y detallada de todas las funcionarias que solicitaron el aludido beneficio, determinándose el periodo de tiempo en que la actora se encontró haciendo uso de su feriado legal, notificándola y explicándole el monto pagado en exceso, así como su derecho a solicitar al Ente Contralor la condonación total o parcial de la deuda existente.

Sostiene que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de la Subsecretaría, toda vez que se ha limitado a dar aplicación a la jurisprudencia administrativa vigente, que ha determinado el sentido y alcance de la materia reclamada, que resulta vinculante para los órganos de la administración.

Agrega que, habiendo sido sometida este asunto al conocimiento de la Contraloría General de la República, ésta no advirtió improcedencia alguna en la aplicación del Dictamen N° E440605N24 al caso particular, sino que se limitó a resolver sobre la condonación del monto requerido reintegrar, lo que permite concluir que la situación planteada es de aquellas contempladas en el aludido dictamen.

Cuarto: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, para efectos de resolver acerca de la legalidad de los actos que se impugnan, resulta necesario dejar previamente establecidos los siguientes hechos:

1.- En el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N° E70289, de fecha 21 de enero de 2021, autorizó que el beneficio de sala cuna, previsto en el artículo 203 del Código del Trabajo, pudiera otorgarse excepcionalmente a través de una suma de dinero equivalente, con el objeto de contribuir al cuidado del menor en su domicilio, mientras la madre desarrollara sus labores bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo remoto durante dicho período extraordinario.

2.- Que, en razón de lo anterior, por orden del Subsecretario de Justicia, se dispuso modificar la modalidad de otorgamiento del beneficio de sala cuna concedido a las funcionarias de dicha repartición, estableciéndose que su cumplimiento se efectuaría mediante prestaciones en dinero, conforme a los períodos y montos determinados -en cada caso- a través de las resoluciones dictadas al efecto.

3.- El 17 de enero de 2024, la Contraloría General de la República emitió el Dictamen Nº E440605N24, en el que -en lo pertinente- se señala: “la madre trabajadora puede hacer uso del derecho a sala cuna -en este caso del bono compensatorio- cuando se encuentra con licencia médica o permiso facultativo, pero no durante su feriado legal, por cuanto en esta última situación está gozando de un descanso efectivo que no le impide dedicarse al cuidado de sus hijos.”

“En tal sentido, cumple con aclarar que, habiéndose generado un pago indebido, se produce un enriquecimiento sin causa en favor de las beneficiarias, surgiendo para estas la obligación de reintegrar las sumas mal percibidas, por lo que el SLEP deberá continuar con las medidas que correspondan para obtener la restitución de esos valores.”

4.- El Jefe del Departamento Administrativo de la Subsecretaria de Justicia, dando cumplimiento al Dictamen Nº E440605N24, mediante Acta de Notificación N° 11, de 12 de julio de 2024, comunicó a la recurrente, que mantenía una deuda con la Subsecretaría de Justicia, por montos de dinero que, por concepto de bono sala cuna, recibió mientras se encontraba haciendo uso de feriado legal y que por lo anterior se procedería a descontar de sus remuneraciones la suma de dinero respectiva.

5. La recurrente solicitó a Contraloría General de la República, la condonación o facilidades de pago para los reintegros requeridos, lo que fue resuelto mediante Resolución Exenta N° 1992/2025, de 27 de enero de 2025, no dando lugar a la solicitud de condonación formulada, otorgándole únicamente facilidades de pago para la devolución de los montos adeudados.

Sexto: Que del tenor del recurso se colige que los actos que se estiman ilegales y arbitrarios son, el Acta de Notificación N° 11, de 12 de julio de 2024, del Departamento Administrativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del cual se le informa una deuda por pago de Bono Compensatorio y que se dispondrá a informar al Departamento de Presupuesto y Finanzas para realizar el descuento respectivo y, la Resolución Exenta N° 1992/2025, de 27 de enero de 2025, de la Contraloría General de la República, en cuya virtud se niega lugar a la solicitud de condonación de la aludida deuda y se otorgan facilidades de pago para la misma.

Séptimo: Que, a fin de resolver la acción cautelar promovida, es necesario imponerse del marco normativo aplicable en la materia.

Al respecto, el artículo 1° del Decreto N° 2421, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, dispone, en su inciso primero: “La Contraloría General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios que determinen las leyes; verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de esas instituciones y de los demás Servicios o entidades sometidos por ley a su fiscalización, y la inspección de las oficinas correspondientes; llevar la contabilidad general de la Nación; pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría General; vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y desempeñar, finalmente, todas las otras funciones que le encomiende esta ley y los demás preceptos vigentes o que se dicten en el futuro, que le den intervención”.

Luego, el artículo 6° del mismo cuerpo normativo prevé: “Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen.

Del mismo modo, le corresponderá informar sobre cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos, siempre que se susciten dudas para la correcta aplicación de las leyes respectivas.

La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor.

De acuerdo con lo anterior, sólo las decisiones y dictámenes de la Contraloría General de la República serán los medios que podrán hacerse valer como constitutivos de la jurisprudencia administrativa en las materias a que se refiere al artículo 1°”.

De otra parte, el artículo 67° de la aludida ley prescribe: “El contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las mismas.

Asimismo, el Contralor podrá ordenar que se descuente, en las condiciones ya indicadas, de las remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, las sumas que el Fisco u otra institución estatal deba pagar a terceros en virtud de sentencia judicial, cuando se haga efectiva la responsabilidad civil por actos realizados en el ejercicio de las funciones respectivas.

Las oficinas pagadoras deberán remitir a la Contraloría el comprobante de ingreso respectivo, dentro del mes siguiente a aquel en que se haya ordenado el descuento.

Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error.

Cuando en uso de sus facultades el Contralor General libere total o parcialmente a los funcionarios o ex funcionarios de la restitución de los valores que hubiesen percibido indebidamente, pero de buena fe, esta liberación alcanzará también a quienes hayan ordenado o efectuado el pago, salvo que el Contralor disponga lo contrario, atendidas las circunstancias especiales que en cada caso concurran”.

Octavo: Que, en lo relativo al acto que se reprocha a la Contraloría General de la República, resulta pertinente precisar, en primer término, que la Resolución Exenta N° 1992/2025, de 27 de enero de 2025, no constituye el acto que ordena ni dispone el reintegro de las sumas percibidas por la actora por concepto de Bono Compensatorio o Cumplimiento Equivalente del derecho de sala cuna. Dicha resolución se circunscribe únicamente a resolver la petición de condonación o, en subsidio, de facilidades de pago presentada por la funcionaria, de conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 67 de la Ley N° 10.336, norma que faculta expresamente al órgano contralor para conocer y decidir sobre tales solicitudes.

En este contexto, no resulta atendible atribuir ilegalidad al acto impugnado, desde que la Contraloría General de la República, al rechazar la condonación solicitada y otorgar únicamente facilidades de pago, se ha limitado a ejercer una atribución legalmente conferida. Por el contrario, la decisión adoptada se enmarca en el cumplimiento del mandato legal que impone a dicho organismo la obligación de velar por el debido resguardo del patrimonio fiscal y disponer lo necesario para que se restituyan los beneficios pecuniarios que hubieren sido indebidamente percibidos por los funcionarios públicos.

De esta manera, la resolución cuestionada constituye un acto administrativo dictado dentro del ámbito de la competencia de la Contraloría, con sujeción a la normativa vigente y en resguardo de un interés público definido por el legislador, razón por la cual es evidente que el acto impugnado no adolece de la ilegalidad que se le reprocha.

Noveno: Que, en esta misma línea, tampoco es posible advertir en la referida resolución arbitrariedad alguna, esto es, un actuar caprichoso, carente de racionalidad, que pueda tener la virtualidad de vulnerar derechos amparados por la presente acción constitucional, toda vez que en la resolución en cuestión se expresan los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la decisión de la entidad fiscalizadora, concluyendo en dicho acto, en síntesis, que si bien no puede atribuírsele mala fe u obrar negligente a la actora, atendido que el error fue cometido por el organismo pagador, no se advirtió en los antecedentes aportados por la interesada, que se encuentre aquejada por una situación de salud o de índole humanitaria que le impida dar cumplimiento a la obligación de reintegro.

Por consiguiente, se aprecia que la decisión del órgano contralor se adoptó en el marco de un procedimiento reglado, con expresión de motivos suficientes, atendiendo a la normativa que lo regula, de manera que no resulta posible calificar su actuación como arbitraria en los términos exigidos por la acción cautelar impetrada.

Décimo: Que, en lo relativo al acto emanado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que es objeto de reproche en este arbitrio, de su examen, no es posible advertir ilegalidad ni arbitrariedad alguna, toda vez que se sustenta en lo dispuesto en el Dictamen N° E440605N24 emanado de la Contraloría General de la República, en el cual se estableció la obligatoriedad de descontar, de los montos pagados por concepto de “Bono Compensatorio o Cumplimiento Equivalente” del derecho de sala cuna, aquellos días en que las funcionarias hubieren hecho uso de feriado legal.

De forma tal que la emisión del Acta de Notificación N° 11, de 12 de julio de 2024 obedece al estricto cumplimiento de lo previsto en el inciso final del artículo 6° de la Ley N° 10.336, atendido el carácter de jurisprudencia administrativa que adquieren los dictámenes del órgano contralor, vinculantes para los servicios públicos sometidos a su fiscalización.

Lo anterior se corrobora con lo que prescrito en el artículo 67° del Decreto N° 2421, en cuanto dispone que la Contraloría podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente.

Undécimo: Que, en síntesis, el actuar de las recurridas se enmarca dentro de lo que permite la ley, toda vez que, al haberse acreditado que la actora percibió, por un determinado período, cantidades de dinero que no le correspondían, siendo pagadas estas asignaciones con fondos públicos, era menester que, por una parte, la Contraloría dispusiera de lo pertinente para el reintegro de tales sumas y que, por otra, el Ministerio de Justicia, diera cumplimiento a lo dictaminado por el ente Contralor, ordenando los descuentos respectivos en las remuneraciones de la funcionaria. Del mismo modo, en lo relativo a la solicitud de condonación de la deuda, la decisión de rechazarla obedece al ejercicio de una potestad que la ley radica expresamente en la Contraloría, de modo que tampoco puede ser calificada de ilegal.

Duodécimo: Que, en este escenario, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión adoptada por las recurridas, necesariamente el recurso interpuesto debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de doña nombre reservado, en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó el ministro (S) señor Rodrigo Carrasco Meza.

N°Protección-2966-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por los ministros (S) señor Fernando Valderrama Martínez y señor Rodrigo Carrasco Meza. No firma el ministro (S) señor Carrasco, por haber cesado sus funciones en esta Corte.

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