Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes

C.A. de Santiago Santiago, ocho de septiembre de dos mil veintitrés.

Al escrito folio 34: a lo principal, estése a lo que se resolverá; al otrosí, a sus antecedentes.

A los escritos folios 36 y 37: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que recurre de protección, nombre reservado, por sí, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, Corporación de derecho privado sin fines de lucro, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal de ordenar descuentos indebidos en las remuneraciones de mayo a diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023, lo que vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Como fundamento de su recurso señala que en el año 2016, adquirió un crédito social con la recurrida, por de $ .587.959 suscribiéndose al efecto, pagaré signado con el número N° 104602155. El monto se pagaría en 36 cuotas mensuales, sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, solo pudo pagar hasta la cuota N°9, cuyo vencimiento acaeció en abril del año 2017.

Como consecuencia de lo anterior, la recurrida inició un juicio ejecutivo el 18 de enero del año 2022, ante el 13° Juzgado Civil de Santiago, que se funda en el mismo pagare suscrito por su parte a la cual aún no se le da curso, por lo tanto se encuentra totalmente prescrito.

Por lo tanto, a pesar de existir un juicio vigente en sede civil, en donde consta que la Caja renunció al cobro individual de cuota, pues ejerció la cláusula de aceleración pactada en el contrato, la recurrida incurriendo en una completa arbitrariedad, procedió a descontar de manera intempestiva la deuda directamente de sus remuneraciones en los meses de mayo a diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023 por la suma de $122.756 cada una de ellas de manera que la cifra total ilegalmente descontada a la fecha alcanza la suma de $1.227.560.

Señala que la doctrina y jurisprudencia han estimado en forma permanente que este proceder extemporáneo y sorpresivo de las Cajas de Compensación no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues ni siquiera ha informado ni mucho menos acreditado frente a esta parte, los antecedentes judiciales formales que puedan sostener un descuento de una deuda de hace más de 6 años.

Solicita en definitiva que se acoja el recurso, y se declare que la recurrida deberá abstenerse de obtener el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones del empleador actual u otro futuro, y restituir de los dineros descontados con las costas del recurso.

SEGUNDO: Que, evacúa informe Manuel Saavedra Ubilla, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Héroes, quien solicita el rechazo del recurso.

En primer lugar, señala que el recurso ha sido interpuesto en forma extemporánea toda vez que los descuentos por los que reclama ocurrieron a contar del mes de mayo de 2022, por lo que el plazo para la presentación de la acción de protección incoada por la recurrente se encuentra ampliamente vencido.

En segundo lugar, sostiene que las Cajas de Compensación disponen de dos acciones, distintas e independientes, y de un mecanismo extrajudicial fundado en el artículo 22 de la Ley 18.833 para cobrar lo adeudado por un crédito social. De tales mecanismos, puede ejercer legalmente tanto la acción del mutuo como el mecanismo extrajudicial. Una de las acciones corresponde a la que nace del pagaré, la acción cambiaria, y la otra que nace del contrato de mutuo. La prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré es de un año desde la fecha de vencimiento del documento, sin embargo, no ha habido un tribunal que declare la prescripción ni de la acción que nace del pagaré ni de la acción ordinaria derivada del contrato de mutuo; esta última prescripción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil opera en el plazo de 5 años desde que se hiciera exigible la obligación y en la medida que sea alegada como acción o excepción, pues no opera de pleno derecho.

Como tercer aspecto relevante señala que no comete un acto ilegal o arbitrario ni antojadizo al proceder con el descuento por planilla de la deuda vigente que mantiene la señora nombre reservado, toda vez que está actuando dentro de sus márgenes legales, esto de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.833, en el Código del Trabajo y en la Ley 17.322. Agrega que, la Superintendencia de Seguridad Social, sostiene en el Dictamen 42792-2018 de 23 de agosto de 2018 que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social las que, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 22 de la Ley 18.833 y en el artículo 58 del Código del Trabajo, “deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. En mérito de lo antes expuesto, el empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora las sumas que su trabajador adeude por crédito social, y, por ende, no se requiere la autorización del deudor.”

Incluso en cuanto a la prescripción la SUSESO evacuó con fecha 25 de octubre del año en curso el dictamen 14477-2022, que en su parte pertinente indica: “Que, se debe tener presente que si bien el tribunal puede haber declarado la prescripción de la acción ejecutiva o cambiaria, subsiste la acción ordinaria, por lo que al no existir antecedentes que den cuenta de haberse alegado y declarado la prescripción de ésta última acción, debe entenderse que su obligación de pago se mantiene vigente y proceden las acciones de cobranza de las cuotas morosas, hasta el pago total del crédito.” En este caso concreto no se ha declarado la prescripción ni de la acción ejecutiva ni de la acción cambiaria. Asimismo, las Cajas de Compensación tienen el imperativo legal de efectuar todas las gestiones de cobranza que le permite la ley y le ordena su ente fiscalizador, para obtener el recupero del crédito social, para evitar el desmedro del Fondo Social. En este sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Seguridad Social en Dictamen de fecha 3 de septiembre de 2021.

Finalmente señala que el recurso de protección no es la vía idónea para accionar toda vez que dice relación con interpretaciones de normas jurídicas o para dilucidar criterios de aplicación de leyes o de contratos, resultando claramente ajeno un pronunciamiento judicial declarativo a las condiciones procesales en que se desarrolla y decide un recurso de protección.

TERCERO: Que, en cuanto a la extemporaneidad, ésta será rechazada, atendido que fluye de los antecedentes que los descuentos se han efectuado –por lo menos– hasta febrero del año 2023 y habiéndose deducido el recurso 29 de marzo de 2023, queda manifiesto que éste lo ha sido dentro de plazo.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, en primer cabe tener presente que el recurrente no controvierte la existencia del contrato de mutuo suscrito con la recurrida que da origen al descuento de la remuneración alegado por esta vía.

SEPTIMO: Que, fluye de los antecedentes que el proceso ejecutivo relacionado con el cobro del pagare suscrito por la recurrente fue iniciado el 18 de enero de 2022 tramitado ante el 13° Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol N°435-2022, el cual se encuentra archivado desde el 27 de julio del año en curso, sin que se haya efectuado notificación y/o requerimiento a la actora. Sin embargo, en dicho proceso tampoco se ha declarado judicialmente la prescripción.

OCTAVO: En consecuencia, no habiéndose declarado judicialmente la prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria, la sola interposición de una demanda ejecutiva – que no se encuentra actualmente en tramitación – no es óbice para cesar con los descuentos de un crédito que fue otorgado a la actora, por tanto, - en concepto de esta Corte- en tanto no se hayan declarado prescritas las acciones la recurrida, mantiene vigente la acción ejecutiva y ordinaria y las facultades de cobro establecidas legalmente en la ley N°18.833 y que además fueron expresamente mandatadas por el recurrente en el pagaré de fecha 9 de agosto de 2019, al momento de obtener el mutuo, en consecuencia el descuento efectuado por la recurrida en las remuneraciones se encuentra dentro de las facultades establecidas en el artículo 22 del cuerpo normativo indicado precedentemente, por mantener deuda vigente con La Caja de Compensación Los Héroes.

NOVENO: Que, así las cosas, el recurso en estudio, no puede prosperar debiendo desecharse.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-2959-2023.

En Santiago, ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.