nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.

Santiago, veinticinco de julio de dos mil dieciocho Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece el abogado señor Héctor Moscoso Valenzuela en representación de don nombre reservado e interpone acción constitucional de protección en razón del acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en haber dictado la I. Municipalidad de Recoleta, representada por su alcalde, señor Daniel Jadue Jadue, la Resolución 1868/2019, de 18 de marzo de 2019, por la que se ordenó la inhabilidad de la propiedad ubicada en domicilio reservado y el desalojo con fuerza pública de sus ocupantes, hasta obtener el inmueble recepción definitiva de las obras. Estima conculcadas sus garantías establecidas en los numerales 2, 14, 21 y 22 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile y solicita se acoja el presente recurso, dejándose sin efecto dicha resolución.

Expone que la Resolución N°1868/2019, conforme a los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dispuso: “1.- Inhabílitese hasta obtener la Recepción Definitiva de Obras el inmueble ubicado en domicilio reservado, en base a lo señalado en Artículo N°145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El levantamiento de la Inhabilidad se efectuará a solicitud del propietario; 2.- Notifíquese por la Dirección de Obras Municipales, el contenido de la presente Resolución a Sr. nombre reservado, RUT: RUT reservado, en su calidad de propietario del inmueble; 3.- Solicítese el auxilio de la fuerza pública, según lo establecido en inciso cuarto del Artículo N°145 de la L.G.C.U, para proceder a desalojar a los ocupantes de la propiedad ubicada en domicilio reservado y con esto dar cumplimiento a la Resolución de Inhabilidad.”

Refiere que la propiedad que se intenta inhabilitar es un inmueble antiguo, una casona del año 1950, con una entrada principal, un patio central y una serie de habitaciones sucesivas e independientes que se emplazan alrededor del patio central. Agrega que el recurrente arrendó la propiedad para él y otra familia, pero que hubo otras personas interesadas en arrendar las habitaciones desocupadas y que como llegaron sus familiares a Chile, fue necesario construir nuevas habitaciones, que se hicieron en material ligero y sin superar los 5 metros cuadrados, por lo que la propiedad nunca ha sido subdividida. Cada interesado suscribió un contrato de arrendamiento y paga un cánon de arriendo, con lo que se solventan los gastos de energía eléctrica y agua potable.

Alega que la propiedad jamás había sido inhabilitada por la Municipalidad, que sus condiciones de habitabilidad son idóneas, que cuenta con energía eléctrica, agua potable y alcantarillado y que se encuentra emplazada en un barrio residencial con acceso a buenos servicios y transporte, lo que ha sido determinante para sus ocupantes para arrendarla.

Precisa que existen en el sector otras casonas, habitadas en las mismas condiciones y con las mismas características y que la I. Municipalidad de Recoleta nunca ha tomado medidas a su respecto, aclarando que la intervención del municipio sólo se produjo por la denuncia, plagada de acusaciones falsas, efectuada por un subarrendatario moroso en el pago de las rentas, a quien el recurrente le había comunicado que iniciaría acciones legales para obtener su cobro.

Expone que el inmueble posee energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, es decir, que tiene las condiciones de habitabilidad necesarias. Agrega que conforme a lo establecido en el artículo 166 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por su data de construcción del año 1951, tiene derecho a optar a un procedimiento especial de recepción final o parcial reconocido por la ley, que según la información del portal del Servicio de Impuestos Internos, su destino es habitacional, por lo que supone que en algún momento la propiedad debió ser debidamente recepcionada por la autoridad.

Estima que la decisión adoptada por I. Municipalidad de Recoleta perturba gravemente sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República, al privársele de habitar la propiedad por no poseer la Municipalidad los antecedentes técnicos del inmueble, siendo de su responsabilidad que éstos hayan sido extraviados, por lo que no puede hacérsele responsable y verse afectado de esta forma.

Añade que las habitaciones anexas que han sido construidas de carácter ligero no requieren de autorización, conforme lo establece el inciso 4° del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por lo que la Municipalidad excede sus facultades al requerir la regularización.

Concluye señalando que la resolución vulnera el artículo 19 N° 24 y N° 5 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad y la vulnerabilidad de hogar; el artículo 19 N° 21, a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen; y el artículo 19 N° 22 por cuanto se trata de una discriminación arbitraria en el trato que debe entregar el Estado y sus organismos.

SEGUNDO: Que, comparece doña nombre reservado, Directora de la Dirección Jurídica de la I. Municipalidad de Recoleta, evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del recurso con costas.

Señala que el recurrente no refiere en qué calidad deduce la acción, por la que estima haber sido vulnerada, entre otras, su garantía del Nº 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en circunstancias que, según los registros de la Municipalidad, él no es el dueño del inmueble, sino que se trataría del señor nombre reservado.

Reconoce la dictación de la Resolución N°868/2019, fundada tanto en los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones como en la inspección realizada por profesionales de la Dirección de Obras, que consta en el Informe Técnico N° 64 de 06 de marzo de 2019. Señala que la inspección se originó por una denuncia realizada por un vecino el 15 de febrero de 2019, Folio N°64, por la que dio cuenta que el actor arrienda 34 piezas en malas condiciones, con el techo caído, piso flotante roto, desagües dentro de las piezas, tendido eléctrico en malas condiciones, con 4 baños y sin techos, con animales enfermos sin alimentos, que cuando llueve ingresa el agua y sale mal olor del desagüe, abusando de los arrendatarios que son inmigrantes.

Afirma que constituye un deber de la institución fiscalizar la situación, conforme al artículo 142 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por lo que deja no existe arbitrariedad, ni discriminación alguna al realizar la inspección, ni tampoco al dictarse la Resolución posterior.

Expone ser errada la interpretación que hace el recurrente respecto del artículo 166 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en cuanto a que por la data de construcción, el inmueble tendría derecho a optar a un procedimiento especial de recepción final o parcial, por cuanto no basta con contar con los suministros básicos y condiciones de habitabilidad mínimas para que la propiedad se encuentra normalizada de facto, ya que la norma versa sobre la ampliación de viviendas sociales, viviendas progresivas e infraestructura sanitarias y ampliaciones de viviendas cuya tasación no exceda las 520 UF, lo que en el caso no ocurre, y que el concepto ampliación debe entenderse como “aumento de superficie edificada que se construye con posterioridad a la recepción definitiva de las obras.”

Agrega que el recurrente se encuentra realizando una actividad económica sin contar con la respectiva patente municipal y que la autoridad municipal no puede amparar una ilegalidad conforme a la Ley de Rentas Municipales.

Indica que el inmueble carece de cualquier antecedente constructivo o autorización acorde a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, que a la data de su construcción se encontraba vigente la Ley 17.386, que en su Título II, párrafo I, refiere una serie de condiciones respecto del proceso de autorización y vigencia de los permisos, por lo que si hubiera habido algún tipo de autorización, habría una mínima trazabilidad de los actos administrativos asociados al inmueble, careciendo en cambio la Dirección de Obras Municipales de todo registro. Agrega que, aun cuando no se cuenta con registro de la autorización de la construcción primitiva, la recurrente ha ejecutado obras con posterioridad a la fecha de arrendamiento, lo que constituye una abierta infracción a los artículos 116, 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículos 1.3.1 y 1.3.2 de la Ordenanza. Que el informe de Inspección Técnica N° 64 da cuenta de la construcción de 40 habitaciones, la mayoría sin condiciones mínimas de habitabilidad, junto con la subdivisión de los recintos para la generación de nuevas unidades de subarriendo, lo que constituye una infracción al Título 4, artículo 4.1.1 al 4.1.16 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Expone que el artículo 166 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones no es aplicable al inmueble, ya que requiere de la pre-existencia de un permiso y recepción definitiva, el que no es aportado ni ha sido normalizado de conformidad a la legislación vigente, ni menos las obras realizadas en la misma revisten el carácter de “obras de carácter ligero o provisorio” lo que debe sumarse que las mismas se encuentran vinculadas a un contrato de arriendo.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso con costas, por contar la Resolución Nº 868 de 2019 con absoluto respaldo normativo, y no existir, respecto del recurrente, discriminación alguna, ya que la fiscalización se originó luego de haber sido recibida una denuncia, a que la Dirección de Obras fiscaliza constantemente la unidad vecinal en que se encuentra emplazado el inmueble, TERCERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que consecuencialmente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que afecte a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto, por lo que este caso consiste en determinar si ha existido una actuación ilegal o arbitraria en la dictación de la Resolución 868/2019, de 18 de marzo de 2019, a través de la cual, la I. Municipalidad de Recoleta declaró la inhabilidad de inmueble ubicado en domicilio reservado, ordenando además el desalojo de sus ocupantes, con auxilio de la fuerza pública si fuese necesario.

QUINTO: Que el artículo 116 inciso 1º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece: “La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General.” En su inciso 4, dispone que “No requerirán permiso las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 55, ni las obras urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio, en la forma que determine la Ordenanza General.

SEXTO: Que de lo anterior queda de manifiesto que la propiedad en cuestión – como todo inmueble - debe contar con un permiso de la Dirección de Obras Municipales, así como también se requiere la obtención de un permiso para la realización de cualquier alteración o ampliación, salvo que se trate de una obra urbana o rural de carácter ligero o provisorio, calificativo que no puede aribuírsele a la misma.

Es un hecho no controvertido el que no existen antecedentes constructivos o autorización en la Dirección de Obras Municipales asociados a la propiedad en cuestión, de lo que la Municipalidad expone que, de ello no puede desprenderse que la propiedad haya sido regularizada de facto, en tanto que el recurrente expone que ello sólo significa que la Municipalidad extravió la documentación pertinente, lo que no puede serle imputable. Sin embargo, el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones señala que el permiso en cuestión debe ser solicitado por el propietario del inmueble, al igual que la Ley 17.386, vigente a la fecha de su construcción, que requiere el actuar del propietario, en las distintas etapas de otorgamiento del permiso. Por lo anterior, si la propiedad no cuenta con permiso es de responsabilidad de su propietario el realizar las gestiones para su obtención.

El recurrente ha expresado haber construido habitaciones completamente habitables, de material ligero, que no requerirían de permiso, por tratarse de obras de carácter ligero. Sin embargo, tanto de la denuncia contenida en el Folio Nº 64 como del Informe Técnico de Inspección Nº 64, aparece que se han construido en distintas partes de la propiedad, aproximadamente 40 habitaciones en material liviano, en su mayoría sin las condiciones mínimas de habitabilidad, habiendo sufrido la propiedad una serie de modificaciones por cuanto se ha subdividido en piezas para así generar nuevos espacios. No se trata, entonces que el permiso de recepción definitiva de las obras que ha sido requerido sea aquel otorgado a construcciones aisladas, sino que dicho permiso es aquel que dice relación con el inmueble considerado en su conjunto, esto es, aquel respecto de la propiedad ubicada en domicilio reservado, sea por la recepción definitiva del inmueble o de su alteración o ampliación.

No resulta tampoco aplicable a la propiedad el procedimiento simplificado o especial de recepción final o parcial establecido en el artículo 166 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pues debe tratarse de viviendas cuyo valor de tasación no sea superior a 520 Unidades de Fomento.

Ahora, en cuanto a la facultad de la Municipalidad para imponer la sanción de inhabilidad del inmueble, el artículo 145 de la Ley la establece en su inciso 1º: “Ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total”, y su inciso final expresa: “Sin perjuicio de las multas que se contemplan en el artículo 20°, la infracción a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo podrá sancionarse, además, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el Alcalde, a petición del Director de obras Municipales.”

SEPTIMO: Que de lo expuesto resulta manifiesto que el actuar municipal, con la dictación de la Resolución Nº 868/2019, ha sido ajustado a derecho, y no puede ser tachado de ilegal, toda vez que se encuentra legalmente habilitada para fiscalizar la propiedad denunciada, verificar si ella cuenta con permiso de recepción de obras de la Dirección de Obras Municipales y sancionar con la inhabilidad de la propiedad, hasta que dicho permiso se obtenga.

OCTAVO: En la especie, la dictación por parte de la Dirección de Obras Municipales de la Resolución 868/2019, que ordenó la inhabilidad del inmueble ubicado en domicilio reservado, no aparece como arbitrario ni ilegal, toda vez que corresponde al ejercicio legítimo de sus facultades y previa las informaciones necesarias para adoptarla. Así las cosas, la Resolución 868/2019 impugnada ha sido dictada dentro de sus facultades legales, con las formalidades que exige el ordenamiento jurídico vigente, en este caso, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, y con fundamentos suficientes que excluyen toda posibilidad de ilegalidad y arbitrariedad en su dictación, por no haberse acreditado que la propiedad haya contado, alguna vez, con permiso de recepción.

En conclusión, no habiéndose podido establecer por parte de la recurrente el fundamento de su acción constitucional, esto es, la existencia de un acto u omisión arbitrio y/o ilegal cometido por la I. Municipalidad de Recoleta y no siendo el presente recurso la vía pertinente para calificar el mérito de las infracciones cursadas y que dan sustento a la decisión de la recurrida, la acción intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Resolución Nº 868/2019 de la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Recotela, que ordenó la inhabilidad de la propiedad ubicada en domicilio reservado, de dicha comuna.

Regístrese y comuníquese.

Redactada por la Abogado Integrante Pía Tavolari.

Rol Ingreso Corte Nº 29543-2019.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Jessica González Troncoso e integrada por el Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz y la Abogado Integrante señora Pía Tavolari Goycoolea, quien no firma por encontrarse ausente.