nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES Y MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, colombiano, interponiendo recurso de protección en contra de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones de Chile, mediante formulario, por haber dictado Resolución Exenta N°628 de fecha 18 de diciembre de 2024, que decretó su expulsión del país con prohibición de ingreso al país por 5 años, solicitando se deje sin efecto la resolución atendido que llegó al país huyendo de la violencia de su país, asentándose en Chile con su familia y su pareja, quien tiene residencia definitiva y vive en el país hace 12 años, vive en 4 años.

Refiere que ha sido vulnerado en su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, solicitando no lo expulsen del país, atendido que tiene a su familia en Chile y desea seguir trabajando en el país.

Acompaña contrato de trabajo, certificado de buena conducta y carpeta tributaria electrónica.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido por esta Ilustrísima Corte, la abogada María Paz Fuenzalida García, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, compareció mediante escrito de fecha 4 de abril de 2025, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional de protección interpuesta, fundamentando su posición en diversos argumentos de hecho y de derecho que se expondrán a continuación.

En primer término, la recurrida plantea como argumento central la improcedencia de la acción de protección por la falta de notificación personal de la Resolución Exenta N° 628 de fecha 18 de diciembre de 2024, que decreta la expulsión del amparado. Sostiene que dicho acto administrativo no ha producido efectos jurídicos, razón por la cual no es posible establecer la existencia de una vulneración a las garantías constitucionales protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En este sentido, argumenta que aún existe un procedimiento administrativo vigente, no verificándose materialmente la expulsión del país del recurrente.

Respecto de los antecedentes de hecho que fundamentan la medida administrativa impugnada, el Servicio Nacional de Migraciones expone detalladamente las circunstancias que dieron origen al proceso sancionatorio. Señala que no consta registro alguno sobre el ingreso del amparado don nombre reservado al territorio nacional por medio de pasos fronterizos habilitados. Esta situación se corrobora con la denuncia por ingreso clandestino que consta en el Parte Policial N° 5205 de fecha 4 de diciembre de 2024, emitido por el Departamento de Policía Internacional de Policía de Investigaciones de Arica y Parinacota.

Conforme al mencionado informe policial, el día 3 de diciembre de 2024 se realizó una fiscalización focalizada en el Aeropuerto Chacalluta de la ciudad de Arica, oportunidad en la cual el amparado manifestó haber ingresado al territorio nacional por paso no habilitado desde Perú. Asimismo, el propio extranjero reconoció haber ingresado a Chile el 7 de agosto de 2023 de forma irregular, eludiendo los controles migratorios establecidos por la autoridad competente.

A partir de estos antecedentes, la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica-Parinacota de la Policía de Investigaciones informó al amparado sobre el inicio de un proceso sancionatorio de expulsión, fundado en las circunstancias previstas en el artículo 127 N°1 en relación con el artículo 32 N°3 de la Ley 21.325. En cumplimiento del debido proceso administrativo, se le otorgó al extranjero un plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación, para realizar los descargos respecto de las causales de expulsión señaladas, advirtiendo que de no ejercer este derecho, se resolvería su situación migratoria con los antecedentes disponibles en poder del Servicio Nacional de Migraciones.

La recurrida hace presente que el amparado no remitió descargos dentro del plazo establecido para desvirtuar la causal de expulsión invocada, circunstancia que fue debidamente considerada al momento de dictar la resolución administrativa. En consecuencia, analizados los antecedentes disponibles, la Dirección Regional de Arica y Parinacota emitió la Resolución Exenta N° 628 de fecha 18 de diciembre de 2024, que resuelve expulsar del territorio nacional al extranjero nombre reservado. Adicionalmente, el acto administrativo ordenó a la Policía de Investigaciones cumplir la medida y notificar al extranjero de la misma, disponiendo además una prohibición de ingreso al país por el plazo de 5 años, conforme al artículo 136 de la Ley 21.325.

En cuanto a los fundamentos jurídicos de la improcedencia de la acción, el Servicio Nacional de Migraciones desarrolla extensamente su argumentación basándose en la normativa vigente. En primer lugar, invoca la norma general y supletoria contenida en el artículo 47 de la Ley 19.880 sobre notificación tácita del acto administrativo, para luego descartar su aplicación al caso concreto, en virtud del principio de especialidad consagrado en el artículo 13 del Código Civil, que establece que las disposiciones particulares prevalecen sobre las generales cuando entre ellas existe oposición.

Señala que la normativa migratoria vigente contempla una forma especial de notificación regulada en el artículo 147 de la Ley N°21.325, recientemente modificado por la Ley 21.589, que establece que las medidas de expulsión siempre serán notificadas personalmente por la Policía. Este precepto legal determina que la notificación personal debe realizarse mediante entrega de una copia íntegra de la respectiva resolución al afectado, debiendo dejarse registro escrito del acto bajo la firma del afectado y del funcionario que la realiza, indicando fecha, hora y lugar en que se practicó.

La recurrida argumenta que, consultado con la Policía de Investigaciones de Chile, organismo encargado de realizar esta diligencia obligatoria, consta que hasta la fecha no se ha notificado al recurrente de la Resolución Exenta de Expulsión que se impugna. En consecuencia, sostiene que dicha resolución no ha tomado plena vigencia en la vida del derecho, toda vez que no se ha practicado la notificación por parte de la Policía de Investigaciones, como tampoco existe la debida certificación para que proceda la notificación por medio de carta certificada o correo electrónico.

Fundamenta esta posición citando el artículo 51 de la Ley N° 19.880, que establece el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, determinando que los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general. De esta manera, concluye que la notificación es un paso esencial en la etapa final del procedimiento sancionatorio de expulsión, siendo relevante tener certeza del momento en que se produce, pues desde ese instante comienza el cómputo del plazo de 10 días señalado en el artículo 141 de la Ley 21.325 para interponer el recurso especial de reclamación.

En segundo lugar, el Servicio Nacional de Migraciones desarrolla argumentos tendientes a demostrar la legalidad de la medida adoptada contra el recurrente. Sostiene que la medida administrativa de expulsión no está revestida de ilegalidad ni arbitrariedad, toda vez que la autoridad migratoria actuó dentro del marco normativo, respetando los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política de la República.

En este sentido, cita el artículo 19 N°7, letra a) de la Constitución, que consagra el derecho de toda persona a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, pero establece que dicha libertad puede ser restringida por ley y por el legítimo derecho de terceros. Argumenta que la resolución que dispuso la sanción administrativa no constituye un acto ilegal, ya que la autoridad ejerció el mandato que le confiere la ley para resguardar la seguridad pública y el orden social, considerando que la conducta del amparado genera graves consecuencias sociales que afectan los intereses colectivos protegidos por el Estado.

Respecto de la autoridad competente y sus atribuciones legales, la recurrida fundamenta que la Resolución de expulsión impugnada fue dictada por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones, conforme a lo establecido en los artículos 157 N° 7 y 132 de la Ley 21.325. El primero de estos preceptos establece entre las funciones del Servicio Nacional de Migraciones determinar la expulsión de los extranjeros conforme a las disposiciones de la ley, mientras que el segundo determina que las medidas de expulsión serán impuestas por resolución fundada del Director Nacional del Servicio.

En cuanto a la concurrencia de la causal de expulsión, el Servicio Nacional de Migraciones desarrolla extensamente los fundamentos normativos que sustentan la aplicación de la medida. Explica que la Ley N° 21.325, en virtud de su artículo 126, contempla la aplicación de la medida de expulsión para ciertos casos calificados, establecidos en sus artículos 127 y 128, normas reiteradas por los artículos 135 y 136 del Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería.

Específicamente, invoca el artículo 127 N° 1 de la Ley N° 21.325, que establece como causal de expulsión el hecho de que una persona migrante que carezca de un permiso que lo habilite para residir o permanecer en el país ingrese al territorio nacional no obstante encontrarse en alguna de las hipótesis de prohibición de ingreso establecidas en el artículo 32 del mismo cuerpo normativo. A su vez, el artículo 32 N° 3 de la citada ley establece como prohibición imperativa ingresar al territorio nacional por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio.

La recurrida sostiene que en el caso de autos ha resultado acreditado que el señor nombre reservado, quien no es ni ha sido titular de un permiso de permanencia o de residencia otorgado por autoridades chilenas, ingresó efectivamente al país por un paso no habilitado, verificándose uno de los supuestos de hecho establecidos en la ley que facultan a la autoridad migratoria para aplicar una medida de expulsión. En consecuencia, argumenta que la afectación al bien jurídico vulnerado se ajusta perfectamente a la medida aplicada, cumpliendo con un estándar de proporcionalidad respecto de la conducta desplegada por el recurrente.

Finalmente, el Servicio Nacional de Migraciones caracteriza la conducta del extranjero como actividades ilícitas que demuestran una actitud refractaria respecto al ordenamiento jurídico nacional, afectando derechos de la sociedad en su conjunto, incluido el entorno social y el bienestar común al que todo Estado propende. Sobre esta base, concluye que la medida de expulsión adoptada resulta proporcional y ajustada a derecho, considerando las perniciosas consecuencias sociales que genera la conducta irregular del amparado.

En virtud de todos estos argumentos, la recurrida solicita expresamente el rechazo del recurso interpuesto en todas sus partes, fundamentando que la medida de expulsión impugnada no ha surtido efectos al no haber sido notificada a la fecha al extranjero, razón por la cual no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para la interposición de la acción de protección, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente contra alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Para acreditar sus alegaciones, la recurrida incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Copia Informe Policial N°5205, de fecha 04 de diciembre de 2024, de la Policía de Investigaciones; 2) Copia Resolución Exenta N°628, de fecha 18 de diciembre de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones; y 3) Copia Informe Policial N°430, de fecha 25 de febrero de 2025 de la Policía de Investigaciones.

TERCERO: Que a folio 19 se prescindió del informe de la Policía de Investigaciones de Chile.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye la dictación de la Resolución Exenta N°628 de 18 de diciembre de 2024, que decreta la expulsión del país del recurrente, por ingreso por paso no habilitado lo que vulnera a su juicio, derechos constitucionales garantizados en la Constitución Política de la República, correspondiendo a esta magistratura determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho.

SEXTO: Que la Resolución Exenta N°628 de 18 de diciembre de 2024, se decretó en base a lo dispuesto en el artículo 127 N°1 en relación con los artículos 32 N°3, 126, 129, 132, 132 bis, 134, 135, 136, 147 y 157 N°7 de la Ley N°21.325, en los artículos 135 N°1 del Decreto Supremo N°296, que aprueba el reglamento de la ley antes referida; en la Resolución Exenta N°29.142 de fecha 23 de junio de 2023 del Servicio Nacional de Migraciones; y en la Resolución N°7 de fecha 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, que, entre otras facultades, permiten al Servicio de Migraciones disponer la medida de expulsión de extranjeros que hayan hecho ingreso a territorio nacional por paso no habilitado, como es el caso de marras.

SÉPTIMO: Que, atendido lo dispuesto en los artículos 157 N°7 y 132 inciso 1° de la Ley de Migraciones, encontrándose el Servicio expresamente habilitado para dictar la medida de expulsión del recurrente por haber ingresado clandestinamente a nuestro país –hecho no controvertido en autos-, declarándose que la Autoridad actuó dentro de sus facultades, dentro del ámbito de su competencia, sin que se vislumbre, un actuar ilegal en dicha decisión.

OCTAVO: Que en estas circunstancias, aparece que la acción de protección deducida no puede prosperar y deberá ser desestimada, ya que la expulsión constituye una facultad de la autoridad administrativa, la cual fue ejercida conforme al procedimiento correspondiente, no existiendo a juicio de esta Corte omisión alguna que importe arbitrariedad o ilegalidad que vulnere los derechos que el recurrente estima conculcados por parte de los servicios recurridos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-2954-2025