nombre reservado con BANCO SANTANDER - CHILE

Santiago, dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha dieciocho de abril del año en curso comparece el abogado Matías de la Lastra Jara, abogado, domiciliado en domicilio reservado Las Condes en favor de nombre reservado, empleado de su mismo domicilio; en contra del Banco Santander-Chile, representado por su gerente general don nombre reservado, ignora profesión, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Sostiene que su representado mantiene una cuenta corriente en el banco recurrido, una tarjeta de crédito asociada, una línea de crédito y un seguro fraude full. Añade que el 13 de marzo de 2019 fue contactado por una persona, interesada en reservar un mueble que él vendía por la aplicación yapo.cl, quien le indicó que por supuestas limitaciones solo podía hacer depósitos en cuentas del Banco Santander, que ante la insistencia del interesado, le dio el nombre y su RUT y el número de la cuenta corriente en el banco para que le hiciera el depósito de reserva correspondiente a un abono de $15.000. Añade que a los 15 minutos llama la misma persona muy alterada y desesperada quien le dijo que por error le había transferido $4.600.000, rogándole que se los restituyera porque si no perdería su trabajo. Afirma que revisó su cuenta y verificó un abono por $4.600.000, y que como persona honesta le transfirió $250.000 y al día siguiente le depositó la diferencia de $4.350.000. Al día siguiente dice haber revisado su cuenta y observó que tenía un saldo negativo de $4.600.000 en su tarjeta de crédito personal. Agrega que llamó al banco y le dijeron que había sufrido la estafa de “yapo”. Refiere haber efectuado un reclamo al banco, y que con fecha 20 de marzo de 2019 le respondieron que la operación fraudulenta provino de un tercero y que el banco rechazaba responsabilidad en los hechos. Añade que el recurrido reconoce que se trata de un fraude, pero desliga su responsabilidad, en circunstancias que el fraude solo pudo concretarse por la vulneración de los sistemas de seguridad del recurrido o por la inexistencia de los mismos, ya que su parte jamás entregó las claves de acceso y jamás supo de la transferencia de fondos desde su tarjeta de crédito a su cuenta corriente.

El recurrente acusa que la actuación del banco vulnera sus garantías constitucionales de no ser juzgado por comisión especial, ya que el banco pretende decidir por sí y ante sí que las acciones dolosas y fraudulentas efectuadas por un tercero deben recaer en su parte; vulnerando además el derecho de propiedad por cuanto el banco pretende cobrar una deuda inexistente.

Solicita que se acoja el recurso y que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, que el banco retrotraiga o anule el avance en efectivo de $4.600.000 que figura en su estado de cuenta como de toda otra operación o cargo derivado de la operación fraudulenta.

Informa el recurso el abogado don Felipe Duhalde Vera, en representación del Banco Santander Chile. Añade que el recurso se funda en un hecho controvertido por el banco, agrega que el banco rechazó el requerimiento del actor, por cuanto de la investigación practicada determinó que en las operaciones reclamadas no existió vulneración a los sistemas de seguridad implementadas para realizar las transacciones pues la transferencia de $250.000 fue realizada por el propio recurrente, tal como él lo reconoce y que el monto de $4.350.000 fue retirado por caja por el actor mediante el cobro de un cheque librado y presentado por el propio recurrente en una sucursal del banco, desconociendo su uso posterior. En seguida hace referencia a los pasos que se deben realizar para efectuar transferencias. Por último alude a la ausencia de un derecho indubitado y de una actuación arbitraria o ilegal por lo que solicita el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1°) Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

2°) El acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario es la respuesta que dio el Banco Santander a su reclamo por la que rechaza cualquier responsabilidad en la operación fraudulenta que denuncia el actor.

3°) Sobre el particular, cabe señalar que el recurrente afirma ser víctima de un fraude debido a que se burlaron los sistemas de seguridad de la entidad bancaria, pues terceros tuvieron acceso a los sistemas del banco para conocer su clave de acceso o para liberarse del requisito de manejar la misma, hecho que el banco desmiente, pues indica que fue el propio recurrente quien hizo primero una transferencia de $250.000 y al día siguiente cobró un cheque por $4.350.000.

4°) Que como tantas veces se ha señalado, la acción constitucional de protección está destinada a brindar cautela a derechos ciertos y determinados que se ven vulnerados por una actuación arbitraria o ilegal, no constituyendo esta una vía para zanjar disputas que requieren de un procedimiento controversial en el que las partes puedan acompañar sus pruebas para así adoptar una decisión que dilucide la controversia y determine responsabilidades en los hechos acaecidos. En efecto, el actor asegura haber sido víctima de un fraude por un tercero, que mediante engaño, le hizo creer que erróneamente se habían depositado en su cuenta $4.600.000, para luego, admitir que por el error sufrido fue él quien transfirió $250.000 y retiró $4.350.000 en efectivo, suma que también depositó a una tercera persona. En esas circunstancias, tal como ha sostenido la Excelentísima Corte Suprema (rol 32.607-2018) no es posible establecer la involuntariedad de las operaciones cuestionadas.

5°) Conforme a lo razonado, no concurren en la especie, los requisitos que hagan procedente acoger la acción deducida, sin perjuicio de los demás derechos que asisten al actor.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Matías de la Lastra Jara en favor de don nombre reservado en contra del Banco Santander-Chile.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministra Mireya López Miranda.

Rol N° 29.538-2019 Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y por la Ministro (s) señora Lidia Poza Matus.

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