nombre reservado con SERCOAC S.A.

Santiago, cuatro de junio de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que, comparece don David Alejandro Zúñiga Vera, abogado, en representación de doña nombre reservado, profesora, quien interpone recurso de protección en contra de SERCOAC S.A., representada legalmente por don nombre reservado.

Funda su recurso señalando que su representada fue cliente de SalcoBrand, que ofreció una tarjeta de crédito, resultando de ésta oferta un contrato con Matic Kard S.A., con quién suscribió tal contrato y dio origen a una deuda propia de la operación de crédito que fue saldada a mediados del año 2008, agregando que desde esa fecha su representada no es cliente de esa compañía ni de ninguna relacionada a ella, ni a sus operaciones de crédito.

Explica que la recurrida se encarga del cobro de créditos a terceros deudores de Matic Kard S.A., extrajudicial y judicialmente y conforme con esta actividad comercial, sus dependientes se comunican con los respectivos deudores, principalmente por vía telefónica o por correo postal, con objeto de negociar y conseguir de estos el pago de las deudas pertinentes, sin embargo, el día 12 de abril del año en curso, envía a su representada una misiva indicando que se ha iniciado un proceso judicial en su contra, adjuntando a la misma, la copia del certificado de envío de causa, emitido por la Oficina nombre reservado virtual, presionando a su representada a acercarse a pagar la supuesta deuda que mantiene con Matic Kard S.A., en el plazo de 48 horas con el objeto de evitar que “la deuda siga aumentando”.

Indica que lo anterior se complementa con la copia de la demanda incoada en contra de su representada, la que, a la fecha de la confección de la misiva enviada, el 13° Juzgado Civil de Santiago en el contexto de la causa ROL C-10530-2018, declaró tener por no presentada.

Señala que conforme con todo lo narrado, resulta que tanto el grupo familiar de su representada, así como también su entorno social, están al tanto de la deuda en comento, en circunstancias que por mandato de la Ley Nº 19.496, en materia de cobranzas extrajudicial las actuaciones deben proteger los datos de carácter personal, estándole vedado a las empresas correspondientes entregar datos y/o información referente a los créditos a terceros.

Refiere que el artículo 37 incisos tercero y quinto de la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, establecen que: “Entre las modalidades y procedimientos de la cobranza extrajudicial se indicará si el proveedor la realizará directamente o por medio de terceros y, en este último caso, se identificarán los encargados; los horarios en que se efectuará, y la eventual información sobre ella que podrá proporcionarse a terceros de conformidad a la Ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal.” “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor." Expone que la recurrida ha infringido la norma citada, por cuanto las actuaciones de cobranza deben realizarse con el debido resguardo a la intimidad del deudor, sin que las empresas utilicen técnicas de presión para obtener el pago de la deuda y agrega que no es procedente que si una deuda está judicializada, además se realice cobranza extrajudicial de la misma.

Señala que los hostigamientos que representan los envíos de correspondencia simulando escritos judiciales o en su defecto reproduciendo escritos que representan acciones que fueron incoadas de forma inepta, puesto que, al día 11 de abril de 2018, el 13° Juzgado Civil de Santiago mediante resolución que acompaña, resolvió tener por no presentada la demanda incoada en contra de su representada, por lo que, a la fecha de la confección de la carta enviada, la recurrida no podría sino saber con certeza absoluta que dicha acción había perdido toda fuerza procesal y jurídica.

Explica que el acto ilegal y arbitrario de la recurrida ha vulnerado la garantía consagrada en el artículo 19 N º 1 de la Constitución Política de la República, esto es, "El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, señalando que el envío malicioso de una presentación inepta por parte de SERCOAC S.A. efectúa con intención de cobrar extrajudicialmente el crédito que lo liga para con el Matic Kard S.A. ya que no podría sino saber que la documentación adjunta en la ya referida carta, no es más que la reproducción de una presentación inepta por lo que fue tenida por no presentada, lo han sumido en un estado de angustia y desasosiego permanente, sin que pueda encontrarse tranquilo ni en su hogar ni en su lugar de trabajo.

Señala que además, se vulnera la garantía del artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política, esto es “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia” indicando que el acto recurrido impide que su representada y su grupo familiar puedan desarrollar adecuadamente sus actividades personales y familiares tanto en el hogar común como en sus lugares de trabajo y estudio, en especial la madre de su representada que vive con el temor de la amenaza que le embargarán su casa y sus enseres, situación del todo imposible en la causa indicada en la misiva enviada, lo que conlleva la ignominiosa consecuencia, relativa a la desinformación deliberada que la recurrida provoca en su representado.

Previas citas legales, solicita que en definitiva se acoja el recurso con costas y se declare: ilegal y arbitrario el acto de la recurrida, derivado del envío de cartas simulando documentos judiciales vigentes, demanda, certificado de envío y cartas inductivas a errores, efectuadas por sus empleados a su representada, tendientes a obtener el pago extrajudicial de la deuda que su representada supuestamente tiene para con Matic Kard S.A., situación que data desde comienzos de abril de 2018, y hasta la fecha actual y que se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas, entre las que se encuentra, el disponer a la recurrida abstenerse de misivas con información maliciosamente falsa a su representada y a su grupo familiar y al hogar que comparten, toda vez que el pago de la deuda que intenta cobrar extrajudicialmente no existe.

Acompaña los siguientes documentos:

a) copia de carta de fecha 12 de abril de 2018, b) copia de certificado de envío de causa OJV, ROL C-10530-2018 del 13° Juzgado civil de Santiago, c) copia demanda incoada en contra de la recurrente, ROL C-10530-2018 del 13° Juzgado civil de Santiago, d) copia resolución de fecha 11 de abril de 2018, notificada por estado diario, que declara tener por no presentada la demanda incoada.

2°.- Que, con fecha 10 de mayo de 2018, evacuó informe don nombre reservado, en representación de SERCOAC S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas, por no haberse conculcado ninguna garantía constitucional.

Señala que el recurso tiene imprecisiones, falta de una adecuada fundamentación, errores inexcusables que lo hacen espurio, vago y ajeno a los fines que tuvo en vista el constituyente al construir esta institución jurídica.

Expone que efectivamente Matic-Kard S.A., le entregó la cobranza de la deuda de la recurrente, y su representada, cumpliendo con su obligación contractual, ejerció los derechos que existen en el ordenamiento jurídico para obtener el cumplimiento de la deuda, agregando que si la recurrente tiene certeza de haber cumplido con sus obligaciones, debió apersonarse a sus dependencias a objeto de que se le brindara una solución, lo que en la especie no es efectivo pues de acuerdo a los registros respectivos, la recurrente sí mantiene una morosidad.

Indica que tampoco es efectivo que el hecho de enviar una comunicación legítimamente expedida exclusivamente a la deudora, pudiese afectar alguna garantía constitucional, pues era su deber concurrir y exigir las explicaciones del caso, de manera que es imposible que la recurrente, su grupo familiar y su entorno social pudiesen tomar conocimiento de esta situación como lo expone en su libelo y en consecuencia, ninguna vulneración se ha verificado a la Ley Nº 19.496, a menos que la recurrente haya hecho manifestación de un hecho privado, lo que no es resorte de su representada.

Explica que el hecho de haber ingresado una demanda judicial no obsta al envío de la mentada carta, pues esta modalidad pretende precisamente buscar una alternativa distinta al conflicto y hacer menos oneroso el costo para la propia recurrente.

Señala que en consecuencia, la recurrente debe regularizar su situación contractual con su representada, sea que se haya contraído la deuda por sí o por interpósita persona.

Concluye señalando que no existe acto alguno que pueda imputarse a su representada y que pueda ser calificado como actos u omisiones arbitrarias y a mayor abundamiento, ninguna de estas circunstancias descritas en el recurso permite arribar a una conclusión contraria.

3°.- Que para que proceda el recurso de protección se requiere que efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional.

4º.- Que, los antecedentes aportados por el recurrente, apreciados conforme a las normas pertinentes, no constituyen elementos de convicción suficientes para estimar acreditado que los hechos invocados en el recurso, constituyan algún acto arbitrario o ilegal que amague, altere o prive al actor del ejercicio legítimo de los derechos y garantías enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

5º.- Que, el hecho denunciado, atendida su naturaleza, si así lo estima el recurrente, ha de ser revisado en juicio de lato conocimiento y no a través del presente recurso.

6º.- Que así las cosas, la acción cautelar intentada, debe ser rechazada al no haberse comprobado su fundamento fáctico.

Y de acuerdo además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el deducido por don David Alejandro Zúñiga Vera, a favor de doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Solís.

Protección Nº 29.518-2018.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Gloria Solís Romero, conformada por el señor Fiscal nombre reservado señor nombre reservado y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.