nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Primero: Que, comparece don Marco Antonio Valdés Merino, abogado, en favor de don nombre reservado, ciudadano peruano, pasaporte N° RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta N° 25046643, de fecha 29 de enero de 2025, que rechazó la solicitud de residencia temporal del recurrente. Actuación que considera arbitraria, ya que se habría cumplido íntegramente con todos los requisitos legales exigidos para obtener dicha subcategoría migratoria, vulnerando con ello los derechos fundamentales contemplados en los artículos 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República, que garantizan la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene analizar nuevamente la postulación.

Expone que con fecha 8 de noviembre de 2023, el actor presentó una solicitud de residencia temporal (solicitud N° 68360417) a través de la plataforma de trámites digitales del Servicio Nacional de Migraciones, acompañando toda la documentación que estimaba necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, con fecha 29 de enero de 2025, la autoridad migratoria notificó el rechazo de dicha solicitud mediante Resolución Exenta N° 25046643, fundándose en que la solicitud no cumpliría suficientemente con los requisitos que habilitan para obtener la subcategoría de residencia temporal solicitada, específicamente por no haber presentado documentación que acredite solvencia económica suficiente del empleador para realizar la contratación, conforme al artículo 22 del Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Señala que intentó en reiteradas oportunidades presentar recurso de reposición en contra de la resolución que rechazó su solicitud a través del Portal de Trámites Digitales del Servicio, sin lograr éxito en dicha gestión, lo que habría impedido el ejercicio efectivo de su derecho a impugnar la decisión administrativa.

Sostiene que la decisión del Servicio Nacional de Migraciones resulta arbitraria, toda vez que de los antecedentes acompañados a la solicitud sería posible comprobar que el empleador cuenta con solvencia económica suficiente para realizar la contratación. En este sentido, argumenta que se acompañó inicio de actividades ante el SII, contrato de trabajo del empleador por un monto más de 3 veces superior al sueldo declarado en el contrato del solicitante, liquidaciones de sueldo y cotizaciones del empleador, documentación que daría cuenta del cumplimiento íntegro de lo exigido por la autoridad migratoria y la legislación vigente.

Refiriendo el Decreto Supremo N° 177 de 2022, que establece las subcategorías migratorias de residencia temporal y regula específicamente el permiso para extranjeros que desarrollan actividades lícitas remuneradas en sus artículos 17 a 22. Según expone, el artículo 17 establece tres requisitos fundamentales: contrato de trabajo celebrado con persona natural o jurídica con domicilio en Chile e inicio de actividad vigente ante el SII; que dicho contrato sea firmado por el empleador ante notario público chileno y por el trabajador extranjero ante el consulado competente; y que el objeto del contrato sea coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el SII. El recurrente detalla minuciosamente cómo cada uno de estos requisitos habría sido cumplido cabalmente.

En relación al artículo 22 del mismo decreto, que exige acreditar la solvencia económica suficiente del empleador cuando éste sea persona natural sin inicio de actividades, el recurrente argumenta que se acompañó contrato de trabajo del empleador de duración indefinida por $1.800.000, además de liquidaciones de sueldo y cotizaciones previsionales, documentación que demostraría la solvencia económica requerida. Asimismo, invoca el artículo 5° del decreto y el Oficio Ordinario N° 2.142 del 14 de julio de 2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que define los criterios de suficiencia de medios de vida conforme a los indicadores de pobreza extrema, concluyendo que tanto el sueldo establecido en el contrato como los ingresos del empleador excederían con creces dichos parámetros.

Afirma que, se han vulnerado las garantías constitucionales del recurrente contempladas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, relativa a la igualdad ante la ley, por cuanto a pesar de haberse cumplido con todos los requisitos exigidos para obtener el beneficio impetrado, la autoridad decidió arbitrariamente rechazar la solicitud de residencia temporal. Asimismo, se habría vulnerado la garantía del artículo 19 N° 3, referente a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al habérsele negado la posibilidad de presentar el respectivo recurso de reposición a través de la plataforma digital de la autoridad migratoria.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 25046643 de fecha 29 de enero de 2025, analizar nuevamente la postulación y emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda acerca de la solicitud de residencia temporal presentada por el recurrente, en el plazo más breve posible.

Segundo: Que, comparece el Servicio Nacional de Migraciones, representado por el abogado don Antonio Emilio Beltrán Henríquez, evacuando el informe requerido solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, fundándose en que la Resolución Exenta N° 25046643, de fecha 29 de enero de 2025, fue dictada por autoridad competente, dentro del marco de sus atribuciones legales, en la forma prescrita por la ley y con pleno respeto a las garantías constitucionales.

Señala que con fecha 8 de noviembre de 2023, el recurrente presentó una solicitud de residencia temporal en el extranjero de la subcategoría motivos económicos para desarrollar actividades remuneradas. Posteriormente, mediante Comunicación Electrónica N° 54336282, de fecha 28 de febrero de 2024, se informó al extranjero que su solicitud se encontraba incompleta, concediéndosele un plazo de 60 días para remitir los documentos faltantes, específicamente documentos que acrediten recursos para la contratación del trabajador, patente comercial del empleador, y coherencia entre el objeto del contrato y las actividades declaradas ante el SII. Al vencer el plazo otorgado, el extranjero únicamente acompañó una carta explicativa, un anexo de contrato y cotizaciones de su empleador, sin subsanar completamente las observaciones formuladas.

Agrega que mediante Notificación de Previo Rechazo folio N° 67251993, de fecha 4 de noviembre de 2024, se informó al extranjero que correspondía rechazar su solicitud por no cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 177, otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para realizar descargos y presentar antecedentes adicionales. Transcurrido dicho plazo, el extranjero cumplió solo parcialmente con lo requerido, razón por la cual se dictó la Resolución Exenta N° 25046643, de fecha 29 de enero de 2025, que rechazó la solicitud por no presentar documentación que acredite solvencia económica suficiente del empleador para realizar la contratación, conforme al artículo 22 del Decreto 177.

Sostiene que no se configuran los presupuestos constitucionales para la interposición del recurso de protección, toda vez que la resolución impugnada fue dictada por autoridad competente dentro de sus facultades legales. En primer término, invoca el artículo 157 N° 5 de la Ley 21.325, que establece que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia. Asimismo, cita el artículo 68 de la misma ley, que define el permiso de residencia temporal como aquel otorgado a extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado.

En relación a los requisitos para obtener residencia temporal para desarrollar actividades lícitas remuneradas, la recurrida hace referencia al artículo 17 del Decreto 177 de 2022, que exige: a) contrato de trabajo celebrado con persona natural o jurídica con domicilio en Chile e inicio de actividad vigente ante el SII; b) firma del contrato por el empleador ante notario público chileno y por el trabajador extranjero ante el consulado competente; y c) coherencia entre el objeto del contrato y las actividades declaradas por el empleador ante el SII. Especial relevancia otorga al artículo 22 del mismo decreto, que establece la obligación de adjuntar la carpeta tributaria del empleador o, en su defecto, acreditar la solvencia económica suficiente del empleador para cumplir con las obligaciones contractuales contraídas.

Enfatiza que el extranjero en ningún momento logró acreditar la solvencia económica suficiente del empleador, documentación que se le requirió en dos oportunidades distintas sin que fuera debidamente subsanada. Destaca que se dio estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 19.880 y en el artículo 91 inciso 2° de la Ley 21.325, normas que regulan el procedimiento de requerimiento de antecedentes adicionales y la notificación previa al rechazo. Asimismo, invoca el artículo 17 letra g) de la Ley 19.880, que otorga a las personas el derecho a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, señalando que transcurrieron 11 meses entre la primera notificación de documentos faltantes y la resolución de rechazo, tiempo suficiente para que el recurrente hubiera subsanado las observaciones.

Finalmente, fundamenta la legalidad del rechazo en el artículo 88 N° 1 de la Ley 21.325, que establece como causal de rechazo el no cumplimiento de los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto. Sostiene que la autoridad verificó elementos objetivos establecidos en la ley, encontrándose facultada para rechazar la solicitud al no cumplirse los requisitos legales exigidos, particularmente la acreditación de solvencia económica del empleador.

Por estas razones, el Servicio Nacional de Migraciones solicita tener por evacuado el informe requerido y rechazar la presente acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el derecho a la libertad personal o seguridad individual, toda vez que la Resolución Exenta N° 25046643 fue dictada por autoridad competente, dentro de sus facultades legales, con estricto apego a la Constitución y las leyes, solicitando además no ser condenada en costas.

Complementando el informe señala respecto a la tramitación de la solicitud de residencia temporal ID N° 68360417, que mediante Comunicación Electrónica N° 54336282, de fecha 28 de febrero de 2024, se informó al extranjero que su solicitud se encontraba incompleta, concediéndosele un plazo de 60 días para remitir los documentos faltantes. Específicamente, se requirieron documentos que acreditaran recursos para la contratación del trabajador, indicándose que la información contenida en el documento presentado era insuficiente, debiendo presentar patente comercial del empleador.

Asimismo, se hizo presente que, de acuerdo al Artículo 17 letra c) del Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el objeto del contrato de trabajo debería ser coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos.

Agrega que, transcurrido el plazo concedido, el extranjero acompañó con fecha 28 de marzo de 2024 una carta explicativa por no remitir documentos que acreditaran la contratación del trabajador, un anexo de contrato y cotizaciones de su empleador. No obstante lo anterior, mediante Notificación de Previo Rechazo folio N° 67251993, de fecha 4 de noviembre de 2024, se informó al extranjero que correspondía rechazar su solicitud de residencia por no cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 177, presentando documentación incompleta.

Sostiene que, se determinó que el empleador no contaba con inicio de actividades vigente ante el Servicio de Impuestos Internos, conforme al Artículo 17 letra a) del referido decreto, y que el objeto del contrato de trabajo no era coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el SII, según lo dispuesto en el Artículo 17 letra c) del mismo cuerpo normativo.

Posteriormente, con fecha 12 de noviembre de 2024, el extranjero adjuntó documentos a título de subsanación, correspondientes a declaración jurada de inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N° 25046643, de fecha 29 de enero de 2025, se rechazó definitivamente la solicitud de residencia temporal por no cumplir suficientemente con los requisitos que habilitan para obtener la subcategoría solicitada, al no presentar documentación que acredite solvencia económica suficiente del empleador para realizar la contratación.

Invoca el artículo 22 del Decreto Supremo N° 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual establece que debe adjuntarse a la solicitud de residencia la carpeta tributaria del empleador o contratante, en caso de que sea una persona jurídica o natural con inicio de actividades. De lo contrario, debe acreditarse la solvencia económica suficiente del empleador para cumplir con las obligaciones contractuales contraídas.

Fundamenta su decisión en que el extranjero nunca acompañó la carpeta tributaria del empleador, ni otro documento que permitiera verificar de manera objetiva y conforme a la normativa vigente la solvencia económica suficiente de quien pretendía contratarlo. Sostiene que la mera presentación de una declaración jurada o de antecedentes laborales sin respaldo tributario concreto resulta insuficiente para cumplir con los requisitos establecidos por el Decreto Supremo N° 177.

Solicita a esta Ilustrísima Corte que se rechace el recurso de protección interpuesto, fundado en que su actuación se ajustó plenamente a la normativa vigente, habiéndose otorgado al recurrente todas las oportunidades procesales para complementar adecuadamente su presentación.

Tercero: Que el recurso de protección, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y reglado por el Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema, constituye una acción cautelar de naturaleza urgente, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos indubitados frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen, requiriéndose para su procedencia la verificación, en el estado actual de la causa, de un agravio concreto, actual o inminente, atribuible a la recurrida y susceptible de ser corregido por esta vía sumaria. No está concebida, por tanto, para sustituir los procedimientos administrativos o jurisdiccionales especialmente previstos por el legislador ni para anticipar decisiones técnicas o de mérito propias de la autoridad competente.

Cuarto: Que corresponde, dilucidar si en los hechos asentados se configura un acto u omisión ilegal o arbitrario imputable al Servicio Nacional de Migraciones, consistente, según se denuncia, en “rechazar la solicitud de residencia temporal” a favor del recurrente.

Quinto: Que, sobre el particular, cabe señalar que la autoridad informó que la solicitud de residencia temporal del actor no cumplió con la exigencia de acreditar la solvencia económica suficiente del empleador, específicamente, no se acompañó la carpeta tributaria en las dos oportunidades distintas que se le otorgó para que fuera debidamente subsanado.

Sexto: Que, el artículo 22 del Decreto Supremo N°177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, establece “Sea que se trate de actividades realizadas bajo subordinación o dependencia, o por cuenta propia, deberá adjuntarse a la solicitud de residencia, la carpeta tributaria del empleador o contratante, en caso de que el empleador sea una persona jurídica o natural con inicio de actividades. De lo contrario, deberá acreditarse la solvencia económica suficiente del empleador para cumplir con las obligaciones contractuales contraídas”

La referida norma establece que se debe adjuntar la carpeta tributaria del empleador o contratante con el fin de acreditar la solvencia económica, hecho que no fue subsanado por el actor dentro de los plazos que fueran concedidos por el Servicio recurrido.

Séptimo: Que, asentado lo anterior, no se constata la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al servicio recurrido, en la medida que la norma antes transcrita establece, en términos categóricos, la documentación que se debe adjuntar a la solicitud de residencia temporal solicitada por el actor.

Octavo: Que, en consecuencia, al haberse descartado la existencia de un acto ilegal o arbitrario, la acción incoada no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve que se rechaza, en todas sus partes, el recurso de protección deducido por don Marco Antonio Valdés Merino, en representación de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-2951-2025.