nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, quince de noviembre de dos mil veintiuno.

Al folio 16; téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece doña Gema Nicole Airam Ahumada Rocha, abogada, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en representación de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Ruta F 90, kilómetro 26, comuna de Algarrobo, Región de Valparaíso, y en contra de la Tesorería General de la República, representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en retener, con fecha 12 de mayo de 2021, el monto en dinero de $160.976.- (ciento sesenta mil novecientos setenta y seis pesos), correspondiente a la devolución de impuestos que le correspondían del año tributario 2021 al recurrente, vulnerando de este modo la garantía que la Constitución Política de la República le asegura en su artículo 19 N° 24.

Funda el recurso expresando que el protegido, con fecha 02 de abril de 2021, procedió a efectuar su Declaración de Renta del año tributario 2021, a través de internet, en la página web del Servicio de Impuestos Internos, solicitando una devolución de $160.976. Dicha devolución fue autorizada por ese Servicio con fecha 04 de mayo de 2021. Refiere que, con esta información, ingresó a la página web de la Tesorería General de la República con fecha 20 de mayo de 2021, y bajo el ítem CONSULTA DE ESTADO DE DECLARACIÓN DE RENTA 2021, descubre que ha sufrido una retención de dineros del siguiente tenor: HISTORIAL. Folio: 303890451. Fecha: 12/05/2021. Descripción: Tesorería General de la República ha efectuado compensación, $160.976 sobre el monto autorizado. Añade que, en tal documento, que acompaña, no hay observación que indique el motivo de la retención ni que existe resolución judicial alguna que ordene la retención de los dineros correspondientes a la devolución de impuestos del año tributario 2021, sólo se indica que la recurrida ha efectuado una compensación.

Agrega que, indagando, advirtió que la retención es producto de deuda por Crédito con Aval del Estado, y le atribuye ilegalidad y arbitrariedad, haciendo presente que el recurrente fue demandado en autos ejecutivos ventilados en el Juzgado de Letras de Colina, ROL C-6294-2019, caratulado “Banco del Estado de Chile con nombre reservado”, por cobro de 2 pagaré por Financiamiento de Estudios de Educación Superior con Garantía del Estado, Fisco de Chile, cobrados por el demandante Banco del Estado de Chile; que suman la cantidad de 355,917700 UF que, conforme al mandamiento de ejecución y embargo del cuaderno de apremio de dicha causa, equivalen a la fecha de éste a $9.909.518.- (nueve millones novecientos nueve mil quinientos dieciocho pesos), más intereses y costas. De este modo, la deuda que se cobra al recurrente está sometida a la jurisdicción de dicho tribunal, sin que exista resolución que ordene la retención ni otra causal que la justifique. Además, hace presente que esta es una conducta reiterada de la Administración, ya que la misma habría ocurrido durante los periodos tributarios 2019 y 2020.

Finalmente, solicita acoger el recurso y ordenar a la recurrida Tesorería General de la República dejar sin efecto la “retención judicial” que ha practicado respecto de la devolución de impuestos correspondiente al año tributario 2021 del mi protegido, por la suma de $160.976.-, con los incrementos que correspondieren, ordenando se le realice el respectivo depósito o transferencia electrónica de fondos en los términos solicitados por él en la instancia respectiva, con costas.

Segundo: Que, evacuando informe, comparece don nombre reservado, abogado, por la Tesorería General de la República, quien solicitó el rechazo del recurso.

Al respecto, hace presente que, es efectivo que el protegido fue demandado en la causa singularizada en el recurso, en la que dedujo, con fecha 17 de octubre de 2020 un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, decretándose en definitiva por el tribunal el archivo del expediente por resolución de fecha 25 de junio de 2021. Refiere que el recurrente alega que la sola interposición de ese incidente de nulidad de la notificación implicaría que el derecho reclamado se encuentra en litis pendencia por lo que no resultaría procedente esa supuesta retención de su devolución de renta, desconociendo el hecho que ese incidente se encuentra archivado y soslayando también totalmente la normativa de la ley 20.027 que regula el sistema de financiamiento denominado crédito con aval del Estado. Al respecto, considera necesario puntualizar que Tesorería no ha retenido la devolución la devolución de impuesto a la renta del recurrente, sino que la compensó.

Añade que la declaración de impuesto a la renta, año tributario 2021, presentada por el recurrente, arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma de $ 160.976.-, remanente que la Tesorería General debía restituir en el mes de mayo del presente año. Sin embargo, tal devolución no se verificó por cuanto esos excedentes fueron compensados, en virtud de la facultad concedida a la Tesorería General de la República por el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, contenido en el D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que la autoriza para compensar deudas de contribuyentes con créditos que éstos tengan contra el Fisco, apareciendo evidente que la acción deducida no se encuentra razonablemente fundada, toda vez que sus fundamentos de hecho se encuentran fuera de los casos y formas a que se refiere la preceptiva cuya aplicación se impugna.

En cuanto al crédito otorgado al recurrente, hace presente que obtuvo el beneficio del Crédito con Garantía Estatal en el año 2009, para financiar sus estudios superiores, siendo la institución financiera Banco del Estado de Chile, la encargada de otorgarle financiamiento. Luego, en el proceso correspondiente la casa de estudios informó el egreso del estudiante, circunstancia que, de acuerdo con la normativa propia de este Sistema de Crédito, generó la exigibilidad de las obligaciones derivadas de los desembolsos efectuados conforme a la Ley N° 20.027 y su Reglamento, a partir del día 5 del décimo noveno mes contados desde la fecha de término del plan de estudios del beneficiario. Agrega que, de acuerdo a la información proporcionada por la institución financiera administradora del crédito, el deudor entró en mora en el cumplimiento de su obligación de pago.

Prosigue señalando que el artículo 3 de la Ley N° 20.027, dispone que el Estado por intermedio del Fisco, garantizará hasta el 90% del capital más los intereses de los créditos que otorguen las instituciones financieras a estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa del Sistema. Por su parte, el artículo 6 del mismo cuerpo legal, agrega que la Garantía Estatal se hará efectiva en los casos que el beneficiario del crédito, habiendo egresado de la carrera, deje de cumplir con la obligación de pago de éste.

Citando el artículo 35 del Reglamento y Bases de Licitación aplicables, aclara que, habiendo incumplido el deudor y recurrente de autos con su obligación de pago, y agotadas las instancias extra judiciales para obtener el pago del crédito, Banco del Estado de Chile, presentó con fecha 19 de nombre reservado de 2019, demanda ejecutiva ante el Juzgado de Letras de Colina en causa Rol C-6294-2019, acompañando 2 pagarés suscritos conforme lo establecen las Bases de Licitación Pública, y en ejecución de los mandatos otorgados por el deudor a la institución financiera, al momento de suscribir su Contrato de Apertura de Línea de Crédito para Estudios Superiores, dando cumplimiento a sus obligaciones de administración y cobro de los Créditos con Garantía Estatal. Posteriormente, con fecha 10 de marzo de 2021, la Comisión remitió a la Tesorería General de la República el formulario de cobro del crédito, registrando en la Cuenta Única Tributaria del recurrente, una deuda por 192,06 UTM.

Luego, la obligación legal de pago de la acreencia fiscal aparejada al crédito, nace cuando se certifica por parte del organismo girador (Comisión Ingresa) el cumplimiento de las obligaciones de administración de los créditos, que, en el caso de autos, ocurrió con la dictación de la Resolución Exenta N° 001, del 04 de enero de 2021. En el caso concreto, señala que compensó el crédito conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con los demás elementos que, según el Código Civil, son de la esencia de la compensación como modo de extinguir las obligaciones.

En cuanto a la garantía invocada, alega que el derecho de propiedad invocado no es absoluto, pues no se materializa con la sola presentación de la declaración de impuestos, sino que es un derecho eventual y condicionado, que sólo se hace efectivo si se cumplen los presupuestos legales para que sea procedente, entre ellos, que no tenga deudas pendientes de pago. Finalmente, solicita el rechazo del recurso, por no concurrir actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional, situación que en caso alguno concurre respecto de la Tesorería General de la República, toda vez que sólo se limitó a actuar dentro de la competencia que le otorga el artículo 6° de su Estatuto Orgánico, sin que se advierta una vulneración de la garantía constitucional denunciada como vulnerada por el recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, en la especie, el acto que motiva el recurso consiste en la retención de dineros que la recurrida efectuó, respecto de la devolución de impuestos procedente respecto del acto, correspondiente al año tributario 2021.

Quinto: Que, para resolver, se tendrá presente que el artículo 6 del DFL N° 1 de 1994, del Ministerio de Hacienda dispone: “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”

Sexto: Que, además, consta que en la especie, atendidas las disposiciones de la ley N° 20.027, y el hecho que el recurrente fue beneficiario de Crédito con Aval del Estado, existe una acreencia por dicho concepto, no satisfecha por el actor, lo que dio origen a los autos civiles seguidos en su contra por el mismo motivo. Ello, unido al hecho que, respecto del protegido, se dispuso devolución de impuestos, revela que aquel y el Fisco de Chile son acreedores mutuamente, respecto de obligaciones exigibles, de modo que, conforme a lo previsto en el artículo 1656 del Código Civil, la compensación efectuada a su respecto no reviste arbitrariedad ni ilegalidad.

Séptimo: Que, en efecto, considerando que la recurrida se encuentra expresamente facultada para obrar en el modo que consta en el proceso, cabe concluir que no concurre, en el caso concreto, un acto u omisión ilegal o arbitraria que haga procedente la acción intentada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-29489-2021.