nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, abogado, quien recurre en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), representado por su Director Nacional don Ricardo Ruiz Viñaspre, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la denegación del pago del beneficio legal denominado IFE Laboral, para el mes de noviembre (2021), vulnerando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales reconocidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica, que el llamado IFE Laboral, es un beneficio y a la vez, un incentivo, para que los trabajadores se empleen formalmente, otorgando un monto en dinero mensual por la nueva relación laboral que se inicia, el que, en el caso de los hombres entre 24 y 55 años alcanza al 50% de la remuneración bruta mensual, con un tope de $ 200.000, bajo el requisito de contar con un contrato de trabajo, con una remuneración mensual bruta, menor o igual a tres ingresos mínimos, ($ 1.001.000) y haber estado cesante, durante todo el mes anterior a aquel de inicio del nuevo contrato de trabajo.

Relata, que el 15 de agosto de 2021 fue contratado, como abogado, en forma indefinida, por FICABEM ABOGADOS SpA, pactándose como renta bruta la suma de $ 612.519.

Cumpliendo, los requisitos, postuló al beneficio, el 04 de septiembre del 2021, adjuntando el contrato de trabajo firmado por ambas partes, siendo ingresada la solicitud bajo el N° 631492.

Posteriormente, habiendo transcurrido más de dos meses desde su postulación, en los días 04 y 12 de noviembre de 2021, fue informado a través de correo electrónico, que ésta seguía en estado “pendiente”, ya que, primeramente, no se había recibido información desde las instituciones previsionales del pago de sus cotizaciones por su empleador, y luego, porque una vez recibida, no se podía verificar de la misma, si el pago correspondía al mes de septiembre de 2021.

Agrega, que recién el 07 de diciembre de 2021, se le pagó el subsidio, de $ 200.000, correspondiente al periodo de octubre de 2021, según la descripción.

Añade, que respecto al pago del mes de noviembre 2021, en la página web del SENCE, se leía: “Sin pago – no se encuentra pago o declaración de cotizaciones de salud y pensión en el mes de octubre por su empleador”.

Refiere, que ante los retrasos y negativas, el 30 de diciembre de 2021, ingresó un reclamo ante la recurrida, bajo el Código SOL-W-3787060, indicándose como fecha de respuesta, el 13 de enero de 2022, sin que hasta la fecha de presentación de la acción constitucional, la hubiese recibido.

Arguye, que la falta de pago relatada constituiría una vulneración a los artículos 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por establecer una diferencia arbitraria respecto de su situación, y por tratarse de un beneficio otorgado por la ley, que no puede ser denegado.

Finaliza, solicitando el cese del acto ilegal y arbitrario, consistente en la denegación del pago del subsidio “IFE Laboral”, del mes de noviembre (2021), y se reestablezca el imperio del derecho adoptándose todas las medidas necesarias para que ello se verifique, con el pago de dicho beneficio, con costas.

Segundo: Que evacuando el informe requerido, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, a través de la señora nombre reservado, expuso, que el IFE Laboral se encuentra regulado en el Decreto Nº 28 de 2011, y sus modificaciones, y consiste en una bonificación mensual que se otorga al trabajador dependiente, previamente cesante, que comienza a prestar servicios bajo vínculo de dependencia y subordinación, con un nuevo empleador, en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo, dentro de la época fijada en la resolución que dicta el Subsecretario del Trabajo, a fin de implementar la Línea Emergencia Laboral Reactivación Covid-19, detallando, pormenorizadamente, los requisitos para otorgar el beneficio, los que deben concurrir copulativamente, a saber: “A.- Tratarse de trabajadores mayores de 18 años que hayan comenzado a prestar servicios bajo vínculo de dependencia y subordinación para con un empleador dentro del período que fije la resolución. B.- Que su remuneración bruta mensual sea igual o inferior a tres ingresos mínimos – mensuales, a la fecha de postulación. El valor del ingreso mínimo mensual será aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años; y C.- Haber estado cesante antes de iniciar la nueva relación laboral dependiente que permite al trabajador postular a este beneficio. (…).” (sic)

Ratifica, que el recurrente presentó la postulación al beneficio, el 4 de septiembre de 2021, bajo el número 631492, la que fue aprobada, haciendo presente que: (i) el pago que debía efectuarse en octubre de 2021, correspondiente al mes de septiembre de 2021, se realizó el 07 de febrero de 2022, por un monto de $200.000; (ii) el pago que debía efectuarse en noviembre 2021, correspondiente a la remuneración de octubre 2021, no fue pagado, puesto que su renta alcanzó la suma de $ 1.305.019, superando así los tres ingresos mínimos establecidos en el programa; (iii) el pago que debía efectuarse en diciembre 2021, correspondiente al periodo de la remuneración de noviembre 2021, se efectuó el 06 de enero de 2022, por $ 200.000; (iv) el pago que debía efectuarse en enero de 2022, correspondiente a la remuneración de diciembre 2021, no se le realizó, al no visualizarse en el sistema web, la información del pago de cotizaciones previsionales. Aduce, que en proceso siguiente, se vuelve a revisar la información, y si corresponde, se pagará el beneficio retroactivamente.

Sostiene, en consecuencia, que no existe irregularidad alguna en los pagos efectuados al recurrente, habiéndose satisfecho su requerimiento, al encontrarse satisfechos los montos supuestamente adeudados, por lo que, el presente recurso carecería de causa. Añade, que lo anterior fue informado al recurrente el 17 de febrero de 2022, con motivo del reclamo interpuesto el 30 de diciembre de 2021.

Argumenta, que del análisis de los antecedentes ya citados, queda claro que la petición del protegido de restaurar el imperio del derecho, no tiene ningún sentido, toda vez, que los montos demandados han sido completamente pagados, y en el caso contrario, se ha dado la explicación de porque aquello no ocurrió.

Subraya, que el recurrente basa su recurso en el supuesto pago de cotizaciones previsionales, sin aportar antecedente alguno que respalde sus dichos. Asimismo, -añade-, el retardo en los pagos se explica por la obligación del Servicio de verificar las postulaciones, con información que debe ser entregada por otras entidades, la cual, no siempre se encuentra actualizada, lo que obliga a realizar un nuevo proceso de verificación.

Finaliza, solicitando, el rechazo del recurso de protección al no existir acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya producido privación, perturbación o amenaza, traducida en un impedimento al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales del recurrente.

Tercero: Que, el 20 de mayo de 2022, la recurrida, en una nueva presentación, complementa el informe antes reseñado, indicando, que revisados nuevamente los antecedentes del caso, consta que se efectuaron los siguientes pagos al señor nombre reservado: (i) el 07 de diciembre de 2021, se le hizo un pago por la suma de $ 200.000, correspondiente a la remuneración del mes de octubre de 2021; (ii) el pago que debía efectuarse en noviembre de 2021, no se realizó, por superar la renta percibida, el monto máximo establecido en la ley; (iii) el 07 de febrero de 2022, se hizo un pago por $ 200.000, correspondiente a la remuneración del mes de diciembre de 2021; (iv) el 07 de marzo de 2022, se pagó la suma de $ 200.000, por la remuneración de enero de 2022; (v) el 07 de abril de 2022, se pagó $ 50.000 por el mes de febrero 2022, y; (vi) en la misma fecha anterior, se pagó $ 50.000, por el mes de marzo de 2022.

Concluye, expuestos estos antecedentes, que el recurso de protección perdió oportunidad.

Cuarto: Que, conforme es generalmente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera, que esta Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Sexto: Que el acto que se estima arbitrario de parte de la recurrida, es haber denegado el pago del denominado IFE Laboral, que le correspondía recibir en noviembre de 2021, vulnerando de esta manera las garantías de los derechos a la igualdad y no discriminación, y el derecho de propiedad, contemplados en nuestra Carta Fundamental.

Séptimo: Que por lo ya expuesto, y dadas las características esenciales de esta acción de cautela de derechos constitucionales, la Excma. Corte Suprema, ha establecido que su tramitación está encaminada a decretar o dar curso a diligencias y medidas breves y sumarias, destinadas a conceder la protección que demanda el afectado, si en definitiva sus derechos son ciertos o están indubitadamente comprobados, y si éstos, en su caso y en los hechos, sobre los cuales se invocan, no son controvertidos con fundamentos plausibles.

Por consiguiente, este recurso no ha sido creado por el constituyente como un medio expedito para ser utilizado en sustitución o reemplazo de las acciones que el ordenamiento procesal contempla para solucionar todo tipo de conflictos entre partes con derechos o intereses en pugna, que les permita exponerlos y debatirlos en plenitud, y, en su momento, obtener la sentencia que al final del juicio, resuelva y declare, que tiene la razón y el derecho que reclama.

Octavo: Que en este caso, de lo informado por la recurrida, y el mérito de los antecedentes que se han acompañado, resulta apreciable que existe discrepancia, en cuanto, a la procedencia del pago del beneficio que el recurrente, sostiene, que le correspondía recibir en el mes de noviembre de 2021, según lo reclama en este arbitrio, en tanto, que el Servicio recurrido, afirma, que las rentas percibidas por el protegido durante el mes de octubre de ese año (a pagar en noviembre 2021), habrían superado el monto máximo de 3 ingresos mínimos mensuales, lo que hace improcedente, otorgar el beneficio que se solicita, en el indicado mes.

Por otro lado, el recurrente, no aportó antecedente alguno que permitiera formar convicción en su favor, en orden, a estimar la procedencia del beneficio que reclama habérsele denegado de manera arbitraria.

Noveno: Que atendido lo reflexionado precedentemente, y no pudiendo calificarse como indubitado el derecho que se estima conculcado, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas, procediendo desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el deducido por don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Durán Madina.

Ingreso Corte N° 294 - 2022 Protección Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya, e integrada por las Ministras señora Inelie Durán Madina y señora María Paula Merino Verdugo.