Protección contra Colegio nombre reservado y de la Superintendencia de Educación

C.A. de Santiago.

Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veinticinco. Vistos: Comparece nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra del Colegio nombre reservado y de la Superintendencia de Educación, por el acto arbitrario e ilegal de imponer como condiciones de pago para el ingreso de su hijo, cheques a fecha o pago por descuento automático, lo que vulnera el derecho a la educación y el derecho a la igualdad en el trato económico.

Expone que su hijo fue asignado al colegio antes mencionado mediante el Sistema de Admisión Escolar (SAE), pero al concurrir a matricularlo se le impuso, como condiciones de pago, cheques a fecha por los meses del año lectivo o descuento mensual automático, en circunstancias que sólo dispone de Cuenta Rut del Banco Estado y no puede cumplir con tales modalidades de pago, pero sí puede, según refiere, transferir mensualmente o pagar en efectivo. Hace presente que hizo un abono de la matrícula.

Termina solicitando que el recurrido acepte el pago en efectivo o por medio de transferencia bancaria. La Superintendencia de Educación evacuó el informe requerido solicitando el rechazo del recurso, con costas, oponiendo en primer lugar la excepción de falta de legitimación pasiva, en tanto ninguna de las actuaciones planteadas en el recurso ha sido cometida por ese Servicio en ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, no ha sido la causante de una acción u omisión ilegal y/o arbitraria que vulnere las garantías constitucionales que se acusan.

Sostiene, a su vez, que no tiene competencia en el otorgamiento de matrícula ni menos para ordenar que se efectúe una matrícula en particular, por cuanto dicha materia esta entregada de forma exclusiva y excluyente al Ministerio de Educación, reglado al efecto por normas de dicho Ministerio como son el Decreto con Fuerza de Ley N°2 del año 2009, modificado por la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar y el Decreto N° 152 del año 2016 del mismo Ministerio que aprueba el reglamento del proceso de admisión de los estudiantes de establecimientos educacionales que reciben subvención a la educación gratuita o aportes del Estado.

Hace presente que su función es fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado cumplan con la normativa educacional (leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia), así como fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de los establecimientos que reciban aporte estatal, con el fin de asegurar una educación de calidad.

En subsidio, informa respecto al fondo del asunto, señalando que la Ley N° 20.845 (Ley de Inclusión o LIE), introdujo una serie de modificaciones a diversos cuerpos normativos vigentes, por medio de las cuales, (i) reguló la admisión de los estudiantes, eliminando toda forma de discriminación en dichos procesos; (ii) dispuso las normas relativas al establecimiento de la gratuidad en los establecimientos que reciben subvención estatal u otro tipo de aportes regulares del Estado, poniendo término al financiamiento compartido; y (iii) fijó las reglas necesarias para consagrar la prohibición del lucro en los mencionados establecimientos.

Por su parte, mediante el Decreto Supremo Nº152 del año 2016, del Ministerio de Educación, se reglamenta el proceso de admisión de los y las estudiantes a la educación formal o regular, desde el primer nivel de transición de educación parvularia y hasta el último curso de enseñanza media de los establecimientos educacionales, que reciben subvención o aportes del Estado.

En cuanto a las garantías que se acusan vulneradas sostiene que sus atribuciones no comprenden la resolución de controversias relacionadas con el trato económico brindado por el Estado a los ciudadanos, materia que corresponde a otros órganos de la administración, tales como la Contraloría General de la República o los tribunales de justicia.

Precisa que el recurrente con fecha 12 de diciembre de 2024, ingresó al sistema integrado de atenciones de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación, la denuncia N°NUM000 en contra del establecimiento educacional, bajo la temática: Establecimiento no permite matricula a estudiante y/o párvulo seleccionado en proceso de admisión, refiriendo los argumentos sostenidos en su recurso.

En razón de lo anterior, conforme a lo señalado en el artículo 59 de la Ley N° 20.529, con fecha 13 de diciembre de 2024 se procedió por parte de la Coordinadora Técnica de la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales, mediante correo electrónico a requerir antecedentes al establecimiento educacional respecto los hechos denunciados.

Relata, a continuación, que el 17 de diciembre de 2024 la directora del colegio envió su respuesta señalando que “la denuncia ya se había tratado previamente en la Superintendencia de Educación, donde se llegó a un acuerdo sobre el pago de la colegiatura, por cuanto el apoderado dejaría un cheque de garantía por el pago anual de las mensualidades, pagándose éstas de forma mensual”, por lo que al parecer de la directora, según expone la Superintendencia, el asunto se encontraría zanjado.

Expresa también que la directora de este colegio particular subvencionado enfatizó que el establecimiento no cobra matrícula, cumpliendo con la normativa educacional vigente, descartando prácticas discriminatorias en la admisión.

Releva la autoridad fiscalizadora que, en vista de lo antes reseñado, la Encargada Regional de la Unidad de Protección de Derechos Educacionales derivó los antecedentes a la Unidad Regional de Fiscalización, por considerar que los hechos denunciados podrían transgredir la normativa educacional.

Asimismo, hace presente que de conformidad a la información compartida por el Ministerio de Educación actualizada al año 2024, el estudiante no figura con matrícula vigente en el establecimiento educacional Colegio nombre reservado, sin contar con la información actualizada al presente año al ser competencia del Ministerio el manejo de dicha información.

Finalmente, señala que la fiscalización al Colegio nombre reservado se encuentra en curso, a la fecha de este informe (marzo de 2025).

Ampliando su informe, a petición de esta Corte, detalla que mediante Acta de Fiscalización N°NUM001 de a 14 de marzo de 2025, se constataron hechos constitutivos de infracción a la normativa educacional.

Luego, por Resolución Exenta N°NUM002 de 19 de marzo de 2025, del Encargado de Fiscalización de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, se ordenó instruir el procedimiento administrativo sancionatorio del párrafo 5° del Título III de la Ley N° 20.529, en contra del establecimiento educacional Colegio nombre reservado, R.B.D. Nº NUM003, de la comuna de Maipú.

En seguida, mediante acto administrativo N°NUM004, de 09 de abril de 2025, y notificado mediante correo electrónico con igual fecha, el fiscal instructor a cargo del procedimiento administrativo sancionatorio formuló el siguiente cargo único en virtud de lo consignado en el acta de fiscalización N° NUM001: “CARGO ÚNICO: sostenedor que percibe subvención condiciona el ingreso, asistencia, o permanencia de un estudiante por causales contrarias a la normativa.

HECHO CONSTATADO: En lo medular, la denuncia ingresada versa que el colegio negó la matrícula (año escolar 2025) al estudiante nombre reservado por motivos socioeconómicos del apoderado”. “(…) Por lo tanto, con base en todos los antecedentes examinados, el fiscalizador que suscribe concluye que la entidad sostenedora condiciona el acceso del estudiante nombre reservado a participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje impartido por el colegio fiscalizado durante el año escolar 2025. Esto ocurre por motivos socioeconómicos del apoderado denunciante, al limitar las condiciones o modalidades de pago a aquellas que no pueden ser cumplidas por este último.”

Explica que una vez presentados los descargos por la entidad sostenedora, por Resolución Exenta Nº NUM005, de 19 de junio de 2025, el Director Regional de la Superintendencia de Educación de la Región Metropolitana, manifestó su conformidad con el análisis realizado por la Fiscal Instructora en el sentido de confirmar el cargo único formulado, aplicando al establecimiento educacional la sanción de privación temporal y parcial de la subvención general, de un 2% por un mes, en conformidad a lo dispuesto en el literal c) del artículo 73 de la Ley N° 20.529, la cual fue recientemente notificada con fecha 19 de junio de 2025, por lo que el procedimiento administrativo sancionatorio aún no se encuentra ejecutoriado.

Acerca de la facultad de los establecimientos educacionales incorporados al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para imponer mecanismos de pago respecto de sus alumnos y/o futuros alumnos, sostiene que el diseño normativo vigente impide que los establecimientos subvencionados exijan, directa o indirectamente, mecanismos económicos como condición de participación en el sistema escolar. Al respecto, pone de manifiesto que tratándose de establecimientos adscritos al SAE, cuya estructura fue diseñada precisamente para asegurar procesos de admisión equitativos, transparentes y libres de discriminación económica, no es procedente que una vez que el estudiante sea asignado a un establecimiento adscrito al SAE, el plantel escolar condicione o establezca exclusivamente modalidades de pago únicas o restrictivas, a pesar de que el apoderado del alumno o alumna tenga la intención o aptitud de realizar los correspondientes pagos mediante modalidades distintas. Por resolución de 02 de junio de 2025, se prescindió del informe del Colegio nombre reservado.

Y considerando:

Primero: Que en lo concerniente a la falta de legitimación pasiva opuesta por la Superintendencia de Educación, como es dable advertir, lo impugnado se refiere a la negativa del establecimiento educacional recurrido (colegio particular subvencionado) a matricular al hijo del actor para el año lectivo 2025, por no cumplir con los medios de pago requeridos por dicho colegio para las respectivas mensualidades.

Precisado lo anterior, es claro entonces que la conducta que se acusa vulneratoria de derechos no le es atribuible a la Superintendencia, en tanto no tiene a su cargo la implementación ni admisión del Sistema de Admisión Escolar, de suerte tal que esta alegación debe ser acogida, pues el acto denunciado no dice relación con el actuar de este órgano fiscalizador.

Segundo: Que en el procedimiento administrativo sancionador seguido en contra del Colegio nombre reservado, de la comuna de Maipú, se constató que el sostenedor del establecimiento, quien percibe subvención del Estado, “condiciona el ingreso de un estudiante por causales contrarios a la normativa”. Efectivamente, quedó establecido que el colegió autorizó al recurrente una “modalidad excepcional de pago”, según así la denominó, consistente en la aceptación de un cheque en garantía por el valor total de la colegiatura anual, cancelar mes a mes, y cuando termine de pagar el último mes se le devolvería el cheque. Su sistema normal de pago es mediante cheques, efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de pago para cada una de las mensualidades. Modalidades que el apoderado no podía satisfacer pues sólo dispone de una Cuenta Rut, pidiendo pagar a través de transferencias desde su Cuenta Rut, ante lo cual el colegio le ofreció el mecanismo antes descrito.

Tercero: Que, así las cosas, el sostenedor está condicionando el acceso del estudiante al proceso educativo impartido por el colegio al limitar las condiciones de pago, las que, por motivos socioeconómicos, no pueden ser asumidas por el recurrente, configurándose una infracción a la normativa que rige el sistema educacional chileno, tratándose de establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado y se encuentran incorporados al Sistema de Admisión Escolar (SAE), en cuanto prohíbe exigir mecanismos económicos específicos para postular, matricular o mantener a un estudiante.

Cuarto: Que, en efecto, el artículo 6 letra e) del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, prohíbe toda exigencia económica asociada al proceso de admisión o permanencia en el establecimiento, asegurando que ningún estudiante sea excluido por razones económicas. Por su parte, el artículo 11 de la Ley General de Educación (Ley N° 20.370) prescribe que: “No podrán establecerse requisitos de admisión que atenten contra estos principios (igualdad de oportunidades, inclusión y no discriminación arbitraria), ni cobrarse sumas de dinero que obstaculicen el acceso, permanencia o egreso de los alumnos”.

Quinto: Que, en esta línea argumentativa, la barrera económica que impone el colegio constituye en definitiva una exclusión para determinados estudiantes, pues les exige a los apoderados instrumentos de pago bancarios determinados, a los cuales pueden no tener acceso, desatendiendo otras modalidades idóneas para realizar los pagos que sí puedan estar a disposición de los padres o apoderados del estudiante.

Sexto: Que dicho proceder del establecimiento educacional recurrido, además de infringir normas legales expresas y principios rectores del sistema educacional chileno -tratándose de establecimientos subvencionados o que reciben aportes regulares del Estado-, transgrede la garantía de igualdad ante la ley instituida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política, puesto que no se está en presencia de una razón suficiente que justifique el trato desigual otorgado al reclamante.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en favor de su hijo menor de edad, sólo en cuanto se dirige en contra del Colegio nombre reservado, de la comuna de Maipú y, en consecuencia, se dispone que este establecimiento educacional deberá aceptar como modalidad de pago de las obligaciones pecuniarias derivadas de las prestaciones de los servicios de educación, las transferencias bancarias desde la Cuenta Rut del Banco Estado de que es titular el recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Rol N° 2939-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner e integrada, además, los ministros (S) señor Fernando Valderrama Martínez y señora Paula Rodríguez Fondón.