nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE

Santiago, diecinueve de julio de dos mil diecinueve.

A los folios N°s 256571 y 269768: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, representada por nombre reservado, por la acción que estima ilegal y arbitraria consistente en el descuento de cuotas de créditos cuyas acciones denuncia se encuentran prescritas, efectuado durante los meses de febrero y marzo del año 2019, todo lo cual vulnera la garantía fundamental del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene a la recurrida el cese del cobro que realiza, así como la devolución del dinero pagado por su actual empleador desde febrero del presente año.

Indica que en los meses de febrero y marzo de 2019, se realizaron descuentos en la remuneración del recurrente por concepto de créditos de la recurrida, por montos de $158.456, $4.736, $12.570, $17.129 y $16.036, que en total alcanzan por mes la suma de $208.927, bajo el ítem “descuento intercaja”, indicándole su empleador que con fecha 5 de febrero de este año, recibió una comunicación de la recurrida que ordenaba que se realizara tal descuento.

Agrega que el crédito por el que se efectuaron los descuentos, lo dejó de pagar en enero de 2014, y que la recurrida intentó su cobro judicial en el año 2016, en la causa rol C-182.998- 2016 seguida ante el 4° Juzgado Civil de San Miguel, demanda que fue tenida por no presentada, por lo que actualmente la Caja de Compensación carece de acción para cobrar los créditos, y a pesar de ello, solicitó que se descontara al efecto de su remuneración.

Señala que el artículo 91 del Estatuto Administrativo permite la deducción de la remuneración del funcionario público, previa petición escrita de éste, la que el recurrente niega haber autorizado.

Sostiene que tiene un derecho de propiedad sobre su remuneración, el que se está vulnerando por la recurrida al revivir y forzar de manera unilateral el beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan, obligando a su empleador a realizar el descuento improcedente.

Segundo: Informa la recurrida, solicitando el rechazo del recurso de protección presentado. Refiere que el actor ha desnaturalizado el ejercicio del arbitrio constitucional, el que además, ha deducido de manera extemporánea, puesto que con fecha 9 de octubre de 2012, suscribió con la recurrida, una operación de crédito social por la suma de $5.083.602, pagadera en 48 cuotas de $158.456, la primera de ellas con vencimiento en el mes de noviembre de 2012. Luego, en febrero y marzo de 2013, solicitó tres créditos sociales de emergencia, complementarios al ya citado, de los cuales sólo pagó una cuota en dos de los referidos créditos, y dos cuotas en el restante, de un total de tres cuotas que debían ser pagadas por cada uno de ellos. Estos tres créditos actualmente se encuentran pagados.

De este modo, adiciona, la primera cuota el crédito social mayor materia de los descuentos, venció el día 10 de noviembre de 2012, y la última cuota tenía vencimiento pactado para el día 10 de octubre de 2016, por lo que no ha transcurrido el plazo para que el deudor pueda solicitar la declaración de prescripción de la deuda, ni tampoco puede estimarse que el crédito se encuentre prescrito, en tanto no exista una declaración judicial en tal sentido.

La recurrida alega, además, la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en el cobro de la obligación que adeuda, pues el propio pagaré suscrito por el actor contiene como cláusula Nº 10, la que dispone que: “El deudor otorga mandato y faculta a su actual y sus futuros empleadores para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda”.

Por otro lado, sostiene que el cobro de las cuotas del crédito, mediante el mecanismo del artículo 22 de la Ley Nº 18.833, respecto de una obligación vigente, es la forma en que puede pagarse lo adeudado por el recurrente de conformidad a la normativa que regula la materia, y que guarda estrecha relación con el artículo 58 del Código del Trabajo, que impone al empleador la obligación de deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones se seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

Añade que pese al tiempo transcurrido desde la mora, el monto que se le está descontando al señor recurrente corresponde al valor de la cuota pactada inicialmente, sin sumársele intereses moratorios ni recargos de ninguna especie, precisamente en atención exclusiva al carácter de prestación de seguridad social del crédito de marras.

Finaliza su informe, citando jurisprudencia que señala que no hay acto arbitrario e ilegal en el descuento de las remuneraciones de las cuotas de créditos sociales por parte las Cajas de Compensación y Asignación Familiar.

Tercero: El recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Cuarto: El acto que se tacha de ilegal y arbitrario en la especie, se traduce en el proceder reprochado a la recurrida de propiciar la ejecución de un descuento a la remuneración del recurrente, con motivo de unas deudas o crédito contraídos en el año 2012.

En concepto del recurrente, la ilegalidad estaría dada por la circunstancias de nunca haber autorizado dichos descuentos y que la deuda por la que se efectúan tales deducciones estaría prescrita.

Quinto: Al margen de lo informado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, debe esta Corte insistir en que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental es de naturaleza esencialmente cautelar y que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que el ordenamiento jurídico franquea a los interesados.

Sexto: Acontece que el asunto propuesto por el recurrente rebasa con mucho los límites que derivan de la naturaleza de la acción constitucional, ya que asentar la ilegalidad o arbitrariedad pasa necesariamente por dilucidar si la obligación contraída por el recurrente se ha extinguido por prescripción o si se encuentra vigente, todo lo cual -desde luego-, resulta impropio en una acción de esta índole.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección presentado en autos, sin costas, por estimarse que hubo motivo plausible para recurrir.

Regístrese y archívese, si no se apelare.

N°Protección-29319-2019