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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 293-20241 mar 2024

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
1 de marzo de 2024
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Novena
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 293-2024, sentencia de 1 de marzo de 2024

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18, al actuar esta conforme a un Convenio Intercajas visado por la Superintendencia de Seguridad Social, sin acreditarse la prescripción judicial de la deuda.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, uno de marzo de dos mil veinticuatro.

Al folio 18, a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Camilo González Delgado, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado, empleado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en efectuar descuento por parte de Caja de Compensación La Araucana en la liquidación de remuneraciones del mes de diciembre del actor, a través de descuento intercaja.

Señala que en el año 2017, el recurrente contrajo un mutuo de dinero con la recurrida denominado “crédito social”, el cual fue pactado en diversas cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833. Agrega que fue desvinculado de su trabajo, cayendo por tanto en mora a los pocos meses, y si bien en diversas ocasiones se dirigió a las sucursales de la recurrida a intentar regular su situación, la única opción que le ofrecieron era repactar la deuda, lo que finalmente no realizó.

Explica que al recibir el recurrente su liquidación de remuneraciones del mes de diciembre, se percató de un descuento por parte de la Caja de Compensación La Araucana por concepto de crédito social, ascendente a $98.991.-, y por el cual tuvo conocimiento el 5 de enero que correspondía al crédito social que contrajo con la recurrida, efectuado a través de descuento intercaja. Indica que la situación descrita deja al recurrente en un estado de indefensión, pues luego de más de 5 años un porcentaje importante de su remuneración le fue arrebatada de forma arbitraria, respecto de una deuda claramente prescrita, y que se reiterará durante los próximos meses sin siquiera tener certeza o claridad de por cuantos meses ocurrirá.

Refiere que el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar descuentos por planilla directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados. Sin embargo, ese crédito fue contraído el año 2017 y se cayó en mora a los pocos meses, por lo que ha transcurrido un lapso mayor al del año que la ley exige para la prescripción extintiva de las acciones cambiarias emanadas del pagaré. Así, resulta del todo irracional, abusivo y por consiguiente, arbitrario, que la recurrida haga uso del artículo 22 sin previo aviso, y sin que el recurrente tenga posibilidad de defenderse ante una deuda aparentemente prescrita y que se encuentra en cobranza judicial.

Alega que el recurrente fue privado de su integra remuneración y también de las expectativas económicas ligadas a su trabajo, vulnerando con el ello la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Por lo expuesto, pide acoger la acción de protección deducida, ordenando: 1) Que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones, 2) Que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados, en un plazo de 5 días hábiles, o aquél que SS. Iltma, mejor estime, 3) Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

Segundo: Que, evacuando informe por Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, comparece la abogada Ericka Vera Ohberg, quien señala que su representada dista de mantener la condición de acreedora del actor, pues ha limitado su participación a la intermediación en el cobro de la deuda de crédito social que el recurrente mantiene con Caja de Compensación La Araucana, todo ello en virtud de la implementación del sistema integrado de recaudación, denominado “intercajas”, sistema que se limita a dar aplicación a la normativa que regula el cobro y pago de las cuotas de un crédito social, contenida fundamentalmente en la Ley N°18.833, en el Código del Trabajo, en la Ley N°17.322, y en el compendio de normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Sostiene que el descuento efectuado en cobro y pago del crédito social del recurrente malamente podría constituir una actuación arbitraria, y que en aplicación del sistema intercajas, Caja de Compensación La Araucana le informó a su representada la necesidad de disponer de descuentos en las remuneraciones del actor, atendida la situación de morosidad que presenta ante esa entidad, en el pago de su crédito social; situación que motivó la inclusión de dicha deuda en las planillas que mensualmente se remiten a su empleadora actual.

Por lo expuesto, pide tener por evacuado informe, y en su mérito, rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido, en relación con los hechos expuestos.

Tercero: Que, por instrucción de esta Corte, evacúa informe Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, compareciendo la abogada Yasna Vukic Zalaquett, quien solicita el rechazo del recurso.

Da cuenta que su representada le otorgó al recurrente, con fecha 25 de mayo de 2017, el crédito social folio 172-000080600, por un capital inicial de $2.515.501.- pactado en un plazo de 48 cuotas de $98.991.- cada una, crédito respecto del cual pagó 23 cuotas, la última en mayo de 2019, por lo que la no concurrencia del deudor a regularizar su acreencia y lo infructuosas que resultaron las gestiones extrajudiciales, se remitió la información al Proyecto Intercajas, donde pudo ser ubicado en diciembre de 2023, por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a Caja de Compensación 18 nombre reservado, información que se puso en conocimiento de su representada para efecto de poder obtener la recuperación del monto adeudado, atendida la obligación legal que tiene de proteger el fondo social, razón por la cual se remitió la respectiva nómina de descuento a su empleador, recibiendo la respectiva remesa en enero de 2024 por la suma de $98.991.-, lo que sirvió para el pago de la cuota N°24 de las 48 pactadas.

Explica que para dar efecto a las instrucciones emanadas de La Superintendencia de Seguridad Social, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso. Agrega que en este contrato, además, es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar y ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833, que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, conforme el artículo 1° de la citada Ley.

Refiere que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones”. Luego, indica que el recurrente no puede señalar que se ha realizado el descuento de una obligación que se encuentra prescrita, sin que la prescripción de la misma haya sido declarada judicialmente, pues ésta no opera de pleno derecho, sino que deber ser alegada.

Concluye que no pudo su representada privar, perturbar, o amenazar derechos y garantías constitucionales del actor si en todo momento ha actuado conforme a las facultades legales que su estatuto le provee, sin que se hayan atribuido funciones que vayan más allá de la normativa vigente o que se haya cobrado una deuda que haya sido por sentencia judicial declarada prescrita.

Por lo expuesto, pide tener por evacuado informe, y en su mérito, rechazar la acción de protección interpuesta.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el descuento de las cuotas de un préstamo social por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por encargo de la Caja de Compensación La Araucana, en el mes de diciembre de 2023, en virtud del denominado Convenio Intercajas y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afecta o amenaza la garantía constitucional invocada.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de encontrarse prescrita la deuda, el recurrente no acreditó de modo alguno que dicha circunstancia se hubiera declarado judicialmente, de acuerdo a lo previsto en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de manera que, al no operar de pleno derecho la extinción de la deuda por el plazo del tiempo, esta sigue siendo actualmente exigible.

Séptimo: Que, asentado lo anterior y conforme a los antecedentes allegados a la causa, se observa que la Caja de Compensación 18 nombre reservado dio cumplimiento a un mandato dispuesto en virtud de un Convenio suscrito entre las diversas Cajas de Compensación, el que se encuentra ajustado a derecho y visado en cuanto a su cumplimiento por la Superintendencia de Seguridad Social, por lo que el proceder de la recurrida no podría calificarse de ilegal o arbitrario, sobre todo considerando que su actuar se enmarca dentro de las normas de la diputación para recibir el pago, a las que se refieren los artículos 1580 a 1586 del Código Civil.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, en cuanto ésta última intervino en el cobro de la deuda de crédito social, en cumplimiento del Convenio Intercajas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-293-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Antonio Ulloa Márquez, señor José Pablo. Rodríguez Moreno y la Abogado Integrante señora Claudia Candiani Vidal.

En Santiago, uno de marzo de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.