nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

C.A. de Santiago.

Santiago, tres de agosto de dos mil veinte.

Vistos.

Que comparece el abogado don Felipe Larenas Burgos, quien interpone acción constitucional de protección a favor de don nombre reservado y en contra del Instituto de Previsión Social, representado legalmente por don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario contenido en la Resolución Exenta Nº 954/429/2020 de 28 de febrero de 2020, que dispuso el término anticipado de su contrata, lo que vulnera a su respecto, las garantías fundamentales consagradas en los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda su acción, señalando que ingresó a prestar funciones al Instituto de Previsión Social el 19 de mayo de 2014, en calidad de contrata, como Jefe del Departamento de Administración e Inmobiliaria, siendo ésta renovada sucesiva e ininterrumpidamente hasta 30 de septiembre de 2019 en ese cargo, y luego en el de apoyo a la gestión a la División Jurídica, hasta el 28 de febrero del año 2020, oportunidad en que le fue notificada la resolución que impugna y en cuya virtud se puso término anticipado a su contrata, fundado aparentemente en que conforme a una restructuración de la División Jurídica del servicio, decretada vía Resolución Exenta Nº 31 de fecha 14 de febrero 2020, su permanencia no resultaba esencial ni imprescindible, ya que sus funciones serían asumidas por la Unidad de Control de Gestión.

Considera que dicha decisión resulta ilegal y arbitraria pues carece de razón, motivación o fundamento suficientes, infringiendo con ello el principio de confianza legítima, toda vez que en ningún caso, la referida reestructuración hace innecesarias las funciones del protegido, sino que incluso más necesarias, toda vez que, desde que dejó de prestar servicios como Jefe del Departamento de Administración e Inmobiliaria, se le asignaron tareas de apoyo de gestión a la División Jurídica como apoyo a unidades existentes en la misma división, las que ejercía por fuera de su orgánica administrativa, ya que no se le ingresó formalmente a la Unidad de Gestión de Control, por una decisión infundada cuyas razones desconoce, y que, por lo tanto, no tiene absolutamente ninguna lógica desde las necesidades del servicio y los principios de eficiencia y continuidad administrativos.

Afirma que lo expuesto, implica una grave afectación a su integridad psíquica y moral, siendo el sostén principal de su familia, la que ha quedado absolutamente desprotegida, en especial en este tiempo de emergencia sanitaria, conculcando además su derecho a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminación, por lo que pide a esta Corte que acoja la acción deducida, ordenando al recurrido reintegrarlo para toda la anualidad 2020, además de pagarle las remuneraciones y cualquier otro emolumento devengado durante el periodo en que ha permanecido y eventualmente permanezca alejado del servicio, y toda otra medida tendiente al restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Que compareció a su turno el Instituto de Previsión Social, informando el recurso de protección interpuesto, solicitando su rechazo.

Explica que el actor ingresó a la institución, bajo la modalidad de contrata, con el grado IV de la EUS, por el periodo 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, o hasta cuando fueren necesarios sus servicios, lo que se reiteró en esos mismos términos hasta la dictación de la resolución que por este medio impugna.

Discute que a su respecto opere el principio de confianza legítima, pues durante todo el tiempo que ejerció la jefatura del Departamento Administración e Inmobiliaria, detentó un cargo de exclusiva confianza, y que desde que cesó en esa calidad, al actor sólo se le renovó en una ocasión su contrata, como analista de Gestión con dependencia directa de la Jefatura de la División Jurídica.

Afirma que, en todo caso, el acto que se reclama sí contaba con la suficiente motivación, pues en él se expuso como fundamento de la decisión, que con fecha 14 de febrero del año 2020, fue aprobada la Resolución Exenta N° 61, que fijó una nueva estructura orgánica, objetivos y funciones de la División Jurídica del Instituto de Previsión Social, y atendida dicha reestructuración, luego de un análisis racional y objetivo de las funciones que desempeñaba el actor, se arribó a la conclusión que su permanencia no resultaba esencial ni imprescindible, ya que la nueva Unidad Control de Gestión realizaría las mismas labores que originalmente ejecutaba aquél, las que no se destinaron ni encomendaran a ningún otro profesional ajeno a dicha Unidad, por lo que resultaba adecuado a las necesidades del servicio, indispensable para su buen funcionamiento, al mejor uso de los recursos fiscales, y a la continuidad de la función pública, disponer el término anticipado de la designación a contrata.

Añade que el actor se desempeñó bajo la dependencia directa de la Jefatura de la División Jurídica, lo que actualmente no existe respecto de ningún otro funcionario, asumiendo en forma exclusiva sus antiguas labores la Unidad de Control de Gestión, respecto de las cuales también señala el propio actor existía duplicidad antes del término de su contrata.

Por lo anterior, refiere que no existe ilegalidad ni arbitrariedad, ni menos desviación de poder alguno en el acto que se ataca, pues la propia la Ley N° 18.834 contempla el carácter transitorio de un empleo a contrata y la facultad de la autoridad para ponerle término a través de un acto fundado, y así ha sido reconocido por la Excelentísima Corte Suprema y la Contraloría General de la República, en diversos fallos y dictámenes que cita, por lo que advierte que en los hechos sólo se aprecia la disconformidad y molestia del recurrente por las razones que motivaron la resolución impugnada.

Estima que la cuestión reclamada excede con creces el ámbito de aplicación de esta vía cautelar extraordinaria, resultando inidónea para obtener lo pretendido en ella, pues es materia de un procedimiento de lato conocimiento especialmente previsto por el legislador, a través de la acción de tutela laboral que contempla el Código del Trabajo, y por otro lado, objeto de análisis ante la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 160 del Estatuto Administrativo, de manera tal que no existen derechos fundamentales vulnerados, y que en todo caso, no corresponde que se condene en costas a su parte, pues ha obrado en todo momento de buena fe y con motivos plausibles para litigar.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Sobre la existencia del acto no existe discusión, encontrándose por lo demás agregada copia de la Resolución Exenta N° 954/429/2020, de fecha 28 de febrero de igual año, notificada el mismo día, la que determinó el término de la contrata del actor.

El acto impugnado, luego de consignar la situación funcionaria del recurrente- que a la fecha del acto era la de Analista de Control de Gestión de la División Jurídica con dependencia directa- se fundó en lo siguiente:

“4.7.- Que, con fecha 14 de febrero del año 2020, fue aprobada la Resolución Exenta N° 61, la que tuvo por objeto modificar la estructura orgánica, contenidos y funciones estratégicas del Instituto de Previsión Social y fija nueva estructura orgánica, objetivos y funciones de la División Jurídica.

4.8.- Que atendida la reestructuración de la División Jurídica citada precedentemente, habiéndose efectuado un análisis racional y objetivo de las funciones que desempeña el señor nombre reservado, se arribó a la conclusión que su permanencia no resulta esencial ni imprescindible, ya que la Unidad Control de Gestión realiza las mismas labores que originalmente realizaba el señor nombre reservado.

4.9.- Que las funciones que desempeña el señor nombre reservado en calidad de Analista de Control de Gestión no se destinarán ni encomendaran a ningún otro profesional ajeno a la Unidad de Control de Gestión, dado que la totalidad de estas funciones serán asumidas por la referida Unidad, por lo que resulta adecuado a las necesidades del servicio, indispensable para su buen funcionamiento, al mejor uso de los recursos fiscales, y a la continuidad de la función pública, disponer el término anticipado de la designación a contrata de don nombre reservado, RUN N° RUT reservado”.

Consta también del mérito de los antecedentes, que el recurrente ingresó a prestar servicios para la recurrida, bajo la modalidad de contrata, con el grado IV de la EUS, como Jefe del Departamento de Administración e Inmobiliaria, asignándosele función directiva, por el periodo 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014 o hasta cuando fueren necesarios sus servicios, siendo su contrata prorrogada sucesivamente desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año respectivo o hasta cuando fueran necesarios sus servicios, prorrogándose su contrata desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año o hasta que fueran necesarios sus servicios.

El cargo de Jefe Departamento de Administración e Inmobiliaria que ejerció el Sr. nombre reservado fue calificado como crítico, según la Resolución Exenta RA Nº 954/160/2019, de fecha 1 de febrero de 2019 y mediante la Resolución Exenta RA N° 954/1146/2019, de 04 de octubre de 2019, se puso término a la asignación de funciones críticas, a contar del 1 de octubre de 2019.

Luego, a través de la Resolución Exenta RA N° 954/1161/2019, registrada por la Contraloría General de la Republica con fecha 14 de octubre de 2019, se encomendó a nombre reservado, RUN N° RUT reservado, ejercer funciones directivas de Jefe Departamento Administración e Inmobiliaria a contar del 9 de octubre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, desempeñándose en dicho cargo a la fecha, como grado 4° de la planta de profesionales en el Instituto de Previsión Social.

Así a contar del 9 de octubre de 2019, al señor nombre reservado se le asignó la función de Coordinador de Soporte Técnico dependiente de la División Jurídica y con fecha 11 de noviembre de 2019 y a través del Formulario Único de Ingresos y Movimientos, correlativo N° 4718, de fecha 19 de noviembre de 2019, se le asignó la función de Analista de Control de Gestión de la División Jurídica, con dependencia directa, cargo que ejercía a la fecha, del acto impugnado Tercero: Al momento de resolver conviene dejar establecido el marco jurídico que regula la decisión del presente asunto.

El régimen jurídico del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran en el artículo 3 letra c) del DFL Nº 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; y por su parte el artículo 10 del mismo texto legal regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

De acuerdo a las disposiciones antes citadas, los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración.

Desde marzo de 2016, con ocasión del Dictamen N° 22.766 de la Contraloría General de la República, posición que ha sido recogida igualmente en diversas sentencias de la Excma. Corte Suprema, en las que se encuentra bastante asentado que la decisión de terminar anticipadamente una contrata violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de mantenerse en su cargo, la que, en todo caso, se configura cuando concurre un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hayan producido renovaciones sucesivas mayores a dos años de dichas contratas. Sin embargo, el reconocimiento de este principio no es óbice o no constituye una limitación para la autoridad administrativa para poner término anticipado a esa forma de contratación de estos funcionarios públicos, siempre que el acto administrativo de rigor no se sustente sólo en el carácter precario o transitorio de dicha contratación consagrada en el artículo 3 letra c) del Estatuto Administrativo, pues si así fuere, se tornaría ilegal y arbitrario ese proceder.

Precisamente en ese orden de ideas y a fin de evitar el arbitrio señalado, el órgano contralor dictó el Oficio N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, actualizado por el Oficio Nº 6.400 de 2018, precisando que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente puesto en conocimiento del funcionario, exento del trámite de toma de razón acorde con lo establecido en el N° 19 del artículo 7° de la Resolución N° 10 de 2017 de la misma Contraloría, siempre que esta confianza legítima haya nacido conforme al presupuesto temporal antes señalado. De ese modo, el órgano contralor ha dispuesto que para considerar fundado el respectivo acto deberá contener, “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, agregando por el Capítulo V, N°2, distintas hipótesis de motivaciones que ese órgano contralor considera admisibles o no de invocar. De estos pronunciamientos queda en evidencia que, la directriz del órgano contralor se dirige a guiar la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, cuando se ha generado la confianza legítima de ese vínculo, decisión que debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado.

De estos pronunciamientos es dable colegir que, la directriz del órgano contralor se dirige a guiar la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado Por último, conforme al artículo 11 de la Ley N° 19.880, “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, lo que debe interpretarse en comunión con el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, que establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

Cuarto: Sin perjuicio de los cuestionamientos que plantea la recurrida acerca de la improcedencia de aplicar del principio de confianza legítima en el caso del actor, fundado en que hasta 30 de septiembre de 2019 detentó un cargo de exclusiva confianza, y en adelante se le habría renovado solamente una vez su contrata, resulta imprescindible para esta Corte revisar si el acto que se impugna por esta vía contaba con la suficiente motivación.

Al efecto, uno de los criterios que permiten motivar el término anticipado de una contrata, en concepto del ente contralor, es “la modificación de las funciones del órgano y/o su restructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que éste desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario”

Quinto: En la especie es a partir de lo determinado en la Resolución Exenta N° 61 de 14 de febrero del año en curso -que se encuentra agregada a los autos- que se adopta la decisión de no renovar la contrata del actor.

Por medio de la referida Resolución, se modificó la Resolución Exenta N° 644 de 2017, que establece para el Instituto de Previsión Social su estructura orgánica, objetivos y funciones estratégicas en el sentido de traspasar los Subdepartamentos de Gestión de Resolución y Gestión de Transparencia dependientes del Departamento Secretaría General y Transparencia a la División Jurídica del Instituto y fija su nueva estructura orgánica, objetivos y funciones. Allí se determina el traspaso de los Subdepartamentos Gestión de Resoluciones y Gestión de Transparencia del Departamento Secretaría General y Transparencia a la División Jurídica del Instituto, cambiando su denominación a Unidad de Gestión de Resoluciones y Unidad de Gestión de Transparencia pasiva, quedando sujetos a la dependencia de la referida División.

Sexto: Tales fundamentos, cumplen, a juicio de esta Corte, con el deber de motivación que exige el artículo 11° de la Ley N° 19.880, sin que corresponda ponderar su mérito por corresponder a una decisión propia de la Administración, que en este caso dice relación con su estructura orgánica.

Séptimo: De esta forma, la resolución impugnada no contraviene la ley, más aun, considerando la naturaleza transitoria de los cargos a contrata y tampoco resulta arbitraria o antojadiza, pues, contiene los fundamentos que la justifican.

Octavo: Como consecuencia de lo señalado y al descartar ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la autoridad recurrida, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas la acción constitucional deducido a favor de don nombre reservado, en contra del Instituto de Previsión Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 29.283-2020 Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las Ministros señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, señora Jenny Book Reyes y señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero.