Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, catorce de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado y Óscar Andrés Fielbaum Villegas, abogados, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deducen recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a recepcionar de inmediato su solicitud de refugio y remitirla a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, acto que estiman vulnera la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política.

Relatan que el recurrente ingresó al país el 6 de septiembre de 2021 por paso no habilitado, se presentó voluntariamente el mismo día ante la Policía de Investigaciones, destacando que mantiene vínculo laboral y es padre de un hijo chileno.

Agrega que el 13 de febrero de 2025 solicitó iniciar el procedimiento de refugio, siendo citado para el 25 de abril de 2025, plazo que considera ilegal y arbitrario por contravenir los artículos 26 y 27 de la Ley N° 20.430, exponiéndolo al riesgo de expulsión. Invoca el derecho a buscar asilo, el principio de no devolución y jurisprudencia que ordena a las direcciones regionales recepcionar de inmediato tales solicitudes.

Finalmente solicita se ordene al Servicio Nacional de Migraciones adelantar la citación al recurrente-solicitante, para que éste ejerza su derecho a solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado, ingresando luego a tramitación la referida solicitud, con su timbraje respectivo, para obtener la visa temporaria de refugio respectiva, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada.

Segundo: Que José Ignacio González Troncoso, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, informa que nombre reservado, ciudadano venezolano, ingresó al país por paso no habilitado el 6 de septiembre de 2021. El 13 de febrero de 2025 manifestó vía portal digital su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado (ID N° NUM000), siendo citado mediante Oficio Ordinario Folio N° NUM001 para entrevista el 25 de abril de 2025.

Indica que la programación de dicha fecha obedece a la elevada demanda de solicitudes —11.948 a nivel nacional y 6.199 en la Región Metropolitana al 13 de enero de 2025—, resultando imposible otorgar citas anteriores sin afectar la igualdad ante la ley. Sostiene que, hasta la realización de la entrevista, el solicitante queda a disposición del Servicio y no puede ser expulsado ni sancionado migratoriamente, descartando la existencia de acto ilegal o arbitrario.

Agrega que la entrevista se realizó en la fecha programada, entregándose el formulario y revisando antecedentes conforme al artículo 28 bis de la Ley N° 20.430. Mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 25 de abril de 2025, se advirtió que la solicitud excedía el plazo legal de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio, otorgándose un plazo de quince días hábiles para subsanar, lo que no fue cumplido satisfactoriamente, motivo por el cual, mediante Resolución Exenta N° NUM003, de 13 de mayo de 2025, se tuvo por desistida la solicitud. No se han interpuesto recursos administrativos ni dictado sanciones como orden de abandono o expulsión.

En cuanto al derecho, el Servicio expone que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado se encuentra regulado en la Ley N° 20.430, modificada por la Ley N° 21.655, su reglamento (D.S. N° 837) y la Ley N° 21.325 en lo pertinente. Señala que para formalizar y declarar admisible una solicitud deben cumplirse requisitos de fondo y forma, incluyendo la manifestación de intención dentro de plazo legal, el cumplimiento de las exigencias aplicables a solicitantes en situación irregular y la entrega de antecedentes mínimos establecidos en los artículos 28 y 37 del reglamento. Recalca que, conforme al artículo 26 de la Ley N° 20.430, un extranjero solicitante de refugio queda a disposición de la autoridad migratoria hasta que se resuelva su petición, impidiéndose su expulsión o sanción durante el trámite, incluso antes de su formalización. Justifica la fecha de citación en la elevada carga de trabajo y la necesidad de trato igualitario entre solicitantes, y defiende que la resolución de desistimiento se fundó en el incumplimiento del plazo legal de siete días hábiles desde el ingreso al país, causal no subsanada.

Solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no configurarse acto u omisión arbitrario o ilegal que vulnere garantías constitucionales del recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes tenidos a la vista, en especial de los informes evacuados por el Servicio Nacional de Migraciones, aparece que la citación del recurrente para el día 25 de abril de 2025 a fin de dar inicio a su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado respondió a la elevada demanda existente a nivel nacional y regional, situación que imposibilitaba otorgar una fecha anterior sin afectar el trato igualitario que debe regir entre todos los solicitantes, de conformidad con el principio de igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política y con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley N° 18.575. Asimismo, consta que, desde la manifestación de intención y hasta la realización de la entrevista, el recurrente quedó a disposición de la autoridad migratoria y no fue objeto de medida de expulsión ni sanción alguna, en concordancia con lo previsto en el artículo 26 de la Ley N° 20.430 y en las normas pertinentes de la Ley N° 21.325.

Sexto: Que, conforme ha quedado asentado en autos, la citación al recurrente nombre reservado para la entrevista relativa a su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se verificó el día 25 de abril de 2025, fecha en que se le hizo entrega del formulario correspondiente y se revisaron los antecedentes, todo ello conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, particularmente lo establecido en el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430.

Séptimo: Que, asimismo, consta que mediante Resolución Exenta N° NUM003, de 13 de mayo de 2025, la autoridad administrativa competente tuvo por desistida la referida solicitud, al no haberse subsanado dentro del plazo legal el incumplimiento relativo al término de siete días hábiles que exige la normativa para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, contado desde el ingreso al país.

Octavo: Que, en consecuencia, esta Corte no advierte la existencia de una vulneración actual de derechos fundamentales del recurrente, por cuanto no se configura un acto u omisión ilegal o arbitrario atribuible al órgano recurrido que permita adoptar alguna medida tendiente a restablecer el imperio del derecho, el cual, en las actuales circunstancias, no se encuentra quebrantado.

Noveno: Que, de lo expuesto precedentemente, se colige que la presente acción constitucional ha perdido oportunidad y actualidad jurídica, toda vez que el agravio invocado ha desaparecido y no existe medida útil o eficaz que esta Corte pueda adoptar a fin de proteger el derecho cuya cautela se pretende.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en beneficio de nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2924-2025.