Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Ministerio del Interi

C.A. de Santiago Santiago, doce de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha dieciséis de febrero de 2025, comparece el abogado don Ernesto Antonio Vera Rodríguez, por sí y en favor de la ciudadana venezolana nombre reservado, quien deduce Acción Constitucional de Protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la negativa de resolver su solicitud de residencia y omisión arbitraria e ilegal de pronunciamiento respecto a su estatus migratorio, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, y afectando además otros derechos como la integridad física y psíquica y el derecho al trabajo.

Menciona como antecedente que nombre reservado ingresó a Chile de forma irregular por el paso de Colchane en octubre del año 2020. Precisa que, a pesar de solicitar la regularización de su situación, el Servicio Nacional de Migraciones ha omitido pronunciamiento y, en cambio, la ha mantenido firmando por tres años en la PDI, sin entregarle documento alguno que le permita trabajar, contratar líneas telefónicas u obtener créditos, lo que la mantiene en un limbo jurídico. Expresa que esta situación es discriminatoria y afecta su libertad personal y el desarrollo de los derechos humanos. El recurrente comenta que la inoperancia del Servicio al no regularizar ni decretar orden de expulsión ha generado otras molestias, como la negativa de acceso a créditos y la imposibilidad de suscribir contratos. Agrega que la omisión contraviene el principio de celeridad de la Administración y el deber del Estado de proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras (artículo 3 de la Ley de Migraciones).

Cita la violación del plazo razonable al transcurrir tres años sin resolución de su situación migratoria.

Cita, para respaldar su acción, la Opinión Consultiva 18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la vulnerabilidad de los migrantes, y la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que exige un plazo razonable en las actuaciones de la Administración.

Pide, en definitiva, tener por interpuesto el fundado recurso de protección en contra de las acciones y omisiones recurridas ya individualizadas, consistente en la negativa a entregar respuesta a solicitudes de regularización así como el no adoptar la decisión administrativa que corresponda, ya sea regularización o expulsión de nombre reservado.

SEGUNDO: Que, con fecha cuatro de abril de 2025, comparece el abogado José Ignacio González Troncoso, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional en todas sus partes, con costas.

Expone como antecedentes que la parte recurrente nombre reservado ingresó al país por paso no habilitado, eludiendo los controles migratorios.

Precisa que el Servicio recibió una carta de la parte recurrente solicitando la regularización de su condición migratoria, con fundamento en la facultad de la Subsecretaría del Interior contemplada en el artículo 155 de la 21.325, con fecha seis de enero de 2025.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que la facultad de regularizar la condición migratoria extraordinaria del citado artículo legal ha sido entregada por el legislador exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, siendo dicha facultad además indelegable, por lo que carece de legitimación pasiva para tramitar y resolver la solicitud planteada. Señala que, en cumplimiento de la Ley 19.880, esta autoridad remitió de inmediato todos los antecedentes a la Subsecretaría del Interior mediante Oficio Ordinario 16393 de fecha tres de abril de 2025, la autoridad que debe conocer y resolver este tipo de solicitudes. Estima que no existe entonces labor pendiente alguna por ser ejecutada por este Servicio.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes y el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

TERCERO: Que, con fecha ocho de septiembre de 2025, comparece el abogado Diego Valenzuela Esparza, en representación de la Subsecretaría del Interior, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo de la acción con condena en costas.

Expone como antecedentes que la solicitud de la parte recurrente se encuentra, actualmente, en etapa de análisis de antecedentes, y que, una vez concluida la tramitación, aquel le será debidamente notificado.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que el otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal (artículo 155 ) es una concesión cuya tramitación es más extensa debido al análisis exhaustivo que requiere, lo cual se encuentra plenamente justificado dada la importancia jurídica y práctica de otorgar un permiso a una persona que ha contravenido voluntariamente la normativa vigente. El abogado plantea que la no dictación de un acto administrativo terminal no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años, con más de 10.000 solicitudes en el año 2023.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho y que el plazo máximo de seis meses del artículo 27 de la Ley 19.880 no constituye un plazo fatal, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y la Contraloría General de la República. Agrega que, dado que el acto de solicitar un permiso excepcional significa que la persona extranjera ha incurrido previamente en contravenciones a la normativa migratoria, no es procedente imputar las consecuencias de aquello a la Administración, sino a las acciones de la propia recurrente. Menciona que la acción de protección no es pertinente para declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, y que su acogida implicaría una afectación a la garantía de igualdad ante la ley al poner a la recurrente en una situación favorable, en desmedro de otras personas.

Solicita, en definitiva, el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes, con condena en costas.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, debiendo provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

QUINTO: Que el hecho que motiva la presente acción constitucional es la omisión de pronunciamiento respecto a la solicitud de residencia presentada por la recurrente nombre reservado, sustenta en que, a la fecha de interposición del recurso, llevaba tres años sin resolución definitiva, manteniéndola en un estado de incertidumbre respecto a su estatus migratorio.

SEXTO: Que de los antecedentes reunidos aparece que la solicitud planteada por la recurrente se encuentra ante la Subsecretaría del Interior en etapa de “análisis”, de modo que la actuación del Servicio de Migraciones terminó al momento de remitir los antecedentes a la otra recurrida a quien, conforme a la ley, le corresponde el pronunciamiento definitivo en su tramitación.

SÉPTIMO: Que. en el caso de la Subsecretaría del Interior, si bien se constata una demora en su tramitación, ello no obedece a un capricho de la autoridad sino a un proceso complejo y a una coyuntura de incremento de solicitudes, por lo que tampoco se configura una omisión arbitraria ni ilegal de su parte.

OCTAVO: Que, por todo lo anterior, no existiendo un acto u omisión ilegal o arbitrario de las recurridas que vulnere las garantías constitucionales invocadas, la presente acción constitucional será desestimada, resultando inoficioso emitir pronunciamiento sobre las garantías denunciadas como vulneradas por la recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado.

Sin perjuicio se recomienda a la Subsecretaría del Interior que proceda a agilizar la tramitación del proceso seguido respecto de la recurrente para que emita pronunciamiento respecto de su solicitud, a la brevedad posible.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2916-2025.