LARRAIN EMPRESAS DE SERVICIOS S.A con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE

Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.

A los escritos folios 213708 y 214270: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen nombre reservado, factor de comercio, y nombre reservado, ambos en representación de Larraín Empresa de Servicios S.A. en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la aplicación de la Multa nº 7636 / 15 / 30 ( nº 2 ) contenida en la resolución nº 050 de fecha 3 de febrero de 2017, que infringe manifiestamente garantías constitucionales, al sancionar a la recurrente por segunda vez por un mismo hecho, condenándola a pagar la cantidad de 150 UTM.

Señalan que la recurrente es una empresa tiene como giro la prestación de servicios de limpieza, que cuenta con 380 colaboradores aproximadamente , que atienden a 40 clientes en la Región Metropolitana.

Expone que el 2 de marzo del año 2015, en dependencias del cliente Universidad de Los Andes, las trabajadoras nombre reservado y nombre reservado, sufrieron un leve traspié en el desarrollo de sus funciones, sin mayores consecuencias. Ese hecho consistió en que al rellenar un envase de cloro inhalaron ciertos vapores y/ o gases provocados por la liberación de ese producto químico, lo que luego 5 horas más tarde presentaron leves mareos, motivo por el que y solo por precaución se decidió llevarlas a la Asociación Chilena de Seguridad, y luego de ser examinadas fueron dadas de alta con indicaciones de retomar sus labores al día siguiente.

Agrega que día 5 de marzo 2015, la empresa notificó del hecho a la SEREMI de Salud y a la recurrida, entidades que a pesar de la levedad del accidente decidieron llevar a cabo sendos procesos administrativos en contra de la recurrente.

El 15 junio 2015, el fiscalizador de la inspección comunal del trabajo Santiago Oriente nombre reservado, se apersonó en la casa matriz para realizar una inspección con el objeto de determinar las causas del accidente.

El 7 julio 2017, la recurrida emitió la resolución multa nº 7636 / 30 nº 2 que sancionó a la empresa imponiéndole una multa de 150 UTM por el siguiente hecho: “no informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo el accidente grave que afectó con fecha 2 / 3 / 2015 a las trabajadoras nombre reservado y nombre reservado, ocurrido al interior de la Universidad de Los Andes situada en domicilio reservado de la comuna de Las Condes, dado que el evento fue notificado mediante folio salud responde nº 14.091 de fecha 5 / 3 / 2015. Tl hecho es un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención de eventuales accidentes del trabajo y dificulta a la autoridad disponer ante el empleador las medidas necesarias e indispensables para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores”.

El proceso administrativo siguió adelante, que concluyó con la resolución que por este recurso se impugna.

El acto que reclama es ILEGAL y ARBITRARIO, pues los mismos hechos sancionados por la Inspección recurrida ya han sido reprochados y sancionados previamente por otra institución del Estado, esto es, la SEREMI de Salud, que instruyó procedimiento administrativo que culminó en sanción con anterioridad que lo hiciera la recurrida.

El 10 de marzo de 2015, la SEREMI se constituyó en dependencias de la Universidad de Los Andes para efectos de fiscalizarla por el supuesto accidente laboral en que se vieron involucradas las trabajadoras y constató lo siguiente : “la empresa no notifica el accidente según lo establecido en la Ley 16.744 y circular 2345 / 07 de la SUSESO.

La empresa no mantiene la suspensión del lugar según lo establecido en la Ley 16.744 y en circular 2345 / 07 de la SUSESO”

Estos hechos dieron pie a un proceso administrativo sancionador nº 1327 – 2015, que concluyó en la dictación de la resolución exenta nº 5553 de fecha 20 de julio de 2015, rechazando los descargos de la empresa condenándola a pagar multa por 120 UTM, por los mismos hechos que posteriormente fueron reprochados y sancionados por la recurrida.

Expresa que las Garantías conculcadas, son las previstas en el Art. 19 nº 3 incisos 3 y 4 CPR – principio de non bis in idem es un elemento integrante y requisito sine qua non del concepto de un racional y justo procedimiento.

El proceder de la recurrida también es ilegal al vulnerar lo dispuesto en el art. 191 inciso 2º y 3º del CT. “….los demás servicios deberán abstenerse de intervenir respecto de las materias que están siendo fiscalizadas, en tanto no se haya dado total término al respectivo procedimiento.”

Por lo que la recurrida debió abstenerse de seguir adelante con cualquier fiscalización y/o proceso administrativo y con mayor razón abstenerse de cursar una segunda multa contra la misma persona, fundada en los mismos hechos y por el mismo fundamento jurídico.

Además señala la garantía del Art. 19 nº 24 Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad.

Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesto el recurso, se acoja el mismo y en definitiva se declare que la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario y/o ilegal que ha infringido derechos fundamentales en la dictación de la Res. exenta nº 050 de fecha 3 / 2 / 2017, que concluyó el proceso administrativo seguido en contra de la empresa condenándola a pagar una multa de 150 UTM, que se ordene al recurrido dejar sin efecto la resolución citada por vulnerar las garantías constitucionales ya mencionadas, en grado consumado, se ordene al recurrido abstenerse absolutamente de ejercer cualquier acción de cobro o suspender las ya iniciadas en contra de Larraín en relación a la multa doblemente impuesta. Todo lo anterior, sin perjuicio de la o las medidas que a juicio de la ICA sean conducentes para el restablecimiento del imperio del derecho.

Segundo : Que la recurrida Inspección comunal del Trabajo emitió su Informe el 16 / mayo / 2017, solicitando el rechazo, con costas. Funda su informe en los siguientes argumentos; la Improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, la empresa ha accionado en virtud de lo dispuesto en los arts. 511 y 512 del CT, presentando reclamo judicial, que se tramitará como procedimiento monitorio en causa Rit I – 207 – 2017 del 2º Juzgado de Letras del trabajo, lo recurrido no es un verdadero derecho fundamental que se pueda proteger mediante el recurso de protección, la Improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición.

Asimismo sostiene la legalidad de la actuación por la que se recurre, la competencia de la inspección del trabajo para dictar la resolución recurrida, la ausencia de arbitrariedad en la actuación recurrida, la inexistencia de cualquier amenaza, privación o perturbación a las garantías constitucionales aludidas por la recurrente, la garantía establecida en el art. 19 nº 24 CPR. En subsidio, informa los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección.

Tercero: Que, en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque una privación, perturbación o amenaza que afecte a una o más garantías preexistentes protegidas por la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que la recurrida Inspección del Trabajo concurrió a dependencias de la empresa recurrente en el mes de julio del 2015, en circunstancias que la SEREMI de Salud se había constituido ya en el mes de marzo del 2015.

Quinto: Que ambos fiscalizadores sancionaron por no haber dado aviso oportuno de la incidencia producida con dos trabajadoras con emanaciones de vapores de Cloro.

Sexto: Que la fiscalización de salud culminó con aplicación de una sanción de 120 Unidades Tributarias Mensuales, la que fue pagada por la empresa Larraín Empresas de Servicios S.A.

La Inspección del Trabajo por su parte y con fecha muy posterior sancionó por los mismos hechos con una multa de 150 Unidades Tributarias Mensuales.

Séptimo: Que así las cosas, se ha vulnerado el artículo 198 del Código del Trabajo al haber aplicado dos multas por antecedentes por diversos fiscalizadores por una misma situación.

Octavo: Que en todo caso y a mayor abundamiento no permiten tardar el aviso como se imputa ya que solo mediaron 2 días entre el hecho y el aviso.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge, sin costas el recurso de protección deducido por Larraín Empresas de Servicios S.A. y en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 29138-2017.-