nombre reservado con nombre reservado

Santiago, veintitrés de enero de dos mil quince.

Vistos:

A fojas 1, comparece don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado quien deduce recurso de protección en contra del señor Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región nombre reservado, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Expresa que el acto que motiva su recurso, que califica como ilegal y arbitrario, consiste en la retención de su remuneración del mes de diciembre de 2014, acto que asevera lesiona los derechos que le reconocen los números 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a los recurridos dejar sin efecto tal retención, con costas.

Fundando su recurso indica que desde hace tres años presta servicios en la Secretaría Regional Ministerial de Educación nombre reservado, y que el 15 de noviembre pasado tomó conocimiento que su remuneración no había sido enterada en su cuenta bancaria en las fechas en siempre se hace, esto es los el días 15 o 16 de cada mes..

Agrega que concurrió al Departamento de Administración General de la referida secretaría regional ministerial donde se le informó que su remuneración había sido retenida por orden de los recurridos, porque se había generado un pago en exceso a su favor, derivado del rechazo de unas licencias médicas que presentó.

Indica, además, que supo que el 11 de diciembre de 2014 le habían enviado un ordinario informándole que la remuneración le sería retenida.

Manifiesta, igualmente, que las cartas certificadas que contenían los ordinarios jamás llegaron a su domicilio.

Alega, por otra parte, que el acto lo suscribe el Coordinador Regional, cargo que no existe en la orgánica de la Institución, por lo que carece de facultades para dictarlo.

Señala, en fin, que el acto contra el que recurre es arbitrario e ilegal porque no contiene los fundamentos de hecho y derecho en que se apoya, requisitos exigibles a todo acto administrativo, cuya naturaleza comparte aquel que motiva este recurso, y ello a su vez ve mermado el ejercicio de su derecho a defensa, recalcando que no existe norma jurídica que ampare el accionar de los recurridos quienes buscan coaccionarlo para enterar una supuesta deuda.

A fojas 6, se rechazó la orden de no innovar pedida por el actor.

A fojas 50, informa don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por cuanto entiende que dicha repartición obró con pleno respeto a la legalidad vigente.

Previamente, eso sí, manifiesta que la remuneración de que se trata en esta causa fue enterada al actor, con posterioridad a la interposición de este recurso, en cumplimiento de lo que esta Corte había decretado en la causa rol Nª 82578-2014.

Aduce que el recurrente presentó cinco licencias médicas, que fueron pagadas por la recurrida y posteriormente dichas licencias fueron rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente de acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, generándose de este modo un derecho para la recurrida de que se le reintegre lo pagado indebidamente, según lo establece el artículo 63 del señalado decreto.

Agrega que la obligación de reintegro se comunicó al recurrente por carta certificada dirigida al domicilio que registra en la institución, dándosele diversas opciones y que, posteriormente, al no haberse realizado tal reintegro se le informó que la remuneración que le correspondía percibir por el mes de noviembre de 2014 le sería retenida.

Apunta que, en los dos ordinarios remitidos al actor, en que se contienen las señaladas decisiones se contienen los fundamentos de hecho y derecho que las motivan, no siendo efectivo el fundamento del recurso a este respecto.

Señala, en suma, que no existe garantía que haya sido conculcada, pues el actor percibió ciertas sumas por las remuneraciones correspondientes a períodos en que no prestó servicios; que, por este motivo, la percepción de esas cantidades tuvo como causa las licencias médicas que había presentado; que, al haberse rechazado esas licencias médicas por el organismo competente, había desaparecido la causa que justificaba la percepción, y; que, en consecuencia el recurrente experimentó un enriquecimiento carente de justificación, procediendo que el dinero representativo de ese enriquecimiento fuere reintegrado, que fue lo que el servicio hizo.

A fojas 65, se ordenó traer los autos en relación.

Y considerando:

Primero: Que, don nombre reservado ha deducido recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región nombre reservado, sosteniendo, en síntesis, que dicha repartición ha retenido el pago de su remuneración correspondiente al mes de diciembre de 2014, actuación que ha calificado como ilegal y arbitraria, y que ha perturbado el legítimo ejercicio de los derechos que le aseguran los números 1, 2 y 24 del artículo 19 de la carta fundamental.

Segundo: Que la recurrida, por su lado, reconoce la efectividad del acto que se le imputa, pero señala en su defensa que su proceder no es ilegal ni arbitrario ni tampoco ha significado vulneración de los derechos constitucionales señalados en el libelo, puesto que se limitó a hacer efectivo el reintegro a que estaba obligado el actor luego de que las licencias médicas que justificaban sus inasistencias laborales habían sido rechazadas por la entidad competente.

Tercero: Que, durante la tramitación de este arbitrio, las partes presentaron los documentos que obran a fojas 1, 2, 3 y 27 a 54, los que refrendan las argumentaciones fácticas planteadas, tanto en lo que dice relación con la retención aducida por el recurrente, cuanto lo referido al motivo invocado por la recurrida para efectuar la retención reclamada.

Todo ello, en consecuencia, se tiene por establecido.

Cuarto: Que, ahora bien, para que un recurso como aquél de la especie prospere, como es sabido, se requiere la existencia de una acción o una omisión, que sean ilegales o arbitrarias, que causen una privación, una perturbación o una amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos contemplados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República Quinto: Que en relación con la primera de las condiciones referidas en el fundamento que precede, debe tenerse en cuenta que, según el ente recurrido, la retención que llevara a efecto tiene su fundamento en el artículo 63 del Reglamento Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, sobre Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que dispone que “la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio”, agregando en su inciso segundo, que “el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos”.

Sexto: Que, para determinar el alcance de la disposición recién transcrita y por consiguiente si ella reviste de legalidad al acto recurrido, es necesario puntualizar que lo que en ella se establece es que el reintegro de la remuneración indebidamente percibida es obligatorio y que el empleador debe adoptar las medicas que conduzcan a la inmediata devolución.

De tal suerte, puede concluirse, desde ya, que el señalado artículo, 63, al menos en su tenor literal, no faculta al empleador para retener las remuneraciones que se devenguen posteriormente a aquellas que hubieren sido indebidamente percibidas.

Séptimo: Que, en seguida, es necesario traer a colación que los actos de tutela directa por una de las partes son excepcionales dentro del ordenamiento jurídico y requieren como condición esencial la existencia de una precepto legal expreso que los autorice.

Octavo: Que, todavía más, hay que considerar que, en un sentido profundo, para el funcionario (cuyo es el caso del actor), la remuneración más que una suma de dinero y más que la retribución que se le debe por los servicios que debe prestar es el medio que le sirve de sustento y le permite satisfacer sus necesidades básicas y las de sus dependientes.

Atendiendo a esa dimensión de las remuneraciones, la regulación aplicable a los funcionarios públicos (artículos 95 y 96 del Estatuto Administrativo) contempla la posibilidad que se limite la percepción de las remuneraciones del funcionario, exigiendo una autorización previa, ya sea judicial o del propio funcionario, debiendo destacarse que en ambos casos se ha establecido máximos que no se pueden sobrepasar, normativa que resulta, por lo demás, concordante con el ordenamiento laboral común (artículos 57 y 58 del Código del Trabajo), con lo que queda en evidencia que esta normativa constituye un régimen protector impuesto legalmente en beneficio de toda clase de trabajadores.

Noveno: Que, de todo lo anterior, únicamente puede concluirse que el artículo 63 del Reglamento Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, sobre Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, norma invocada por la recurrida para unilateralmente retener la remuneración del actor, de ningún modo lo facultaba para obrar del modo que lo hizo, siendo así su actuación ilegal y que el sentido recto en que debe ser interpretado es que ante la percepción indebida de una remuneración ocasionada por una licencia médica rechazada, el empleador tiene derecho a ser reintegrado de lo que se hubiere pagado debiendo perseguir este pago conforme a los procedimientos autorizados por el ordenamiento jurídico.

Décimo: Que sobre el segundo de los requisitos aludidos con anterioridad en este fallo, esto es, que la acción u omisión que motiva el recurso haya causado afectación en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos contemplados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es necesario señalar que la actuación de la recurrida, en cuanto por sí y ante sí se ha atribuido un crédito en contra del actor procediendo a ejecutarlo despojándolo de la remuneración que tenía devengada representan afectación de los derechos aludidos en los números 1, 3, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, prerrogativas que están incluida dentro de la enumeración que realiza el artículo de 20 del estatuto fundamental.

Undécimo: Que, en efecto, el proceder de la recurrida ha representado, primeramente, la perturbación de la integridad psíquica del actor en cuanto naturalmente conllevó la aflicción de verse privado de la fuente de su sustento (Nº 1 del artículo 19); en seguida, la privación de su derecho a ser juzgado por los tribunales establecidos por la ley, en cuanto ellos significan que la recurrida se arrogó la potestad de declarar que era titular de una obligación determinada, líquida y actualmente exigible procediendo motu propio a su cumplimiento compulsivo , esto es, al margen del órgano jurisdiccional (Nº 3, inciso quinto, del artículo 19) y la privación del derecho de propiedad que le asiste sobre su remuneración devengada (Nº 24 del artículo 19).

Duodécimo: Que, al haberse demostrado todos los presupuestos de su procedencia, la acción intentada en esta causa será acogida, sin que lo impida la circunstancia de que la recurrida, acatando lo resuelto por esta Corte al ordenar no innovar en la causa rol Nº 82578-2014, haya procedido a pagar la remuneración de que se trata en esta causa, por cuanto la competencia que, al respecto, confiere a este Tribunal el ordenamiento constitucional persigue brindar la debida protección al recurrente ante las conculcaciones de las garantías fundamentales de que ha sido víctima.

Por tales consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, se declara que se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 4 por don nombre reservado de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región nombre reservado, únicamente en cuanto se dispone que la recurrida no podrá proceder en el futuro a retener de las remuneraciones del actor suma alguna por concepto de las remuneraciones que éste percibiera indebidamente, con ocasión de las licencias médicas rechazadas de que se trata en esta causa, debiendo sujetarse en el cobro de tales conceptos a la normativa general aplicable.

Ofíciese a la secretaría regional ministerial recurrida, comunicando lo resuelto.

Regístrese y archívese, si no fuere apelada.

Redactada por el ministro suplente señor Pedro Advis Moncada.

Rol Nº Protección-29-2015 Dictada por la Novena Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Antonio Astudillo Contreras e integrada por la Ministro suplente señora Claudia Lazen Manzur y por el Ministro Suplente señor Pedro Advis Moncada.