INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LIMITADA con DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO

Santiago, veintiocho de julio de dos mil veinte.- VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Mario Vergara Venegas, quien deduce acción constitucional de protección a favor DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA., RUT RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, representada por su Directora doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, representada por su Directora Subrogante doña nombre reservado, ambas domiciliados en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la eliminación y bloqueo de la recurrente en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, dejándola como “proveedor inhábil” por haber sido condenada en causa laboral por práctica antisindical.

Expone que la comunicación recibida de parte de Chile Proveedores le perjudica enormemente, toda vez que por su rubro -ingeniería, construcción y minería-, participa activamente en licitaciones públicas, licitaciones privadas y contrataciones directas con el Estado y con organismos del Estado, como es el caso de Codelco.

Da cuenta de los antecedentes que motivaron la condena de que fue objeto en sede laboral. Precisa que la Corte de Apelaciones de Rancagua acogió el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia del Juzgado del Trabajo de esa ciudad que había rechazado la denuncia de la Inspección Provincial del Trabajo por práctica antisindical, resolviendo en su lugar acoger la misma, ordenando remitir copia del fallo a la Dirección del Trabajo para su registro, de conformidad con el artículo 294 bis del Código del Trabajo.

Indica que, encontrándose pendiente el conocimiento del recurso de unificación de jurisprudencia que su parte interpuso ante la Corte Suprema, dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del citado artículo 294 bis del Código del Trabajo y de la segunda frase del inciso 1° del artículo 4 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, para que surta efectos en la causa laboral ya referida. Agrega que dicho requerimiento fue acogido, declarándose inaplicables ambos preceptos impugnados, por estimarse que la segunda de estas disposiciones vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República, y dada su íntima conexión, se declaró igualmente inaplicable el artículo 294 bis del Código del Trabajo.

Señala que habiéndose certificado la ejecutoriedad de la sentencia laboral con fecha 23 de octubre de 2019, el pasado mes de febrero se le notificó por parte de la recurrida Dirección de Compras y Contratación Pública, que aparece como “proveedor inhábil en el Registro Chile Proveedores”, eliminándola y bloqueándola de dicho registro público, por existir esta sentencia condenatoria por práctica antisindical. Luego, indica que tomó conocimiento que la Dirección del Trabajo había publicado esta sentencia laboral por práctica antisindical.

Afirma que la ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de las recurridas deviene de lo expuesto y resuelto por el Tribunal Constitucional, vulnerándose a su respecto las garantías establecidas en el artículo 19 N°s 2, 3 inciso 6°, 21 y 26 de la Constitución Política de la República.

Por lo antes expuesto, solicita se ordene a la Dirección de Compras y Contratación Pública dejar sin efecto la inhabilidad en comento y que la reincorpore al Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, y se disponga que la Dirección del Trabajo elimine de sus registros públicos la sentencia condenatoria por práctica antisindical dictada por el Juzgado del Trabajo de Rancagua, con costas.

SEGUNDO: Que informando la recurrida DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, solicita el rechazo de la presente acción de protección.

Indica que la inhabilidad del artículo 4° de la Ley N° 19.886 y la del artículo 92 N° 7 de su Reglamento, que establecen las inhabilidades e incompatibilidades para inscribirse en el Registro de Proveedores, poseen alcances, efectos y características particulares que las diferencian entre sí. En efecto, aclara que el artículo 4° citado por la recurrente dispone, en lo que interesa, que quedarán excluidos para contratar quienes dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador; inhabilidad en la cual no cumple rol alguno en relación a su aplicación y control, por cuanto es responsabilidad de cada entidad pública compradora, individualmente considerada, el constatar si el respectivo proveedor con el que se pretende contratar ha incurrido o no en la citada causal legal de inhabilidad.

Señala que distinta es la situación de la inhabilidad del artículo 92 N° 7 del Reglamento, que sí debe ser constatada y aplicada por la Dirección ChileCompra; se trata de una inhabilidad para inscribirse en el Registro de Proveedores con prescindencia de la época en la cual la condena haya quedado firme y ejecutoriada, reconociendo el mismo Reglamento en su artículo 93, que esta inhabilidad opera en forma sobreviniente, en cuanto afecta a quienes ya se encuentran inscritos.

Refiere, en relación a la causal de inhabilidad en comento, que respecto de la comunicación de la sentencia condenatoria, ya sea por prácticas antisindicales, como por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, la Dirección del Trabajo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 294 bis y 495, ambos del Código del Trabajo, deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales y por infracción de los derechos fundamentales del trabajador, y, en ambos casos, los tribunales deberán remitir copia de los fallos que emitan, para su registro. En consecuencia, afirma que efectuándose la notificación de la sentencia a la Dirección del Trabajo, la Dirección ChileCompra solo realiza un acto de constatación, caso del recurrente, para aplicar las medidas relacionadas con la configuración de la referida causal de inhabilidad.

Por otro lado, razona en torno a que en virtud del principio de juridicidad, contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y 2 de la Ley N° 18.575, se encuentra obligada a aplicar la normativa legal y reglamentaria vigente, y no le corresponde interpretar su sentido y alcance. Por ello, afirma que el cambio en la plataforma del estado del proveedor, la que opera automáticamente, de hábil a inhábil, derivado de la información entregada por la Dirección del Trabajo, no es sino la concreción del ejercicio de las facultades y atribuciones que por mandato legal le corresponde.

Por lo demás expresa, que habiendo tomado conocimiento con fecha 16 de marzo de 2020 de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró, para el caso concreto, la inaplicabilidad de la segunda frase del inciso 1° del artículo 4° de la Ley N° 19.886, procedió a cambiar el estado del proveedor, quedando en estado “hábil” el 17 de marzo pasado.

TERCERO: Que, por su parte, informando la recurrida DIRECCIÓN DEL TRABAJO, solicita igualmente el rechazo de la presente acción constitucional, al no haber incurrido en acto ilegal o arbitrario, con costas.

Agrega a lo expresado por la Dirección de Compras, en torno a las sentencias que menciona, que recibida la sentencia condenatoria, se encontraba obligada a cumplir, so pena de incurrir en delito de desacato e incumplir obligaciones dispuestas por el legislador, que le encarga llevar un registro público de empresas y organizaciones sindicales condenadas por prácticas antisindicales o desleales.

Estima entonces que el presente recurso no puede prosperar si el único antecedente fundante del mismo es la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el proceso Rol Nº4843-2018-INA, toda vez que dicho pronunciamiento se limita a declarar la inaplicabilidad en la gestión pendiente -recurso de unificación- de los preceptos contenidos en el artículo 294 bis del Código del Trabajo y artículo 4°, segundo párrafo del inciso primero de la Ley N° 19.886, pero nada dice respecto al artículo 495 inciso final del Código del Trabajo, norma en la cual se funda el envío de copia del fallo condenatorio a la Dirección del Trabajo para su registro.

Sostiene que no existe en la especie un acto ilegal o arbitrario de su parte, desde que la inclusión de la recurrente en el registro de empresas condenadas por prácticas antisindicales o desleales obedeció al cumplimiento de una orden emanada de un Tribunal de la República, contenida en una sentencia válidamente emitida, luego de un proceso previo legalmente tramitado y que se funda en lo dispuesto en el artículo 495 inciso final del Código Laboral, norma que no fue declarada inaplicable en el requerimiento deducido ante el Tribunal Constitucional.

A su vez, afirma que la exclusión de la recurrente del registro oficial de proveedores hábiles para contratar con el Estado es resorte de la Dirección de Compras y Contratación Pública, y, siendo efectivo lo expuesto por esta en su informe, la presente acción constitucional carecería de causa y objeto.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que la parte recurrente denuncia como acto ilegal arbitrario, en el que habrían incurrido las recurridas, el siguiente, “la eliminación y bloqueo en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, dejándola como “proveedor inhábil”, como consecuencia de haber sido condenada en causa laboral por práctica antisindical”, fundada en lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que declaró la inaplicabilidad del Art. 294 bis del Código del Trabajo y, la segunda parte del inciso primero del Art. 4° de la Ley N° 19.886.

SEXTO: Que de las presentaciones de las partes y documentación allegada al recurso, son hechos ciertos, los siguientes:

1.- En el Juzgado Laboral de Rancagua se dictó sentencia rechazando la denuncia por prácticas antisindicales en contra del recurrente, dictamen que fue revertido por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, la que acogiendo el recurso de nulidad, interpuesto por la parte denunciante, acogió la denuncia, ordenando, entre otros, la remisión de la sentencia condenatoria a la Dirección del Trabajo para su registro. Certificado de ejecutoria 23 de octubre de 2019.

2.- Chile Proveedores, a través de correo electrónico de fecha 27 de febrero pasado, comunico al recurrente que se encontraba “bajó la condición de Proveedor InHábil en su Registro”.

3.- El recurrente presento recurso de unificación ante la Corte Suprema y, estando pendiente acudió al Tribunal Constitucional. El recurso de unificación de jurisprudencia, fue declarado inadmisible con fecha 26 de septiembre de 2019.

4.- El Tribunal Constitucional, con fecha 04 de junio de 2019, declaró la inaplicabilidad por inconstitucional, de las disposiciones contempladas en el Art. 294 bis del Código del Trabajo y, la segunda parte del inciso primero del Art. 4° de la Ley N° 19.886, entendiendo vulneradas las garantías consagradas en el Art. 19 numerales 2 y 3, de la Carta Fundamental.

SEPTIMO: Que para una mayor comprensión se transcribirán las normas en que incide la materia:

Código del Trabajo. El Art. 294 bis, dispone “La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras. Para este efecto, el tribunal enviara a la Dirección del Trabajo copia de los fallos respectivos”.

Ley N° 19.886, Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. El Art. 4°, esta disposición atiende a las que personas que pueden contratar con la Administración, en su inciso primero, parte segunda, dice: “Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal”.

OCTAVO: Que lo primero que se advierte, es que la Dirección del Trabajo ha actuado conforme a lo dictaminado por un tribunal de la república, cual es el registro de sentencias condenatorias por prácticas antisindicales, tribunal que debe ordenarlo en virtud del Art. 495 del Código del Trabajo que se lo impone, y a su vez, la entidad fiscalizadora debe cumplir, conforme lo señala el Art. 294 bis del mismo cuerpo legal, por lo que desde ya puede decirse que no existe un actuar ilegal o arbitrario de su parte.

Luego señalar, que como lo expresan las recurridas, en virtud de un convenio intergubernamental celebrado el año 2009, con un objetivo de transparencia e imparcialidad, en la adjudicación de los contratos que se celebren con la Administración del Estado, mediante licitación pública, licitación privada o contratación directa, corresponde a la Dirección de Compras y Contratación Pública, llevar el registro oficial de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales, para lo cual se encuentra implementada una plataforma electrónica que funciona de manera automática y en línea, desde la Dirección del Trabajo hacia la Dirección de Compras, sin que ésta entidad intervenga en ello, ya que se limita a constatar la existencia de una condena por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, pronunciada en una sentencia judicial ejecutoriada.

Cabe precisar que, conforme lo dispone el Art. 16 de la Ley N° 19.866, es de cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública el “Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración”.

NOVENO: Que cabe recordar el acto que se impugna, es “la eliminación y bloqueo en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, dejándola como “proveedor inhábil”.

Como información, señalar, que las entidades para comprar y contratar, deben utilizar la plataforma transaccional de ChileCompra, www.mercadopublico.cl, que reúne en un solo lugar la demanda de los compradores públicos y la oferta de miles de proveedores.

La Dirección ChileCompra es la institución encargada de administrar esta plataforma, funcionando con un marco regulatorio único, basado en la transparencia, la eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no discriminación.

DECIMO: Pues bien, el Art. 4° de la Ley N° 19.866, en su parte declarada inconstitucional, dice relación con la exclusión en el Registro Oficial, a diferencia de lo que ocurre en el caso del recurrente, quien no ha sido eliminado de dicho registro público, sino que de su condición de proveedor hábil paso a proveedor inhábil. Esto se reafirma con el contenido del correo que se remitió al actor, en el cual no se dice que será eliminado de dicho registro.

En efecto, en su informe la recurrida explica que el recurrente no fue eliminado del Registro Oficial, sino que, cumpliendo lo resuelto por el tribunal constitucional, revirtió el estado en que se mantenía en ese instrumento, volviendo a la situación anterior, figurando de tal forma en el registro como proveedor hábil, situación que ocurrió como consecuencia de lo resuelto por el Tribunal Constitucional y, con anterioridad a que tuviera conocimiento de la presente acción cautelar.

DECIMO PRIMERO: Que por lo demás, existe una gran diferencia entre la suspensión o eliminación del Registro de Proveedores que puede efectuar la Dirección de Compras y Contratación Pública en virtud del N° 6) del artículo 92 del Decreto Supremo N° 250, del Ministerio de Hacienda, de 2004, y la condena por infracción a los derechos fundamentales del trabajador de la misma norma, que opera con el solo mérito de la sentencia judicial ejecutoriada que la pronuncia.

DECIMO SEGUNDO: Que, por otra parte, el recurso de inaplicabilidad acogido por el Excmo. Tribunal Constitucional tampoco obsta, a que esta Corte, efectúe un análisis ponderativo diverso al desarrollado por la judicatura constitucional, máxime si se considera que el fundamento de la inhabilidad, más allá de la norma declarada inconstitucional para este caso, nace de un pronunciamiento jurisdiccional que se encuentra firme y ejecutoriada.

DECIMO TERCERO: Que en definitiva, cabe rechazar el recurso de protección, por cuanto, no existe el acto que se estima por el actor como arbitrario o ilegal, ya que, por una parte nunca fue eliminado o bloqueado del registro de proveedores y, por otra, en la actualidad se encuentra en la categoría de proveedor hábil. Es decir el presente recurso perdió oportunidad, situación por lo demás reconocida en estrados por la parte recurrente.

Por estas consideraciones y, conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, con costas, la acción constitucional interpuesta a favor de Ingeniería y Construcciones Mas Errázuriz Ltda., en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública y, de la Dirección del Trabajo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministro Señora Elsa Barrientos Guerrero.

Rol Corte N° 28.823-2020 Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Elsa Barrientos Guerrero e integrada, además, por la ministra señora Inelie Durán Madina y la abogado integrante señora Carolina Coppo Diez.