INMOBILIARIA SANTA FILOMENA S.A. con SEREMI BIENES NACIONALES REGION METROPOLITANA

Santiago, trece de julio de dos mil dieciocho.

Vistos:

Primero: Que comparece, debidamente representada, Inmobiliaria Santa Filomena S.A., e interpone acción constitucional de protección de garantías constitucionales en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de las garantías contempladas en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República que importaría la dictación de la Resolución Exenta E-2018 de fecha 6 de marzo del presente año, que otorgó a la I. Municipalidad de Isla de Pascua una concesión respecto del inmueble fiscal consistente en el departamento 205 de domicilio reservado. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, deje sin efecto la referida resolución y ordene a la recurrida abstenerse de realizar los actos ilícitos que denuncia en el inmueble señalado, con costas.

Funda su arbitrio constitucional en que la actora es dueña del departamento 805 del Edificio ubicado en Miraflores Nº 666, comuna de Santiago, mientras que el Fisco de Chile es dueño del departamento N° 205 del mismo edificio, el que adquirió por herencia vacante. Señala que el artículo 7º del Reglamento de Copropiedad del edificio dispone que no se podrá dar a los departamentos otro uso que el de viviendas o, previa autorización del administrador, consultan profesionales que no produzcan exceso de tránsito en el edificio ni causen molestias o peligro a sus ocupantes.

Señala que ha tomado conocimiento que la Resolución Exenta E-2018 de 6 de marzo del presente año, que en este acto se ataca, por cuanto ha concedido a favor de la Municipalidad de Isla de Pascua el uso gratuito del inmueble fiscal mencionado para destinarlo a fines habitacionales transitorios, ante la necesidad de atención médica en hospitales de mayor complejidad de habitantes de la Isla de Pascua que deban ser trasladados a la Región Metropolitana. Señala que la resolución en comentario resulta ilegal y arbitraria, por cuanto, en primer lugar, se dictó a sabiendas de la existencia y contenido de los recursos de protección 20016-2017 y 1363-2018, sustanciados ante esta Corte, en los cuales se revocaron otras concesiones conferidas por el Fisco respecto del inmueble señalado, y en contravención al Reglamento de Copropiedad del edificio, y a sabiendas, que la Municipalidad de Isla de Pascua no dará uso habitacional al inmueble, desde que pretende convertir el bien raíz fiscal en una casa de acogida para enfermos Rapa Nui en la forma que se ha señalado, con lo que no pretende darle uso de vivienda, sino de casa de reposo o residencial.

Explica, que la recurrida ha transgredido y no ha cumplido con los artículos 7, 17, 49, 28, 29, 30 inciso final, 31, 32 inciso segundo, del Reglamento de Copropiedad. Además, cita el numeral 2 del Decreto N° 334 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre casas de reposo, asilos y establecimientos similares y el artículo 4 del D.S. 194 que aprueba el reglamento de hoteles y establecimientos similares Sostiene que la decisión anterior, es ilegal y arbitraria, afecta el derecho de propiedad no solo del recurrente, sino de todos los condóminos, desde que el uso que se pretende deteriorará los espacios comunes y expondrán al riesgo de contraer enfermedades contagiosas a los habitantes del edificio, afectando la salubridad del mismo y depreciando el inmueble, además de tener que adoptar medidas sanitarias extraordinarias para mantener la salubridad del edificio, lo que implicaría un alza en los gastos comunes para subvencionar el funcionamiento de este centro de atención. Además, las actuaciones de la recurrida podrían constituir una vulneración al artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, ya que asume en los hechos una conducta que importa tomar la justicia en su propia mano, decidiendo por sí y ante sí, como una comisión especial el alcance y contenido del indubitado derecho de su parte. Finalmente menciona vulnerado el artículo N° 21 del artículo y cuerpo legal citado.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, refrendando los hechos del recurso en lo referente a la propiedad del departamento y la dictación de la resolución impugnada, y recalcando que la recurrente interpreta erradamente la misma, señalando que corresponde a la repartición informante la administración de los inmuebles del patrimonio fiscal conforme a la satisfacción de los intereses generales de la Nación. Señala que el uso que pretende darse al bien raíz es precisamente de carácter habitacional, aunque de carácter transitorio, con el fin de recibir a las personas habitantes de la Isla de Pascua que necesiten atenderse en establecimientos hospitalarios de la Región Metropolitana, cuando las necesidades de la comunidad lo requieran.

Señala que siempre ha sido la intención de la entidad solicitante usar el inmueble como vivienda. El Fisco, en su calidad de dueño del bien raíz, está sujeto a los mismos derechos y obligaciones de los demás condóminos conforme al Reglamento de Copropiedad, los que ha cumplido adecuando la concesión a las normas de dicho instrumento, por lo que el acto administrativo impugnado ha sido dictado, precisamente, respetando los derechos del resto de los copropietarios. En este derrotero, cualquier diferencia entre copropietarios a este respecto debe ser resuelto por las normas que provee la Ley Nº 19.537, no siendo la presente vía cautelar la idónea para ello.

Considerando:

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante medidas de resguardo que deben adoptarse ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; de acuerdo a ello constituyen requisitos indispensables para la procedencia de esta acción cautelar la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, lo que implica que su fundamento provenga del puro capricho; que el acto o la omisión denunciada prive, perturbe o amenace el ejercicio legítimo de derechos y garantías cautelados por esta acción; que esa privación, perturbación o amenaza resulte manifiesta, ostensible, esto es, que sea posible de ser constatada o establecida con el mero examen de los antecedentes aportados por el recurrente y así pueda concluirse con el informe del recurrido; se requiere también que exista una relación causal entre el acto u omisión que se denuncia y la transgresión de derechos del recurrente; y, finalmente, que exista la posibilidad material, actual, del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Concurriendo tales circunstancias en la presentación del recurrente el acogimiento del recurso será motivado y deberá accederse a lo pedido en resguardo de sus legítimos derechos, por lo que debe procederse al examen de los antecedentes que han sido acompañados.

Cuarto: Que de acuerdo a la documental incorporada, es posible tener por ciertos los siguientes hechos:

a) Que Inmobiliaria Santa Filomena es propietaria del departamento N° 805 del Edificio de domicilio reservado, según consta en la inscripción de dominio de fs. 37.291 N° 56.708 en el Registro de Propiedad de Bienes Raíces correspondiente al año 2012.

b) Que el Fisco de Chile es propietaria del departamento N° 205, del Edificio de domicilio reservado, según consta en la inscripción a fojas 83.625 N° 126.491 del Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

c) Resolución Exenta E- 2008, de 6 de marzo de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, señala que considerando: Que la entidad solicitante, es una persona jurídica de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio –Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua- que no persigue fines de lucro y que ha manifestado que requiere el inmueble con la finalidad de destinar el inmueble fiscal a fines habitacionales transitorios, ello ante la necesidad de atención medica en Hospitales de mayor complejidad de habitantes de Isla de Pascua que deban ser trasladados a la Región Metropolitana. Que, la naturaleza de la entidad solicitante, las actividades que se proyectan desarrollar en el terreno fiscal, el beneficio que ello generará para la comunidad, constituyen fundadas razones para otorgar la presente concesión de uso en forma directa y gratuita. Luego, resuelve:

1.-Concede a favor de la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua, Rut RUT reservado, el uso gratuito del inmueble fiscal ubicado en domicilio reservado, Provincia de Santiago, Región Metropolitana, enrolado en el Servicio de Impuestos Internos con el Rol de Avalúo Fiscal N° 201-46 el que se encuentra inscrito a favor del Fisco de Chile, a fojas 83.625 N° 126.491 del Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

2.- Enseguida individualiza el inmueble, preciando que tiene una superficie de 174,35 mt.2, en su totalidad y a la vez que señala sus deslindes.

3.- La presente concesión, se otorga a la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua, bajo las siguientes condiciones:

a) Por un plazo de cinco años;

b) La entidad beneficiaria, deberá destinar el inmueble, única y exclusivamente para los fines señalados en los considerandos de la presente Resolución;

c)La presente concesión se extinguirá en los casos y en la forma prevista en el artículo 62 del DL 1.939 de 1977, facultándose también al Ministerio de Bienes Nacionales para poner término anticipado por su sola voluntad a la concesión, cuando existan motivos fundados para ello, conforme se establece en el inciso final del artículo 61 del DL N° 1.939 de 1977, bastando para ello el solo informe de esta Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, que acredite cualquiera de las circunstancias en ellos señalados. En todo caso, se estimará como causal suficiente para poner término a la concesión, si la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua, no utilizare el inmueble en los fines señalados en la letra b), le diere un destino distinto o incurriere en cualquiera otra infracción a las normas del DL N° 1939 de 1977.

d) Para verificar o cumplir con lo preceptuado en la letra anterior, la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua, deberá nombrar una contraparte la cual será responsable de proveer la información que sea solicitada por la Secretaria Regional Ministerial, para complementar las fiscalizaciones que esta efectúe.

e) La entidad beneficiaria por este acto adquiere la obligación de mantener y preservar en buenas condiciones el inmueble fiscal materia de esta concesión. Los gastos que se originen por construcción, reparación, remodelación, conservación, ejecución de obras y pago de los servicios de agua potable, pavimentación, electricidad y demás a que esté afecto el bien raíz, serán de cargo exclusivo de la Institución beneficiaria, durante el tiempo que dure la concesión.

f) La presente concesión no liberará a la concesionaria de la obligación de obtener todos los permisos o autorizaciones que, conforme a la legislación vigente, sean necesarios para el desarrollo y mantención del proyecto asociado al inmueble, quedando sometida a las normas reglamentarias vigentes, sobre urbanismo y construcción.

h) El Ministerio de Bienes Nacionales realizará, según la periodicidad que estime necesaria, las inspecciones correspondientes con el objetivo de velar por el cumplimiento por parte de la entidad concesionaria, del uso y destino que se le da al inmueble Fiscal, y además en cuanto a su mantención y protección, en conformidad a lo establecido en la presente resolución de concesión.

j) La entidad beneficiaria, deberá entregar anualmente, dentro del mes señalado en el presente acto administrativo y por cada año sucesivo, una “Declaración Jurada de Uso”, cuyo formato será determinado por esa Secretaría Regional Ministerial, a través de la cual informará al Ministerio de Bienes Nacionales sobre el estado y uso del inmueble asignado. La no presentación de esta declaración o constatación de información falsa, facultará al Ministerio de Bienes Nacionales para poner término a la Concesión de Uso Gratuito.

n) En Todo lo demás, regirán las disposiciones contenidas en el DL 1939 de 1977, las cuales se entenderán forman parte de la concesión que se otorga mediante la presente resolución, para todos los efectos legales.

d) El Reglamento de Copropiedad del Edificio, ubicado en Miraflores N° 666, comuna de Santiago, de fecha 20 de julio de 1956, en su artículo 7 dispone: “Todos los propietarios usarán de sus respectivos departamentos en forma ordenada y tranquila, sin perturbar la tranquilidad del resto del edificio. Queda terminantemente prohibido emplearlos en objetos contrarios a la moral, a las buenas costumbres o arrendarlo o ceder su uso y goce a personas de mala conducta, y queda prohibido también instalar en ellos fábricas o industrias. Los departamentos destinados a vivienda no podrán destinarse sino a este objeto o, previa autorización escrita del administrador a consultorios profesionales que no produzcan exceso de tránsito dentro del edificio ni causen molestias o peligros a sus ocupantes.

Quinto: Que el recurrente, se siente afectado por la Resolución Exenta E-2018, emitida por laMinisterio de Bienes Nacionales, la que a su parecer es ilegal y arbitraria, porque vulneraría sus derechos establecidos en el artículo 19 N°s 2, 3 y 24 de la Constitución Política.

Sexto: Que, atendida la naturaleza de la cuestión a resolver, se debe considerar que el régimen de propiedad horizontal queda comprendido dentro del marco del ejercicio del derecho de dominio, pero con la salvedad que en él se enlazan derechos individuales con otros de carácter colectivo, esto es, se trata de una forma de ejercer el derecho de dominio que implica, por un lado la propiedad exclusiva sobre una parte del inmueble, constituida por cada unidad o departamento y por otro lado, la propiedad de las áreas comunes.

Es así, que la Ley N° 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, en su artículo 2 N°s 2 y 3, define los bienes propios o de dominio exclusivo y excluyente como unidades, y cada copropietario es dueño exclusivo de su unidad y comunero de los bienes de dominio común.

De este modo, cada copropietario tiene el dominio exclusivo sobre su unidad, la propiedad, con todas las facultades, con las características y atributos propios del derecho de dominio, con las únicas limitaciones que le imponga la ley y el derecho ajeno. Es así, que el copropietario tiene sobre la cosa corporal, -la unidad- el derecho de uso, goce y disposición de ella, pues le otorga a su titular el máximo de utilidad, se hace dueño de los frutos, en la medida que no contravenga la ley y respete el derecho ajeno; a la vez es un derecho exclusivo y excluyente, y es perpetuo, lo que se desprende de su carácter absoluto, no se pierde por el no ejercicio, como se desprenden del artículo 2517 del Código Civil.

Enseguida, vinculado al derecho de disponer que tenga el propietario de un piso éste podrá transferirlo y transmitirlo, como también hipotecar la propiedad.

De esta forma, podemos sostener que el dueño puede utilizar el objeto de su dominio con libertad tal que éste no puede ser obstaculizado por otro en caso alguno, especialmente fundado en conjeturas, hipótesis o temores acerca de lo que eventualmente podría acaecer.

Séptimo: Que, atingente resulta al caso citar una sentencia del Tribunal Constitucional, (causa Rol 43-1987) que en lo pertinente señala que la esencia del derecho -de propiedad- debe ser conceptualizada desde el punto de vista del ordenamiento positivo y dentro de este ámbito precisar el alcance de la norma constitucional en los términos más sencillos… desde esta perspectiva , debemos entender que un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que le es consustancial de manera tal que deja de ser reconocible y que se impide el libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de lo razonable o lo privan de la tutela jurídica.

Octavo: Que de otro lado, en relación a uso y goce de la copropiedad en cuestión, en concordancia con el artículo 7 del Reglamento, transcrito en el considerando 4, letra d) de esta sentencia, se encuentra el artículo 32 de la Ley 19.537 de Copropiedad, que impone a los ocupantes a cualquier título, la obligación de ejercerlo, sin restringir ni perturbar el legítimo ejercicio de los derechos de los demás copropietarios u ocupantes de las otras unidades del condominio. Por su parte el inciso segundo, prescribe que deberán usarse en forma ordenada y tranquila y solo para los objetos establecidos en el Reglamento de Copropiedad y, en su silencio, en los destinos que los planos aprobados por la Dirección de Obras Municipales hubieren señalado o designados. Agrega el precepto, que tampoco se podrá ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los copropietarios o comprometa la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio o de sus unidades, ni provocar ruidos en las horas que ordinariamente se destinan al descanso, ni almacenar en las unidades materias que puedan dañar las otras unidades del condominio o los bienes comunes.

Noveno: Que, entonces corresponde analizar las estipulaciones del Reglamento de Copropiedad que rigen para la Inmobiliaria Santa Filomena S.A., ello porque el peticionario arguye que en éste se estipula la frase: “Los departamentos destinados a viviendas, no podrán destinarse sino a ese objeto”, lo que se a su entender se contrapone con la finalidad que se estipula en la concesión.

Al efecto, cabe precisar que de conformidad al artículo 20 del Código Civil, las palabras de la ley deben entenderse en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas, de ahí que el término “vivienda”, debe entenderse referido a la habitación, a la morada. Por su parte, la expresión habitación, corresponde a un derecho real por el cual se concede a alguien y a miembros de su familia el goce de una o más habitaciones de una casa; y la expresión morada, se asocia a un domicilio, que es la casa o habitación donde una persona vive o se hospeda, de lo que se colige que el destino dado a este departamento es justamente para fines habitacionales.

Por otra parte, de la frase citada en el párrafo primero de este considerando, se advierte que no se distingue entre “departamentos destinados a vivienda, en carácter permanente o transitoria de sus habitantes”, luego no se vislumbra que exista obstáculo que restrinja el tiempo de ocupación del inmueble, atendido el fin transitorio que se tuvo en vista al otorgar la concesión.

En consecuencia, desde el punto de vista del Reglamento que rige en la materia, no existiría infracción a derecho alguno, porque naturalmente los nuevos asignatarios del departamento destinarán el mismo a vivienda con carácter de transitoria.

Décimo: Que asimismo, corrobora esta afirmación la circunstancia que en el edificio es presumible que existan arrendatarios cuya residencia por esa circunstancia es también transitoria, sin que conste que esa situación haya sido antes objeto de reproche y sin que exista prohibición alguna en la ley. En este sentido, cabe hacer presente que la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria ni sus modificaciones posteriores, ni en el Decreto Supremo N° 46 del Minvu, establecen normas que limiten o restrinjan el arrendamiento, en la duración de dichos contratos (Anual, mensual, semanal o diaria), ni en la calidad ni requisitos que deba cumplir el arrendatario, toda vez que el contrato de arrendamiento constituye un acto jurídico privado entre el respectivo propietario y arrendatario, sin que tengan injerencia alguna los copropietarios del mismo.

Décimo Primero: Que el recurrente en orden a dejar sin efecto la concesión otorgada, pretende que se aplique a la misma las normas contenidas en el D.S. N° 194, que establece las condiciones sanitarias mínimas que deben cumplir los diferentes tipos de establecimientos destinados a dar alojamiento a las personas, por el tiempo y en las condiciones que se contrate con el usuario y se aplica, entre otros, a los apart hotel, y establecimientos similares. Sin embargo, para esta Corte resulta del todo improcedente aplicar dicha reglamentación a la concesión objeto de este recurso, ello principalmente porque los propietarios de los estos establecimientos ejercen de manera permanente y continuada esta actividad, y se trataría de un servicio remunerado que constituye una profesión habitual propia de un comerciante, lo que evidentemente no se asimila de ninguna manera a los términos del acto administrativo objeto de este debate.

Asimismo, atendida la finalidad que se tuvo en vista al otorgar la concesión, las personas que ocuparán transitoriamente el departamento, distan mucho de aquellas que describe el numeral 2 del Decreto 334 del Ministerio de Salud, por lo que tampoco les resultan aplicables las normas allí contenidas como lo pretende el recurrente.

Décimo Segundo: Que, en relación a las aprensiones que manifiesta el recurrente, éstas parecen excesivas e infundadas, ya que la intención del propietario es destinar el objeto de su dominio a “fines habitacionales transitorios”, lo que no es afín con el temor al contagio de patologías que no especifica.

En ese orden de ideas, no existe ningún antecedente objetivo que permita inferir que las personas que eventualmente habitarían en dicho lugar, sean portadores de enfermedades contagiosas y que la eventual contaminación pudiera producirse por vía aérea por el solo hecho de circular en los espacios comunes.

Décimo Tercero: Que, por otro lado la aseveración del reclamante, al sostener que por las características que presentarían los nuevos ocupantes del departamento, demandarían a la comunidad un aumento en los gastos, debido a que deberían fumigar permanentemente los espacios comunes, resulta del todo inexplicable, ya que no es cierto que el inmueble vaya a ser utilizado por personas portadoras de alguna enfermedad contagiosa, y tales términos solo pueden ser catalogados como un acto de exclusión respecto de habitantes de una parte del territorio de la República, lo que es inaceptable y vulnera abiertamente la dignidad de toda persona, lo que esta Corte no puede amparar.

Décimo Cuarto: Que, asimismo debe tenerse presente que el propietario del inmueble es una entidad de la administración del Estado, en quien debe presumirse un actuar responsable y ajustado a la legalidad, lo que razonablemente nos lleva a concluir que los eventuales riesgos que anuncia el recurrente no existen.

Al efecto, se han tomado los resguardos necesarios por parte de la entidad estatal, según se lee de la Resolución Exenta E-2008, punto 3, letras c), d), e) h) y i) -que se ha transcrito en el considerando 4 letra c) de esta sentencia- que en síntesis mediante inspecciones y una “Declaración Jurada de Uso” velará por el cumplimiento por parte de la entidad concesionaria, del uso y destino que se le da al inmueble fiscal y además en cuanto a su mantención y protección, dejando a salvo su derecho a poner término si se aparta del uso para el cual ha sido destinada.

Décimo Quinto: De este modo, los fundamentos esgrimidos por el peticionario, resultan inadmisibles e hipotéticos, por lo que no se divisa cómo el actuar de la recurrida podría ser arbitrario e ilegal; al contrario ha actuado conforme a derecho ejerciendo los atributos propios de su derecho de dominio, por lo que no se vislumbra de qué forma se perturbarían las garantías invocadas, por lo que necesariamente la acción cautelar invocada deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara: Que se rechaza el recurso de protección interpuesto por el representante de Inmobiliaria Santa Filomena S.A. en contra de don nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de la Región Metropolitana de Bienes Nacionales.

Acordado con el voto en contra del Ministro señor Mera, quien estuvo por acoger el recurso de protección deducido en estos antecedentes y dejar sin efecto la Resolución Exenta E-2018 de 6 de marzo de 2018. Tuvo presente para ello:

I.- Que la recurrente es propietaria del departamento 805 del edificio de domicilio reservado, en la comuna de Santiago desde el año 2012 y el Fisco de Chile, por su parte, es dueño del departamento 205 del mismo inmueble, el que lo adquirió en 2013 por sucesión por causa de muerte de doña nombre reservado. Luego, tanto la sociedad recurrente como la persona jurídica recurrida están obligadas a respetar el Reglamento de Copropiedad del señalado edificio.

II.- Que en dicho Reglamento, otorgado por escritura pública de 20 de julio de 1950 ante el Notario de esta ciudad don nombre reservado, en su artículo séptimo, se estipuló que “los departamentos destinados a vivienda (calidad que tienen tanto el 805 como 205) no podrán destinarse sino a este objeto o, previa autorización escrita del Administrador, a consultorios profesionales que no produzcan exceso de tránsito dentro del edificio ni causen molestias o peligros a sus ocupantes”.

III.- Que en su oportunidad el Ministerio de Bienes Nacionales dictó la Resolución Exenta N° 2664 de 1 de septiembre de 2017, por la cual otorgó a la Municipalidad de Isla de Pascua un permiso provisorio de ocupación gratuita para el funcionamiento de una “casa de acogida” para enfermos de esa isla que deban ser trasladados a Hospitales de mayor complejidad de la Red Metropolitana Oriente.

IV.- Que esta Corte, por sentencia ejecutoriada de quince de junio del año en curso, acogió el recurso de protección rol 1.363-2018 presentado por Inmobiliaria Santa Filomena S.A. en contra de la señalada Resolución Exenta N° 2664 de 1 de septiembre de 2017 del mencionado Ministerio y la dejó sin efecto, sosteniendo que el artículo 32 de la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria prescribe que los propietarios deben usar sus unidades de acuerdo al respectivo Reglamento de Copropiedad, reproduciendo después el citado artículo séptimo del Reglamento del edificio de Miraflores 666 de la comuna de Santiago, concluyendo que la autorización para ocupar el departamento 205 para el funcionamiento de una “casa de acogida” en los términos mencionados, afecta la norma reglamentaria a que se ha hecho mención, agregando que la actividad referida al establecimiento y administración de casas de acogida de huéspedes con fines de restablecimiento de salud tiene una regulación especial en el Decreto N° 334 del Ministerio de Salud.

V.- Que una sentencia que acoge la acción constitucional deducida, como sucedió en la causa rol 1363-2018 de esta Corte, produce cosa juzgada sustancial y, por lo tanto, el asunto está ya resuelto y la Administración no puede soslayar dicha resolución mediante el arbitrio de dictar una nueva Resolución, prácticamente idéntica a la que la judicatura dijo ilegal, cambiando la redacción para lograr así que todo siga igual.

V.- Que es cierto, la nueva Resolución, la que ahora se impugna, ya no dice “casa de acogida”, sino “fines habitacionales transitorios”. Es decir, la autoridad concede el uso gratuito del departamento 205 de Miraflores 666 de Santiago a la Municipalidad de Isla de Pascua, según la parte considerativa de su acto administrativo de 6 de marzo de 2018, “ante la necesidad de atención médica en Hospitales de mayor complejidad de habitantes de Isla de Pascua que deban ser trasladados a la Región Metropolitana”, o sea, se trata de personas de la mencionada isla que vienen a Santiago por determinadas dolencias en su salud y que se alojarán en el señalado departamento 205, lo que es exactamente lo mismo que una “casa de acogida” para enfermos, lo que ya se entendió ilegal por este tribunal de alzada pues se vulnera así el artículo séptimo del Reglamento de Copropiedad.

VI.- Que, en efecto, la autoridad ha intentado realizar un mero cambio de palabras -“casa de acogida” de personas enfermas de Isla de Pascua que vienen a Santiago a tratarse médicamente, por “fines habitacionales transitorios” de personas enfermas de isla de Pascua que vienen a Santiago a tratarse medicamente- manteniendo el mismo objetivo en ambos casos, y resulta que ya ha sido dictada una sentencia por esta Corte en los términos indicados y sólo cabe acatarla, no pretender esquivar sus alcances con una nueva redacción que, en definitiva, dice lo mismo que la anterior Resolución, la que se dijo ilegal por sentencia ejecutoriada.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Ingreso Corte 28.795-2018.

Redacción de la Ministra (S) Ana María Hernández Medina y del voto disidente su autor.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y por la Ministra (S) señora Ana María Hernández Medina.