nombre reservado con COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH LTDA

C.A. de Santiago Santiago, dos de julio de dos mil veintiséis.

A los escritos de folios 15 y 16: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: El 28 de enero de 2026 comparece Daniel Alejandro Mancini Esquivel, abogado, en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch - Coopeuch -, por haber ordenado a su empleador descontar de su remuneración del mes de noviembre de 2025 la suma de $429.900 a título de créditos sociales.

Considera dicha actuación ilegal y arbitraria, ya que el monto descontado resulta excesivo, pues equivale aproximadamente al 44,16% de su remuneración líquida y supera el límite del 25% de la remuneración líquida mensual previsto para los descuentos por concepto de crédito social, sin que se le haya explicado el motivo del descuento ni la forma en que se arribó a la suma retenida.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de propiedad e igualdad ante la ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, específicamente las garantías contempladas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene el cese de los descuentos, la restitución de lo descontado y de los descuentos futuros que se efectúen durante la tramitación, con expresa condena en costas; o, en subsidio, se restituya el saldo o diferencia que excede del máximo permitido para los descuentos.

En cuanto a los hechos, expone que en julio de 2023 suscribió en favor de la recurrida un pagaré por la suma de $13.485.974 por concepto de capital, más los intereses correspondientes, pagadero en 36 cuotas iguales y sucesivas, descontadas de sus remuneraciones. Agrega que el 28 de octubre de 2025 suscribió un segundo pagaré por la suma de $1.333.112 por concepto de capital, más intereses, pagadero en 25 cuotas iguales y sucesivas, igualmente descontadas de sus remuneraciones. Indica que se desempeña como Docente en el Servicio Local de Educación Pública Valdivia, bajo vínculo de subordinación y dependencia, desde el 1° de marzo de 2018. Añade que, si bien en un inicio percibió su remuneración con normalidad, desde el mes de noviembre del presente año se le descontó la suma de $429.900 a favor de la recurrida, de modo que solo le quedó un saldo líquido a favor de $666.374, afectándose su solvencia para cubrir los gastos del mes, tales como alimentación, arriendo y transporte. Manifiesta que, al requerir una explicación en el departamento de recursos humanos de su empleador, se le informó que dicho descuento había sido solicitado por la recurrida.

En cuanto al derecho, invoca el Dictamen N° 04954-2018 de la Superintendencia de Seguridad Social, de 29 de enero de 2018, que, en virtud de la Circular N° 2052, establece que el único límite para el descuento de los créditos sociales es que la cuota mensual no puede exceder del 25% de la remuneración líquida mensual del trabajador o pensionado. Cita, enseguida, el artículo 58 inciso 3° del Código del Trabajo, conforme al cual solo con acuerdo escrito del empleador y del trabajador pueden deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes destinados a pagos de cualquier naturaleza. Precisa que su sueldo líquido ascendía a $973.320, de manera que el 25% equivale a $243.330 como máximo a descontar, en circunstancias que se ordenó retener $429.900, esto es, un 44,16% aproximado de la remuneración líquida. Agrega que el mismo artículo 58 dispone que las deducciones no podrán exceder, en conjunto, del 45% de la remuneración total del trabajador. Invoca, asimismo, la Circular N° 2824 de la Superintendencia de Seguridad Social, de 17 de abril de 2017, que faculta a las Cajas de Compensación para autorizar un descuento superior al 25% y hasta el 30% de la remuneración líquida, siempre que el afiliado lo solicite por escrito y se trate de casos especiales asociados a necesidades de vivienda, salud o educación, hipótesis que estima no concurrente en la especie.

Sobre esa base, sostiene que la aplicación de un descuento en cantidad excesiva y superior al 25% de la remuneración líquida mensual, sin explicación de su motivo ni de su forma de cálculo, importa una transgresión a su patrimonio que vulnera el derecho de propiedad sobre su remuneración, consagrado en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución, y la igualdad ante la ley del numeral 2° del mismo artículo, por cuanto la recurrida se atribuiría una potestad o beneficio no otorgado por la ley, haciendo un uso indiscriminado de la facultad contenida en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

SEGUNDO: Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch evacua el informe requerido por esta Corte. Solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por manifiesta falta de fundamentos, con expresa condena en costas.

En cuanto a los hechos, expone que es una Cooperativa de Ahorro y Crédito que tiene por objeto realizar con sus socios y terceros las operaciones que la Ley General de Cooperativas y su Reglamento permiten a esta clase de entidades. Precisa que, al contrario de lo sostenido en el recurso, la recurrente no contrató un solo crédito de consumo, sino tres, todos los cuales se obligó a pagar mediante descuento por planilla. Detalla que el 11 de julio de 2023 celebró un contrato de crédito de consumo asociado al pagaré N° 202371174394, por un monto de $16.783.768, pactado en 83 cuotas de $374.050, con primer descuento el 15 de octubre de 2023. Agrega que el 9 de enero de 2024 contrató un segundo crédito, individualizado como N° 202470040773, por un monto líquido de $400.000, en 48 cuotas de $16.540, con primer descuento el 15 de marzo de 2024. Añade que el 19 de febrero de 2025 suscribió un tercer crédito, N° 202570321131, por un monto líquido de $1.423.245, en 48 cuotas de $52.280, con primer descuento a contar del 15 de abril de 2025.

Sostiene que, en las tres operaciones, la recurrente autorizó expresamente y por escrito que el cobro de las cuotas se efectuara mediante descuento por planilla, otorgando los mandatos correspondientes a su empleador, el Servicio Local de Educación Pública Valdivia.

Indica que el acto recurrido es el descuento de la liquidación de noviembre de 2025, por $429.900. Finalmente, expresa que al solicitar el primer crédito la recurrente declaró una renta bruta de $1.515.023 y, al solicitar el tercero, de $1.842.167, correspondiendo el descuento total al 44,16% señalado por la propia actora.

En cuanto al derecho, funda el rechazo en cuatro alegaciones. En primer término, opone la extemporaneidad del recurso. Señala que, conforme al N° 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, la acción debe interponerse dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o desde que se haya tenido conocimiento cierto del mismo. Afirma que el acto reclamado es el descuento de la liquidación de noviembre de 2025, hecho consumado y conocido por la recurrente desde fines de noviembre o primeros días de diciembre de ese año. Invoca, además, la teoría de los actos propios, pues la relación crediticia no es nueva y la actora ratificó la modalidad de descuento al contratar el tercer crédito apenas ocho meses antes. Concluye que, habiéndose deducido la acción el 28 de enero de 2026, el plazo se encontraba largamente vencido, debiendo rechazarse por esta sola circunstancia.

En segundo término, sostiene que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria. Por una parte, afirma que ha actuado amparada en una autorización contractual, constituyendo dicha autorización un mandato que, por interesar tanto al consumidor como al proveedor, no puede revocarse sino hasta la total extinción de las obligaciones, y que debe analizarse por cada operación.

Por otra, expresa que se ciñó rigurosamente a los límites del artículo 58 del Código del Trabajo - que fija el 15% y un tope conjunto del 45% de la remuneración total -, complementado con el artículo 96 del Estatuto Administrativo y con los artículos 54 y 54 bis de la Ley General de Cooperativas. Invoca, asimismo, el artículo 55 del mismo cuerpo legal, conforme al cual tales descuentos se efectúan con el solo mérito de la autorización escrita del socio, otorgada para cada operación. Sobre esa base, estima que el descuento se encuentra dentro de los márgenes legales.

En tercer término, alega que la recurrente carece de un derecho indubitado. Afirma que la acción de protección ampara únicamente derechos indubitados y no discutidos, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en tal sentido. Niega vulneración a la igualdad del artículo 19 N° 2 de la Constitución, pues los descuentos se aplican de igual forma a todos los deudores que consintieron en ellos, y al derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, por haber actuado conforme a derecho. Sostiene que es la propia recurrente quien pretende vulnerar el derecho de propiedad de la cooperativa sobre su crédito, y que acoger el recurso importaría declarar una situación jurídica inexistente, propia de un juicio de lato conocimiento, desnaturalizando el carácter cautelar y no declarativo de esta acción.

En cuarto término, afirma que el recurso no es la vía idónea. Razona que la recurrente es socia de Coopeuch y que, conforme al artículo 114 de la Ley General de Cooperativas, las controversias entre los socios y la cooperativa se resuelven por la justicia ordinaria con procedimiento de juicio sumario o mediante arbitraje, a elección del demandante. Concluye que existe un mecanismo de solución de conflictos especial que la recurrente debió seguir, improcedente por la vía de la protección.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, conforme a lo expuesto en los motivos precedentes, el acto que se impugna consiste en haber la recurrida ordenado al empleador de la recurrente descontar de su remuneración del mes de noviembre de 2025 la suma de $429.900, monto que la actora estima excesivo, por superar el límite del 25% de su remuneración líquida y equivaler aproximadamente al 44,16% de ésta. Por dicho acto, la recurrente estima vulneradas las garantías de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre su remuneración.

Que la recurrida, por su parte, no niega haber requerido el descuento, sino que lo justifica en la autorización contractual otorgada por escrito por la propia recurrente para cada uno de los créditos de consumo que contrajo, y en el ajuste de aquél a los límites legales aplicables; alegando, además, que la acción ha sido deducida fuera de plazo.

QUINTO: Que corresponde examinar, en primer término, la alegación de extemporaneidad, por revestir carácter previo. El N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales fija un plazo fatal de 30 días corridos, contado desde la ejecución del acto o desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto del mismo.

El acto reclamado se identifica con el descuento practicado en la liquidación de remuneraciones del mes de noviembre de 2025. De este modo, el conocimiento cierto del mismo se produce al percibir la recurrente dicha remuneración, esto es, a fines de noviembre o en los primeros días de diciembre de 2025.

Contado el plazo desde esa data, éste se encuentra vencido al momento de deducirse la presente acción, lo que ocurre el 28 de enero de 2026. En efecto, aun computándolo desde los primeros días de diciembre de 2025, el término de 30 días corridos expira a comienzos de enero de 2026.

Refuerza lo anterior la circunstancia de que la modalidad de cobro mediante descuento por planilla no constituye un hecho sorpresivo ni reciente para la recurrente, desde que proviene de mandatos que ella misma otorga al contratar los créditos, ratificando dicha modalidad al suscribir la última operación pocos meses antes del descuento que ahora reprocha. Por consiguiente, la acción es extemporánea y, por esta sola circunstancia, debe ser rechazada.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo razonado y a mayor abundamiento, tampoco concurre en la especie el presupuesto de un acto ilegal o arbitrario que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República, según se ha precisado en el motivo tercero.

En efecto, los descuentos cuestionados encuentran su origen en la autorización expresa y escrita que la recurrente confiere a la recurrida y a su empleador, al contratar cada uno de los créditos de consumo, para que el pago de las cuotas respectivas se efectúe mediante deducción de su remuneración mensual. Dicha autorización reviste el carácter de un mandato de fuente contractual, cuyo cumplimiento no puede calificarse de mero capricho ni de antojadizo.

SÉPTIMO: Que, asimismo, el descuento cuestionado se ajusta a los límites que contempla el ordenamiento jurídico. El artículo 58 del Código del Trabajo autoriza, mediando acuerdo escrito, las deducciones de la remuneración destinadas a pagos de cualquier naturaleza, fijando un límite general del 15% de la remuneración total del trabajador y un tope conjunto, cualquiera sea el origen de las deducciones, del 45% de esa misma remuneración total. A su turno, el artículo 54 de la Ley General de Cooperativas incrementa hasta el 25% el límite de los descuentos voluntarios por planilla cuando son a favor de cooperativas de ahorro y crédito de las que el trabajador sea socio, siempre que el conjunto no exceda del referido 45%.

Que el sentido y alcance de las normas anteriores ha sido precisado por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 4856, de 22 de septiembre de 2015, pronunciamiento referido precisamente a los descuentos por planilla a favor de cooperativas de ahorro y crédito. En él se concluye que tales descuentos quedan afectos a los topes del 15%, de hasta el 25% y del 45% del total de la remuneración del trabajador, y que el incremento de hasta el 25% que contempla la Ley General de Cooperativas se encuentra vigente, por tratarse de ley especial que prima sobre el Código del Trabajo.

Que, conforme al mismo pronunciamiento, dichos límites se calculan sobre la remuneración total del trabajador, siendo la finalidad del legislador, al fijar el tope imperativo del 45%, que el trabajador no viera notoriamente reducido el saldo líquido de sus remuneraciones por la vía de estas deducciones convencionales, cualquiera fuere su origen. De ello se sigue que el parámetro legal de cálculo es la remuneración total y no la remuneración líquida, de manera que el porcentaje de 44,16% que la actora invoca - referido a su líquido - no constituye la base que la normativa contempla.

Por lo demás, el régimen de crédito social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar que la actora invoca, conforme al cual el tope del 25% se calcula sobre la remuneración líquida, no resulta aplicable a la recurrida, por no revestir ésta la calidad de Caja de Compensación, sino la de cooperativa de ahorro y crédito, regida por la Ley General de Cooperativas.

Que, en efecto, la liquidación de remuneraciones del mes de noviembre de 2025, acompañada por la propia recurrente, consigna como total de haberes imponibles la suma de $1.744.414. Calculado sobre dicha remuneración total el descuento de $429.900 a favor de la recurrida, aquél representa aproximadamente un 24,6%, cifra que no supera el límite del 25% previsto para los descuentos a favor de cooperativas.

Tampoco se supera el tope conjunto del 45% de la remuneración total. La misma liquidación da cuenta de que, además del descuento de $429.900 a favor de la recurrida, la actora registra un descuento de $306.946 por concepto de préstamo de crédito social de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana. La suma de ambas partidas asciende a $736.846, equivalente a un 42,2% de la remuneración total de $1.744.414, porcentaje que no excede el referido límite.

Que, de lo expuesto, se sigue que el actuar de la recurrida se conforma a derecho, ajustándose a la autorización otorgada por la propia recurrente y a los límites legales aplicables, conforme al criterio de la autoridad administrativa competente, sin que pueda atribuírsele ilegalidad ni arbitrariedad alguna.

OCTAVO: Que, por último, a igual conclusión conduce la naturaleza de la controversia sometida a esta Corte. La recurrente reviste la calidad de socia de la recurrida, cuestión no discutida en autos, que emana de los propios créditos de consumo que originan el conflicto, por constituir tal producto un beneficio propio de los socios de la cooperativa.

Siendo ello así, la contienda queda regida por la Ley General de Cooperativas, cuyo artículo 114 dispone que las controversias que se susciten entre los socios y las cooperativas de que formen o hayan formado parte, con relación a la interpretación, aplicación, validez o cumplimiento de dicha ley, de su reglamento o de los estatutos sociales, se resuelven por la justicia ordinaria con procedimiento de juicio sumario o mediante arbitraje, a elección del demandante. De este modo, el ordenamiento contempla un mecanismo especial de solución de conflictos para hipótesis como la de autos, que es el llamado a dilucidar la procedencia de los descuentos y la subsistencia de las obligaciones que los sustentan.

Que, a lo anterior se añade que el recurso de protección reviste naturaleza cautelar y no declarativa, de manera que no es la vía idónea para dirimir materias propias de un juicio de lato conocimiento, en que las partes puedan hacer valer sus pretensiones y rendir la prueba conducente al establecimiento de sus derechos. Por consiguiente, tampoco por este capítulo puede prosperar la acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Daniel Alejandro Mancini Esquivel en favor de nombre reservado en contra de Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch – Coopeuch.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N°Protección-2868-2026.