Protección contra Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 28 de enero de 2026, don Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en beneficio de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, pasaporte N° NUM000, interpuso recurso de protección en contra de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, por la negativa a la debida tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente y el envío de los antecedentes respectivos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, así como por la falta de otorgamiento de la visación de residente temporario prescrita en el artículo 32 inciso 1° de la Ley N° 20.430.

Expone que la recurrente es una ciudadana venezolana que se vio forzada a abandonar su país de origen el 22 de marzo de 2022, ingresando a Chile el 7 de abril de 2022, debido a la violencia generalizada y la constante violación de los derechos humanos en Venezuela. Señala que, con fecha 12 de enero de 2026, la recurrente acudió a las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones para solicitar el inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, oportunidad en que se le facilitó el formulario correspondiente y se recibió su declaración. Afirma que, hasta la fecha de interposición del recurso, la recurrente no había recibido respuestas satisfactorias ni se le había otorgado la visación de residente temporario, lo que constituiría, a su juicio, una omisión arbitraria e ilegal que vulnera la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

En el petitorio, solicita que se acoja el recurso, se declare que la autoridad migratoria ha actuado de manera arbitraria e ilegal, se ordene concluir el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y se conceda la correspondiente visa temporaria de refugio del artículo 32 inciso 1° de la Ley N° 20.430.

SEGUNDO: Que el Servicio Nacional de Migraciones, al evacuar su informe, solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, alegando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición. Informó que doña nombre reservado no registra fecha de ingreso formal al país, lo que implica su ingreso clandestino eludiendo los controles migratorios fronterizos. Señaló que la recurrente participó del Proceso de Empadronamiento Biométrico del año 2023, el cual no constituye un proceso de regularización migratoria.

Expuso que, con fecha 12 de enero de 2026, la recurrente manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, señalando que su ingreso a Chile se produjo el 7 de abril de 2022 por paso fronterizo no habilitado en Colchane. Verificados los requisitos formales, con fecha 23 de enero de 2026 —esto es, antes de la interposición del recurso de protección —, mediante Resolución Exenta N° NUM001, se notificó a la recurrente que no fue posible dar curso a su solicitud, por exceder el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio (artículo 26 inciso 5° Ley N° 20.430) y por no acreditar el cumplimiento de los plazos reglamentarios respecto de su ingreso por paso no habilitado (artículo 26 N° 5 Ley N° 20.430, en relación con los artículos 8° y 35 del D.S. N° 837). Se otorgó a la recurrente un plazo de quince días hábiles para subsanar tales omisiones, bajo apercibimiento de tenerse por desistida su solicitud conforme al artículo 28 bis de la Ley N° 20.430.

Agregó que, no constando en los registros del Servicio que la recurrente hubiere acompañado documentación alguna a título de subsanación dentro del plazo otorgado, mediante Resolución Exenta N° NUM002, de fecha 4 de febrero de 2026, se dispuso el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. En consecuencia, sostuvo que la acción de protección carece de oportunidad y eficacia, al encontrarse la solicitud ya resuelta.

TERCERO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de ella se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Además, es indispensable que el acto u omisión sea actual y que sus efectos sean susceptibles de ser corregidos o restablecidos por la vía cautelar que esta acción constitucional persigue.

CUARTO: Que la omisión que se califica de ilegal y arbitraria por la parte recurrente consiste en la negativa del Servicio Nacional de Migraciones a dar debida tramitación a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de doña nombre reservado y a remitir los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, así como la consiguiente falta de otorgamiento de la visación de residente temporario del artículo 32 inciso 1° de la Ley N° 20.430.

QUINTO: Que, conforme con lo anteriormente expuesto y razonado, y el mérito de los antecedentes tenidos a la vista, el recurso no puede prosperar, habiendo perdido su oportunidad y fundamento.

En efecto, de los informes y documentos acompañados por el Servicio Nacional de Migraciones, consta que la autoridad migratoria sí se pronunció sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la recurrente. Específicamente, se verificó el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, identificándose causales de incumplimiento relativas al plazo legal del artículo 26 inciso 5° de la Ley N° 20.430 y al ingreso por paso no habilitado. De ello se siguió la dictación de la Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 23 de enero de 2026, que comunicó tales deficiencias a la recurrente y le otorgó un plazo de quince días hábiles para subsanarlas.

Posteriormente, al no haberse subsanado las deficiencias formales dentro del plazo concedido, mediante la Resolución Exenta N° NUM002, de fecha 4 de febrero de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Cabe destacar que en dicha resolución se reservaron expresamente a la recurrente los recursos judiciales y administrativos procedentes, de conformidad con el artículo 139 de la Ley N° 21.325, sin que conste en autos que la recurrente los hubiere ejercido.

De lo anterior se desprende que no existió la omisión que la parte recurrente denuncia como fundamento de su acción. La alegada "negativa a la debida tramitación" o "falta de pronunciamiento" sobre la solicitud de refugio no se ha configurado en los hechos, pues el Servicio Nacional de Migraciones llevó a cabo un procedimiento administrativo que culminó con resoluciones fundadas en el incumplimiento de requisitos formales legalmente establecidos. El hecho de que la decisión final no sea favorable a la recurrente no implica, por sí solo, que haya existido un acto u omisión arbitrario o ilegal en la tramitación.

Refuerza lo anterior la circunstancia de que, con fecha 19 de febrero de 2026, esta Corte confirió traslado a la parte recurrente para que, dentro de tercero día, expusiera lo pertinente respecto de la pérdida de oportunidad alegada por la recurrida, derecho procesal que la recurrente no ejerció, siendo evacuado en rebeldía por resolución de 26 de febrero de 2026. De este modo, no se allegaron al proceso argumentos que permitieran desvirtuar la alegación de pérdida de actualidad del objeto del recurso.

SEXTO: Que, habiendo perdido oportunidad el presente recurso, al no subsistir a la fecha un acto u omisión actual, ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, procede su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por don Franco Aldo Brunetti Arredondo en favor de doña nombre reservado en contra de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-2865-2026.