G4S SECURITY SERVICES LIMITADA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO SUR ORIENTE

CERTIFICO: Que, se anunciaron, escucharon relación y alegaron, por el recurso, el abogado don Felipe Chacón Muñoz, por 7 minutos; y por la recurrida, la abogado doña Edith del Rosario Delgado Hinojosa, por 8 minutos. Santiago, 31 de mayo de 2018.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.

Proveyendo escritos folios 194079, 194232 y 194776: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Felipe Chacón Muñoz, abogado, en representación de G4S Security Services Ltda., del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, factor de comercio, todos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos ilegales y arbitrarios cometidos por la recurrida consistentes en dictar los Ordinarios N°337, 338 y 339, que niegan resolver las reconsideraciones de multas administrativas deducidas en tiempo y forma, en contra de las resoluciones que aplican multas administrativas en contra de G4S Security Services Ltda., multas N° 1235/17/67; multa N° 1235/17/76; y 1235/17/66 respectivamente, al estimar que se habrían presentado fuera de plazo.

Pide se declare que las reconsideraciones han sido deducidas en tiempo y forma, y con su mérito, se ordene a la recurrida resolver las presentaciones efectuadas por G4S Security Services Ltda., con costas.

Funda su pretensión cautelar señalando que por resoluciones administrativas se cursaron las siguientes resoluciones de multas:

Multa N° Multa Cantidad Tipo Monto en pesos Ord. reclamado.

1235/17/67 1 40 UTM RUT reservado

337 1235/17/67 2 60 UTM RUT reservado

337 Multa N° Multa Cantidad Tipo Monto en pesos Ord. reclamado.

1235/17/76 1 40 UTM $ 1.871.440 338 Multa N° Multa Cantidad Tipo Monto en pesos Ord. reclamado.

1235/17/66 1 20 IMM $ 3.483.320 339 Indica que todas las resoluciones de multas singularizadas fueron reconsideradas administrativamente mediante Formularios F10, siendo presentados dentro de plazo legal conforme lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo. Sin embargo, los tres Ordinarios que se impugnan indican que las reconsideraciones no se presentaron dentro del plazo legal de 30 días corridos, remitiendo su fundamentación al Dictamen N°85.946, de 31 de diciembre de 2013, emanado de la Contraloría General de la República, el cual se aparta de la reiterada y abundante jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia.

Sostiene que la decisión de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente, es arbitraria y contraria a derecho, pues va contra texto expreso de ley y en detrimento de los derechos de la recurrente, ya que el artículo 512 del Código del Trabajo no señala el modo de cómo debe hacerse el cómputo del plazo, por lo que, tratándose de un recurso que se deduce en fase administrativa, se debe recurrir a la regla general establecida por la Ley N°19.880, específicamente, en su artículo 25, en cuanto establece que en los procedimientos administrativos los plazos serán de días hábiles teniéndose por inhábiles los sábados, domingos y festivos.

Añade que la Constitución Política, en sus artículos 6 y 7 establece el principio de legalidad que deben observar los órganos del Estado y en el presente caso, la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente ha ignorado las normas de aplicación preferente de la Ley N°19.880, dado lo expuesto en el artículo 2° de dicho cuerpo normativo.

Asevera que el ilegal obrar de la recurrida conculca la garantía del numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues se contraría la igualdad ante la Ley al establecer una segregación arbitraria en contra de G4S Security Services Ltda., pues ha experimentado un trato discriminatorio que debe ser corregido accediendo al presente recurso de protección, computando conforme a la Ley N°19.880, con días hábiles, descontando los sábados, domingos y feriados, criterio desobedecido de manera constante por el Servicio reclamado.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión cautelar, la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- Copias de Ordinarios 337, 338 y 339; todos de fecha 19 de Marzo de 2018, dictados por el Inspector Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente; 2.- Seguimiento a través de sitio web de Correos de Chile, de cada uno de los ordinarios impugnados.

Tercero: Que, evacua el informe requerido don Felipe Andrés Palma González, abogado, en representación de la Inspeccion Comunal Del Trabajo Santiago Sur Oriente, quien solicita el rechazo del recurso intentado, con costas.

Funda su resistencia alegando, en primer término, la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, fundado en que esta acción tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran, es decir constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado.

Señala que se ha interpuesto este recurso en contra de un Ordinario que rechaza una reconsideración administrativa de multa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de dicha resolución la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo, utilizándose como sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados, que la legislación contempla en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente y que protegen suficientemente bien los derechos que se dicen conculcados.

Expone que acudir a sede de protección para materias que requieren aportar pruebas de distinta naturaleza, en oportunidades procesales específicas y que exigen un juicio de lato conocimiento para su acertada y legal tramitación, significa desconocer el sistema procesal vigente establecido en forma específica por el legislador, haciéndolo inútil y prescindible.

En apoyo de sus alegaciones invoca sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago en causas rol N°24.408-2011 y 137.087-2013.

Concluye que se ha ido formando un criterio para declarar inadmisibles los recursos de protección, no sólo porque existan procedimientos especiales que permiten reclamar, sino porque lo recurrido no es un verdadero derecho fundamental que se pueda proteger mediante el recurso de protección, toda vez que se trata de una materia contenciosa administrativa.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, al estimar que deben concurrir a su respecto, los siguientes: a) La ocurrencia de una acción u omisión reprochable; b) Que dicha acción u omisión sea arbitraria e ilegal; c) Que, como consecuencia de ello, se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente; d) Que el tribunal ante quien se recurre esté en condiciones de brindar la protección reclamada.

En relación al acto arbitrario, lo define como aquel que es fruto del capricho o de la sin razón, lo que estima no ha tenido lugar en este caso, ya que el Ordinario impugnado se dictó razonada y fundadamente en virtud de los artículos 512 y 508 del Código del Trabajo y a base de los antecedentes de la multa N° 3554/17/7, de 30 de agosto del 2017, notificada por medio de correo certificado el 29 de septiembre de 2017.

En cuanto al acto ilegal, señala que es aquel contrario a la ley, pero sostiene que los Ordinarios recurridos están dictados conforme a las facultades expresamente conferidas al Inspector Comunal del Trabajo por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, por lo que no tampoco pueden ser tildados de arbitrarios, ya que de su texto y redacción, se aprecia que fueron razonados, argumentados y fundados conforme a Derecho. Por ello, estima que la acción cautelar invocada carece de objeto y causa, debiendo ser desestimada por improcedente.

Finalmente, expone que la Constitución Política consagró en los artículos 6° y 7° el Principio de Legalidad o Juridicidad el cual prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, los cuales, además, actuarán válidamente cuando obren dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley, debiendo resolver conforme a Derecho dichos requerimientos, so pena de incurrir en una falta funcionaria.

En subsidio informa el recurso señalando que el 10 de octubre de 2017, se activó la fiscalización N°1308/2017/3406 dado que en la remuneración de septiembre de 2017, la recurrente, en forma unilateral, rebajó el sueldo base y las asignaciones de movilización y colación y no ha pagado horas extraordinarias de julio de 017, las que se han reclamado en 3 ocasiones.

Sobre la base de los antecedentes recabados, indica que se cursaron tres multas:

a) Multa notificada el 7 de diciembre de 2017, en virtud del artículo 508 del Código del Trabajo, al constatarse: i.- el no pago de horas extraordinarias en el mes de julio de 2017, respecto del Trabajador nombre reservado; ii.- No pagar íntegramente las remuneraciones del mismo trabajador en el mes de septiembre de 2017, y respecto del trabajador nombre reservado, diferencias en su remuneración del mes de julio de 2017.

Señala que el 24 de enero de 2018, la empresa recurrente presentó reconsideración administrativa.

b) Multa notificada el 21 de diciembre de 2017, al constatarse: que el empleador no consignó por escrito en el contrato de trabajo del trabajador nombre reservado la modificación de la estipulación referida al lugar de prestación de los servicios y duración de la jornada.

Señala que el 31 de enero de 2018, la empresa recurrente presentó reconsideración administrativa.

c) Multa notificada el 7 de diciembre de 2017, al constatarse: que el empleador no exhibió toda la documentación exigida derivada de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar labores de fiscalización, al no exhibir el registro de asistencia del trabajador nombre reservado.

Indica que el 24 de enero de 2018, la empresa recurrente presentó reconsideración administrativa.

Señala que dichas presentaciones no cumplieron con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, ser presentada “dentro del plazo de 30 días corridos de notificada”.

En atención a lo expuesto, el 19 de marzo de 2018, mediante Ordinarios N°s 337, 338 y 339, el Inspector Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente, comunicó a la solicitante que no se acogerían a tramitación sus solicitudes de reconsideración, en atención a que éstas habían sido presentadas fuera del plazo de 30 días corridos, que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

Expresa que las solicitudes de reconsideración administrativa de las multas se presentaron en forma extemporánea, ya que en virtud de la Circular N°73 de 08 de junio de 2010, de la Dirección del Trabajo, y según lo resuelto por la Contraloría General de la República en Oficio N°064985, de 20 de noviembre de 2009, el plazo que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo, es de 30 días corridos.

Estima que correspondía utilizar la vía judicial, a través del artículo 512 del Código del Trabajo, o bien la vía administrativa, en virtud del Recurso de Reposición establecido en el artículo 59 del al Ley 19.880, pero no corresponde utilizar la Acción de Protección para impugnar el referido acto.

Concluye que no es posible sostener que la Dirección del Trabajo haya provocado alguna privación, perturbación o amenaza por establecer una diferencia arbitraria o ilegal en la protección de los derechos del actor, ya que las fiscalizaciones se realizaron en un procedimiento ajustado a derecho.

Cuarto: Que en apoyo de sus alegaciones, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1. Copias de los Ordinarios N°s 337, 338 y 339; 2. Copias de las resoluciones de multa N°s 1235/17/67, 1235/17/76 y 1235/17/66; 3. Reconsideraciones administrativas presentadas por la recurrente, abjo los mismos números de las multas.

Quinto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes se puede establecer que el recurrente presentó reconsideración en contra de la multa impuesta por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente y dicho organismo lo rechazó por estimar que el plazo para solicitar tal reconsideración estaba vencido por aplicación del artículo 512 del Código del Trabajo, decisión que se funda en la existencia de dictámenes emanados de la Contraloría General de la República y la jurisprudencia que invoca, los que han establecido que el término corresponde a días corridos.

Séptimo: Que, para una acertada resolución del presente asunto, conviene precisar que la única disposición que regula los plazos en materia laboral, es la contenida en el artículo 435 del Código del Trabajo, norma que dispone que los plazos son fatales, haciendo expresa mención en su inciso 3° que los términos de días que establece el Título I se entenderán suspendido durante los días feriados.

En consecuencia, dicha disposición no regula de manera expresa la naturaleza de los días contenidos en el artículo 512 del Código del Trabajo, la que se encuentra ínsita dentro del Libro V, Título Final.

Octavo: Que, en consecuencia, habrá de entenderse que el término de días contenido en la norma del artículo 512 del Código del Trabajo ha de ser de días hábiles, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, norma que es plenamente aplicable en este caso, habida consideración que la Inspección del Trabajo es un órgano del Estado, por lo que los actos administrativos que emanen de su labor, se encuentran absolutamente resultados por la referida ley.

Es por ello que los plazos establecidos en esa ley son de días hábiles, debiendo entenderse que son inhábiles los sábados, domingos y festivos y siendo esta norma de carácter especial, prima por sobre cualquier regulación general y en especial o a falta de regulación expresa, como ocurre en el caso del Código del Trabajo.

En suma, esta Corte estima que el plazo que señala el artículo 512 del cuerpo legal referido es de días hábiles, del que deben descontarse los sábados, domingos y festivos, motivo por el cual, realizando el cómputo respectivo y descontando, incluso, el día feriado decretado con ocasión de la visita del Papa Francisco a Chile, resulta que los recursos de reposición han sido interpuestos dentro de plazo legal y su denegatoria ha conculcado la garantía de igualdad ante la ley reconocida en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política, al dársele un trato discriminatorio en la aplicación correcta de la ley, cuestión que conlleva a acoger el recurso interpuesto en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Noveno: Que las alegaciones de improcedencia del recurso, en atención a la naturaleza del acto recurrido y la posibilidad del recurrente de impetrar una acción judicial idónea, como remedio jurídico para subsanar la situación que motiva estos autos, deben ser desestimadas, por cuanto el propio constituyente ha establecido que es procedente la acción de protección, sin perjuicio de los demás derechos y recursos que establece la ley, cuestión que está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos.

Décimo: Que la misma suerte sigue la alegación de improcedencia por supuesta falta de requisitos constitucionales para la interposición del recurso, desde que esta Corte ha constatado la existencia de un trato discriminatorio en la aplicación de la ley al caso en concreto.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Felipe Chacón Muñoz en representación de G4S Security Services Ltda., y en consecuencia, se dejan sin efecto las Resoluciones Ordinarias Nºs 337, 338 y 339 de 19 de marzo de 2018, debiendo la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente, admitir a tramitación y resolver como en derecho corresponda los recursos de reconsideración planteados por el recurrente contra las resoluciones de multa Nº1235/17/67, 1235/17/76 y 1235/17/66.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-28.592-2018.