nombre reservado con MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Santiago, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Gabriel Muñoz Muñoz, abogado, quien deduce acción de protección en representación de don nombre reservado en contra de don nombre reservado, en su calidad de Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a su parte frente a los actos arbitrarios e ilegales cometidos por el recurrido y que afectan las garantías de los N°1, 2, 3, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, mediante Resolución Exenta N°459 de 27 de febrero de 2018, notificado a su parte el 21 de marzo del actual, que en virtud de un proceso sumarial lo suspendió de su empleo por 30 días y una rebaja de su remuneración de un 70%.

Expone que en contra de su defendido, ex embajador de Chile en Filipinas, se inició a fines del año 2015 una investigación sumaria, que en principio el entonces fiscal nombre reservado declaró cerrada y dispuso su sobreseimiento, sin embargo, posteriormente el Director de Asuntos Jurídicos nombre reservado sugirió al Subsecretario Alfredo Labbé, reabrir este sumario administrativo y tan sólo con fecha 21 de junio de 2016, se le notificaron dos cargos por nuevo fiscal, señor Chistian Rehren Bargetto, sin mediar nuevas diligencias ni llamar a declarar al recurrente, demorando tres meses y veinte días para formular y notificar dos cargos.

Los cargos formulados en su contra son como se dijo, dos, el primero señala que en su calidad de embajador, no observó los deberes propios de su cargo, al haber efectuado expresiones que se alejan del debido respeto que debe existir entre superior jerárquico y el personal dependiente, en especial respecto de doña nombre reservado, Rissalie nombre reservado y Alexander Bacatano, acciones reiterativas ocurridas en forma diaria y regular desde que llegó a servir como Embajador en la Embajada de Chile en Filipinas, situación ocurrida a fines de julio de 2014, hasta su adscripción a Chile en octubre de 2015. El segundo cargo consiste en haber limitado sin justificación legal el horario de colación de los mismos funcionarios, derechos laborales no sólo reconocidos por la legislación chilena sino también por la filipina. Ambos cargos infringirían los artículos 64 letras b) y c) y el artículo 84 letras l) y m) de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo e infringirían también las directrices contenidas en el Procedimiento Interno para acoger, investigar y sancionar el Acoso Laboral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lo insólito a su juicio es que mediante un informe jurídico reservado el Director de Asuntos Jurídicos subrogante, sugirió al Subsecretario reabrir el proceso, elevándolo a sumario aduciendo que el fiscal instructor anterior no habría ponderado los antecedentes allegados al caso, acorde a los principios del debido proceso, de tal manera que el nuevo fiscal, sin realizar nuevas diligencias y basado en los mismos antecedentes presentó los cargos señalados precedentemente.

Añade que luego de efectuado los descargos en tiempo y forma, y solicitar una serie de diligencias sólo después de dos años se ha sabido que no se efectuaron y sí se realizaron otras desconocidas, conculcando sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y sobre todo el derecho a un debido proceso. Llama la atención un informe secreto que lleva el N°1368, del Director de Asuntos Jurídicos, al parecer de fecha 17 de abril de 2017, del cual es primera vez que su parte ha tomado conocimiento de su existencia.

De esta manera en tres oportunidades el peticionario de esta acción, recurrió ante la Contraloría General de la República por las evidentes irregularidades, arbitrariedades y dilaciones en este proceso sumarial y el ente contralor reiteró que el órgano investigador debía abstenerse de pronunciarse respecto del fondo de este asunto mientras no estuviere afinado el sumario e hizo presente la excesiva dilación del proceso investigativo que pudiera acarrear responsabilidades a los funcionarios investigadores por esta tardanza, disponiendo agilizar la causa e informar en un plazo de 20 días, situación que no aconteció y su defendido no pudo tomar conocimiento de lo investigado y resuelto, y solo lo hizo de una resolución que data de junio de 2017 y resulta curiosamente sospechosa que fueron extendidas en Bangkok, Tailandia, firmadas tanto por el fiscal y actuario, pudiendo constituir delito de falsificación de instrumento público.

La primera, de fecha 9 de junio de 2017 dispone notificar al abogado Gabriel Muñoz Muñoz la circunstancia de que con fecha 8 de mayo mismo año, se dictó la Resolución Exenta N°1715 que ordena la reapertura del procedimiento administrativo, el que fue elevado a sumario administrativo por Resolución Exenta N°594 del año 2016, con el objeto de efectuar diligencias señaladas por el Director de Asuntos Jurídicos; y la segunda, de fecha 12 de junio de 2017, la cual niega lugar a la solicitud del abogado nombre reservado para requerir copias del expediente, en atención a que la reapertura del sumario retrotrae el carácter de secreto.

Manifiesta que el proceso seguido en contra del recurrente se encuentra viciado y es ilegal en su inicio, desde que se ha solicitado y no considerado que el dictamen del fiscal nombre reservado era sobreseer al sr. nombre reservado y paradojalmente basado en los mismos antecedentes, de manera insólita se haya ponderado sin pruebas ni declaraciones nuevas que la conducta de su representado constituye un maltrato laboral. También se le acusa de no haber observado los deberes propios de su cargo, al haber efectuado expresiones que se alejan del debido respeto entre el superior jerárquico y personal dependiente, que se individualizan, pero de la sola lectura de los antecedentes resulta falaz el cargo, toda vez que los llamados de atención se hicieron con el debido respeto y por razones de trabajo. Existen numerosas cartas y testimonios de apoyo respecto de su actuar al frente de la Embajada en Filipinas.

Señala que la vista del fiscal y su complemento, que sirve de fundamento a la Resolución 459 impugnada, se pronuncia sobre cargos que no fueron imputados en su oportunidad, como: a) Situación administrativo-contable de la embajada de Chile en Filipinas; b) Uso del auto fiscal para fines particulares; c) Utilización de las líneas telefónicas fiscales para fines particulares; d) Falta de pago o compensación de horas extraordinarias de trabajo; e) Ausencia injustificada luego del término de su llamado a informar, y f) Daño a la imagen de Chile en Filipinas.

Expresa que la resolución impugnada al ratificar y legitimar la decisión del fiscal sumariante, transgredió abiertamente la regla del inciso 3° del artículo 140 del Estatuto Administrativo, que señala que “ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos”. Así las cosas, las actuaciones del fiscal en la vista fiscal y la resolución impugnada, adolecen de nulidad porque es ilegal, arbitraria y transgrede norma expresa antes mencionada.

De esta manera el acto ilegal y arbitrario es la Resolución N°459 de febrero de 2018, la cual aplica al recurrente medidas disciplinarias consistentes en suspensión del empleo por 30 días con goce del 70% de su remuneración, establecido en el artículo 121 letra c) y 124 del Decreto con Fuerza de Ley N°29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado dela Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. A su juicio sería ilegal, puesto que es contrario a la ley, en consideración a que no se respetaron los derechos del sumariado y lo más grave, se imputan conductas y se sanciona con cargos que no fueron objeto del proceso sumarial. Se transgrede el inciso 3° del artículo 140 del Estatuto Administrativo, además afecta al principio de contradictoriedad establecido en el artículo 10 de la Ley 18.880, puesto que solo una vez el recurrente pudo hacer sus descargos y posteriormente fue privado de su derecho a formular alegaciones u observaciones. Estas situaciones acarrean la infracción del artículo 19 N°1, 2, 3, 4 y 24 de la Carta Magna. Además la resolución impugnada sería un acto arbitrario, desde el momento que carece de razonabilidad y aparece ser un mero capricho del recurrido, toda vez que le sirve de fundamento un proceso ilegal y arbitrario.

La vulneración de la garantía del N°1, la hace consistir en el daño emocional y sicológico que experimentó el recurrente al estar 30 meses sometido a un proceso sumarial injusto, arbitrario e ilegal. La del N°2 lo basa en que no se respetaron los principios y normas del proceso sumarial, demorándose en demasía, con documentos secretos desconocidos, sin respetar el procedimiento aplicable para todos los que se encuentren en la misma situación, y se le sanciona sin señalar razones y motivos que permitan conocer sus causas. La garantía del N°3 lo funda en la vulneración del artículo 140 del Estatuto Administrativo y el principio de contradictoriedad, privándole de su derecho a defensa al no tener oportunidad de impugnar dichos actos administrativos. Referente a la N°4 lo hace consistir en que durante 30 meses de investigación y con publicaciones de esta acusación han afectado a su honra y buen nombre. Finalmente la N°24, se refiere a la sanción de parte de su remuneración, el cual constituye parte de su derecho de propiedad.

Termina solicitando se acoja el recurso de protección y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución N°459 ya mencionada, y tomar todas las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho, poniendo término a los efectos del actuar arbitrario e ilegal del recurrido hacia su defendido.

Segundo: Que informando el Subsecretario de Relaciones Exteriores, don Alfonso Silva Navarro, solicita sea desestimado la presente acción cautelar, basado en las siguientes consideraciones: a) Teniendo en consideración la naturaleza jurídica de la acción, no constituiría una vía para impugnar la aplicación de una medida disciplinaria de que ha sido objeto un sumariado conforme a las normas que rigen la responsabilidad administrativa a los servidores públicos, asunto que por su naturaleza es de lato conocimiento y, por ende, absolutamente ajeno a la finalidad propia de este recurso; b) Son precisamente los procesos disciplinarios en la Administración, los que tienen por objeto establecer la existencia de hechos constitutivos de infracciones y determinar responsabilidades consiguientes. De esta manera se demuestra que la normativa jurídica que rige a estos procesos, protegen adecuadamente a los funcionarios afectados, en un régimen de pleno imperio del derecho, señalando que estas normas regulatorias se encuentran en el Título V de la Ley N°18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo. Así procedería desestimar este recurso por cuanto éste no ha sido creado para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procedimientos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes, que actúan dentro de la esfera de su competencia legal y bajo el imperio del derecho; c) Además la tramitación del proceso sumarial como el acto administrativo atacado, dice relación a un procedimiento sancionador que aún se encuentra pendiente, es decir, la Resolución N°459 no tiene el carácter terminal del procedimiento sumarial, puesto que constituye un acto de trámite o intermedio que forma parte del proceso, el que una vez notificado al sumariado puede ejercer los recursos correspondientes, situación que así se ha dado, puesto que el abogado representante del recurrente interpuso los recursos de reposición y apelación subsidiaria, sobre la base de las mismas alegaciones, habiéndose fallado el de reposición mediante Resolución de 30 de abril de 2018, desestimándose dicha instancia, encontrándose aún pendiente de resolución el recurso de apelación por parte del señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Agrega que no obstante ser estos argumentos suficientes para desestimar el recurso, formula ciertas precisiones en cuanto a las aseveraciones que se plantea, la mayoría de las cuales son las mismas hechas valer durante el transcurso de los descargos, como la reposición y apelación subsidiaria.

En cuanto a las situaciones irregulares que en concepto del accionante se habrían producido en el proceso sumarial, se niega su existencia, puesto que, por un lado la circunstancia de que una investigación sumaria en que el investigador la cierra proponiendo un sobreseimiento y posteriormente se haya elevado a sumario administrativo no constituye ninguna inobservancia de los preceptos que rigen esta materia, puesto que lo que el fiscal sugiere en su vista, es precisamente una proposición conforme al artículo 126, inciso quinto del Estatuto Administrativo, de tal manera de que si existen diligencias pendientes, procede la autoridad a elevarla a sumario, en atención a que dicho norma no contempla la posibilidad de que se prorrogue el plazo de investigación; también puede disponerse la reapertura del proceso conforme lo previsto en el artículo 140 inciso 2° del mismo texto legal, pudiendo la autoridad ordenar la realización de nuevas diligencias, las que en este caso tuvieron por finalidad que se apreciara y valorizara toda la documentación sumarial existente y se esclareciera el tema contable en la misma Embajada; tampoco es efectivo que el fiscal del sumario formuló cargos al recurrente sin haber realizado diligencia alguna, sin ninguna nueva prueba, sin razón o fundamento, basándose en circunstancias ilegales o arbitrarias que no fueron parte del proceso y sin que se le haya llamado a declarar ante el nuevo fiscal, por cuanto consta a fojas 336 a 339 del expediente, que el fiscal formuló los cargos que afectan al recurrente conforme al mérito de la documentación existente en dicho proceso, encontrándose comprobada tales imputaciones, circunstancias que se fundamentan, como así también se indica la preceptiva que se ha infringido al incurrirse en dichas transgresiones; tampoco se vulnera que el ex Embajador no haya sido nuevamente llamado a declarar durante las reaperturas, teniendo presente el propósito de éstas, tal como lo prevé el artículo 135 inciso 1° del estatuto en cuestión, teniendo el fiscal amplias facultades para determinar cuáles son las diligencias a realizar y los documentos y testimonios que es menester recabar para lograr la aclaración de los hechos; además de ninguna forma se ha conculcado el debido proceso, pues se ha dado cumplimiento en el procedimiento a cada una de las instancias que garantizan su derecho a defensa, constando a fs. 27 a 47 la declaración del sumariado embajador, de fs. 331 a 335 aparece que se le pidió al fiscal copia del proceso, accediendo a aquello, a fs. 340 a 414 se registra que la defensa del señor nombre reservado presentó los respectivos descargos solicitando una serie de diligencias, advirtiéndose en fs. 428 a 432 que el fiscal en su informe se hizo cargo de cada una de las alegaciones planteadas desestimando los descargos. También se aprecia de que luego que el fiscal propusiera en su informe la aplicación de una sanción disciplinaria de suspensión del empleo con goce del 50% de las remuneraciones, la superioridad del Servicio rebajó la sanción conforme la Resolución recurrida N°459, a 30 días de suspensión aumentando el goce de sueldo a 70%, interponiendo recursos de reposición y apelación subsidiaria; tampoco tiene fundamento de que efectuados los descargos se solicitaron una serie de diligencias, las que no se realizaron, puesto que consta a fs. 380 a 414 se realizaron; finalmente resulta erróneo el planteamiento de que el Informe del Fiscal se pronunció de otras situaciones que no fueron materia de cargos, por cuanto el fiscal efectúa un relato en torno a todos los hechos investigados, no significando que aquellos sean considerados como cargos en contra del sumariado, precisando que los únicos cargos rolan a fs. 336 a 340, los que se les notificó y no fueron desvirtuados en las instancias de defensa de que se ha hecho valer. En esta situación no habría infracción al inciso 3° del artículo 140 del Estatuto Administrativo, puesto que fue sancionado solo por los cargos formulados en su contra.

En cuanto a que el recurrente ha sido sancionado sobre la base de informes secretos emanados del Departamento Jurídico, señala que son informes solicitados por la autoridad acerca de la forma y fondo del procedimiento en revisión, que tiene la nominación de secreto puesto que el sumario es secreto, siendo confirmada su legalidad en Dictamen de la Contraloría N°47.071 de 2001, agregando que estos informes no integran formalmente el expediente sumarial.

Finalmente en cuanto a las presuntas garantías vulneradas, no se advierte de qué manera podrían ser conculcadas, cuando se está frente a un proceso sumarial seguido conforme a las reglas de la Ley N°18.834. De esta manera el derecho a la integridad física y síquica no se divisa, puesto que el recurrente no ha sido sometido a un proceso sumarial injusto, arbitrario ni ilegal. Tampoco se ha vulnerado el derecho a la igualdad, porque se ha dado cabal cumplimiento a las normas que regulan el proceso disciplinario y se le ha condenado por las claras razones explicitadas en detalle en el acta de cargos de que fue objeto, los que no fueron desvirtuados. Por otro lado no se ha infringido la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho a un debido proceso, porque no es efectivo que para sancionarlo la autoridad haya considerado situaciones ajenas a las que aparecen formuladas en los cargos, no infringiendo el artículo 140 del Estatuto Administrativo y porque se encuentra acreditado que ha tenido y ha hecho uso de todas las instancias de defensa previstas en la ley. No se ha vulnerado el derecho a la honra, por cuanto no se advierte que la honra de un servidor estatal se afecte por el lapso del tiempo que implique la tramitación del sumario, y porque no se aprecia ni el recurrente lo señala, cuáles son las publicaciones y las acusaciones de carácter injuriosas. Finalmente tampoco se conculca el derecho de propiedad, porque la privación de la parte de la remuneración a que se alude es consecuencia de la aplicación de una medida disciplinaria establecida en el artículo 124 de la Ley N°18.834, además no es un atentado contra la propiedad de su sueldo, porque el afectado no reviste la calidad de funcionario, y por ende, no recibe sueldo.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario y/o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la presente acción cautelar.

Quinto: Que conforme a lo manifestado por el recurrente, el acto ilegal y/o arbitrario constituiría la Resolución Exenta N°459 de 09 de febrero de 2018, dictada por don José Miguel Cruz Sánchez, Subsecretario de Relaciones Exteriores (S), en virtud de la cual aplicó a don nombre reservado, ex Embajador de Chile en Filipinas, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días con goce del 70% de su remuneración, establecida en el artículo 121 letra c) y 124 del Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Sexto: Que se tuvo a la vista el expediente disciplinario, donde consta, en las partes pertinentes, a fojas 1 la Resolución Exenta N°3250 de 02 de noviembre de 2015, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dispuso la instrucción de una investigación sumaria destinada a indagar la denuncia por maltrato laboral formulado por empleados contratados localmente en la Embajada de Chile en Filipinas, nombre reservado Yrezabalm, Rissalie nombre reservado y Alexander Bacatano, contenida en su carta de fecha 15 de octubre de 2015, así como aquellos contenidos en el Informe Técnico sobre Situación Clima Laboral Embachile Filipinas de 26 de octubre de 2015 y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que corresponden, designándose como Fiscal investigador a don nombre reservado.

Desde fojas 27 a 47 consta extensa declaración del denunciado nombre reservado de fecha 9 de noviembre de 2015. A fojas 241, resolución de fecha 28 de diciembre de 2015, que declara cerrada la investigación. Desde fojas 242 a 277 se encuentra el Dictamen del Fiscal Investigador, don nombre reservado, de fecha 28 de diciembre de 2015, el cual desestima los cargos y propone al señor Subsecretario de Relaciones Exteriores el sobreseimiento de esta Investigación Sumaria”.

A fojas 278 se encuentra la Resolución Exenta N°594, de fecha 01 de marzo de 2016, en virtud de la cual el Subsecretario de Relaciones Exteriores (s), don Alfredo Labbé Villa, resolvió elevar a Sumario Administrativo la presente investigación sumaria en comento, designándose Fiscal Instructor al Embajador señor nombre reservado.

Con fecha 14 de marzo de 2016, a fojas 330, comparece el abogado Gabriel A. Muñoz Muñoz, en representación del sumariado nombre reservado, solicitando además copias del expediente, petición que fue acogida por resolución de fecha 31 de mayo de 2016. A fojas 336 y siguientes, de fecha 17 de junio de 2016, se formulan cargos en contra del recurrente nombre reservado, por 2 cargos, el primero en su calidad de Embajador, no haber observado los deberes propios de su cargo, al haber efectuado expresiones que se alejan del debido respeto que debe existir entre superior jerárquico y el personal dependiente, en especial respecto de doña nombre reservado, Rissalie nombre reservado y Alexander Bacatano, acciones reiterativas ocurridas en forma diaria y regular desde que llegó a servir como Embajador en la Embajada de Chile en Filipinas, situación ocurrida a fines de julio de 2014, hasta su adscripción a Chile en octubre de 2015. El segundo cargo consiste en haber limitado sin justificación legal el horario de colación de los mismos funcionarios, derechos laborales no sólo reconocido por la legislación chilena sino también por la filipina. Ambos cargos infringirían los artículos 64 letras b) y c) y el artículo 84 letras l) y m) de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo e infringirían también las directrices contenidas en el Procedimiento Interno para acoger, investigar y sancionar el Acoso Laboral del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A fojas 346 y siguientes consta la defensa que efectúa el abogado nombre reservado, solicitando en lo principal de su petición, se declare la improcedencia y nulidad de los cargos; en el primer otrosí, denuncia falta de precisión e indeterminación de los cargos formulados que acarrean la invalidez del proceso sumarial; en el segundo otrosí, contesta los cargos solicitando la absolución de su defendido y/o aplicación de circunstancias atenuantes; y finalmente por el tercer otrosí, solicita diligencias.

A fojas 416 y siguientes rola la Vista Fiscal de fecha 28 de septiembre de 2016, resolviendo aplicar la medida disciplinaria de multa de un 20% de su remuneración al Embajador señor nombre reservado. Por resolución de fecha 10 de noviembre de 2016, rolante a fojas 435, consta la Resolución Exenta N°3220, ordenando la reapertura del procedimiento administrativo. A fojas 443 bis existe la renuncia del recurrente a su cargo de Embajador. A fojas 648 y siguientes consta la Vista Fiscal complementaria, de fecha 14 de febrero de 2017, sugiriendo la medida disciplinaria de suspensión por 3 meses con goce de 50% del sueldo. A fojas 660 se reabre nuevamente el sumario. Con fecha 30 de noviembre de 2017, se cierra la investigación y a fojas 784 y siguiente consta la Vista Fiscal suplementaria, sugiriendo mantener la medida propuesta anteriormente. Con fecha 9 de febrero de 2018 consta la Resolución Exenta N°459, resolviendo aplicar al sumariado la medida de suspensión del empleo por 30 días con goce del 70% de su remuneración. De esta resolución, la defensa interpone recurso de reposición y en subsidio, apelación. Finalmente con fecha 30 de abril de2018, el Subsecretario de RREE rechaza el recurso de reposición y ordena elevar los autos al Sr. Ministro de esa cartera para que se pronuncie sobre el recurso de apelación.

Séptimo: Que del expediente sumarial consta que el abogado del recurrente, dentro de plazo y forma, dedujo recursos de reposición y apelación subsidiaria, conforme lo autoriza el artículo 141 del Estatuto Administrativo. El primero se presentó para ante la misma autoridad que dictó el acto recurrido, siendo desestimado, en cambio el segundo se presentó para ante el superior jerárquico de quien impuso la medida, esto es, para ante el señor Ministro de Relaciones Exteriores, el cual aún se encuentra pendiente.

De esta manera puede sostenerse que la Resolución N°459, recurrida, no tiene el carácter terminal del procedimiento sumarial, puesto que constituye un acto de trámite o intermedio que forma parte del proceso disciplinario, toda vez que aún falta la decisión del recurso de apelación interpuesto sobre la misma.

Se ha sostenido por nuestra jurisprudencia (Corte Suprema, 28 de abril de 2010, Rol 1952-2010), que el control que se ejerce mediante esta acción cautelar, no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, siendo erróneo intentar por esta vía cautelar se revise la investigación y la decisión. Sin embargo existe la posibilidad de que los tribunales de justicia realicen un control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración a fin de revisar la legalidad y razonabilidad de su actuación, siempre que el proceso sancionador se encuentre totalmente concluido, cuyo no es el caso en comento.

Octavo: Que sin perjuicio de lo razonado precedentemente, y sólo a mayor abundamiento y cumpliendo con la exigencia de motivar la decisión de rechazo de esta cautelar, se estima que no es posible que el acto recurrido sea considerado una actuación ilegal o arbitraria, en los términos de que sea contrario a la ley o meramente caprichoso.

En efecto, se desprende del proceso disciplinario traído a la vista, que se siguió una tramitación persiguiendo una posible responsabilidad administrativa, conforme a las reglas contempladas en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N°29, de fecha 16 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.

El artículo 119 inciso segundo de este cuerpo legal, señala que los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo.

La presente causa se inició conforme al artículo 126 del Estatuto Administrativo, mediante una investigación sumaria, substanciada por el fiscal nombre reservado, para conocer de una denuncia sobre presuntos maltrato laboral formulada por algunos empleados de la Embajada de Chile en Filipinas, en contra del Embajador nombre reservado, siendo cerrada la investigación mediante Vista del Fiscal, proponiendo sobreseimiento. Luego estimando que los hechos revestían una mayor gravedad, atento al artículo 127 del mismo cuerpo legal, se ordenó elevar el procedimiento a sumario administrativo, esta vez a cargo del fiscal José Miguel Cruz Sánchez, conforme a los artículos 129 y siguiente del mismo texto, siendo dicho sumario de carácter secreto, atento lo dispuesto en el artículo 137 inciso segundo. Con fecha 17 de junio de 2016, se formularon cargos en contra del recurrente, los cuales fueron notificados a éste y mediante su abogado hace los descargos pertinentes y rinde prueba respectiva, atento al artículo 138. En Vista Fiscal de fecha 01 de diciembre de 2017, el fiscal sumariante conforme lo señalado en el artículo 139 del mismo Estatuto, propuso al Subsecretario de Relaciones Exteriores la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 3 meses con goce de 50% de las remuneraciones al ex Embajador nombre reservado. Esta Autoridad Administrativa, actuando dentro de la esfera de sus atribuciones que le otorga el artículo 140 de la misma ley, dictó la resolución recurrida N°459 de fecha 9 de febrero de 2018, aplicando al recurrente la sanción disciplinaria contemplada en los artículos 121 c) y 124 de la Ley 18.834, de suspensión del empleo por 30 días con goce de 70% de las remuneraciones. Este acto fue notificado al sumariado, quien mediante su abogado, conforme lo señala el artículo 141 interpuso sendos recursos de reposición y apelación subsidiaria, este último como se señaló, aún pendiente de resolución.

Noveno: Que de esta manera puede sostenerse que tanto el acto recurrido como la tramitación que funda tal acto y concluye con sanciones disciplinarias, se ajusta a la normativa jurídica y el recurrente en todo momento contó con defensa letrada, quien hizo uso de los derechos pertinentes, por lo cual no resulta ilegal, requisito para acoger la cautelar de protección.

A mayor abundamiento, los posibles vicios que reclama el recurrente, atento lo dispuesto en el artículo 144 del Estatuto Administrativo, no afectan la legalidad de la resolución que aplica la medida disciplinaria.

Décimo: Que, por otro lado, tampoco puede sostenerse que el actuar de la autoridad administrativa recurrida sea considerada arbitraria o caprichosa, toda vez que frente a una denuncia presentada por algunos empleados de la Embajada de Chile en Filipinas en contra del Embajador nombre reservado, por presuntos acosos laborales, es deber de dicha autoridad actuar legalmente, iniciando una investigación sumaria o un sumario administrativo, situación que así sucedió, puesto que de lo contrario habría trasgredido la ley.

Undécimo: Que finalmente es necesario tener en consideración que esta acción ha perdido oportunidad, en razón de que el recurrente nombre reservado se encuentra jubilado y retirado del servicio público a partir de 01 de abril de 2016, según costa a fojas 443 bis.

Así las cosas, por todas estas consideraciones se omitirá pronunciamiento por esta Corte respecto de posible afectación de garantías fundamentales consagradas en nuestra Carta Magna, que aducen afectadas por el recurrente.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación de los Recursos de Protección de la Excelentísima Corte Suprema del año 2015, se rechaza el recurso de protección interpuesto por Gabriel Muñoz Muñoz, en representación de don nombre reservado en contra de don nombre reservado, en su calidad de Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro (s) don Juan Manuel Escobar Salas, quien no firma por ausencia.

Ingreso Corte N°28.589-2018