HOTEL ATTON EL BOSQUE SPA con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE

Santiago, diez de agosto de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 26 de marzo de 2020, comparece el abogado Esteban Palma Lohse, en representación de la empresa ATTON EL BOSQUE SpA, y deduce acción constitucional de protección en contra de la INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO ORIENTE, por la actuación que califica de ilegal y arbitraria, consistente en no admitir a tramitación una solicitud de reconsideración de multa administrativa contenida en Ord. N° 457, de 26 de febrero de 2020, impuesta a su parte, por extemporánea, siendo ésta procedente, vulnerando el legítimo ejercicio de la garantía sobre igualdad a la ley contenida en el artículo 19 número 2° de la Constitución Política de la República.

Señala que por resolución de 11 de noviembre de 2019, por medio de la resolución N° 8661/19/54, la Inspección del Trabajo, curso una multa a su empresa, porque a su juicio no llevaba correctamente el registro de asistencia y el registro de horas trabajadas de determinados trabajadores de Atton, sancionándola con una multa ascendente a 40 unidades tributarias mensuales, y que presentada reconsideración el 30 de enero de 2020, arguyendo que una vez que la compañía se enteró de la infracción legal, procedió inmediatamente a rectificar el error, ésta -el 26 de febrero de 2020-, mediante Ord. N° 457, fue declarada inadmisible por considerar que había sido presentada en forma extemporánea, aduciendo que el plazo máximo de presentación de la reconsideración era el día 29 de enero de 2020, y no el 30 de enero de 2020, como fue interpuesto, conforme a lo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, entendiendo que la notificación lo fue el 16 de diciembre de 2019.

En cuanto al derecho, cita el número 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En lo que a la ilegalidad y arbitrariedad se refiere, señala que para efectos del cómputo del plazo, resulta relevante tener en consideración el artículo 508 del Código del Trabajo, el que en su parte final dispone que la notificación se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia escrito, Aduce que éste es un plazo de días hábiles administrativos, esto es, aquellos que van de lunes a viernes, por aplicación supletoria de la ley N° 19.880, la que en su artículo 25, estatuye que los plazos de días para procedimientos administrativos son de aquellos hábiles administrativos, entendiéndose como inhábiles los sábados, domingos y festivos, por tratarse de un recurso presentado en etapa administrativa.

Manifiesta, que conforme a lo dicho, es dable concluir que la resolución de multa se entiende notificada a la empresa, con fecha 17 de diciembre de 2019, y no el 16 de diciembre de 2019, como indica la recurrida, y solo a partir de esa data se debe contar el plazo de 30 días consagrado en el artículo 512 del Código del Trabajo, por cuanto, la resolución de multa ingresó a la oficina de Correos respectiva el 9 de diciembre de 2019, contabilizándose desde ésta fecha el plazo de 6 días hábiles administrativos, para tener por notificada la resolución, lo que determina que el plazo límite para presentar la reconsideración administrativa lo fue el 30 de enero de 2020, y no como entiende la Inspección del Trabajo, el 29 de enero de 2020.

Así, afirma, que la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario, al negarse a tramitar un recurso presentado dentro del plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley, contemplada en el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental.

Luego de citar fallos de la Excma. Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, y Dictámenes de la Contraloría General de la República, que se refieren al tema en su misma línea argumental, termina solicitando se deje sin efecto lo dispuesto en el Ord. N° 457 de 26 de febrero de 2020, y como efecto de ello, se disponga la obligación de la recurrida de tener por interpuesta la reconsideración administrativa de multa, someterla a tramitación, y en definitiva, conocer derechamente el fondo del asunto sometido a su resolución, con costas.

Segundo: Que informando la recurrida primeramente, señala, que el Ordinario N° 457/2020, de 26 de febrero de 2020, mediante el cual se declaró inadmisible por extemporánea la solicitud de reconsideración administrativa de la multa N° 8861/2019/54-1, -la que había sido notificada a la reclamante mediante carta certificada de 16 de diciembre de 2019-, fue objeto de reconsideración por la empresa el 30 de enero de 2020, es decir, 31 días hábiles administrativos después de notificada la resolución que impuso la multa.

Seguidamente, aduce, que si bien el artículo 20 de la Carta Fundamental, dispone que el recurso de protección pueda deducirse, sin perjuicio de los demás derechos, que se pudieren hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, ello no significa que esté destinado a reemplazar procedimientos precisos y también urgentes contemplados en la ley. Y en este caso, la ley contempla como recurso natural, en contra de la resolución en cuestión, la reclamación judicial prevista en el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, por lo que estima, que esta acción se estaría utilizando como un mero sustituto procesal de acciones judiciales ordinarias establecidas en procedimientos específicos y reglados, contemplados en forma expresa para cautelar los derechos del recurrente, los que protegen suficientemente los derechos que se dicen conculcados.

De lo que deduce que lo recurrido no es un verdadero derecho fundamental que se pueda proteger mediante el recurso de protección, toda vez, que se trata de una materia regida por el Código Laboral, por lo que solicita derechamente la improcedencia de este arbitrio interpuesto en su contra.

En subsidio, informa el fondo, argumentando que la recurrente fue notificada el 16 de diciembre de 2019 de la resolución de multa, fecha determinada por aplicación de la presunción legal del artículo 508 del Código del Trabajo, por cuanto, la carta se ingresó en Correos de Chile el 9 de diciembre de 2019, -lo que no ha sido controvertido por la actora-, debiendo entonces contabilizarse desde dicha primera data el plazo judicial establecido en la norma señalada. De lo que razona, que al presentarse la reconsideración el 30 de enero de 2020, no se cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del citado código, en concordancia con el artículo 25 de la ley N° 19.880, esto es, que hubiere sido interpuesta dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos desde la notificación.

Argumenta que el plazo de días “hábiles” establecido en el artículo 508 del Código Laboral, es un plazo judicial, y no un plazo exclusivo de actuaciones administrativas, como lo plantea la reclamante, ya que, dicha presunción se aplica también para las reclamaciones directas de multa conforme lo previsto en el artículo 503 del cuerpo legal citado, como para las reconsideraciones administrativas del artículo 512. Lo que estaría corroborado de la lectura armónica de la regla establecida en el artículo 435 inciso 3°, ubicado en el Título I de su Libro V, que regula el procedimiento ordinario laboral, que dispone que los términos de días que establece dicho Título se entenderán suspendidos durante los días feriados, y no durante los días sábados como lo pretende la reclamante. Además, en concordancia con ello, está el artículo 432 del mismo texto legal, encontrándose en el Libro I relativo a las “Disposiciones comunes a todo Procedimiento”, el artículo 66 que establece que los términos de días que establece el Código del Trabajo, se entenderán suspendidos durante los feriado; y por último, cita el artículo 503 y 508 inciso segundo, en este mismo sentido.

Agrega, que la Ley N° 19.880, no aplica, ya que, el tema del plazo en este procedimiento especial, se encuentra zanjado en el mismo Código Laboral, rigiendo en plenitud el principio de la especialidad.

Así, afirma, que no ha cometido un acto ilegal ni arbitrario, por cuanto su resolución se dictó con estricto apego a las leyes, y que la recurrente solo busca que la Corte resuelva un asunto de fondo, y no la cautela de los derechos constitucionales que dice conculcados, de modo que, la acción carece de objeto y causa, debiendo ser rechazada por improcedente.

Recalca que al declarar inadmisible la solicitud de reconsideración, no ha actuado fuera del ámbito de su competencia, sino por el contrario, ha dado una respuesta, en base a normativa de carácter legal, sustentada y confirmada por el organismo Contralor de la Administración del Estado, no pudiendo entonces considerarse como arbitraria.

Hace presente que la recurrente no ha señalado la forma específica en que supuestamente su parte habría vulnerado sus derechos, limitándose a señalar generalidades, sino que, busca confirmar la teoría que sustenta respecto a la forma de computar el plazo para la reconsideración, con lo que se estaría desnaturalizando la acción, toda vez, que se esgrime una vulneración a la garantía del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política, aduciendo premisas que escapan de toda lógica y base jurídica, lo que determinaría la improcedencia de fundar el arbitrio en esta garantía.

Concluye pidiendo el rechazo de esta acción en todas sus partes y peticiones, con costas.

Tercero: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que para desestimar la alegación de improcedencia del recurso de protección, resulta bastante recordar que, conforme al citado artículo constitucional, éste puede deducirse sin perjuicio de otras acciones que pueda ejercer la parte afectada por el acto administrativo. Por consiguiente, la alegación de la recurrida a este respecto no puede prosperar.

Quinto: Que la controversia juridica aquí planteada deviene en dilucidar la forma de computar los plazos establecidos en el Título II y Final del Libro V del Código del Trabajo, específicamente, en el artículo 512 de dicho texto legal, en tanto allí se prevé: “El Director del Trabajo hará uso de esta facultad -refiriéndose a dejar sin efecto o rebajar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior- mediante resolución fundada, a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa …”.

Sexto: Que al efecto, en los Títulos II y Final del Libro V del Código del Trabajo, relativos al procedimiento de reclamo por sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos vigentes y a la fiscalización de las sanciones y prescripción, no se previenen normas relativas a la manera de computar los plazos allí establecidos.

Sin embargo, es posible destacar que la normativa contenida en los artículos 511 y 512 del citado Código, regula la forma de ejercer una acción ante una autoridad administrativa, como lo es el Director Nacional del Trabajo, funcionario que tiene a su cargo el servicio técnico de igual nombre, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al que en dicha calidad, corresponde ejercer las funciones que, particularmente le señala el D.F.L N° 2, de 1967, sin perjuicio de aquellas que leyes generales o especiales le encarguen, cuyo es el caso, a propósito de las solicitudes de reconsideración de multas administrativas.

Séptimo: Que en este sentido, hay que consignar el Dictámen N° 25891 de la Contraloría General de la República, de 16 de octubre de 2018, el que establece que como el artículo 512 del Código del Trabajo, no indica si el plazo es de días hábiles o corridos, y siendo que por regla general los términos de días hábiles se han dispuesto de manera expresa, cabría entender que el allí indicado es de días corridos.

Relaciona que si bien el artículo 312 del citado cuerpo legal, introducido por la ley N° 20.940, de 8 de septiembre de 2016, que vino en sustituir el Libro IV del Código del Trabajo, prescribe que todos los plazos establecidos en dicho libro, son por regla general, de días corridos, sin embargo, actualmente el texto laboral, ya no establece una regla general y sistemática sobre los plazos, que resulte aplicable en toda su extensión, sino que, respecto de aquellos artículos que no señalan la naturaleza del plazo, se hace necesario ilustrar su sentido de acuerdo al apartado que lo contenga o a la naturaleza del procedimiento que allí se regule.

Y en dicho tenor, colige que el plazo contenido en el artículo 512 forma parte de un procedimiento administrativo especial sustanciado ante un órgano de la Administración, en el cual no ha sido contemplado si corresponde a días hábiles o corridos. En este sentido con arreglo al artículo 1° de la Ley N° 19.880 cuando la ley establece procedimientos administrativos especiales, sus disposiciones se aplican en carácter supletorio, de lo que sigue que se hace necesario complementar el citado artículo 512 con el inciso primero del artículo 25 de la mencionada ley, acorde con el cual los plazos de días, lo son hábiles, siendo los sábados, domingos y festivos inhábiles.

Octavo: Que en este mismo tenor ha resuelto la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema, determinando que el plazo de treinta días que refiere el artículo 512 del Código del Trabajo, para presentar la solicitud de reconsideración ante la Inspección del Trabajo, se compone de días hábiles, no corridos, como lo sostiene la recurrida, entendiéndose por inhábiles los días sábado, domingo y festivos.

En efecto, como se dijo en el motivo sexto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que, al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo en los términos señalados anteriormente.

De manera tal, que ante la presencia del plazo contenido en la ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

Noveno: Que en forma concordante con lo que se ha venido relacionando, resulta dable concluir que el término de seis días hábiles concerniente a la presunción contenida en la parte final del artículo 508 del Código del Trabajo, se encuentra sujeta al mismo estatuto que el plazo para presentar la solicitud de reconsideración prevista en el artículo 512 del referido ordenamiento, por responder a los mismos fundamentos y estatuto normativo aplicable.

Décimo: Que así asentado, de los antecedentes de autos aparece como un hecho no controvertido que la resolución de multa impugnada fue notificada mediante carta dirigida a la recurrente depositada en la oficina de correos el 9 de diciembre de 2019 –razón por la que ha de presumirse notificada el 17 de ese mes-, y que el recurso de reconsideración fue presentado el 30 de enero de 2020, vale decir, al trigésimo día hábil desde aquella notificación y, por lo tanto, dentro de plazo legal;

Undécimo: Que, consecuente con lo razonado, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal, toda vez, que se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando de esta manera, la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto, al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión, ha infringido un trato discriminatorio a la recurrente de autos.

Por estas consideraciones, y de conformidad además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, el recurso de protección deducido por la empresa Atton El Bosque SpA, en contra de la Inspección Comunal Del Trabajo Santiago Oriente, y se deja en consecuencia sin efecto el Ordinario N° 457 de 26 de febrero de 2020, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la actora respecto de la Resolución de Multa N° 8661/19/54-1 de 11 de noviembre de 2019.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro Sra. Durán.

Ingreso Corte N° 28399 - 2020 Protección Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza, e integrada por las Ministros señora Elsa Barrientos Guerrero, y señora Inelie Durán Madina. No firma el ministro señor Vázquez, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia médica.