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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 28352-201530 jun 2015

Protección contra Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior y Seguridad a raíz de la reali

Fecha
30 de junio de 2015
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 28352-2015, sentencia de 30 de junio de 2015

Resumen

Se rechaza la protección sindical contra Carabineros e Interior por presuntos hostigamientos, al no haber certeza de actos que afecten derechos indubitados; las autoridades negaron los hechos y los calificaron como medidas legales contra el comercio ambulante ilegal.

Texto íntegro

130 Foja: 129 Ciento veintinueve Santiago, treinta de junio de dos mil quince.- VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a fs. 8 comparece don nombre reservado, en representación del Sindicato de Trabajadores Independientes Discapacitados Nuevo Amanecer quien deduce recurso de amparo – tramitado en esta Corte como acción de protección - en contra de Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior y Seguridad a raíz de la realización de actos de hostigamiento realizados en contra de los miembros del sindicato, actos que afectarían su libertad de trabajo.

Fundando el recurso proporciona los siguientes antecedentes:

Expone primeramente que desde hace aproximadamente 3 meses contados desde la interposición del recurso, que ocurrió el 6 de abril de 2015, él y los miembros del sindicato han sido objetos de hostigamientos por parte de Carabineros, afectando su trabajo, quitándoles mercaderías y sin dejar constancia de lo llevado, en circunstancias que muchos de ellos cuentan con patentes al día, manifestando los funcionarios que son ellos quienes mandan y que lo hacen por orden del Director General y Ministerio del Interior.

Los hechos han llegado a tal punto que han tratado con violencia a personas discapacitadas, lo que ocurrió con una persona que se desplaza en silla de ruedas que quedó con problemas psicológicos, agrediéndola cada vez que se instala. Señala que los actos de hostigamientos contra ella ocurrieron entre los días 15 y 18 marzo, botándole el carro el último día. Refiere que a dicha persona funcionarios de Carabineros le manifestaron que no volviera a trabajar en la vía pública, debido que era pareja de un funcionario de Carabineros.

Refiere que por su parte en calidad de presidente lo fiscalizan hasta 6 veces al día, grabando las conversaciones que tienen.

Señala que se han solicitado en los Juzgados de Policía Local la mercadería incautada, informándose que no se encuentran en su poder.

No contiene petición del recurrente.

SEGUNDO: Que, a fs. 17 y 113 Informó Carabineros manifestando lo siguiente:

1.- Que las personas individualizadas en el recurso no han sido detenidos o infraccionados desde el año 2012;

2.- No existe orden de persecución u hostigamiento al ejercer la actividad que realizan y en cada uno de los procedimientos y fiscalizaciones se han ajustado a la normativa vigente.

Seguidamente a fojas 71 informó la Subsecretaría del Interior señalando:

1.- No existe actuación u omisión ilegal cometida por su parte, siendo acusaciones genéricas e imprecisas;

2.- No existe orden o instrucción del organismo a Carabineros para realizar actos de persecución y hostigamientos en contra de los recurrentes, ni menos una incautación de bienes;

3.- Sin perjuicio de lo expuesto, de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente dispone medidas y buenas prácticas para el control del comercio en la vía pública e impedir que personas que no cuentan con permiso o autorización se sirvan de las vías y veredas públicas;

4.- Refiere que las actuaciones esgrimidas por la recurrida dicen relación más bien con el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 83 del Código Procesal Penal, relativo al deber de registro, en relación al artículo 160 N° 3 de la ley tránsito, que sanciona el comercio ambulante sin autorización para ello;

5.- Reconoce que se han adoptado medidas para solucionar la problemática del comercio ambulante, los que no caben calificarse como arbitrarias o excesivas, ejercitándola dentro del marco de sus atribuciones, conforme lo dispuesto en la Ley N° 20.502, adoptándose medidas, programas y acciones para prevenir el comercio ambulante ilegal, haciendo referencia políticas públicas sobre la materia destinado a reguardar el correcto ejercicio del comercio ambulante con permiso municipal, erradicar el realizado sin dicho permiso, controlar la venta de comercio ambulante de alimentos.

Finalmente a fs.119 rola informe de la I. Municipalidad de Santiago que, en lo pertinente, señaló que las direcciones municipales que eventualmente pudieron haber tenido intervención en estos hechos manifestaron desconocer lo ocurrido, no registrándose en la base de datos de procedimientos de la Dirección de Seguridad Vecinal entre el 1 de enero y 30 de abril del año en curso procedimiento relacionado con el Sindicato.

TERCERO: Que, finalmente se acompañó por el recurrente como antecedentes:

A.- Patente municipal del compareciente que da cuenta que se encuentra al día y de la persona individualizada como aquella que habría sido agredida por Carabineros.

B.- Fotografías en el que se puede apreciar mercadería de una persona discapacitada en el suelo, gente recogiéndola y una mujer desmayada, discapacitada. Junto a la mercadería tirada no se aprecian funcionarios de Carabineros, pero en las fotografías donde figura la persona desmayada aparece personal policial junto a ella.

C.- Copia del plan policial de Seguridad Pública sobre implementación de plan comunal y reforzamiento de labor preventiva policial.

D.- Convenio aprobado entre la Intendencia Metropolitana y la Municipalidad de Santiago para la ejecución de un plan comunal de seguridad pública.

CUARTO: Que el recurso de protección es una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades o particulares que importen una privación, perturbación o amenaza, mediante la adopción de medidas concretas destinadas a restablecer el imperio del derecho y poner fin a dichos actos u omisiones.

En consecuencia, para su procedencia se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) que se compruebe la existencia de la acción reprochada;

b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción;

c) que de la misma se siga un directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas, protegidas por esta vía; y, d) que esta Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección pedida.

QUINTO: Que, esta Corte advierte que en el presente caso no aparece clara la existencia de un derecho perteneciente a los integrantes del Sindicato de Trabajadores Discapacitados, por el que se recurre que esta Corte pudiere amparar, pues las autoridades recurridas han negado la ejecución de los actos que se denuncian y en cuanto a los efectivamente realizados,se sostiene que se ha tratado de medidas para solucionar la problemática del comercio ambulante, efectuadas dentro del marco de contemplado en la Ley N° 20.502, adoptándose medidas, programas y acciones para prevenir el comercio ambulante ilegal.

SEXTO: Que así las cosas, por no existir certeza respecto de la existencia de actos que afecten derechos indubitados de los integrantes de la organización recurrente, el presente recurso no puede prosperar.

SEPTIMO: Que, en tales circunstancias no concurriendo en la especie los presupuestos que hacen procedente el recurso de protección establecido en la Carta Fundamental, a los que se ha hecho referencia en esta sentencia, se procederá a rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", se rechaza el recurso interpuesto en estos autos.

Regístrese y archívese.

Redacción: Ministro Dobra Lusic.

Rol Corte N° 28.352-2015.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministro señora Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por la ministro (S) señora Dora Mondaca Rosales y ministro señora Jenny Book Reyes.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a treinta de junio de dos mil quince, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.