Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de febrero de dos mil veintiséis.

Al folio 53, téngase presente.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, a través de formulario, quien interpone recurso de protección en contra del Centro de Salud Familiar Padre Vicente Irarrázaval y del Hospital Clínico San Borja Arriarán por los siguientes hechos.

Señala la recurrente que es una persona adulta mayor, que ha recurrido a FONASA, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud, sin tener respuesta respecto de su derecho a la salud, el que se ve cada día vulnerado en su diario vivir, encontrándose aislada y sin poder salir de su hogar, debido a problemas de audición, vértigo y otras patologías crónicas, ya que se le indicarían que no hay horas para atenderla en el CESFAM y ni en el Hospital.

Denuncia una negligencia médica respecto de las especialidades de otorrino, reumatología, nefrología y salud mental, por cuanto le señalarían que la mayoría de los exámenes tienen que ser particular, por cuanto el CESFAM no los hace, quedándose sin realizarlos.

Pide, en definitiva, se acoja la presente acción de protección y se ordene a las recurridas a otorgarle horas médicas para sus afecciones.

SEGUNDO: Que, a través de resolución de 24 de junio de 2025, se acumuló al presente proceso el I.C. Protección- 14310-2025, en el cual compareció nombre reservado, a través de formulario, interponiendo acción de protección en contra de FONASA, toda vez el 17 de junio de 2025, llamó a FONASA solicitando se le buscara un prestador de salud, el cual habría sido denegado, a pesar de que hace más de un año que no es atendida a sus controles, mencionando que es una persona de 70 años y que tiene varias patologías, lo que vulnera su derecho a la salud.

Pide, en definitiva, se acoja la presente acción de protección y se ordene a FONASA que se le controlen sus patologías que se encuentran en AUGE y GES.

TERCERO: Que, evacuó informe el Hospital Clínico San Borja Arriarán en el siguiente tenor.

Expresa que según respuesta de nombre reservado, jefe del departamento de gestión de la demanda del nosocomio, la recurrente no presenta interconsultas o derivaciones pendientes en dicho establecimiento.

Precisa que los comprobantes acompañados por la actora, dan cuenta de reclamos realizados directos ante el Ministerio de Salud, precisando que aquellos fueron respondidos.

Explica que su modalidad de atención responde a criterios institucionales, clínicos y sanitarios, enmarcados en la red pública de salud, por lo que esta recurrida no es un CESFAM ni un Centro de Salud de atención primaria, por lo que su rol dentro de la red asistencial es de un hospital de especialidad y alta complejidad, lo que implica que sólo atiende a pacientes derivados desde establecimientos de atención primaria u otros hospitales, las que se canalizan a través de interconsultas electrónicas, gestionadas por el sistema GES o el sistema de interconsultas del SSMC, mencionando que la prioridad de atención depende de criterios clínicos, gravedad del caso y disponibilidad de especialidades.

Añade que no está habilitado ni diseñado para recibir a pacientes en modalidad “espontánea”, salvo casos específicos de urgencia como gineco-obstetricia, pediatría, traumatología y cirugía en turnos específicos y medicina interna, solo en casos grave que llegan por SAMU o derivados de otros centros, por lo que cualquier atención fuera de estos criterios se considera fuera del marco funcional del hospital, por lo tanto, su rechazo o redirección a otro centro no constituye abandono ni falta de atención.

En cuanto al derecho, señala que no existe una actuación arbitraria o ilegal, pues no es posible realizar atenciones a la recurrente sin interconsulta previa y actualmente no tiene pendiente fechas de control según lo informado por el departamento respectivo, lo que deviene en que no se haya afectado los derechos fundamentales alegados.

Pide, en definitiva, rechazar la presente acción de protección.

CUARTO: Que, evacuó informe el Fondo Nacional de Salud en el siguiente sentido.

En cuanto a la supuesta ilegalidad, señala que no cuenta con prerrogativas excepcionales para incorporar-designar prestadores de salud en los términos solicitados por la recurrente, por lo que, de haber accedido a lo solicitado, no sólo hubiese incurrido en una vulneración al principio de juridicidad, sino que también hubiese dado lugar a responsabilidad administrativa.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad, lo descarta de plano, por cuanto su potestad es de aquella regladas de la Administración del Estado, estando vetada a cualquier tipo de apreciación o consideración al margen de lo previsto por el legislado en cuanto al deber de asegurar el financiamiento y otorgamiento de las prestaciones médicas contempladas en la Ley 20.850 y 19.966.

Indica que para poder establecer si se está en presencia de un acto arbitrario se debe conocer de la entidad competente, las razones por las cuales no se le ha otorgado las prestaciones médicas correspondientes o en caso contrario, si le correspondía controles médicos como los que la recurrente exige en su recurso.

En cuanto a la inexistencia de afectación del derecho a la vida e integridad física y psíquica, señala que la presente garantía constitucional, en lo que respecta a las prestaciones de salud, no obliga al Estado a curar ni a lograr el completo bienestar, sino a brindar, en la medida de los recursos disponibles, las condiciones, prestaciones y bienes necesarios para lograr el más alto nivel posible de salud, no siendo, por tanto, vulnerada dicha garantía.

Sostiene que tampoco existe una afectación al derecho de igualdad ante la ley, ya que solo se aplicaron las normas vigentes, lo que refuerza que no se ha realizado excepción alguna.

Pide, en definitiva, rechazar la presente acción de protección, con costas.

QUINTO: Que, con fecha 27 de octubre de 2025, se prescindió del informe solicitado al Centro de Salud Familiar Padre Vicente Irarrázaval.

SEXTO: Que, a petición de esta Corte, se solicitó informe a la Superintendencia de Salud para que informe si la recurrente ha formulado un reclamo ante dicha institución en razón de la falta de controles médicos, solicitando la asignación de un nuevo prestador médico para el control y tratamiento de las patologías que padece, y su eventual respuesta.

Dicha superintendencia señaló que, revisados sus registros advirtió que existe un reclamo efectuado por la actora ante dicho Órgano y que dice relación con la materia consultada, que se tramitó bajo el folio NºNUM000, y que se dirigió en contra de Fonasa, el cual se tramitó ante la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud de dicha superintendencia, se inició con fecha 18 de junio de 2021, donde la reclamante señaló que requería ser ingresada al Régimen GES, encontrándose a la espera de una hora para la realización de exámenes en el Hospital San Borja Arriarán desde el 7 de mayo de 2021, además de aseverar que no ha tenido atención en las distintas especialidades que la evalúan.

Menciona que el 23 de junio de 2021, se dio traslado del reclamo al Fonasa, quien señaló que gestionó su requerimiento con el Servicio de Salud Metropolitano Central y Hospital San Borja Arriarán, los que indicaron que el médico contralor de la especialidad de nefrología, Dr.

Cavieres, rechazó la interconsulta ya que se encuentra bajo control en medicina Interna por enfermedad renal crónica etapa 3, por lo que el médico internista evaluaría su pertinencia de derivación a Nefrología y que dicha información le sería entregada por el establecimiento responsable.

Luego, con fecha 13 de julio de 2021, la Intendencia de Fondos de este Órgano dictó el Ord. IF/N°20.844, donde explicó que, tratándose de patologías GES, los diagnósticos deben cumplir con los criterios de inclusión y que el tratamiento o prestaciones indicadas se encuentren dentro de las prestaciones incluidas en el Listado Especifico de Prestaciones GES, ajustándose a los flujos de derivación establecidos en los diferentes procesos de atención de las Redes Asistenciales. Asimismo, aclaró que Fonasa carece de facultades legales para asignar horas médicas, tanto de cirugías como de exámenes en los casos de patologías no cubiertas por las GES, o en aquellos casos en que aún no se cumplen los criterios definidos para acceder al Régimen, siendo el Servicio de Salud u Hospital el que debe proceder a otorgarla, agregando que dicha Superintendencia carece de atribuciones para investigar y cuestionar las decisiones clínicas que un determinado prestador de salud adopte en el marco del tratamiento de sus pacientes, así como tampoco le es posible intervenir en la priorización o los criterios clínicos utilizados para la asignación de horas realizadas dentro de plazos legales establecidos para problema de salud en el Decreto GES vigente, añadiendo que no resultaba posible acceder a su solicitud debido а condiciones sanitarias del momento (pandemia por Covid-19) que provocaron reordenamiento en la oferta de prestaciones de salud.

Concluye que no existen otros reclamos de la actora ligados a la materia consultada.

SÉPTIMO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

OCTAVO: Que luego de lo dicho es menester relevar que más allá de lo confuso que resulta ser la narrativa del presente arbitrio, efectuando un esfuerzo intelectual a efectos de poder esclarecer dicho relato, es posible establecer que el acto ilegal o arbitrario que se reprocha a varias instituciones o personas que las representa y contra las que se recurre, se hace consistir en el recurso, en síntesis, en que a la recurrente no le otorgarían hora médica para tratarse en la salud pública como paciente por las múltiples dolencias y afecciones que sufre;

NOVENO: Que como primera cuestión a asentar, esta Corte estima necesario señalar que conforme al mérito de los antecedentes que obran en el expediente computacional, no existe indicio alguno que dé cuenta de la efectividad de los hechos base en que se asienta la presente acción cautelar, esto es, de que efectivamente algún funcionario dependiente de alguna entidad que forme parte de la red de salud pública se haya negado a otorgarle hora a la recurrente para que pueda ser atendida por un profesional médico, conforme a un cronograma y horario de atención previamente establecido;

DÉCIMO: Que más allá de que estos sentenciadores no logran advertir responsablemente un acto arbitrario o ilegal que pueda ser remediado por esta vía, lo cierto es que tampoco atisban la existencia de alguna actuación de tales características que pueda atribuirse razonablemente a alguna de las personas y/o instituciones recurridas, que importe, además, amenaza o vulneración a alguna de las garantías fundamentales que se tutelan mediante la presente acción constitucional;

UNDÉCIMO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, la acción de protección deducida en nombre reservado en contra del Centro de Salud Familiar Padre Vicente Irarrázaval, del Hospital Clínico San Borja Arriarán y del Fondo Nacional de Salud.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2791-2025 (acum. Protección-14310- 2025)