nombre reservado con MINISTERIO DE ENERGÍA

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veintidós.

Proveyendo los escritos folios 26 y 27: a todo, téngase presente.

Proveyendo el escrito folio 28: téngase por acompañado.

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Julio Mauricio Muñoz Villa, abogado, en nombre de don nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra del Ministerio de Energía, denunciando como acto ilegal y arbitrario la Resolución RA Nº 115515/160/2021, de fecha 30 de noviembre de 2021, dictada por la Subsecretaría de Energía, que dispuso no prorrogar la contrata del recurrente para el año 2022 asimilado en el grado 4° de la Escala Única de Sueldos, sino que en el grado 8° de la referida Escala, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente ingresó a prestar funciones el 1 de julio de 2015, bajo la modalidad de honorarios. Posteriormente, mediante Resolución Exenta RA N° 115515/60/2017 de fecha 14 de marzo de 2017, la Subsecretaría de Energía dispuso la contrata del recurrente a contar del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, y mientras sean necesarios sus servicios, como profesional, asimilado al grado 4º de la Escala Única de Sueldos, con jornada de 44 horas semanales, contrata que ha sido renovada continuamente.

Sostiene que mediante la Resolución Afecta N°115515/160/2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, la Subsecretaría de Energía decidió no prorrogar la contrata del recurrente asimilado al grado 4° de la E.U.S., sino que al grado 8°, a contar del año 2022.

Argumenta que el acto es ilegal y arbitrario por carecer de la debida fundamentación. La referida Resolución expresa lo siguiente:

“(…) 3.- Que, mediante Resolución TRA N° 60, de 2017, de este origen, se designó a contrata a don nombre reservado, asimilado a grado 4º E.U.S. del Estamento Profesional, de la planta de la Subsecretaría de Energía para esa anualidad. Dicho nombramiento fue prorrogado año a año hasta diciembre de 2020, por cuanto debido al irregular desempeño del funcionario, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, mediante la resolución RA N° 129, de 30 de noviembre de 2020, del Ministerio de Energía, se dispuso la no renovación del vínculo estatutario, por las razones en ella explicitadas, definiéndose como plazo extintivo de la contrata año 2021 hasta el 31 de marzo de dicha anualidad, lo que se formalizó mediante la dictación de la resolución exenta RA N° 144, de 17 de diciembre de 2020, del Ministerio de Energía.

4.- Que, debidamente notificado el Sr. nombre reservado de las resoluciones RA precedentemente referidas, no opuso recurso ni reclamo alguno en su contra y continuó desempeñándose en la Unidad de Infraestructura, Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles.

5.- Que, teniendo presente, que don nombre reservado no ejerció efectivamente sus funciones durante todo el periodo de duración original de la contrata año 2021, por cuanto estuvo con licencia médica durante el mes de enero durante 26 días, mediante la resolución exenta RA N°56, de 2021, se le designó a contrata para el periodo 1 de abril a 30 de junio de 2021, con la finalidad de evaluar su desempeño por un periodo equivalente al originalmente previsto para la anualidad 2021.

6.- Que, la jefatura directa del señor nombre reservado hizo una evaluación preliminar de su desempeño y sugirió una nueva renovación, propuesta aceptada por esta autoridad, dictándose al efecto la resolución exenta RA N° 80, de 2021, del Ministerio de Energía, por el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021.

7.- Que, el resultado de la evaluación de desempeño de don nombre reservado, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021, fue de 54,88 (cincuenta y cuatro coma ochenta y ocho), Lista 1 de Distinción.

8.- Que, tal calificación y la mejora en su desempeño tuvo como fundamento el hecho de haber encomendado a dicho funcionario tareas profesionales que no implicaban asesoría directa a la jefatura, ni trabajo bajo presión que dificultara su rendimiento y adaptación a la nueva jefatura.

Sin embargo, no resulta procedente prolongar dicha situación en el tiempo sin grave vulneración a lo establecido en el artículo 9 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado fijado mediante el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en virtud del cual debe existir una correspondencia entre la importancia de la función que se desempeñe y el nivel remuneracional al cual se asimila, correspondiendo el grado 4 de la E.U.S. a las tareas de asesoría directa a la jefatura y a los profesionales a los cuales se asigna función directiva. Asimismo, resulta necesario propender a una debida ordenación interna de quienes se desempeñan al interior de la Unidad y de la División, precaviendo distinciones arbitrarias.

9.- Que, en virtud de lo expuesto, se dispone la no renovación de la designación a contrata de don nombre reservado para el siguiente periodo, por cuanto una vez publicada la ley anual de presupuestos del sector público, correspondiente al año 2022, se dispondrá su contrata a contar del 1 de enero de esa anualidad, asimilándolo a grado 8º de la E.U.S. del estamento profesional”.

Manifiesta que los fundamentos señalados no son efectivos, pues el recurrente, a pesar del contagio por COVID-19 que le tuvo internado en un recinto hospitalario durante 13 días conectado a respirador mecánico no invasivo, de cumplir todos sus compromisos profesionales, de entregar asesoría directa a su jefatura, de ser evaluado en Lista 1 de distinción para el período 1 de septiembre de 2020 y 31 de agosto de 2021, es el único funcionario de la Subsecretaría de Energía, a nivel nacional, que sufrió una drástica disminución de su sueldo para el año 2022. Precisa que los mecanismos para arribar a esta decisión fueron las anotaciones de demérito y la baja en precalificaciones en proceso de evaluación de desempeño, por lo que se aplicaron 3 renovaciones parciales de contrata en 2021, con renovaciones sujetas al cumplimiento de metas, y la disminución discrecional de grado en Escala Única de Sueldos.

Indica que en contraposición a lo señalado en la Resolución atacada, el recurrente ha seguido cumpliendo las mismas labores por las que se le contrató a honorarios en el año 2015 asimilable a un grado 2° EUS y luego, en el 2017, a contrata con un grado 4° E.U.S., labores que generan una asesoría directa a la jefatura.

Argumenta la concurrencia del principio de confianza legítima en la especie, sosteniendo que debe contabilizarse el plazo en que el recurrente se desempeñó previamente bajo la modalidad de honorarios, de acuerdo con el dictamen N° 16.512, de 2018, emitido por Contraloría General de la República. Detalla que el recurrente fue contratado con fecha 14 de marzo de 2017, desempeñándose a contrata por cuatro años y nueve meses, debiendo adicionarse el período en que sirvió a honorarios desde el 1 de julio de 2015, concluyendo que el recurrente durante casi siete años ha estado prestando funciones de manera continua para la recurrida.

A la falta de fundamentación del acto impugnado, añade su tardía notificación en conformidad a la ley, actuación que se produjo el 14 de diciembre de 2021.

En cuanto a las garantías constitucionales que estima conculcadas, invoca la igualdad ante la ley, atendido el trato discriminatorio en relación a otros funcionarios, siendo el recurrente el único que fue objeto de rebaja en su grado y cuyas funciones a desarrollar siguen siendo las mismas. Alude además al derecho de propiedad, en relación con la estabilidad en el empleo y las remuneraciones, lo que se manifiesta mediante la privación a recibir su remuneración mensual, correspondiente a un grado 4º y no como pretende la recurrida en un grado 8º.

Solicita que se acoja el recurso, dejando sin efecto la Resolución impugnada, así como todo acto administrativo posterior, que suponga otorgar validez o reconocimiento al acto arbitrario que dispuso la rebaja de grado, que se reconozca el legítimo derecho del recurrente a ostentar el grado 4º E.U.S. del Estamento Profesional, de la planta de la Subsecretaría de Energía para la anualidad 2022, que se declare que el recurrente tiene el derecho a las remuneraciones correspondientes al grado 4º E.U.S. del Estamento Profesional, de la planta de la Subsecretaría de Energía, que se devenguen a partir del 1 de enero de 2022 y mientras no haya sentencia firme y ejecutoriada que ponga término a la presente acción constitucional, y toda otra medida que esta Corte estime pertinente para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que, evacúa informe don nombre reservado, Subsecretario de Energía, solicitando el rechazo del recurso.

En cuanto al desempeño del recurrente en la Subsecretaría de Energía, refiere que en el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 diciembre de 2015, mediante el Decreto TRA Nº 115515/70/2015, de 25 de agosto de 2015, fue contratado bajo la modalidad a honorarios, con funciones de apoyo en la evaluación, diseño e implementación de programas e instrumentos para el desarrollo de la energía solar térmica en Chile. Este contrato se mantuvo para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, según consta en el Decreto TRA Nº 115515/98/2016, de 24 de mayo de 2016, adicionándose la función de asesorar a la jefatura de la División de Energías Renovables de esta Cartera de Estado, en la realización de las actividades propias de su cargo.

Luego, mediante Resolución TRA Nº 115515/60/2017, de 10 de marzo de 2017, se designó a contrata al Sr. nombre reservado, asimilado a grado 4º E.U.S. del estamento profesional, de la planta de la Subsecretaría de Energía para esa anualidad, con 44 horas semanales, a partir del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año, y mientras fueren sus servicios necesarios. Dicho nombramiento fue prorrogado anualmente hasta diciembre de 2020, mediante las Resoluciones Exentas RA Nº 115515/31/2018 y Nº 115515/278/2019, correspondiendo su contratación a partir del año 2018, al cargo de Analista Sostenible de Edificación de la Unidad de Infraestructura, Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles de este Servicio, describiendo las funciones específicas asociadas a su perfil de cargo.

Sin embargo, debido al irregular desempeño del funcionario durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, la Subsecretaría mediante su resolución RA Nº 115515/129, de 30 de noviembre de 2020, dispuso la no renovación del vínculo estatutario a contar del 1 de enero de 2021, decisión que fue revertida mediante la dictación de la resolución RA Nº 115515/144, de 17 de diciembre de 2020, que prorrogó su contratación hasta el 31 de marzo de 2021 y mientras fueren necesarios sus servicios, con la finalidad de analizar su desempeño con la expectativa que evidenciara avances y cambios en su gestión.

Notificados los actos referidos, el impugnante no formuló en su contra reclamo ni recurso alguno, continuando su desempeño en la mencionada Unidad de Infraestructura, Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles, hasta el 28 de diciembre de 2020, fecha en la cual presentó licencia médica durante 26 días, lo que no le permitió ejercer efectivamente sus funciones hasta el término del periodo de duración original de su contrata correspondiente al año 2021 (31 de marzo del mismo año).

En este contexto y, con la finalidad de evaluar su desempeño por un período equivalente al originalmente previsto para el año 2021, mediante la Resolución Exenta RA Nº 115515/56, de 2021, el Servicio designó al Sr. nombre reservado a contrata para el período comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2021.

Por su parte, la jefatura directa del señor nombre reservado, hizo una evaluación preliminar de su desempeño y sugirió una nueva renovación, propuesta que fue aceptada por la Subsecretaría por el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021, dictándose al efecto la Resolución Exenta RA Nº 115515/80, de 2021, del Ministerio de Energía.

En cuanto al acto administrativo impugnado mediante el presente recurso, destaca que al recurrente no le han sido asignadas funciones directivas, ni tiene tareas profesionales que impliquen asesoría directa a su jefatura.

En este contexto, si bien el resultado de su evaluación de desempeño por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021, fue de 54,88, esto es, Lista 1 de Distinción; según lo dispuesto en el Decreto Ley N°1608, de 1976 y en el Decreto con Fuerza de Ley N°12 de 2009, ambos del Ministerio de Hacienda, corresponde el grado 4 de la E.U.S. a los profesionales que realizan tareas de asesoría directa a la jefatura o a quienes se les asignan funciones directivas, circunstancias que no concurren tratándose del actor.

En virtud de lo anterior, sostiene que resulta improcedente prolongar el grado en la E.U.S. de su contratación, por vulnerar las normas citadas y lo establecido en el artículo 9 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en virtud del cual debe existir una correspondencia entre la importancia de la función que se desempeñe y el nivel remuneracional al cual se asimila, por lo que la Subsecretaría, mediante la resolución RA N° 115515/160, del 30 de noviembre de 2021, dispuso la no renovación de la contratación asimilada a grado 4º de la E.U.S. del escalafón profesional del recurrente de autos, para el período correspondiente al año 2022, resolviéndose asimismo que, publicada la ley de presupuestos del sector público correspondiente al año 2022, se dispondría su contratación asimilada a grado 8° de la E.U.S. del estamento profesional, a contar del 1 de enero de esa anualidad, decisión esta última que se formalizó a través de dictación de la referida Resolución Exenta N°115515/180 de 2021.

En cuanto a las facultades para contratar personal a contrata y disponer el grado de asimilación en el escalafón, precisa que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, artículo 14º, inciso segundo, el nombramiento se resolverá por los Ministros respecto de los empleos de su dependencia, resultando concluir que, el actuar del Ministro de esta cartera de Estado, al modificar el grado del recurrente, se enmarca en las atribuciones que le confiere la ley y, consecuencialmente, es perfectamente legal.

Añade que la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, en forma invariable, ha reconocido la competencia de la autoridad para determinar el nivel remuneratorio de una determinada designación a contrata, en relación con el grado correspondiente en la Escala Única de Sueldos del estamento respectivo, debido a que carecen de un grado específico. En efecto, los funcionarios a contrata no poseen un grado determinado en alguna norma legal, por lo que es la superioridad respectiva, la competente para decidir el grado o nivel de asimilación de esa designación, para cuyo efecto debe ponderar, entre otros factores, la naturaleza de la labor asignada, la experiencia e idoneidad del funcionario, la antigüedad en el organismo, la importancia del cargo y el nivel de confidencialidad que requiere la función.

Conforme a lo expuesto, la eventual existencia de una legítima expectativa de renovación en los mismos términos por parte del recurrente, no obsta a que la autoridad ejerza sus facultades generales en orden a poder dar término a la contratación de acuerdo con la forma establecida por el ente contralor. Así pues, atendido que el mayor nivel remuneratorio que le fue otorgado al señor nombre reservado no estaba vinculado a responsabilidades directivas ni de asesoría directa de su jefatura, fue procedente que, para poner término a toda discriminación que pueda alterar el principio de igualdad entre los funcionarios del Servicio que desempeñan tareas análogas, el nivel de remuneración se modificase con el objeto de asignarle el correspondiente al que la autoridad determinó para las funciones que efectivamente desempeña.

Sobre el plazo de dictación y notificación del acto impugnado, argumenta que no concurre transgresión normativa alguna, por cuanto la decisión fue emitida el 30 de noviembre del 2021, es decir, treinta días antes del vencimiento de la contratación del recurrente que se extendía hasta el 31 de diciembre del mismo año, y fue notificada según lo dispone el artículo 46 de la Ley 19.880.

Descarta la infracción al deber de motivación, pues según se advierte de la lectura de los considerandos 8° y 9° del acto, la no renovación de la designación a contrata del recurrente asimilado a grado 4º de la E.U.S., se produjo como consecuencia de no prestar funciones directivas ni de asesoría directa de su jefatura en la Unidad de Infraestructura, Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles del Servicio, funciones que justifican el grado reclamado. En consecuencia, sostiene que lo que el recurrente califica como ausencia o insuficiencia de fundamento, corresponde más bien a su disconformidad con el contenido del acto que, en caso alguno, lo torna arbitrario o ilegal en los términos planteados en el recurso.

En lo que respecta a la confianza legítima, asevera que la posibilidad que le asiste a la autoridad para determinar el grado al que se va a asimilar la función de un servidor a contrata, según la importancia de las tareas, la condición, experiencia y capacidad de ese servidor, entre otros aspectos, con miras a administrar adecuadamente el Servicio, está reconocida por el ordenamiento legal y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, y no ha sido modificada por la introducción de la doctrina de la confianza legítima.

Controvierte la vulneración de garantías constitucionales, teniendo presente que la rebaja del grado del actor y su adecuación se fundamenta en criterios objetivos y verificables previstos en la normativa estatutaria, sin que resulte posible reclamar la infracción de la igualdad ante la ley en términos genéricos. En cuanto al derecho de propiedad, sostiene que no es posible esgrimir que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, pues las labores que realizan son propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, y añade que las contratas tienen un carácter transitorio, cuya vigencia y estipulaciones tampoco ingresan al patrimonio del funcionario.

Tercero: Que previamente es necesario hacer presente que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Se trata de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional, traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas en el artículo 20 de la Constitución Política, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Quinto: Que en lo que respecta a la alegación efectuada por la autoridad recurrida en estrados en torno a la extemporaneidad del recurso interpuesto, no encuentra correlato en estos antecedentes, por lo que no puede prosperar.

Sexto: Que las garantías constitucionales que el actor indica que le han sido conculcadas, corresponden a los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y los hechos que vulnerarían esas garantías consisten en que, desempeñándose desde el año 2017, con un grado 4°, en modalidad de contrata, luego por la resolución referida la autoridad recurrida, sin fundamento, salvo señalar su deficiente desempeño, rebajó su grado a 8°, lo que considera improcedente pues ello implica una degradación de sus remuneraciones y una afectación al principio de confianza legítima recogido por la Contraloría General de la República, atendido que lleva más de 5 años cumpliendo funciones con ese grado.

Séptimo: Que el Ministerio recurrido, en cuanto al fondo de lo discutido, confirma en general las funciones y fechas indicadas por el actor en relación con su carrera funcionaria; reconoce asimismo que el recurrente se mantiene en la calidad jurídica de contrata hasta el 31 de diciembre de 2022, y que el cambio en su grado obedece a su deficiente desempeño, y el no ejercer las funciones directivas que corresponden a las remuneraciones del grado 4°, por lo que estima que no existe un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales del recurrente.

Octavo: Que, en primer lugar, se debe considerar que los actos administrativos deben tener una cierta racionalidad en cuanto a los objetivos de los servicios públicos y las funciones que cumplen en general, de modo tal que aquellos no sean tildados de arbitrarios cuando son dictados sin justificación alguna. En el presente caso, se aduce se aduce un mal desempeño; sin embargo, mantiene las mismas funciones, es decir, sin tener correlación con su actuación, pues un mal desempeño debería importar un cambio de la función.

Por lo expuesto, estamos ante una actuación administrativa que dispone un cambio determinante en las condiciones del recurrente y que afecta sus remuneraciones y sus derechos previsionales, sin que pueda conocer los motivos de fondo de tal decisión.

Noveno: Que de acuerdo a los criterios que la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha fijado respecto a la motivación de los actos administrativos, se especifican los siguientes:

1.- Los actos administrativos deben ser debidamente fundados, omitiendo dudas sobre la procedencia de la decisión adoptada, en razón del interés público involucrado.

2.- La autoridad pública no puede sustentar su actuar en apreciaciones subjetivas, vagas, confusas e imprecisas.

3.- No basta la mera referencia a las normas o informes técnicos. Estos deben ser analizados pormenorizadamente.

4.- El control de los motivos puede referirse tanto a la verificación de la existencia de los motivos invocados por la autoridad, como a la calificación jurídica de los mismos.

Décimo: Que respecto al principio de la confianza legítima y que la recurrida señala que es inaplicable al presente caso, cabe colacionar el artículo 89 de la Ley 18.834, que expresa: “Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicios o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto. Asimismo, tendrá derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad a la ley y de protección a la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del Título II del Libro II del Código del Trabajo.”

Undécimo: Que, doctrinalmente, el principio de protección de la confianza legítima es recogido por el profesor Bermúdez, en los siguientes términos, entendiendo que es razonable “entender que las actuaciones precedentes de la Administración pueden generar en los administrados la confianza de que se actuará de igual manera en situaciones semejantes. Como concepto jurídico, puede entenderse al principio de protección de la confianza legítima (Vertrauensschutz) como el amparo que debe que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que como ha venido actuando de una determinada manera, lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo las mismas circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares”. nombre reservado (2014): Derecho Administrativo General (Santiago, Thomson Reuters, pág, 110).

Décimo segundo: Que, entonces, de lo que se trata, a diferencia de lo que indica la recurrida, no es que el recurrente pierda su empleo, sino que lo mantiene en condiciones inferiores y lesivas a cómo lo venía realizando desde hace muchos años sin objeción de ninguna clase.

Décimo tercero: Que, conforme a lo señalado, queda en evidencia que la actuación de la recurrida afecta sus garantías constitucionales establecidas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que se ve conculcada su igualdad ante la ley, en el sentido de afectar a todas las personas que se encuentran en las mismas condiciones, y el derecho de propiedad del actor sobre las diferencias que ha dejado de percibir con ocasión de la modificación pretendida por la recurrida, lo que es susceptible de enmendarse por esta vía, en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección de Garantías Fundamentales, se declara que se acoge el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Ministerio de Energía y, en consecuencia, se modifica la Resolución Afecta N°115515/160/2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, sólo el cuanto se ordena mantener la contrata prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022, en las condiciones dispuestas antes de la dictación del acto recurrido, por lo que, derivado de ello, debe ser dejada sin efecto la disminución de remuneraciones y rebaja de grados, declarándose en su lugar que se mantiene el pago de remuneración conforme al grado 4° de la Escala Única de Sueldos, hasta el 31 de diciembre de 2022, restituyendo el Servicio, si fuere necesario, las diferencias de grado, bonos e incentivos, aporte de pensiones y de salud no pagadas al actor.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-277-2022.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señor Juan Manuel Muñoz Pardo, señora Paola Danai Hasbun Mancilla y el Abogado Integrante señor Rodrigo Antonio Montt Swett.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.