nombre reservado con nombre reservado

167 Foja: 157 Ciento cincuenta y siete Santiago, veintisiete de enero de dos mil doce.- Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que en esta causa se han tramitado un total de 2099 recursos de protección interpuestos en distintas fechas y por distintas personas – individualizadas en las nóminas aparejadas a fs. 66 y siguientes y 144 del tomo tramitador, todos ellos en su calidad de deudores habitacionales y según afirman, eventualmente afectados por la dictación de los Decretos Supremos N° 134 del año 2010 y N° 12 del año 2011, ya sea que se encuentren dentro del marco de su aplicación o fuera de ella. 1483 de esos recursos han sido deducidos en contra de la ex Ministra de nombre reservado señora nombre reservado, y otros 616 lo han sido en contra del Presidente de la Republica señor Sebastian Piñera Echeñique, y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en adelante Minvu) fundándose todos ellos en idénticos antecedentes, que son en síntesis los siguientes:

1° Señalan los recurrentes que a través de la dictación de los referidos Decretos, los recurridos han cometido un acto arbitrario o ilegal, vulnerando sus derechos consagrados constitucionalmente de Igualdad, Libertad, Vivienda adecuada, Respeto y protección a la vida privada y pública, así como también a la honra de la persona y su familia.

Agregan que estos Decretos afectarían las garantías ya indicadas, desde dos puntos de vista:

En primer lugar, porque los mismos instarían a tomar desde ya ciertas opciones como la repactación de la deuda habitacional que mantienen con la entidad financiera que corresponda; y, En segundo lugar, porque los mismos excluyen a una serie de personas de su aplicación.

En relación a las garantías que denuncian vulneradas, sostienen que el acto recurrido las vulnera del siguiente modo:

1.- Derecho de igualdad, por cuanto los beneficios que se aplicarán conforme a los Decretos, excluyen a otros 4 Decretos Supremos que regulan distintas situaciones de créditos o formas de adquirir viviendas sociales.

De esta manera, sostienen que aquellos beneficiarios de los subsidios contenidos en los decretos recurridos, se ven afectados por los mismos problemas de deuda habitacional ante las distintas entidades financieras, hecho que además habría sido ratificado por Su Excelencia, el Presidente de la República ante la opinión pública, por cuanto habría señalado que en materia de deuda habitacional, ante un mismo problema debe darse una igual solución y/o tratamiento no dejando a nadie desprotegido; sin embargo no se ha dado ninguna razón para excluir a este grupo de deudores;

2.- Derecho a la libertad, en cuanto los referidos decretos coartan la libertad de las personas, toda vez que pondría a los beneficiarios en la disyuntiva de tener que dar una autorización para la obtención de datos personales innecesarios, y además tener que repactar con la banca privada los créditos asumidos y morosos, o de lo contrario no acogerse al beneficio, quedando a la merced de los bancos, los cuales ya han iniciado los juicios de remate y desalojo que se encuentran en curso;

3.- Derecho a la vivienda adecuada, como parte del derecho de propiedad. Señalan los comparecientes que éste constituye un derecho humano que engloba una serie de conceptos, tales como la de seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural, todos los cuales deben ser respetados o promovidos por el Estado; y, finalmente.

4.- Derecho al respeto y protección a la vida privada y pública, así como a la honra de la persona y su familia, ya que los beneficios que otorgan los Decretos Supremos recurridos contienen entre otros requisitos señalados como indispensables, la suscripción de una ficha de postulación, mediante la cual el postulante otorga una autorización conforme a la ley 19.628 sobre protección de datos personales, a fin de que Minvu a través del Ministerio de Planificación Nacional ( en adelante Mideplan), Servicio de Impuestos Internos ( en adelante SII), y otras entidades públicas que correspondan, soliciten aquellos datos personales del beneficiario que estime convenientes, para evaluar la procedencia de los beneficios, a discrecionalidad del mismo Ministerio.

Agregan que esa autorización más forzosa que libre, implica la recopilación de antecedentes innecesarios para la asignación de subsidios, haciendo además presente que el Estado ya cuenta con las herramientas necesarias para realizar dicha asignación, como lo es la ficha de protección social, por lo que resulta evitable una intromisión mayor a la vida privada de los beneficiarios, respecto a datos sensibles relativos a su vida privada.

Petición concreta:

Por todo lo anterior, solicitan los recurrentes se acojan los presentes recursos de protección, tomando las medidas necesarias para evitar que el Minvu, continúe con las acciones u omisiones antes señaladas, y en especial se abstenga de seguir informando a la población sobre los Decretos Supremos que vulnerarían los derechos fundamentales citados, influyendo nocivamente en decisiones vitales de los afectados que puedan ocasionar la pérdida de sus viviendas básicas.

SEGUNDO: Que se remitieron a los autos diversos informes evacuados tanto por el Minvu, como por Su Excelencia el Presidente de la República, la casi totalidad de ellos respecto a determinados recursos en particular, y otro en relación a todos, planteándose en todos ellos los siguientes y resumidos argumentos:

A: Informes del Minvu:

Se alega la Extemporaneidad respecto de los recursos de protección interpuestos en contra del D.S N° 12 del año 2011, por cuanto la fecha de publicación del referido Decreto fue el 11 de abril del 2011, y las acciones fueron deducidas recién a contar del 17 de junio del mismo año, razón por la cual se habría excedido con creces el plazo de 30 días que el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección contempla para su interposición.

Respecto al fondo del asunto, este Ministerio informante hace presente antecedentes relativos al indicado Decreto Supremo N° 12, señalando que el mismo establece una subvención diferenciada por tramos para deudores habitacionales que se encuentren en situación de vulnerabilidad, contemplando beneficios tales como:

1.- Una subvención que cubre el porcentaje de cada dividendo devengado a partir de enero de 2011, hasta enterar el total del saldo insoluto de la deuda, dependiendo del porcentaje que el deudor tenga en la respectiva ficha de protección social;

2.- Una subvención especial para los deudores morosos que les permita cubrir los costos y gastos operacionales de la reprogramación;

3.- Un subsidio destinado a la prima de un seguro de desempleo para trabajadores dependientes y de incapacidad temporal para los independientes; y, 4.-Una subvención que cubre el saldo total de la deuda para deudores que se encuentren en situación extrema de vulnerabilidad, previa evaluación de una comisión especial.

En cuanto a los derechos fundamentales cuyo ejercicio resultaría supuestamente transgredido, señala el recurrido que el D.S N° 12 exige el cumplimiento de una serie de requisitos para acceder a los beneficios, lo que no tiene otro objetivo sino que direccionar adecuadamente los fondos públicos, velando precisamente por la protección del principio de igualdad ante la ley, en cuanto a que todas las personas que estén en situación de vulnerabilidad pueden acceder a este beneficio, cumpliendo con iguales condiciones y requisitos previamente establecidos en la normativa vigente.

En consecuencia, afirma, no es posible estimar que la exclusión que dispone el referido D.S N° 12, respecto de los deudores que hubieren accedido a los subsidios regulados en los programas ahí señalados, pueda constituir un acto arbitrario e ilegal, por cuanto la finalidad perseguida es dar una solución concreta a todos aquellos deudores que se encuentren en situación de vulnerabilidad, y ello es del todo opuesto a lo ilegal o arbitrario.

En lo que se relaciona con la alegación referida a la violación del derecho de libertad, señala el recurrido que la reprogramación de deuda a que se refiere el D.S N° 12, no es una condición esencial para acceder a la subvención principal que otorga el Decreto, sino una opción, por cuanto el requisito que este cuerpo legal exige es el de “encontrarse al día en el servicio de su deuda”, por lo que el deudor puede cumplirla con el pago de sus dividendos, de diversas formas.

Respecto a que el Decreto cuestionado vulneraria el derecho a una vivienda adecuada, sostiene el informante que precisamente los objetivos de los programas habitacionales elaborados por el Ministerio, así como el propio D.S N° 12, tienen por finalidad garantizar este derecho, reconocido entre otros por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito y aprobado por Chile, por lo que tampoco se puede vislumbrar acto arbitrario ni ilegal alguno.

Finalmente y en cuanto al hecho que el referido D.S violaría la protección a la vida privada y pública, así como la honra de la persona y su familia, señala el recurrido que las condiciones y requisitos especiales que deben cumplir las personas que postulen a los subsidios, deben sujetarse principalmente al principio de igualdad, por lo que en relación al mandato otorgado para recabar información del SII, está en directa relación con el deber público de aplicar estrictamente los recursos fiscales, y en este sentido la ficha de protección social no es un instrumento exacto para comprobar las exigencias que el D.S. N° 12 contempla para otorgar los subsidios, esto es que los ingresos del beneficiario no superen los $500.000.

Concluye señalando que dicha exigencia se encuentra en completa armonía con la Ley N° 19.628, por cuanto el tratamiento de los datos requeridos al SII se efectúa por parte del Ministerio respecto de las materias de su competencia, habiéndose solicitado el mandato sólo para efectos de transparencia.

Por todo lo anterior, solicita esta parte que se rechacen con costas los recursos interpuestos, atendidos los argumentos relatados precedentemente.

B: Informes de Su Excelencia el Presidente de la República:

Evacuados por el Ministro Secretario General de la Presidencia, Sr. nombre reservado, en representación del señor Presidente de la República, plantean:

En primer término la Extemporaneidad de los recursos interpuestos en contra del D.S N° 12 por idéntica razón a la señalada por el informante anterior.

Por otra parte, agrega que los recurrentes incurren en un error en la impugnación, pues lo han hecho respecto al D.S N° 12 de 2011, pero a partir de la pagina 8 de cada uno de los recursos y hasta el final de éste, se hace referencia al D.S N° 134 de 2010, el cual nunca existió.

En cuanto al fondo, señala el recurrido, en primer lugar que en este caso existiría una falta de legitimación activa, ya que los recursos se interponen a favor no solo del recurrente, sino que también de un grupo indeterminado de personas.

Agrega, en cuanto a las garantías que se sostienen infringidas, que el referido Decreto Supremo N° 12 goza de una presunción de legalidad por haber sido tomado de razón por la Contraloría, y que el mismo no viola el derecho a la igualdad, dado que su articulado no contiene diferencias ni exclusiones arbitrarias, sino que responde a las necesidades diversas de los deudores habitacionales.

Señala además que el Decreto Supremo N° 12 no vulnera el derecho a la libertad, pues ninguna persona está obligada a postular u obtener el beneficio, y en cuanto al derecho a una vivienda adecuada sostiene que el Decreto cuestionado precisamente pretende solucionar la problemática específica que afecta a un grupo de deudores habitacionales, y por otra parte, el mismo no se encuentra tutelado por la acción de protección.

Tampoco vulnera el derecho a la vivienda porque justamente el Decreto en cuestión pretende solucionar la problemática específica que afecta a un grupo de deudores habitacionales; además porque éste es un derecho no tutelado por la acción de protección; y porque la finalidad del Decreto es precisamente solucionar el problema que aqueja a los deudores habitacionales.

Concluye señalando el informe remitido que el Decreto Supremo no vulnera el derecho a la vida privada, pues los datos solicitados son necesarios para distribuir adecuadamente los recursos estatales, por lo que en definitiva solicita el rechazo de la acción de protección deducida, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que en cuanto al Decreto Supremo N° 134-2010, se ha evacuado - en el tomo XXX y a fs. 37 del Tomo Tramitador - informes por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual a fs.112 de este último cuaderno se tuvo por suficiente para todos los recursos interpuestos a su respecto, señalando el recurrido, en síntesis, que respecto de dicho D.S. no existe acto arbitrario ni ilegal, ya que el mismo nunca nació a la vida jurídica, por haber sido objeto de reparos por parte de la Contraloría General de la República, por lo que en consecuencia no puede afectar ninguna de las garantías señaladas por los recurrentes.

CUARTO: Que para la procedencia del recurso de protección, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

En lo sustantivo:

A.- Que se compruebe la existencia de la acción reprochada;

B.- Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción;

C.- Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas, protegidas por esta vía; y, D.- Que esta Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección pedida.

E.- En lo formal, que se interponga dentro del plazo legal establecido para ello.

QUINTO: Que atendidas las alegaciones planteadas por los recurridos, corresponde examinar primeramente la posible extemporaneidad de los recursos deducidos en estos autos.

SEXTO: Que para resolver el asunto debe advertirse que según consta de los autos (ingresos Corte N° 8.083 y 21.368, ambos del año 2011), los recursos de protección fueron interpuestos ante la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena a contar del 17 de junio y hasta el 13 de diciembre de 2011; los de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago (acumulados al N° 2761-2011), lo fueron a contar del 18 de mayo del mismo año (a excepción del N° 5093-2011). Finalmente, los deducidos ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción (N° 3964-2011), lo fueron a contar del 15 de abril de 2011 y los mismos se refieren al D.S. N° 134-2010.

SEPTIMO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, el plazo fatal para interponerlo es de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión que lo motiva, que según los recurrentes, se habría cometido con la dictación del Decreto Supremo N° 12 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual fue publicado en el Diario Oficial con fecha 11 de abril de 2011.

OCTAVO: Que por lo anterior, habiéndose deducido los recursos señalados en el basamento sexto de esta sentencia solamente a contar del 12 de mayo del año próximo pasado, las acciones deducidas en contra del antes indicado Decreto Supremo N° 12 resultan haberse interpuesto en forma extemporánea, y por ende deberán ser desestimadas.

NOVENO: Que en cuanto los recursos se interponen en contra del Decreto Supremo N° 134 del año 2010, es claro que los mismos tampoco pueden prosperar, por cuanto, tal como lo expresa la parte recurrida, dicho texto nunca nació a la vida del derecho, puesto que fue devuelto por la Contraloría General de la República sin tomar razón del mismo, como puede constatarse, dentro de otras piezas, de la que rola a fs. 16.643 del Tomo XXX.

DECIMO: Que de todos los recursos interpuestos, el único que resulta haberse interpuesto dentro del plazo legal corresponde al N° 5093-2011, deducido a fs. 16.704, con fecha 11 de mayo de 2011 por don nombre reservado en contra del sr. Presidente de la República.

UNDECIMO: Que de lo expuesto por las partes y del propio Decreto Supremo Nº 12 impugnado, esta Corte puede observar que lo que el Poder Ejecutivo persigue con la dictación de este cuerpo normativo es precisamente lo que los recurrentes reclaman, esto es, otorgar vías de solución a la situación habitacional en que se encuentran los deudores habitacionales de extrema vulnerabilidad, actualmente agrupados en la asociación que los representa, “ANDHA Chile”. Para ello se establecen diversos beneficios, subvenciones y ayudas explícitas y los mecanismos para obtenerlos, todos los que se definen y desarrollan en el Decreto Supremo en cuestión, dentro de los cuales la repactación es solamente una de las opciones y en todo caso, no obligatoria para los interesados.

Dentro del mismo se contemplan también determinadas exclusiones que afectan a los beneficiarios de subsidios precisos, debiendo advertirse a este respecto que los recurrentes en general, y en particular el que compareció en tiempo y forma, si bien impugnan estas medidas no precisan si les afecta personalmente o si esta alegación se formula en términos generales respecto de “los deudores habitacionales”, lo que claramente constituye una deficiencia en el planteamiento de los recursos, que impide hacerse cargo de estos argumentos.

DUODECIMO: Que desde esta perspectiva, atendido lo expuesto precedentemente, es posible concluir que este Decreto Supremo constituye una medida adoptada por la autoridad pública dentro de la órbita de sus potestades legales que le son propias en el campo de la política habitacional contenidas en la Ley Nº 16.391, que creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la finalidad que se ha indicado y cuya legalidad fue revisada por la Contraloría General de la República, por lo cual en ningún caso puede estimárselo como ilegal o arbitrario, en los términos requeridos para hacer procedente el recurso extraordinario de protección intentado, desde que el mismo no importa una amenaza cierta ni la flagrante vulneración de alguna de las garantías constitucionales de los recurrentes, cauteladas por esta vía.

En efecto, se trata en la especie de una manifestación del ejercicio de la política habitacional del Estado, con la cual se podrá o no estar de acuerdo, que puede ser criticada total o parcialmente, o reconocida como un esfuerzo notable en este orden de materias, pero de manera alguna ello puede conducir a afirmar su ilegalidad para efectos de la procedencia de la presente acción de cautela de derechos constitucionales.

DECIMO TERCERO: Que lo que se ha razonado conduce necesariamente a desestimar el recurso de protección intentado, sin perjuicio de lo cual, finalmente, cabe consignar que si bien puede estimarse lamentable – y aún grave – la situación en que se encuentran los deudores habitacionales recurrentes, la reformulación o corrección del cuerpo legal dictado para ir en su auxilio no corresponde buscarla en esta sede extraordinaria de cautela de garantías individuales, sino en las administrativas o jurisdiccionales que correspondan.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", se rechazan los interpuestos en estos autos acumulados, sin costas, por estimarse que ha existido motivo plausible para accionar.

Regístrese, comuníquese y archívese con todos sus tomos.

Redacción: Ministro Dobra Lusic.

N°Protección 2.761 – 2.011 y otras acumuladas.

No firma el ministro señor Mera, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Lamberto Cisternas Rocha e integrada, además, por los ministros señora Dobra Lusic Nadal y señor Juan Cristóbal Mera Muñoz.