I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A de Santiago Santiago, trece de agosto de dos mil veinte.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha trece de enero de dos mil veinte, comparece don Christopher Gotschlich Vázquez, abogado en representación de la Ilustre Municipalidad de Santiago, e interpone acción constitucional de protección, contra la Contraloría General de la República, por haber incurrido en el acto, que considera ilegal y arbitrario, de reincorporar a doña nombre reservado a la dotación de la Municipalidad y consecuente pago de sus remuneraciones, todo ello mediante Oficio N° 16.493, de fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve.

Señala que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve se informó personalmente por parte de la Municipalidad a la funcionaria Asistente de Educación, doña nombre reservado, quien ejercía funciones como Encargada de CRA en el Liceo F-42 República de Brasil, establecimiento del cual la Ilustre Municipalidad de Santiago es su sostenedora legal, mediante carta de aviso de término de contrato, que la Dirección de Educación se dispone a poner término a su Contrato de Trabajo por la causal establecida en el inciso 1° del artículo 161 del D.F:L. N° 1/2003, Código del Trabajo, esto es, “Necesidades de la Empresa, Faena o Servicio.”

Añade que en dicha carta se señalaba que la causal invocada por el empleador se encarnaba y justificaba en un proceso de restructuración y modernización de la Dirección de Educación Municipal, del Liceo F-42 República de Brasil, que generaba un déficit presupuestario y una sobredotación de personal. Ante ello, se le indicaba a la funcionaria un monto por indemnizaciones, firmando el finiquito.

Sin embargo, con posterioridad doña nombre reservado ingresó una presentación a la Contraloría Regional Metropolitana, reclamando contra el término del contrato de trabajo, a lo cual el dieciséis de diciembre de 2019, la recurrente recibe el Oficio N° 16.493, de fecha doce de diciembre del mismo año, el cual señala que las condiciones anotadas no se acreditaban como argumento para el término de contrato de trabajo, ni se verificaba la existencia de un acto administrativo mediante el cual se debiese disponer fundadamente de la desvinculación, concluyendo que el término de contrato no se encontraba justificado, resultando procedente que la Municipalidad de Santiago reincorpore a la señora nombre reservado a sus funciones, debiendo pagarle las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual se vio separada de sus labores, ya que dicho impedimento proviene de una fuerza mayor, no imputable a ella, circunstancias que se deberán informar a la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación del presente oficio.

Refiere que el mencionado oficio es ilegal, por cuanto vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 3, inciso 4° y 24 de la Constitución Política de la República, arguyendo que la decisión adoptada por el acto es excluyente de los Tribunales de Justicia,- y específicamente a los Juzgados de Letras del Trabajo, en virtud del artículo 420 del Código del Trabajo- por cuanto el desconocer la eficacia de un finiquito válidamente firmado por parte de Contraloría sería un acto jurisdiccional, vulnerando el debido proceso, y la prohibición de comisiones especiales. Adicionalmente, vulnera el derecho a la propiedad sobre los dineros que deberán ser pagados a la trabajadora, en razón del oficio, ya que limita a la Municipalidad para disponer libremente de su patrimonio.

Analiza la Carta Fundamental en sus artículos 98 y 99, en conjunto con la Ley N° 10.336, concluyendo que en ninguna de las facultades otorgadas por el Ordenamiento Jurídico a la recurrida, se encuentra la de interpretar y calificar jurídicamente normas de carácter laboral, por lo que entiende infringido el artículo 6 y 7 de la Carta Magna.

En mérito de lo anterior, solicita se restablezca el imperio del derecho, declarando que el N° Oficio N° 16.493, de 12 de diciembre de 2019, un acto ilegal, dejándoselo sin efecto.

SEGUNDO: Que con fecha siete de febrero de dos mil veinte, Contraloría General de la República, evacúa informe.

En primer lugar indica que la acción de protección no es la vía idónea para eludir el cumplimiento del control de legalidad de la recurrida, por cuanto la relación entre la Municipalidad de Santiago y Contraloría se configura especialmente por los artículos 98 de la Constitución Política de la República y por la ley N° 10.336, otorgándole facultades a la recurrida para emitir dictámenes obligatorios para entidades como los Municipios. Y que fue en ese contexto que emitió el Oficio recurrido, careciendo de sentido esta acción de protección, al no poder ser utilizada para incumplir lo ordenado.

Seguidamente, indica que la recurrente pretende que se deje sin efecto un pronunciamiento jurídico emitido en favor y a requerimiento de doña nombre reservado, persona que no ha sido debidamente emplazada en sus intereses, infringiendo el derecho a defensa.

Adicionalmente indica la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en el Oficio N° 16.493, ya que ha sido emitido conforme a todo parámetro constitucional y legal, y careciendo de cualquier tipo de conducta antojadiza o contraria a la razón que lo supeditara, detallando que es atribución de la Contraloría General informar sobre los asuntos que se relacionan con el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración del Estado.

Al respecto, señala que legalmente corresponde a la recurrida controlar que los actos de los Municipios se ajusten a derecho pudiendo examinar sus actuaciones, y elaborando Dictámenes de carácter obligatorio, aseverando que los asistentes de la educación que laboren en los Municipios son funcionarios públicos, sin que obste que su vínculo con el ente municipal se rija por el Código del Trabajo.

Indica que el anterior, fue el criterio al evaluar la solicitud de doña nombre reservado, no pudiendo acreditar la existencia de un acto administrativo por el que el alcalde hubiere dispuesto, fundadamente, el término de la relación laboral de la requirente, refiriendo que el decreto alcaldicio sección 3° N° 1.346 del ocho de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual se habría puesto término al contrato de la señora nombre reservado, precisa que la Municipalidad no ha aportado antecedentes que den cuenta que el citado decreto haya sido debidamente notificado a la afectada, no pudiendo colegir que este produjera efectos.

Como otro argumento, menciona que el Municipio invocó una causal de término de contrato de trabajo, que actualmente no resulta aplicable a los asistentes de la educación, del cual la señora nombre reservado pertenece, ello por cuanto la recurrente no informó hasta el momento de emitirse el acto recurrido, del mencionado decreto alcaldicio, impidiendo a Contraloría efectuar un examen completo sobre la legalidad de la desvinculación, por lo que el que se realizó sólo se centró en determinar si los hechos justificaban la restructuración en que se enmarcaron los despidos y si existía un acto administrativo de cese.

Y sin perjuicio de ahora poder analizar el decreto referido, la Ley N° 21.109 prescribe expresamente que a contar del uno de enero de dos mi diecinueve no será aplicable el artículo 161 del Código del Trabajo a los asistentes de establecimientos educacionales administrados directamente por las Municipalidades.

Advierte además que la suscripción de un finiquito no impide a la Contraloría examinar la legalidad del despido de la señora nombre reservado, negando toda vulneración a derechos constitucionales y solicitando que se desestime en todas sus partes el recurso de protección deducido.

TERCERO: Que esta Corte dispuso la notificación de la presente acción a la señora nombre reservado por el interés que para ella pueda tener lo que se decida en esta causa, sin embargo no hizo presentación alguna.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, amague o perturbe ese ejercicio. En concordancia con lo anterior, corresponde a esta Corte dilucidar si el acto impugnado por la presente acción es ilegal o arbitrario, para luego examinar si dicho acto afecta o conculca alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente protege por esta vía.

QUINTO: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en el oficio de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago N° 16.493 de 12 de diciembre de 2019, que concluyó que no se acreditaron las condiciones invocadas por la Municipalidad como argumento para el término del contrato de trabajo de la señora nombre reservado, ni tampoco el acto administrativo mediante el cual debió disponerse su desvinculación por lo que ordena su reincorporación y el pago de sus remuneraciones correspondientes al tiempo en que ella estuvo separada de sus labores.

SEXTO: Que la primera ilegalidad que reprocha la recurrente es la de estimar que el acto de la Contraloría es de carácter jurisdiccional propio de los tribunales de justicia y que constituye una facultad radicada únicamente en dichos órganos de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en leyes especiales.

Sobre el particular, ha de tenerse presente que la señora nombre reservado ostentaba el cargo de asistente de educación en el liceo F-42 del cual la Municipalidad de Santiago es su sostenedora legal, por lo tanto la mencionada asistente tiene la calidad de funcionaria pública municipal siéndole aplicable las normas del Código del Trabajo (Artículo 4 de la Ley N° 19.464).

Que como consecuencia de lo anterior, la funcionaria frente a la decisión desfavorable de término de su relación laboral bien podía recurrir a la vía administrativa como a la jurisdiccional, sin que la primera le estuviese vetada. En efecto, el artículo 54 de la Ley N° 19.880 permite al interesado plantear una reclamación ante la Administración no pudiendo deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada. Por el contrario, si deduce acción jurisdiccional, la Administración debe inhibirse. En suma, no resulta ilegal entonces que la Contraloría conociendo de un reclamo de una funcionaria pueda, revisar la legalidad del acto tal y como lo hizo en este caso.

De igual modo entonces, debe desecharse la ilegalidad en torno a una vulneración de los artículos 5 y 108 del Código Orgánico de Tribunales y 420 del Código del Trabajo porque todas estas normas suponen el conocimiento de asuntos “judiciales” es decir, asuntos en que una parte somete al conocimiento de los tribunales una determinada pretensión y lo cierto es que en este caso la acción judicial no ha sido entablada por lo que la autoridad administrativa no ha violado norma de competencia alguna ni ha ejercido una función judicial.

SÉPTIMO: Que otro de los reproches que formula la recurrente consiste en la circunstancia que las partes firmaron un finiquito por lo que la Contraloría no podía luego revisar la legalidad del acto como lo hizo. Al efecto, también cabe desechar este cuestionamiento por cuanto el finiquito constituye un acuerdo celebrado entre las partes en este caso, la Municipalidad de Santiago y su trabajadora en el que no intervino la Contraloría por lo que dicho acto no puede ser óbice para el control de legalidad que por mandato de la Constitución Política de la República y la ley puede ejercer el órgano de control ante un requerimiento respecto de un acto que se encuentra dentro de la esfera de sus atribuciones y que es anterior al respectivo finiquito, a saber, el término de la relación laboral por la causal de necesidades de la empresa.

OCTAVO: Que de igual forma debe desestimarse la acusación de arbitrariedad como quiera que la Contraloría ha procedido con conocimiento de los antecedentes que le fueron expuestos, resolviendo el asunto mediante un oficio debidamente fundado en las circunstancias que analizó.

NOVENO: Que en cuanto al tema de fondo discutido, esto es, si las circunstancias invocadas por la Municipalidad de Santiago para poner término a los servicios de la actora son o no efectivas o si existía a la fecha prohibición legal de terminar estas funciones por la causal que se hizo son cuestiones que no pueden ser zanjadas por esta vía constitucional destinada a dar amparo a derechos ciertos y determinados no apreciándose que la Municipalidad los ostente.

DÉCIMO: Que conforme a lo señalado, el recurso no puede prosperar y se hace innecesario entonces analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Por etas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se rechaza sin costas, el recurso de protección deducido por la Municipalidad de Santiago en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministra señora Mireya López M.

N°Protección-2756-2020.