Protección contra Subsecretaría del Interior por haber omitido dar respuesta a la solicitud de reg

C.A. de Santiago Santiago, trece de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 31 de diciembre de 2025, comparece Franco Brunetti Arredondo, abogado, en favor de doña nombre reservado, ciudadana venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría del Interior por haber omitido dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria presentada por la recurrente, así como por no haberle otorgado la visa de residente temporario que corresponde durante la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, actuación que considera ilegal y arbitraria, atendido a que la autoridad recurrida ha permanecido en silencio ante una solicitud formalmente presentada, vulnerando con ello los derechos fundamentales de doña nombre reservado, en particular la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el Nº2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene dar curso al procedimiento de regularización y se conceda la visa temporaria de refugio contemplada en el artículo 155 de la Ley N° 21.325.

Expone que la recurrente es una ciudadana venezolana que se vio forzada a abandonar su país de origen como consecuencia de la violencia generalizada, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos y otras circunstancias que han perturbado gravemente el orden público en Venezuela, ingresando a territorio nacional el 19 de diciembre de 2021 por paso no habilitado. Ya en Chile, y habiendo recabado la información pertinente, envió con fecha 2 de mayo de 2025, mediante carta certificada dirigida a la Oficina de la Subsecretaría del Interior, una solicitud de regularización al amparo del artículo 155 de la Ley N°21.325, adjuntando todos los antecedentes requeridos. Sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción, la autoridad no ha dado respuesta alguna ni ha otorgado la visación de residente temporario contemplada en el artículo 32, inciso 1°, de la Ley N° 20.430.

Denuncia que la omisión de la autoridad recurrida infringe la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al dispensar a la recurrente un trato diferenciado y discriminatorio respecto de otros extranjeros en similar situación migratoria.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorpora al proceso los siguientes documentos: 1) pasaporte de doña nombre reservado, emitido en la República Bolivariana de Venezuela con fecha 23 de mayo de 2019; y 2) comprobante de envío de Correos de Chile con fecha 2 de mayo de 2025.

Solicita que se ordene dar curso al procedimiento de regularización migratoria y concediéndose la visa temporaria de refugio contemplada en el artículo 155 de la Ley N° 21.325, mientras se aguarda la evaluación de su solicitud por parte de la comisión competente.

Segundo: Que la Subsecretaría del Interior evacúa el informe requerido solicitando el rechazo total de la acción de protección interpuesta en su contra, con expresa condena en costas, sobre la base de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

Sostiene que la parte recurrente confunde dos mecanismos jurídicos migratorios distintos e independientes entre sí: de un lado, la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal por caso calificado o humanitario, regulada en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325; y, del otro, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, regida por la Ley N° 20.430 y el Decreto Supremo N° 837 de 2010. Ambos procedimientos presentan naturalezas jurídicas diversas, distintos órganos competentes y diferente regulación normativa, por lo que no pueden ser tratados de manera indistinta.

Agrega, en cuanto a la solicitud de refugio, que los hechos alegados se enmarcan en una etapa previa a la intervención que la ley encomienda al Ministerio del Interior, correspondiendo al Servicio Nacional de Migraciones la recepción y evaluación formal de dichas solicitudes, de modo que no corresponde pronunciamiento alguno a esta cartera de Estado respecto de tal materia.

Refiere, en lo relativo a la solicitud de permiso de residencia temporal por caso calificado o humanitario, que el acto administrativo que la resuelve se encuentra actualmente en tramitación y que, una vez concluida, será debidamente notificado a la recurrente.

Argumenta, asimismo, que la demora en la resolución obedece al análisis particularmente exhaustivo al que son sometidas estas solicitudes, justificado por el volumen exponencial de requerimientos recibidos.

Afirma que el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 para los procedimientos administrativos no reviste carácter fatal, criterio sostenido reiteradamente por la Corte Suprema y la Contraloría General de la República.

Agrega, que acoger la presente acción implicaría vulnerar la garantía de igualdad ante la ley respecto de otros solicitantes que aguardan resolución por la vía regular, y que la acción de protección no constituye el mecanismo idóneo para acelerar la tramitación de solicitudes migratorias, siendo el otorgamiento de dichos permisos una facultad exclusiva del Subsecretario del Interior y no una obligación exigible judicialmente.

Solicita que se rechace totalmente la acción de protección de autos, con expresa condena en costas a la parte recurrente, por no existir motivos plausibles para litigar.

Tercero: Que, requerido por esta Corte, informa el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, sobre la base de los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

Informa que la recurrente no registra fecha de ingreso al territorio nacional en sus sistemas, de lo cual deduce que su ingreso se produjo de manera clandestina, eludiendo los controles migratorios fronterizos. En este contexto, mediante Parte Policial N° NUM000, de fecha 8 de septiembre de 2023, la Policía de Investigaciones de Chile denunció a la extranjera por su ingreso al país por paso no habilitado.

Añade que el 2 de mayo de 2025 recibió carta certificada mediante la cual la recurrente solicitó la regularización de su condición migratoria al amparo del artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, solicitud que, a la fecha del presente informe, se encuentra en tramitación.

En cuanto al fundamento jurídico de sus defensas, el Servicio sostiene, en primer lugar, que la norma invocada por la recurrente —el artículo 155 N° 9 de la Ley N°21.325— consagra una potestad indelegable del Subsecretario del Interior para disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros en territorio nacional, por casos calificados o motivos humanitarios. En consecuencia, su ejercicio constituye una facultad discrecional de la autoridad y no una obligación exigible por la vía del recurso de protección.

Argumenta, en relación con el tiempo de tramitación, que el aumento exponencial de los flujos migratorios ha generado un incremento considerable en el número de solicitudes recibidas, circunstancia que configura un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 27 de la Ley N° 19.880, norma que fija en seis meses el plazo máximo de los procedimientos administrativos.

Agrega que dicho plazo no reviste carácter fatal, toda vez que la ley no le atribuye expresamente tal naturaleza ni contempla sanción de caducidad asociada a su vencimiento, por lo que debe entenderse como un plazo referencial, prudencial y prorrogable para la Administración.

Solicita que se rechace en todas sus partes la presente acción constitucional de protección, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria de su parte que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos tutelados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y que se rechace asimismo toda condena en costas en su contra.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, el hecho que motiva la presente acción constitucional es por haber omitido dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria presentada por la recurrente, así como por no haberle otorgado la visa de residente temporario que corresponde durante la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado Sexto: Que, conviene dejar establecido, conforme el mérito de los informes, que según la legislación pertinente en materia migratoria, la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado, requiere de una etapa previa, que debe ser conocida por el Servicio Nacional de Migraciones conforme el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

Este servicio informó que recibió en mayo de 2025 la solicitud de regulación migratoria de la recurrente, la cual se encuentra actualmente en tramitación.

Séptimo: Que, de esta manera, corresponde a la Subsecretaría del Interior pronunciarse sobre la solicitud de residencia temporal por caso calificado o humanitario, la cual se encuentra en tramitación también desde mayo de 2025.

Octavo: Que, para resolver la controversia de autos, es preciso mencionar que aunque el artículo 27 de la Ley N° 19.880 establece un plazo de seis meses para concluir los procedimientos administrativos, este no es fatal.

Esto ha sido confirmado tanto por la Corte Suprema como por la Contraloría General de la República, quienes han sostenido que el vencimiento de dicho plazo no invalida ni caduca el procedimiento administrativo, debiendo interpretarse la norma en el sentido de que la Administración se encuentra obligada a pronunciarse y/o concluir un procedimiento en un plazo razonable, a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios. precisando la Subsecretaría de Interior en su informe a esta Corte que los antecedentes se encuentran actualmente en análisis, con el fin de continuar con el procedimiento;

Noveno: Que, en ese sentido, el tiempo transcurrido desde la solicitud de la parte recurrente a la fecha no aparece como desproporcionado, arbitrario o carente de razón, toda vez que, dada la naturaleza de la petición, se encuentra justificado que requiera una tramitación de mayor extensión a otro tipo de solicitudes de beneficios migratorios, especialmente teniendo en consideración la relevancia y consecuencias jurídicas que implica su concesión, además de su carácter extraordinario.

En efecto, la propia recurrente ha afirmado que ingresó al país por un paso clandestino o no habilitado de manera voluntaria, infringiendo de este modo la regulación migratoria nacional. Luego, la concesión del beneficio pretendido por el protegido corresponde a una facultad de excepcionalísima aplicación que debe limitarse prudencialmente, ya que altera de manera sustancial la normalidad de la tramitación de beneficios migratorios, como asimismo la planificación y ejecución de políticas públicas en la materia, siendo razonable y relevante un estudio acucioso y acabado de los antecedentes que justificarían la concesión de un beneficio migratorio extraordinario.

En este sentido, se ha precisado por el recurrido que la solicitud se encuentra actualmente en análisis, y tal como se ha razonado precedentemente, la duración y estado del procedimiento administrativo a la fecha no deviene en arbitrario e ilegal, al tenor de lo antes expuesto;

Décimo: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso. En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las del protegido, hayan recibido un trato desigual. En consecuencia, no se ha demostrado que la falta de resolución de su solicitud haya privado, perturbado o amenazado al recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales, lo que determina que la presente acción no pueda prosperar, debiendo ser desestimada;

Undécimo: Que, no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte de la Subsecretaría del Interior, siendo el órgano de la administración competente para la dictación de un acto terminal que resuelva la petición de la recurrente, procede, como se dirá, el rechazo del presente arbitrio cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Subsecretaria del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-27500-2025.