Protección contra Municipalidad de Estación Central

C.A. de Santiago Santiago, ocho de junio de dos mil veintiséis.

Al folio 20, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Estación Central, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°NUM000 de 25 de noviembre de 2025, notificado el 1 de diciembre de 2025, mediante el cual se declara la vacancia de su cargo por salud incompatible.

Expone que es funcionaria de planta de la Municipalidad de Estación Central y que ha desempeñado sus labores con compromiso y lealtad. Indica que su situación personal se vio alterada al convertirse en madre cuidadora de un menor de edad con trastorno del espectro autista. Refiere que, el 27 de febrero de 2024, su jefatura solicitó un pronunciamiento jurídico para permitirle acceder a la modalidad de teletrabajo, amparada en la Ley de Presupuestos y la Ley 21.647, para conciliar su vida laboral con el cuidado de su hijo, petición que fue rechazada por la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio mediante el Memo NUM001 de 8 de marzo de 2024, argumentando la inaplicabilidad de la normativa sobre flexibilidad laboral a los funcionarios municipales. Refiere que dicha negativa provocó un deterioro en su salud mental, forzándola a utilizar licencias médicas para poder atender la crisis de cuidados en su hogar. Añade que, ante la acumulación de licencias médicas, el municipio solicitó la evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), organismo que, mediante Resolución de Evaluación Folio N°NUM002 de 17 de octubre de 2025, dictaminó de forma categórica que su estado de salud es recuperable.

Sostiene que, no obstante contar con un dictamen de recuperabilidad, la autoridad edilicia procedió a desvincularla argumentando que su salud es incompatible basándose en un Informe de Riesgo Psicosocial emanado de la unidad de prevención de riesgos, que alude a una supuesta sobrecarga laboral y desequilibrio en las funciones del servicio debido a su ausencia.

Denuncia que el acto es ilegal, pues infringe el estándar de motivación reforzado exigido por el artículo 148 de la Ley N°18.883, argumentando que, existiendo un dictamen de la COMPIN que declara su salud como recuperable, la autoridad administrativa debe justificar técnica y específicamente por qué su salud sería incompatible con el cargo, lo que, indica, no se habría cumplido en la especie. Asimismo, acusa que el acto es arbitrario por falta de fundamentación real, toda vez que el informe que justifica el despido sería una copia idéntica de documentos utilizados para desvincular a otros funcionarios, lo que demostraría la ausencia de una ponderación intelectual del caso particular, incumpliendo el deber de fundamentación exigido conforme a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880. Adicionalmente, arguye una desviación de poder, sugiriendo que la desvinculación obedece a una motivación política por su calidad de excandidata a concejala, disfrazada bajo una facultad discrecional. Finalmente, alega una infracción al principio de servicialidad del Estado y a la Ley N°21.545, por cuanto el municipio no buscó alternativas de flexibilidad y omitió considerar el interés superior del niño al forzar una presencialidad que devino en el colapso de salud de la funcionaria.

En relación con la vulneración de garantías constitucionales, la recurrente sostiene que el acto impugnado afecta su derecho a la integridad física y psíquica, al someterla a un trato que agrava su cuadro emocional al dejarla sin sustento pese a su estado de salud recuperable; infringe la igualdad ante la ley, al aplicársele un procedimiento estandarizado y deshumanizado basado en informes plantilla que no reflejan su realidad; y, finalmente, conculca su derecho de propiedad sobre su cargo y remuneraciones, al ser privada de su empleo a través de un acto viciado que invoca una causal de salud incompatible que resulta ser falsa frente a la resolución técnica de la COMPIN.

Por estas razones, solicita dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio que declara la vacancia del cargo, ordenando su reintegro inmediato a sus labores habituales sin solución de continuidad, y el pago íntegro de todas sus remuneraciones, asignaciones y cotizaciones devengadas durante el periodo de separación, con expresa condena en costas para la recurrida.

Segundo: Que la Municipalidad de Estación Central, a través de la abogada Ximena Salazar Álvarez, evacuó informe solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por haber actuado el municipio dentro de la esfera de sus atribuciones legales y sin vulnerar garantías constitucionales.

Expone que la recurrente, perteneciente al Escalafón Técnico, acumuló un total de 223 días de licencia médica dentro de los dos últimos años, superando con creces el límite de seis meses previsto en la normativa estatutaria. Sostiene que el acto impugnado, mediante el cual se declaró la vacancia del cargo de la funcionaria por salud incompatible, constituye el ejercicio legítimo de una facultad legal conferida por el artículo 148 de la Ley N°18.883, y que, si bien la COMPIN calificó la salud de la funcionaria como recuperable mediante Resolución de Evaluación Folio N°NUM002, aquello no obsta a la declaración de vacancia. Al efecto, invoca el Dictamen N°E188441N22/2022, emitido por la Contraloría General de la República, el cual prescribe que la sola recuperabilidad no impide al alcalde ejercer la facultad de declarar la salud incompatible si se ha evaluado que esta no permite el desempeño del cargo.

Al respecto, arguye que la ausencia de la funcionaria debió ser cubierta mediante la redistribución de sus funciones entre los demás funcionarios del Departamento donde se desempeñaba, lo que implicó un aumento de la carga laboral para cada uno de ellos. Agrega que, se tuvo a la vista el informe emitido por el prevencionista de riesgos de la municipalidad, el cual indica que la ausencia reiterada y prolongada de funcionarios puede constituir un factor de riesgo psicosocial dentro de los equipos de trabajo, al generar sobrecarga laboral, estrés y desequilibrio en la distribución de funciones entre los demás integrantes de la unidad. Por consiguiente, la Municipalidad fundamenta su actuar en la necesidad de asegurar la continuidad del servicio y el interés general de la comunidad, principios que se vieron afectados por el ausentismo prolongado de la recurrente.

Por otra parte, respecto de la supuesta negativa arbitraria a conceder teletrabajo, sostiene que dicha decisión se fundamentó estrictamente en el derecho vigente. Detalla que, mediante el Memorándum N°DAJ 352/2024, se señaló que la normativa que autoriza el teletrabajo en el sector público no resulta aplicable a las municipalidades, toda vez que su ámbito de aplicación se circunscribe a Subsecretarías y servicios dependientes de Ministerios, careciendo la autoridad administrativa de facultades para pactar dicha modalidad sin una norma expresa que la autorice, conforme lo ratificado por el Dictamen N°E443357N24 de la Contraloría.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: Que de los antecedentes tenidos a la vista aparece que la recurrente, funcionaria de la Municipalidad de Estación Central, presentó 223 días de licencia médica en un período de dos años y que se solicitó a la COMPIN competente la evaluación de irrecuperabilidad de su salud, institución esta última que resolvió que la funcionaria nombre reservado presenta un estado de salud recuperable.

Quinto: Que, puntualizado lo anterior, debe considerarse lo dispuesto en la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que constituye la regulación legal que regía la vinculación entre la recurrente y la recurrida.

Así, el artículo 146 previene que "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (...) c) Declaración de vacancia".

Por su parte, el artículo 147 establece que "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (...)".

A su turno, el artículo 148 prevé en su inciso primero que "El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”. Enseguida, su inciso tercero dispone que “El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." Sexto: Que como puede advertirse, la autoridad recurrida no sólo cuenta con la potestad, conferida por la ley, para adoptar la determinación que motiva el recurso, sino que, además, ésta aparece ejercida precisamente en un caso en que se configura la hipótesis contemplada por el legislador, de modo tal que no resulta posible dirigirle un reproche de ilegalidad.

Del mismo modo, tampoco puede atribuirse arbitrariedad a la decisión contenida en el Decreto Alcaldicio N°NUM000 de 25 de noviembre de 2025, de la Municipalidad de Estación Central, pues sin perjuicio de encontrar sustento tanto en los hechos como en la ley, estas circunstancias han sido expresadas debidamente en la decisión adoptada, explicándose de esta forma suficientemente y cumpliendo con ello la exigencia prevista en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Por otra parte, resulta del caso precisar que la declaración de irrecuperabilidad de la salud reconoce en la ley efectos distintos a la declaración de incompatibilidad, pues se trata de situaciones diferentes, y la exigencia en orden a que previo a la declaración de esta última sea necesario contar con informe de la COMPIN que declare si la condición de salud es o no recuperable sólo tiene relevancia, precisamente, para determinar qué tipo de declaración es la que resulta procedente, pero nada obsta a que existiendo salud recuperable, la vacancia del cargo se disponga en razón de la incompatibilidad, en el evento que concurran los supuestos legales para ello, como acontece en el presente caso.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas precedentemente, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, de manera tal, que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla a en el artículo 20 de la Carta Fundamental, el arbitrio no puede prosperar y será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Municipalidad de Estación Central.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 27499-2025.