nombre reservado con CLÍNICA ALEMANA

Santiago, veintidós de mayo de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció don nombre reservado, quien interpone acción de protección contra la Clínica Alemana de Santiago, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la negativa de la clínica de continuar con el tratamiento de hemodiálisis trisemanal, lo que de acuerdo al diagnóstico hecho por sus médicos tratantes, resulta de vital importancia para sobrevivir a la insuficiencia renal crónica terminal que lo aqueja, todo lo cual trasgrede a su entender, las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 1, 4 y 9 inciso final de la Constitución Política.

Funda su acción cautelar en que en el año 2008 le fue diagnosticado una compleja enfermedad llamada “amiloidosis renal primaria”, la que fue tratada en la misma clínica recurrida con una quimioterapia intensiva. Agrega, que producto de dicha enfermedad sufrió una insuficiencia renal crónica, la que debía ser tratada según su médico tratante nombre reservado, Jefe de la Unidad de Diálisis de la Clínica Alemana de Santiago, con hemodiálisis 3 veces por semana.

Sostiene que con fecha 6 de marzo del 2020 la recurrida le remite carta en la que le informa que en virtud de lo establecido en el artículo 35 de la Ley N° 20.284, decide su “Alta Hospitalaria” por haber tenido supuestamente, “conductas poco decorosas e impropias con el personal de la clínica”, además de “violencias verbales”, las que habían sido advertidas primero, en una carta de 12 de febrero del 2020, y luego, en otra del 17 de marzo del 2020, en las que el abogado de la clínica señaló que aquéllas fueron reconocidas por el recurrente, lo que nunca ocurrió. Precisa que la carta concluye diciendo que, a consecuencia de su decisión, no continuaría prestándole el servicio de hemodiálisis y lo compelía a hacerlo en otra institución de salud, otorgándole un plazo de 30 días para buscar algunas alternativas.

Explica que la carta no indica en forma específica la o las conductas por las que se le sancionaría, sino que solo refiere adjetivos sobre un supuesto proceder que, al no mencionarla, el recurrente cree que se trata de un legítimo intercambio de opiniones que tuvo el recurrente con la jefa del personal de diálisis de la Clínica, dado que el recurrente denunció negligencias por parte del personal a su cargo, la que en una ocasión le produjeron una hematoma y hemorragia excesiva en su brazo derecho.

Señala que esta falta de especificidad, la que persistió pese a la solicitud hecha por el recurrente, la convierte en ilegal y arbitraria.

Indica que tal decisión es meramente económica, puesto que busca sustraerse a las obligaciones contractuales asumidas por la recurrida. Destaca además el momento en el cual se acordó tal medida, el mismo día que Chile entró en la fase IV de la enfermedad covid-19.

En cuanto al derecho, en primer término niega las imputaciones que le hicieron en la carta referida, aduce que de haber existido tales conductas, el personal de la clínica habría requerido el auxilio de las fuerza pública o por lo menos del personal de seguridad del mentado establecimiento de salud, cuestión que también está regulado en el artículo 35 de la Ley N° 20.084, lo que nunca ocurrió. Enseguida da ejemplos de la jurisprudencia de casos en que se ha estimado procedente la sanción de “Alta Disciplinaria”, y todos ellos son de extrema gravedad, en que concurren insultos y agresiones reiteradas en contra del personal de salud, que no es el caso de autos.

En segundo lugar afirma, que la conducta es ilegal por haber trasgredido el articulo 19 numero 3 inciso quinto de la constitución, y derechos integrantes de esta garantía, pues nunca se le advirtió de esta situación, impidiéndole presentar descargos; se vulneró la necesaria motivación y proporcionalidad de la sanción impuesta, contemplado en el artículo 11 de la Ley N° 19880, que exige a los actos administrativos fundamentación, especialmente en aquellas decisiones que afecten derechos de particulares; además de que se vulneró la presunción de inocencia.

En tercer lugar señala, que tal decisión es ilegal y arbitraria pues amenaza gravemente la vida y salud del recurrente, quien necesita la hemodiálisis para vivir, y la medida de “Alta Disciplinaria” lo establece le ley, procede solo en caso que no se ponga en riesgo la vida o salud del paciente, siendo más grave en estos momentos que existe en nuestro país un estado de emergencia sanitaria que dificulta el tener acceso a estas prestaciones en otro centro de salud, como ha quedado demostrado con el correo electrónico enviado a la Clínica Las Condes, en que se le informa al recurrente que existe un déficit de personal, atendida la contingencia sanitaria.

En cuanto a las garantías vulneradas, se refiere en primer término al derecho a la vida, ya que como señaló anteriormente, requiere el tratamiento para vivir, por cuanto pasar una semana sin hemodiálisis podría causarle la muerte. Se refiere también a la fase positiva del derecho a la vida, que incluye el derecho a recibir el tratamiento de salud adecuado, que en este caso es único y vital.

Refiere que además se ha afectado su integridad psíquica, al dejarle sin tratamiento con una enfermedad de la gravedad como la que el padece. Añade que en su ficha clínica aparecía una patología falsa -esquizofrenia-, la que jamás le ha sido diagnosticada.

Denuncia también una vulneración a su derecho a la honra, al ser sancionado por una supuesta conducta reprochable moralmente.

Señala también que se trasgredió su derecho a elegir el sistema de salud, ya que eligió la clínica recurrida por ser de reconocido prestigio, siendo la segunda mejor a nivel latinoamericano y en su actual situación se vería obligado a tratarse en un centro médico que no sea de su preferencia o peor aún, en el sistema público de salud.

Por último, denuncia trasgresión a su derecho de propiedad, en cuanto cliente de la Clínica Alemana, con la que suscribió un seguro privado de salud y la que se atiende hace 12 años.

Solicita se deje sin efecto la medida de “Alta Disciplinaria” y se ordene a la recurrida seguir prestando el servicio de “hemodiálisis” tres veces por semana, tal como fue ordenado por su médico tratante.

SEGUNDO: Que evacuando informe la clínica recurrida solicita el rechazo del presente recurso por las siguientes razones:

En relato de los hechos indica que efectivamente el recurrente se realiza su tratamiento de hemodiálisis desde abril del 2019 en dicho recinto hospitalario. Indica que tiene dificultades con su acceso vascular y punciones, lo que torna dificultoso este proceso para cualquier profesional, pero la enfermera nombre reservado lograba realizarlo sin mayores complicaciones, por lo que era ella por lo general, quien lo atendía. En este contexto de relación paciente-enfermera, el recurrente tuvo conductas de acoso sexual y hostigadoras con la señalada enfermera, llegando a obsesionarse con ella.

Es así, como al principio pasó de adularla y exigir, a veces a gritos, atenderse solo con ella, a hacer comentarios inapropiados de su físico, y decirle que estaba enamorado de ella.

Luego pasó a conductas más preocupantes ya que se consiguió el número telefónico de ella y le mandaba mensajes día y noche, averiguando eventos de su vida privada.

Refiere que en octubre del 2019 sucedió un hecho puntual, que otra enfermera le pidió ayuda a la Señora nombre reservado para puncionar al paciente, y cuando esta se acercó, el recurrente la agredió verbalmente, por lo que la Señora nombre reservado lo denunció ante su jefatura, la que habló con él y lo conminó a deponer su actitud. Luego de eso siguió acosándola y concurrió a su jefatura, llorando, diciendo que depondría su actitud.

Pero lejos de ello, la conducta del recurrente fue aumentando, ya que hacia comentarios a la enfermera nombre reservado sobre su cuerpo, delante de todos, y le preguntaba a los otros trabajadores del lugar sobre aspectos de la vida privada de dicha enfermera. Además le hacía regalos costosos, como flores, tortas y un reloj de lujo, todos los cuales eran devueltos por su remitente, provocando la ira del actor.

En el contexto de todas estas conductas, desde noviembre del 2019 la señora nombre reservado pidió la presencia del médico residente, de sexo masculino, cada vez que tuviera que atenderlo.

Agrega que otro episodio sucedió el 11 de enero del 2020, cuando el paciente exigió a gritos ser atendido por la enfermera nombre reservado y cuando lo hizo, le dijo que la miraría las 4 horas de diálisis, y le tomo fotos que luego envío a colegas de ella de la Clínica, humillándola públicamente.

Producto de todo ello la enfermera nombre reservado realizo una denuncia ante Auditoria Medica de la Clínica Alemana el 17 del presente año, mismo día en que se recibe denuncia de la Jefa de Diálisis, quien ya tenía conocimiento de estos hechos y donde corrobora todo lo ya dicho por la primera. En marzo en tanto, la referida enfermera presenta licencia médica.

Producto de estas denuncias el 30 de enero del 2020 el abogado de la Clínica, Cristian de la Barra Dünner se reúne con el paciente, quien le hizo ver la gravedad de sus conductas y le advirtió sobre la posibilidad de decretar un “Alta Disciplinaria”, ante lo cual este, llorando, le dijo que no seguiría con dicha actitud y pidió que no lo “echaran” y concordante con ello el 12 de febrero del 2020 se le remite carta en tal sentido.

Posteriormente, el día 27 de febrero del 2020 la Jefa de diálisis da cuenta de otro episodio de violencia verbal por parte del recurrente, esta vez en contra de otra enfermera, nombre reservado por problemas en la hemostasia del paciente, ante lo cual el denunció habían puesto su vida en peligro. Además el 4 de marzo se recibió queja de otro paciente que se realiza diálisis, el sr. nombre reservado, el que señala que el recurrente altera la tranquilidad del lugar donde se realiza este tratamiento, poniendo en riesgo a todos los otros pacientes, en particular a él, ya que tiene graves problemas al corazón y necesita que este proceso se realice en un ambiente de calma, no en uno donde impera la violencia verbal contra el personal de salud, que es lo que hace el recurrente, y pide se le rescinda el contrato a fin que no se le atienda más allí.

Señala que por todos estos antecedentes con fecha 6 de marzo se decidió decretar su “Alta disciplinaria” luego de haber oído al médico tratante, y teniendo las autorizaciones contempladas en el Párrafo Tercero del artículo 19 del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Clínica Alemana, dándole un plazo de 30 días para acceder a su tratamiento de salud en otro centro.

Indica que se trata de un derecho o facultad de los centros de salud, sean estos públicos o privados, por lo que no exige un procedimiento controversial.

Por otro lado, tampoco se trata de un acto administrativo, como afirma el recurrente, dado que se trata de un centro privado de salud. Estas mismas condiciones son repetidas en el artículo 26 del Reglamento de la ley 20.584, la que no establece más condiciones que las ya dichas.

Explica que los casos que la ley contempla para usar de la facultad de “Alta disciplinaria” son dos: primero, que hayan ocurrido “maltrato o actos de violencia”, como los ocurridos en este caso, donde hubo claros episodios de acoso sexual y violencia verbal contra funcionarios del recinto de salud; y segundo, “que no se ponga en riesgo la vida o salud del paciente”, lo que debe ser interpretado en sentido restrictivo, porque resulta que siempre se podría poner en riesgo a salud del paciente. En este sentido, se excluyen los casos de riesgo vital, pero en el resto, se ha interpretado que el “Alta Disciplinaria” no puede dictarse de forma intempestiva, sin aviso previo, poniendo en riesgo la vida del paciente, y resulta que la hemodiálisis son prestaciones electivas, que se agendan con anticipación y es perfectamente posible cambiar el lugar donde se realizan, sin poner en riesgo la vida del paciente.

Por otro lado, se refiere la normativa interna que tiene la Clínica Alemana, en tal sentido, esto es, el Reglamento Interno de funcionamiento, el que tiene requisitos aún más estrictos que la ley, protegiendo así al paciente, ya que su artículo 19 exige que la medida de “Alta Disciplinaria” debe contar con la autorización previa de la Dirección Médica y de la Auditoría Médica. Señala que además en este caso su parte debía cumplir con su obligación de proteger a sus trabajadores.

En cuanto a la supuesta trasgresión de garantías constitucionales, refiere que no es tal, que al contrario, la conducta del recurrente ha afectado los derechos de los otros pacientes de la Clínica Alemana, donde el tratamiento de hemodiálisis se realiza en salas comunes, por lo que se les pide a todos mantener una buena conducta.

En cuanto a su supuesta afectación del derecho a la vida, indica que hay más de 100 centros en la Región Metropolitana que prestan el servicio de diálisis, que lo seguirán realizando, aún con la emergencia sanitaria que existe actualmente, pues son tratamientos que requiere seguir y es absurdo pensar que todos esos pacientes morirán por la contingencia sanitaria.

En cuanto a la integridad psíquica del recurrente, asevera que no fue trasgredida, pues al contrario de lo que dice en su recurso, sabe perfectamente cuales son las conductas que se le reprochan, contra quién y cuándo, fue advertido, en atención a que el mismo pidió nuevas oportunidades y no las cumplió. Asevera que los únicos vulnerados son el personal de la clínica y sus compañeros de diálisis. Añade que lo mismo acontece con el derecho a la honra.

En relación al derecho a elegir el sistema de salud, no es tal, ya que la recurrida no es un “sistema de salud” es solo un centro de salud, y puede optar tratarse en cualquier otro, incluida la Clínica Las Condes, pues el funcionamiento de los centros de diálisis es el normal, como ya ha sido explicado.

En lo relativo al derecho de propiedad, indica que no es posible aseverar que sea dueño de su calidad de paciente para ser atendido por la Clínica Alemana, por cuanto lo único que tiene y como podría interpretarse su alegación es que su contrato con la Isapre Colmena no les empece y además, genera obligaciones de ejecución instantánea para la recurrida, no existiendo ninguna obligación a plazo pendiente de cumplimiento por su parte.

Por último, solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección es un arbitrio cautelar de determinados derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que antes de entrar a analizar el fondo de la acción deducida es ilustrador tener presente que en esta sede jurisdiccional resultan ser hechos ciertos que:

a) El recurrente se ha realizado el tratamiento de hemodiálisis prescrito en la Clínica Alemana desde hace más de un año a la fecha.

b) A partir del mes de abril de 2019, doña nombre reservado, enfermera de la Clínica Alemana, en el contexto del tratamiento que precede atendió en diversas oportunidades a don nombre reservado.

c) El centro hospitalario antes referido, con fecha 6 de marzo de 2020, le comunicó al actor mediante el envío de una carta, bajo el siguiente tenor: “(…) en mérito a la reunión sostenida con usted el 30 de enero de 2020, en dependencias de la Clínica Alemana Vitacura, con el abogado señor Cristián de la Barra Dünner, carta que se le enviara en el mismo sentido con fecha 12 de febrero de 2020, ambas oportunidades que se le representó diversas conductas acaecidas con ocasión de sus atenciones médicas de diálisis, concretamente el accionar suyo ha sido violento verbalmente y conductas poco decorosas e impropias con personal de la Clínica, las que dificultaban negativamente la prestación de cuidados y tratamientos oportunos para usted y que también afectan a otros pacientes, y la persistencia de su conducta, a pesar de las advertencias realizadas, le comunicamos a usted:

Que con esta fecha, hemos resuelto decretar su ALTA DISCIPLINARIA por los hechos expuestos precedentemente y de acuerdo a lo establecido en los artículos 33 y 35 de la Ley 20.584, 26 del Reglamento de la Ley 20.584 (Dcto. 38-2012 MINSAL), 15, 16 y 19 del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Clínica Alemana de Santiago, habiendo sido oído su médico tratante y contando con las autorizaciones que ordena el Párrafo Tercero del artículo 19 de este último Reglamento.

En estricto cumplimiento de la normativa vigente, para dar continuidad a su tratamiento y así no poner en riesgo su vida y salud en general, le informamos que en los siguientes establecimientos de salud, cercanos a la Clínica Alemana y a modo de ejemplo, puede continuar con su tratamiento de diálisis:

1) Clínica Las Condes, ubicada en domicilio reservado.

2) Hospital Dipreca, ubicado en domicilio reservado.

3) Unidial, ubicada en domicilio reservado.

4) Integramedica, ubicada en domicilio reservado.

5) Hemodial, ubicada en calle Román Díaz, Comuna de Providencia.

En este mismo sentido, de salvaguarda de su salud y continuación de su tratamiento, se le concede un plazo de 30 días para acceder a éste, en el establecimiento de salud que usted elija.

Finalmente y si usted lo estima, le ofrecemos ayudar en la coordinación para la continuación de su tratamiento de diálisis en el establecimiento de salud que usted elija, a través de su médico tratante, a quien usted deberá informar de tal elección”.

QUINTO: Que en primer término resulta pertinente dejar asentado que la recurrida en su informe y en sus alegatos realizados en estrados, ha referido como antecedentes fundantes de su decisión de “Alta Disciplinaria” contenidos en el Informe N° 47/2020, suscrito por don Cristián de la Barra Dünner, en que señala en síntesis que:

1. Con fecha 17 de enero de 2020, la enfermera nombre reservado, realizó un reclamo en contra del recurrente ante la Auditoría Médica de la Clínica Alemana, declarándole a sus superiores encontrarse afectada física y mentalmente, por las reiteradas conductas que precisó y calificó como de acoso y violencia de parte del anterior y ante la reiteración de aquéllas presentó una licencia médica en el mes de marzo del año en curso.

2. Con fecha 17 de enero de 2020, la Enfermera Jefe de Clínica Alemana Santiago doña nombre reservado efectuó un reclamo en los mismos términos que el efectuado por la profesional que precede ante la Auditoría Médica del recinto de salud en comento.

3. Con fecha 30 de enero de 2020, el recurrente se reunió con el abogado de la Auditoría Médica de la Clínica Alemana don Cristián de la Barra Dünner, en la que se le representó la gravedad de su conducta, concretamente su accionar, violencia verbal y acoso sexual con personal del signado establecimiento, informándole que la persistencia de su proceder podría acarrear su “Alta Disciplinaria”, solicitando el actor que se le diera una nueva oportunidad, petición a la que el recurrido accedió.

4. Con fecha 12 de febrero de 2020, la recurrida le envió una carta de advertencia al actor, de la que acusó recibo vía correo electrónico.

5. Con fecha 27 de febrero de 2020, se recibió un nuevo reclamo en Auditoría Médica de la Clínica Alemana de la Enfermera Jefe señora nombre reservado, señalando que costó mucho la hemostasia del recurrido, lo que generó un nuevo episodio de violencia verbal, insultando a la enfermera nombre reservado, alterando la tranquilidad del resto de los pacientes.

6. Con fecha 4 de marzo de 2020, se recibió un nuevo reclamo en contra del actor de parte del paciente nombre reservado, quien refirió que se realiza hemodiálisis en la Clínica Alemana desde hace más de dos años en un ambiente de tranquilidad, lo que el recurrente vino en cambiar radicalmente, relatando episodios de insultos y violencia verbal.

7. Con fecha 6 de marzo de 2020, se realizó una Auditoría Médica, decretándose el “Alta Disciplinaria” del recurrente por los hechos expuestos y en base a la normativa antes indicada, otorgándosele en salvaguarda de su salud, por cuanto se le concedió un plazo de al menos 30 días para acceder a su tratamiento de salud, en el establecimiento hospitalario que él elija.

SEXTO: Que por otro lado, en relación al marco legal atingente al conocimiento de la presente acción es dable tener en consideración lo dispuesto en:

1.- El artículo 26 del Reglamento de la Ley N° 20.584 establece los casos en que una persona incurra en conductas de maltrato o violencia durante su estadía, el establecimiento podrá disponer su alta disciplinaria con el consiguiente cese de la entrega de las prestaciones y la obligación de éste de abandonar el lugar, siempre que con ello no se ponga en riesgo su vida o su salud.

2.- El artículo 33 de la Ley N° 20.584, dispone que “Para el debido respeto de la normativa vigente en materia de salud, la autoridad competente implementará las medidas que aseguren una amplia difusión de ella.

Tanto las personas que soliciten o reciban atención de salud por parte de un prestador institucional como sus familiares, representantes o quienes los visiten, tendrán el deber de respetar el reglamento interno de dicho establecimiento”.

3.- El artículo 35 de la Ley N° 20.584, a saber “Todas las personas que ingresen a los establecimientos de salud deberán cuidar las instalaciones y equipamiento que el prestador mantiene a disposición para los fines de atención, respondiendo de los perjuicios según las reglas generales.

Las personas deberán tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud, sean éstos profesionales, técnicos o administrativos. Igual obligación corresponde a los familiares, representantes legales y otras personas que los acompañen o visiten.

El trato irrespetuoso o los actos de violencia verbal o física en contra de los integrantes del equipo de salud, de las demás personas atendidas o de otras personas, dará derecho a la autoridad del establecimiento para requerir, cuando la situación lo amerite, la presencia de la fuerza pública para restringir el acceso al establecimiento de quienes afecten el normal desenvolvimiento de las actividades en él desarrolladas, sin perjuicio del derecho a perseguir las responsabilidades civiles o penales que correspondan. También podrá ordenar el alta disciplinaria del paciente que incurra en maltrato o en actos de violencia, siempre que ello no ponga en riesgo su vida o su salud. (…)”

4.- El artículo 184 del Código del Trabajo, prescribe que “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”.

SÉPTIMO: Que para estos efectos, alude el recurrido que Clínica Alemana regula el “Alta Disciplinaria”, en el Reglamento Interno de Funcionamiento, el que de acuerdo a la normativa que precede resulta aplicable y obligatorio a los pacientes y sus acompañantes, disponiendo en:

1.- El párrafo segundo del artículo 15 los casos en que un paciente o visitante incurra en conductas de maltrato o violencia verbal o física, la recurrida podrá disponer el alta disciplinaria con el consiguiente cese de la entrega de prestaciones.

2.- El párrafo segundo del artículo 19 define lo que debe entenderse por “alta disciplinaria o forzosa” como el término de la atención cerrada, que se produce cuando el paciente incurre en maltrato o actos de violencia en contra de los integrantes del equipo de salud, de otros pacientes, de cualquiera otra persona o contra las instalaciones y equipamiento de la Clínica con la limitación del riesgo a la vida del paciente.

3.- El párrafo tercero del artículo 19 establece un requisito para decretar el “alta disciplinaria”, exigiéndose la autorización previa de la Dirección Médica y de la Auditoría Médica para decretarla.

OCTAVO: Que de esta forma, las conductas sancionadas con el “Alta Disciplinaria” contempla dos hipótesis, a saber, maltrato o actos de violencia durante su estadía, las que no fueron definidas legalmente, pero sí limita dicho accionar para los efectos de no poner en riesgo la vida o la salud del paciente, habiéndose oído al médico tratante y contando con las autorizaciones que ordena el Párrafo Tercero del artículo 19 del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Clínica Alemana de Santiago, interpretándose plausiblemente por la recurrida, que no puede hacerse de manera intempestiva, de improviso, sin dar aviso con la debida anticipación, todo ello para los efectos de coordinar que las prestaciones sean otorgadas en otro establecimiento de salud.

NOVENO: Que en este orden de ideas, sin que aquello implique un pronunciamiento sobre el fondo del contexto acaecido entre las partes, se estima que desde el punto de vista formal la recurrida fundó su accionar en los antecedentes o supuestos de hecho, de carácter precisos y determinados, los que han sido aludidos precedentemente, amparados bajo la normativa legal -los artículos 33 y 35 de la Ley N° 20.584, relacionado con el respectivo Reglamento Interno de Funcionamiento dictado para tal efecto en la Clínica Alemana de Santiago-, habilitándosele para decretar el “Alta Disciplinaria” del paciente nombre reservado, aunada la debida protección que la Clínica Alemana debe dar a sus trabajadores, conforme lo prevé el artículo 184 del Código del Trabajo, por lo que se colige que su decisión fue plausible, ajena a cualquier tipo de imputación de arbitrio y en consecuencia, la atribución de ilegalidad argüida por la actora, no tendría asidero o fundamento alguno.

Por su parte, la decisión adoptada por la recurrida no fue de improviso, por cuanto se le dio aviso con la debida anticipación, otorgándosele incluso un plazo razonable para que pudiera optar en cambiarse a otro establecimiento de salud, los que por lo demás fueron referidos en la carta antes citada.

DÉCIMO: Que en cuanto a la alegación de la recurrente que el proceder de la recurrida habría afectado su derecho a la vida e integridad física, previsto en el artículo 19 N° 1 de nuestra Carta Fundamental. En primer término, es dable señalar que el actor en sus alegatos estimó no vigente el riesgo para la vida de su representado, manteniéndose sólo la afectación de su integridad psíquica.

En efecto, según se ha indicado el tratamiento de hemodiálisis es de carácter electivo, por lo que debe agendarse previamente, no resultando impedida la continuación de aquél en el establecimiento de salud que el recurrente eligiera y que la Clínica Alemana, a modo referencia le señaló en su carta, no siendo óbice para ello la situación de pandemia por COVID 19 que afecta a nuestro país. Y es en este contexto que la recurrida le avisó con la debida antelación, a vía que pudiere concretar su materialización en otro recinto hospitalario,período intermedio en que la Clínica Alemana le siguió prestando los debidos tratamientos.

Por su parte, en cuanto a la eventual afectación a la integridad psíquica del recurrido por la decisión de “Alta Disciplinaria” adoptada por la Clínica Alemana, de acuerdo a lo referido en el considerando que precede fue adoptada previo haber sido oído su médico tratante y de conformidad con los antecedentes de relevancia, consistente en relatos de más de una trabajadora -dos enfermeras, aunado a que una de ellas debió presentar licencia médica fundado en dicho acontecer- y un paciente del mentado establecimiento de salud, quienes aludieron la vulneración al mismo derecho invocado por el actor, procediendo el establecimiento de salud de manera plausible y de acuerdo a lo prescrito en nuestra legislación y la reglamentación que para tal efecto lo vinculaba. Asimismo, no se ha hecho referencia a antecedentes concretos que permitieren sustentar la afectación de dicha garantía constitucional, por cuanto sólo se ha indicado que “de modo desproporcionado carente de justificación, sin siquiera describirle de qué se le acusa, por quién se le acusa, ni otorgarle posibilidad de ser oído, se le impone la medida de Alta Disciplinaria en circunstancias que se encuentra en pleno tratamiento médico para su insuficiencia renal crónica terminal”, argumentaciones que más bien se condicen con una eventual afectación al debido proceso, el que no se encuentra protegido por esta acción constitucional, no obstante que de acuerdo a los antecedentes vertidos en esta sede jurisdiccional existen elementos que permiten colegir que el recurrido estaba en conocimiento de los supuestos fácticos fundantes de la decisión cuestionada a la recurrida. Claramente, el no estar de acuerdo o no compartirla escapa también el ámbito de protección de este recurso, aunado a que el arribo a la decisión como de “Alta Médica”, no contempla un procedimiento en que se requiera que el paciente deba ser oído, no obstante dicha instancia acaeció al tiempo en que se le dio una nueva oportunidad para ser atendido en el mismo recinto de salud, produciéndose con posterioridad -según la versión de la recurrida- la reiteración de supuestos de la misma índole. Agrega, que “otra circunstancia que ha contribuido a la afectación grave de la salud psíquica de nuestro representado fue percatarse que en su Registro Mensual de Hemodiálisis Crónica, parte integrante de su ficha médica y en donde se registraban mensualmente su hemodiálisis, se registraba como antecedente un diagnóstico médico falso. En este sentido, se registra en dicho documento que nuestro representado padecía de esquizofrenia, enfermedad que nunca le ha sido diagnosticada en toda su ficha clínica”, en relación a esta alegación cabe recordar que no forma parte de los antecedentes o elementos fundantes de la decisión cuestionada por la recurrente.

En este mismo orden de ideas la E. Corte Suprema ha señalado que la amenaza debe ser “seria, directa y actual para los derechos esenciales” (E. Corte Suprema, Rol N ° 7.562-2008 de fecha 26 de enero de 2009), no cumpliéndose a este respecto según las alegaciones del recurrente con los requisitos antes aludidos, en el sentido que no se han dado luces sobre la configuración de la inminente afectación a la mentada garantía constitucional, que se condiga con su petición de que se declare que el recurrido con su accionar hubiera afectado la garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

UNDÉCIMO: Que en lo relativo a la supuesta afectación al derecho a la honra, consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, el propio recurrente en sus alegatos reconoce que a su respecto debe seguirse un procedimiento por el delito de injurias, insistiendo para estos efectos que no se le dio la posibilidad de defenderse.

Asimismo, resulta pertinente tener presente que la alegación a la vulneración a la presunción de inocencia sustentada por el recurrente como consecuencia de su afectación al derecho a la honra no empece a la Clínica Alemana por cuanto aquél constituye un estado jurídico de una persona que se encuentra imputada, debiendo orientar la actuación del tribunal competente, independiente e imparcial preestablecido por ley. De esta forma, tal presunción sólo se pierde o destruye por la formación de la convicción del órgano jurisdiccional a través de la prueba objetiva, sobre la participación culpable del imputado o acusado en los hechos constitutivos de delito, ya sea como autor, cómplice o encubridor, condenándolo por ello a través de una sentencia firme fundada, congruente y ajustada a las fuentes del derecho vigentes.

Por otro lado, en lo relativo al tipo penal de injurias como constitutivo de la vulneración a la garantía en análisis escapa con creces a los alcances de un recurso de protección, en atención a que se requiere de un juicio de lato conocimiento, en que puedan debatirse las posiciones antagónicas de las partes, rindiéndose consecuentemente la respectiva prueba acorde a sus pretensiones, correspondiendo al juez de la instancia valorarla y decidir el asunto controvertido sometido a su decisión.

DUODÉCIMO: Que en lo relativo a la supuesta afectación al derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado, consagrado en el artículo 19 N° 9 inciso final de nuestra Carta Fundamental, cabe recordar que la Clínica Alemana no es un sistema de salud, sino un establecimiento privado que al igual que otros recintos presta las debidas atenciones médicas y de salud que requieran los pacientes.

DÉCIMOTERCERO: Que en lo que dice relación con la eventual vulneración al derecho de propiedad, previsto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, se desestimará por cuanto no puede sostenerse que el recurrente sea dueño de su calidad de paciente de la Clínica Alemana, en atención a que su vinculación contractual lo es con la Isapre Colmena y no con la entidad que no mantiene obligaciones pendientes con él, dado que no existe una vinculación de seguro u otro que permita sustentar tal aseveración.

Asimismo, reiteramos, que si el recurrente sostiene que la ilegalidad se fundaría en un incumplimiento contractual debe accionar en un juicio de lato conocimiento, en el que se plasme la bilateralidad de la audiencia y el término probatorio que permita dilucidar la controversia, por cuanto no resulta evidente y plausible -en esta sede jurisdiccional- efectuar un pronunciamiento a su respecto, por lo que no es posible atribuir a la Clínica Alemana un acto ilegal y arbitrario.

En consecuencia, igual derrotero debe seguir la eventual vulneración del derecho de propiedad -artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental-, por cuanto dado el carácter de dubitado de los alcances pretendidos por el recurrente en su relación con la Clínica Alemana, no se puede colegir que se hubiera efectivamente incorporado su derecho en los términos aludidos a su patrimonio y provocado consecuentemente la afectación y merma de aquél.

DÉCIMOCUARTO: Que en efecto, además se colige que lo reclamado por este medio extraordinario, ha sido que esta Corte emita un pronunciamiento declarativo sobre los supuestos de hechos fundantes de la decisión de “Alta Disciplinaria”, adoptada por la Clínica Alemana, circunstancias que por la propia naturaleza de la petición efectuada escapan lo propio de un recurso de protección, en atención a que se limita su decisión respecto de situaciones cuya arbitrariedad e ilegalidad sean evidentes -lo que no ha acontecido respecto de los presupuestos fácticos referidos con antelación- y en consecuencia su improcedencia para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas o declarar derechos permanentes a favor de las partes (E. Corte Suprema, sentencias de fechas 22 de junio de 1992, GJ 144, p. 57; 26 de junio de 1995, GJ 180, p. 24; 9 de julio de 1993, GJ 159, p.180; 8 de octubre de 1997, GJ 208, p. 38; y 24 de enero de 1991, GJ 127, p.20)

Y es en este sentido que el recurso de protección jamás debe resolver sobre cuestiones de fondo del derecho fundamental amagado, ya que sólo se supeditará a una decisión formal como alternativa a la autotutela, acerca de cómo se ha producido una vulneración de derechos, no pudiendo esta Corte pronunciarse sobre hechos controvertidos por el recurrido, situación ajena a esta acción de protección desde que requerirían de una instancia de lato conocimiento, además de la prueba diversa y compleja, procedimiento que no se aviene con su objetivo de ser un pronto y eficaz remedio que preste inmediato amparo a un eventual afectado.

Que para la procedencia de la acción cautelar deducida es requisito indispensable que los actos que motivan su ejercicio estén plenamente establecidos -indubitados- y en el presente caso, en cuanto a los supuestos antes aludidos, aquello no sucede, toda vez que no existen antecedentes que constituyan evidencia de que el recurrente sufrió afectación a los derechos que reclama.

DÉCIMOQUINTO: Que finalmente, de los antecedentes aportados por las partes, debidamente apreciados, hacen concluir además a esta Corte que no se encuentra acreditado de manera alguna, que los hechos tenidos por ciertos constituyan actos arbitrarios o ilegales, en los términos antes explicitados, que amague, altere o prive al actor de los derechos o garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, considerando que el recurrido ha actuado conforme a sus atribuciones legales y reglamentarias, por lo que el mismo será rechazado.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, en representación de don nombre reservado en contra de la Clínica Alemana Santiago S.A. representada legalmente por don nombre reservado.

Redacción efectuada por la Ministro señora Verónica Sabaj Escudero.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección – 27427-2020