SOC. PONCE Y PAEZ LIMITADA con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que comparece Rodrigo Torres Jurado, en representación convencional de la Sociedad Ponce y Páez Limitada, sociedad del giro maestranzas, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra del Superintendente de Seguridad Social, don Claudio Reyes Barrientos, domiciliado en domicilio reservado, por haber emitido según estima, de forma ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N° R-01-UME-17829-2020, de 5 de marzo de 2020, que rechazó un reclamo administrativo en contra de la Asociación Chilena de Seguridad, al calificar como de origen laboral una patología de salud mental común.

Afirma que el acto recurrido es uno manifiestamente ilegal y arbitrario por carecer de fundamentos jurídicos y fácticos y por ser absolutamente insuficiente en cuanto a sus motivaciones que priva, perturba y amenaza gravemente los derechos y garantías constitucionales de la protegida, específicamente aquellos consagrados en el artículo 19 N° 2 y 3, inciso 5º, de la Constitución Política de la República.

Luego de citar la resolución recurrida expone que ella infringe los principios de legalidad y juridicidad, citando al respecto, los artículos 6º y 7º de la Carta Fundamental y el artículo 2º de la Ley Nº 18.575 que disponen que todos los órganos de la Administración del Estado deben someter su actuar estrictamente a lo prescrito en la Constitución y las leyes.

Explica que la Resolución Exenta impugnada infringe el deber de motivación del acto administrativo, obligación que está establecida en el artículo 19 N° 2 inciso segundo de la Constitución en cuanto prohíbe a las autoridades dictar actos arbitrarios o carentes de razonabilidad y en el Nº 3 de la misma disposición pues es un elemento básico e indispensable de un debido proceso. Agrega que los artículos 11 inciso segundo y 14 inciso cuarto de la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, expresamente disponen que los actos administrativos que afecten a los particulares siempre deben expresar los hechos y fundamentos de derecho que los motivan y que las resoluciones contendrán la decisión, que debe fundada. Agrega que tal exigencia de motivación ha sido reconocida reiteradamente en la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, citando alguna.

Continúa transcribiendo la fundamentación de la resolución recurrida y expresa que es una mera enumeración de antecedentes que no cumple con el deber en análisis ya que se limita a la enumeración del resumen de la actividad probatoria, sin fundamentar los hechos a través de los cuales llega a su conclusión y, por ende, a la resolución adoptada. Concluye que es un acto absolutamente infundado porque no indica ninguna razón o fundamento fáctico que explique y justifique qué hechos condujeron a la autoridad a dictarlo, cómo esas consideraciones justificarían la decisión adoptada y tampoco explicita sus fundamentos de derecho.

Concluye este acápite, señalando que la resolución dictada es ilegal, al infringir el deber legal y constitucional de motivar los actos administrativos y arbitraria, pues carece de toda motivación.

Antes de concluir, se refiere nuevamente a las garantías que estima se han vulnerado y hace presente que esta acción constitucional se interpone sin perjuicio de otros derechos, acciones e intereses que pudiere tener la recurrente, respecto de los cuales hace reserva.

Finalmente, pide que se acoja el recurso y se adopten todas las medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y en concreto se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº R-01-UME-17829-2020 5 de marzo de 2020, así como todo acto de la autoridad que tenga por causa o fundamento dicha resolución, con costas.

Segundo: Que Roberto Barraza Saavedra, abogado, informa en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando su rechazo.

Alega en primer lugar, que la acción de protección ha sido interpuesta en forma extemporánea al haberse ejercido una vez vencido, con creces, el plazo fatal previsto para hacerla valer. Explica que el recurso fue deducido el 24 de marzo de 2020, en circunstancias que la Sociedad Ponce y Páez Limitada recurrió ante la Superintendencia mediante presentación de fecha 3 de septiembre de 2019, reclamando en contra de la Asociación Chilena de Seguridad quién calificó como de origen laboral la patología de salud mental que presentó la señora nombre reservado mediante Resolución de Calificación Nº 63858415052019 pronunciada el día 15 de mayo de 2019.

Explica así, que fue en virtud de tal recurso que los profesionales médicos de la recurrida procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, determinando rechazar el reclamo de calificación de origen de enfermedad por medio de la resolución que por esta acción se impugna. Por estas razones, afirma que corresponde computar el plazo fatal de treinta días corridos desde, a lo menos, la notificación de la Resolución de Calificación Nº 63858415052019, emitida por la Asociación Chilena de Seguridad, evidenciándose así que pasaron más de seis meses, desde la fecha de la interposición de la acción y el conocimiento que la recurrente tuvo, tanto de los fundamentos que motivaron la decisión, como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman como afectadas.

En relación con esta alegación hace presente además, que no es procedente el que se emplee la acción de protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no han dado los resultados esperados.

En segundo lugar, el informe denuncia la improcedencia de la acción de protección en materias relacionadas con el derecho a la Seguridad Social, como lo es el Subsistema correspondiente al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y puntualmente, la calificación del origen común o laboral de una enfermedad y la determinación del porcentaje de incapacidad asociada a ésta.

De esta manera, señala que el asunto del cual versa el presente recurso incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el Nº 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la misma por lo que no está amparado por esta acción cautelar, sin perjuicio que el legislador contempló un amplio y completo sistema de protección a nivel legal y reglamentario para la debida protección del Derecho a la Seguridad Social en estas materias.

Por último en cuanto al fondo y en subsidio de las alegaciones anteriores, solicita el rechazo del recurso por cuanto, en síntesis, asevera que no ha existido de parte de la SUSESO actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza. Lo anterior, por cuanto en el caso del procedimiento administrativo que tuvo por objeto determinar el origen de la enfermedad que afectó a la trabajadora nombre reservado y del cual emanó el acto recurrido, se limitó a resolver de acuerdo con los antecedentes administrativos y con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria, el reclamo que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de dicho Servicio.

Explica que como consta en el expediente administrativo que acompaña al informe, la Sociedad Ponce y Páez Limitada recurrió ante la Superintendencia reclamando en contra de la Asociación Chilena de Seguridad quien había calificado como de origen laboral la patología de salud mental que presentó en mayo de 2019 la trabajadora nombre reservado. Por ello, los profesionales médicos de la recurrida procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, entre ellos la presentación escrita, informes clínicos, estudio de puesto de trabajo, sentencia judicial y otros antecedentes; concluyendo que la afección que presentó la trabajadora es de origen laboral, dado que con los antecedentes tenidos a la vista, se verificó la exposición a factores de riesgo de tensión psíquica laboral derivados de mal diseño organizacional, con resultado de sobrecarga y ambigüedad de funciones, mantenido por tiempo suficiente para explicar la presencia de la afección señalada, siendo posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó el reposo.

Señala que por tales razones se resolvió rechazar el reclamo de calificación de origen de enfermedad, procediendo otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen laboral.

A fin de explicar con mayor precisión la materia de la presente acción, hace presente los establecido en los artículos 5º y 7º de la Ley Nº 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1968, que creó el Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que los complementa.

Continúa con un análisis de las prestaciones que se contemplan en la Ley N° 16.744, entre las que se distinguen las médicas y las económicas o pecuniarias, refiriéndose al concepto de cada una de ellas y la forma en que han de concederse. Finalmente, en esta parte del informe expone el sistema recursivo que contempla la Ley N° 16.744, refiriéndose particularmente a su artículo 77.

Conforme a las normas analizadas, desprende la recurrida, que la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, reiterando que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social pues ésta se limitó a resolver la situación de la Sociedad Ponce y Páez Limitada, dentro del ámbito de su competencia.

Por último descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida ya que en el dictamen impugnado se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que aquel indica, no tratándose de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de su parte. Culmina solicitando el recurso sea desestimado en todas sus partes y con expresa condena en costas.

Tercero: Que la Superintendencia de Seguridad Social ha alegado en primer lugar la extemporaneidad del recurso interpuesto, fundada en que la recurrente tuvo conocimiento de la Resolución de Calificación Nº 63858415052019 de 15 de mayo de 2019, por la que la Asociación Chilena de Seguridad calificó como de origen laboral la patología de salud mental que presentó la señora nombre reservado en dicho mes y a más tardar con fecha 3 de septiembre de 2019, día en que presentó ante la Superintendencia recurrida un reclamo en contra de la resolución reseñada. Sostiene que habiéndose presentado este recurso el 24 de marzo de este año, el plazo para interponer la acción de protección se encontraba con creces vencido.

Cuarto: Que es preciso entonces determinar si la acción impetrada se ha deducido dentro de los treinta días corridos contados desde la ocurrencia del acto calificado como arbitrario o ilegal o desde que se ha tenido conocimiento de él, conforme lo dispone el Nº 1 del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

Al tenor del recurso presentado, aparece de manera clara que el acto recurrido es la Resolución Exenta N° R-01-UME-17829-2020, de 5 de marzo de 2020, pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social y no aquella emitida por la Asociación Chilena de Seguridad, razón por la cual habiéndose presentado el recurso el 24 de marzo de este año, el término no se encontraba vencido.

Por consiguiente, la alegación de extemporaneidad del recurso opuesta por la SUSESO debe ser rechazada.

Quinto: Que en seguida y en cuanto al fondo, es útil tener en cuenta que para que pueda brindarse protección a través de esta acción constitucional, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe alguna de las garantías constitucionales que el Constituyente señala en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Entonces, el recurso de protección se puede definir como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Por ello, son presupuestos de esta acción cautelar que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho y que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sexto: Que la Superintendencia de Seguridad Social ha sostenido adicionalmente que el presente recurso de protección es improcedente, pues la materia sobre la que versa se refiere a un aspecto específico del derecho a la seguridad social, el que no obstante encontrarse reconocido y garantizado a todas las personas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, no se encuentra amparado por esta acción cautelar Al respecto, cabe tener en cuenta que el acto impugnado es la resolución que la Superintendencia de Seguridad Social pronunció a solicitud del recurrente y por la cual determinó que la patología de salud mental que padece la señora nombre reservado constituye una de origen laboral, razón por la cual corresponde ser cubierta por los beneficios de la Ley N° 16.744 y que lo que pide en su recurso es que tal resolución sea dejada sin efecto.

De lo anterior, es claro que la materia que se ha sometido al conocimiento de esta Corte a través de la acción constitucional es precisamente una que pertenece al campo del derecho a la seguridad social que se encuentra establecido en el artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política de la República, toda vez que se refiere a la calificación de una enfermedad como laboral y la consecuencia es la cobertura que, en tal caso, el sistema de seguridad social ha de brindar a la paciente.

Séptimo: Que así las cosas, no encontrándose mencionada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República la garantía en comento, no es posible pretender su resguardo a través del recurso de protección, pues como se dijo en el considerando quinto, es un presupuesto de esta acción constitucional que el derecho que se estima ha sido vulnerado esté señalado como objeto de tutela en la norma citada, razón por la cual el recurso debe ser desestimado.

Octavo: Que concuerda con lo resuelto, esto es, que la presente es una materia que pertenece a la seguridad social y que por tal razón se encuentra excluida del ámbito de materias respecto de las cuales se puede interponer la acción de protección, la circunstancia que existen para la resolución del presente conflicto, herramientas tales como el procedimiento de reclamos y los recursos de apelación regulados en los artículos 77 y 77 bis de la Ley N° 16.744.

Por la misma razón es que el artículo 420 del Código del Trabajo dispone en su literal e), que serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: “e) las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social;”

Noveno: Que adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, en lo que dice relación con las facultades fiscalizadoras que corresponden a la Superintendencia de Seguridad Social, es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 2 letra c) de la Ley Nº 16.395 que preceptúa que le corresponde resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social (como lo es la Asociación Chilena de Seguridad) y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.

De este modo, la conclusión a la que arribó la recurrida SUSESO en cuanto al origen de la enfermedad de la trabajadora lo hizo en el ejercicio de una de sus facultades legales.

Décimo: Que por último, del examen de la Resolución recurrida, se constata que el acto que se impugna no surge del mero arbitrio de la autoridad, sino que expresa de manera suficiente las razones jurídicas y fácticas que sirvieron de sustento a tal decisión.

Undécimo: Que luego, por todas las razones dadas, corresponde desechar el recurso de protección deducido en estos autos, sin que sea necesario analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que se rechaza la alegación de extemporaneidad invocada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II. Que se rechaza el recurso de protección deducido a favor de Sociedad Ponce y Páez Limitada en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sin costas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactó la Abogado Integrante señora Carolina Coppo Diez.

Nº 27.426-2020.-