Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Santiago Santiago, trece de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 30 de diciembre de 2025, comparece don Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en representación de don nombre reservado, venezolano, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, Ministerio del Interior, por haber incurrido en la omisión ilegal y arbitraria consistente en la ausencia de respuesta y tramitación de la solicitud de regularización migratoria y reconocimiento de la condición de refugiado enviada mediante carta certificada con fecha 15 de mayo de 2025, vulnerando con ello los derechos fundamentales de su representado, específicamente la igualdad ante la ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el numeral 2° de su artículo 19, por lo que solicita se ordene a la recurrida dar curso al procedimiento iniciado y otorgar la correspondiente visa temporaria de refugio.

Expone que el recurrente, señor nombre reservado, ciudadano venezolano, ingresó a Chile el 20 de septiembre de 2021 por paso no habilitado, compelido por la grave crisis humanitaria y la persecución en su país de origen.

En este contexto, expone que el recurrente. el 15 de mayo de 2025, presentó formalmente ante la Subsecretaría del Interior una solicitud de regularización extraordinaria al tenor del artículo 155 de la Ley N° 21.325, manifestando su voluntad de acogerse al estatuto de refugiado, sin que la autoridad haya dado respuesta o haya procedido a la formalización del trámite conforme lo exige la normativa vigente.

En lo relativo a los fundamentos de derecho, se invoca el principio de No Devolución consagrado en el artículo 4° de la Ley N° 20.430, en relación con el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política, señalando que la autoridad migratoria tiene la obligación de procesar toda solicitud de asilo y remitirla a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, careciendo los funcionarios de la facultad de evaluar la admisibilidad o mérito de fondo en la etapa inicial de recepción.

Denuncia que la omisión lesiona la garantía de igualdad ante la ley toda vez que la inactividad de la Administración genera una diferenciación arbitraria que impide al recurrente acceder a un estatus migratorio regular, manteniéndolo en una situación de vulnerabilidad y exclusión que no afecta a otros extranjeros cuyos trámites son procesados en tiempo y forma, privando así de la protección jurídica y la visación que el ordenamiento contempla para los solicitantes de refugio.

Solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la autoridad administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, ordenando que se concluya el procedimiento solicitado, dándole el curso respectivo, y se disponga la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, bajo el artículo 155 de la Ley N° 21.325, mientras se resuelve la calificación definitiva.

Segundo: Que evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del presente recurso.

En cuanto a los hechos, expone que el recurrente, don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingresó al territorio nacional por un paso no habilitado, eludiendo con ello los controles migratorios imperativos.

Refiere que, con fecha 15 de mayo de 2025, el Servicio recibió una misiva certificada en la cual el interesado solicitaba la regularización de su situación migratoria invocando la facultad excepcional contemplada en el artículo 155 N° 9 de la Ley N° 21.325.

Indica que, mediante el Oficio Ordinario N° NUM000 de fecha 20 de agosto de 2025, procedió a remitir la totalidad de los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, órgano que, conforme a la lex especialis, detenta la competencia exclusiva para resolver tales peticiones.

En cuanto al derecho, la recurrida opone la excepción de falta de legitimación pasiva, argumentando que la potestad de regularización migratoria por motivos humanitarios o casos calificados es una facultad propia e indelegable del Subsecretario del Interior, según lo prescrito taxativamente en la norma antes citada; por tanto, el Servicio Nacional de Migraciones carece de imperium para emitir un pronunciamiento terminal sobre el fondo de lo solicitado.

Añade que ha dado estricto cumplimiento a la obligación de derivación establecida en el inciso segundo del artículo 14 de la Ley N° 19.880, al haber enviado oportunamente los antecedentes a la autoridad competente, por lo cual no subsiste gestión ni labor pendiente de su parte.

Concluye señalando que, al no haber incurrido en omisión antijurídica ni en un actuar caprichoso, la acción debe ser desestimada, solicitando además que no se le condene en costas.

Tercero: Que evacúa informe nombre reservado, en representación de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del presente recurso.

Respecto a la solicitud del recurrente de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal por caso calificado o humanitario, indica que se encuentra en actual tramitación y que, una vez concluida la tramitación del respectivo acto, éste será debidamente notificado al recurrente.

Sostiene que la presente acción debe ser rechazada puesto que no existe acción u omisión arbitraria e ilegal, haciendo presente que la acción de protección no es el medio para obtener la aceleración en la tramitación de este tipo de procedimientos.

En mérito de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso.

Cuarto: Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados. En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

Sexto: Que constituye un hecho pacífico y acreditado en la causa que la actora ingresó formalmente su requerimiento migratorio excepcional el 15 de mayo de 2025 ante el Servicio Nacional de Migraciones y que este último, por medio de Oficio Ordinario N°NUM000, de fecha 20 de agosto de 2025, procedió a remitir los antecedentes a la Subsecretaría del Interior.

Además, consta que, a la fecha dicha petición de regularización extraordinaria del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, se encuentra pendiente de pronunciamiento.

En consecuencia, la controversia sometida al conocimiento y resolución de esta Corte radica en determinar si la inactividad de la Administración, reflejada en la paralización y falta de dictación del acto administrativo terminal, constituye una omisión revestida de ilegalidad o arbitrariedad, que vulnere la garantía fundamental de igualdad ante la ley de la recurrente, tutelada en el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que, el marco normativo que rige la presente materia está dado por el numeral 9 del artículo 155 de la Ley N.º 21.325, precepto que consagra la potestad indelegable de la autoridad administrativa para disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros por casos calificados o motivos humanitarios.

Asimismo, al encontrarnos frente a un procedimiento administrativo tramitado ante órganos del Estado, resulta imperativa la aplicación supletoria de la Ley N.º 19.880, normativa que impone a la Administración el cumplimiento de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental y de inexcusabilidad en sus artículos 7, 8, 9 y 14.

A mayor abundamiento, debe destacarse que el artículo 27 de la mencionada ley impone un límite temporal máximo de seis meses para la sustanciación del procedimiento, abarcando desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, salvaguardando como única excepción las hipótesis configurativas de caso fortuito o fuerza mayor.

Octavo: Que, la jurisprudencia ha asentado que el plazo de seis meses dispuesto en el artículo 27 de la Ley N.º 19.880 no es fatal ni acarrea la caducidad del procedimiento.

Luego, la Subsecretaria del Interior recibió los antecedentes del amparado recién en el mes de agosto de 2025, debido a que el actor presentó su solicitud ante un organismo incompetente para resolver su solicitud, cuestión que no resulta imputable a la recurrida.

Además, la recurrida ha expuesto pormenorizadamente la cantidad de solicitudes ingresadas a dicho Ministerio, las que han aumentado en más de 964% entre el año 2022 y 2023 y el análisis exhaustivo que se debe realizar de cada una de ellas atendida la importante jurídica que implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, a contravenido la normativa vigente en materia de migración y extranjería.

Noveno: Que, en ese contexto, se no vislumbra acto arbitrario e ilegal que pueda ser atribuido a la recurrida y que afecte la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que la demora en la tramitación viene justificada por la información que debe recabarse para resolver adecuadamente la solicitud, y además por el elevado número de solicitudes que se han ingresado en los últimos años, por lo que solo cabe el rechazo del recurso tal como se dirá en la parte resolutiva.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-27412-2025.