Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile

Alegó, previo anuncio y relación pública, el abogado don Sebastián Díaz por el recurso, por el tiempo de 5 minutos. Santiago, 27 de agosto de 2026. Carla Alfaro, relatora.

Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

Al escrito folio N°26: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad argentina, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile, impugnando la Resolución Exenta N.º 2500100334694, de 24 de diciembre de 2025, mediante la cual se rechazó su solicitud de residencia definitiva y, en su lugar, se le otorgó un permiso de residencia temporal.

Expone que ingresó regularmente al país y que, encontrándose vigente su residencia temporal, solicitó la residencia definitiva el 5 de agosto de 2024, acompañando los antecedentes requeridos, incluidos sus contratos de trabajo y cotizaciones previsionales.

Añade que se desempeña como piloto comercial, razón por la cual debe ingresar y salir frecuentemente del territorio nacional, sometiéndose en cada oportunidad a los controles de Policía Internacional.

Refiere que, mediante comunicación electrónica de 22 de octubre de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones le solicitó subsanar su postulación, requiriéndole, entre otros documentos, un certificado de viajes que acreditara sus entradas y salidas entre el 22 de septiembre de 2023 y el 22 de septiembre de 2024, el que fue oportunamente acompañado; sin embargo, advirtió que dicho instrumento presentaba omisiones en el registro de determinados movimientos migratorios.

Posteriormente, el 1 de septiembre de 2025, se le solicitó nuevamente un certificado de viajes, esta vez referido al período comprendido entre el 22 de septiembre de 2022 y el 22 de septiembre de 2024, para lo cual obtuvo un nuevo documento, emitido el 30 de septiembre de 2025, que presentaba aún más omisiones que el expedido el 27 de noviembre de 2024.

Sostiene que tales deficiencias no le son imputables, pues obedecerían a problemas del sistema de registro de la Policía de Investigaciones y comprenderían quince vacíos relativos a movimientos de entrada o salida del país.

Agrega que, pese a acompañar el certificado requerido, el 22 de octubre de 2025 fue notificado del previo rechazo de su solicitud, otorgándosele diez días para efectuar descargos; que el 25 del mismo mes concurrió a la Policía de Investigaciones, donde se le habría informado que las omisiones efectivamente existían y que no podían ser corregidas prontamente por tratarse de un problema del sistema; y que, ante ello, presentó una carta explicativa, su contrato de trabajo y su bitácora digital de vuelos, en la que constaban las fechas, rutas y números de los vuelos internacionales realizados, instrumento que califica como oficial conforme al artículo 90 letra d) del Código Aeronáutico.

No obstante, la autoridad rechazó su solicitud por no haber remitido un certificado de viajes que acreditara todas sus entradas y salidas durante el período exigido, invocando el artículo 88 N.º 1 de la Ley N.º 21.325. Califica dicha decisión de ilegal y arbitraria, por estimar que carece de motivación suficiente, no pondera la documentación complementaria aportada y le atribuye las consecuencias de omisiones provenientes de la propia autoridad encargada del control migratorio.

Denuncia la vulneración de la igualdad ante la ley y de las exigencias de un procedimiento racional y justo, consagradas en el artículo 19 N.º 2 y N.º 3 de la Constitución Política de la República, así como la infracción de los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley N.º 19.880 y de los principios de juridicidad, objetividad, imparcialidad, servicialidad y pro homine, este último contemplado en el artículo 12 de la Ley N.º 21.325.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso, se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, se disponga la continuación de la tramitación de su solicitud de residencia definitiva y se ordene al Servicio recurrido pronunciarse sobre ella dentro de un plazo razonable, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, informando el Servicio Nacional de Migraciones, comparecen los abogados Antonio Emilio Beltrán Henríquez y Marcelo Alonso Andrés Rivera Compan, quienes solicitan el rechazo del recurso por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario.

Señalan que el recurrente registra como primer ingreso al país el 3 de noviembre de 2021, por el Aeropuerto Internacional nombre reservado, y que el 7 de septiembre de 2022 se le otorgó un permiso de residencia temporal, en calidad de titular y por dos años, vigente hasta el 22 de septiembre de 2024. Indican que el 5 de agosto de 2024 solicitó residencia definitiva, bajo el ID N.º 70762285, y que, mediante comunicación electrónica de 22 de octubre de ese año, se le informó que su solicitud no estaba en condiciones de avanzar, pues debía acompañar copia notarial de su contrato vigente, certificado de vigencia del contrato, certificados históricos de cotizaciones de AFP y salud, además de un certificado de viajes que acreditara sus entradas y salidas entre el 22 de septiembre de 2023 y el 22 de septiembre de 2024, otorgándosele sesenta días para subsanar.

Añaden que el 1 de diciembre de 2024 presentó documentación adicional, entre ella un certificado de viajes incompleto, al no constar un ingreso al país entre las salidas registradas los días 19 y 26 de octubre de 2023; motivo por el cual, el 1 de septiembre de 2025, se le requirió nuevamente un certificado, concediéndole otro plazo de sesenta días.

Afirman que el 1 de octubre de 2025 el interesado aportó un segundo certificado que consignaba diversas salidas sin registrar los correspondientes ingresos posteriores, por lo que, mediante notificación de previo rechazo de 22 de octubre de 2025, se le comunicó la eventual configuración de la causal prevista en el artículo 88 N.º 1 de la Ley N.º 21.325 y se le otorgaron diez días para formular descargos.

Expresan que el 5 de noviembre de 2025 el recurrente presentó nuevos antecedentes, entre ellos el mismo certificado aportado el 1 de octubre, los que, a juicio de la autoridad, no subsanaron las omisiones observadas. En razón de ello, por Resolución Exenta N.º 2500100334694, de 24 de diciembre de 2025, se rechazó su residencia definitiva; sin embargo, en sustitución de la orden de abandono, se le concedió un permiso de residencia temporal por dos años, en la subcategoría de actividades lícitas remuneradas, en calidad de titular, sin que se haya dispuesto su expulsión del territorio nacional.

En cuanto al derecho, sostiene que el Servicio es competente para otorgar, prorrogar, rechazar y revocar permisos de residencia, conforme al artículo 157 N.º 5 de la Ley N.º 21.325; que los artículos 24 y 166 N.º 1 del mismo cuerpo legal exigen que el ingreso y egreso se realicen por pasos habilitados y encomiendan a la Policía de Investigaciones su control y registro; y que la inexistencia de registros respecto de determinados ingresos podía hacer presumir un eventual ingreso irregular, susceptible de relacionarse con los artículos 32 N.º 3 y 88 N.º 2 de la citada ley.

Añade que el rechazo se fundó en el artículo 88 N.º 1, por no haberse acreditado íntegramente el cumplimiento de los requisitos de la categoría migratoria solicitada; que se respetó el trámite de previo rechazo establecido en el artículo 91 inciso segundo, permitiendo al interesado aportar antecedentes; y que la resolución puso término al procedimiento en los términos del artículo 40 de la Ley N.º 19.880.

Finalmente, señala que, conforme al artículo 91 de la Ley N.º 21.325, la autoridad se encontraba facultada para sustituir la orden de abandono por la concesión de una residencia temporal, concluyendo que actuó dentro de sus atribuciones y con apego a la normativa aplicable, sin afectar las garantías constitucionales invocadas, por lo que solicita el rechazo íntegro de la acción.

Tercero: Que, evacuando informe por la Policía de Investigaciones de Chile, comparece el abogado Omar Alonso Castro Torres, en representación de su Director General, don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, quien expresa que, consultado el Sistema de Gestión Policial, el recurrente no registra órdenes de detención, arresto ni arraigo vigentes.

Agrega que, de acuerdo con el Sistema de Viajes, su último movimiento migratorio corresponde a una entrada al territorio nacional desde Argentina, efectuada el 13 de abril de 2026 por el paso fronterizo del Aeropuerto nombre reservado.

Asimismo, informa que en la base de datos B3000 del Ministerio del Interior consta la Resolución Exenta N.º 2500100334694, de 24 de diciembre de 2025, por la cual se rechazó su residencia definitiva y se le concedió una residencia temporal por dos años.

Finalmente, sostiene que, conforme al artículo 157 N.º 5 de la Ley N.º 21.325, la competencia para resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia corresponde al Servicio Nacional de Migraciones y no a la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando que se tenga por evacuado el informe.

Cuarto: Que, mediante presentación posterior, el abogado Marcelo Alonso Andrés Rivera Compan, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, dio cumplimiento a lo ordenado el 31 de julio de 2026, pronunciándose sobre el informe y el certificado de viajes acompañado por la Policía de Investigaciones a folio 16.

Reitera que, durante la tramitación administrativa, se requirió en dos oportunidades al recurrente acompañar un certificado emitido por la Policía de Investigaciones que acreditara sus ingresos y salidas del país por pasos fronterizos habilitados, y que los documentos aportados entonces presentaban diversos movimientos migratorios no registrados, circunstancia que, en concepto de la autoridad, podía dar cuenta de entradas o salidas efectuadas por pasos no habilitados.

Respecto del certificado acompañado posteriormente ante la Corte por la Policía de Investigaciones, sostiene que dicho antecedente no formó parte del procedimiento administrativo que culminó con la resolución impugnada y que, por consiguiente, la legalidad de esta última no podría ser examinada sobre la base de información que no fue puesta oportunamente en conocimiento del Servicio.

Concluye que la Resolución Exenta N.º 2500100334694 fue dictada con apego a la normativa migratoria vigente y solicita tener por cumplido lo ordenado, acompañando copia del certificado de viajes que el recurrente presentó durante el procedimiento administrativo a título de subsanación.

Quinto: Que en lo que atañe a la materia objeto de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

Sexto: Que, para resolver el presente caso, debe tenerse presente que el inciso segundo del artículo 78 inciso segundo el Párrafo V de la Ley 21.325, después de definir el beneficio en cuestión, señala que: “La residencia definitiva sólo se podrá otorgar a los extranjeros poseedores de un permiso de residencia temporal que expresamente admita postular a ella y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley, su reglamento y el decreto supremo que fija las subcategorías señalado en el artículo 70.” Así, resulta necesario atender a las normas que regulan los plazos para la presentación de solicitudes de residencia. De esta forma, el artículo 37 de la Ley 21.325, en sus incisos segundo y tercero, dispone: “(…) La prórroga de un permiso de residencia deberá ser solicitada al Servicio con no más de noventa y no menos de diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente. La solicitud de cambio de categoría o subcategoría podrá efectuarse en cualquier momento durante la vigencia del permiso de residencia respectivo. Con todo, deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para solicitar la prórroga del permiso de residencia indicada en el inciso precedente.” A su vez, el artículo 62 del Decreto N°596 del Ministerio del Interior, Reglamento de la Ley 21.325, dispone: “Artículo 62.- Los poseedores de residencia temporal podrán postular a la residencia definitiva, solo en aquellos casos en que la subcategoría migratoria de la cual son titulares así lo admita. circunstancia que será definida conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley Nº21.325. En estos casos, se podrá postular y obtener el permiso de residencia definitiva no obstante encontrarse vigente el permiso de residencia temporal de que se es titular, siempre y cuando se haya cumplido el plazo que lo habilita, definido para la subcategoría respectiva. Con todo, la solicitud de cambio de categoría deberá llevarse a cabo antes del vencimiento de los plazos para solicitar la prórroga del permiso de residencia, es decir, con no más de noventa y no menos de diez días de anticipación a la expiración del permiso de residencia vigente.”

Así las cosas, de lo expuesto se deprende que una solicitud de residencia definitiva debe ser realizada durante la vigencia del permiso de residencia temporal que habilite a la persona extranjera para ello, siempre que esta solicitud no se ingrese con no más de noventa días de anticipación del vencimiento de éste, y, en cualquier caso, en un plazo de no menos de diez días previo a la expiración del permiso en cuestión.

En la especie, al vencer el permiso el día 26 de junio de 2026, la presentación del 30 de enero de 2026 excedía con creces la anticipación requerida por el legislador, no resultando por ende dicha postulación válida para efectos de admitirla a tramitación.

Séptimo: Que como ha quedado demostrado, al momento de requerir su solicitud de residencia definitiva el recurrente debió haber acompañado los documentos solicitados, exigidos para estos casos, lo cual el actor no efectuó, razón por la cual no era posible para la autoridad dar lugar a la solicitud formulada.

Octavo: Que, otra cosa es afirmar que la recurrida Policía de Investigaciones no ha emitido los certificados de viaje de manera completa y fidedigna, frente a lo cual el recurrente posee los remedios administrativos pertinentes para solicitar lo que en derecho corresponda, sin que la presente vía procesal sea la idónea para resolver dicha omisión.

Noveno: Que luego de lo dicho sólo cabe concluir que la autoridad migratoria actuó con estricto apego a la normativa legal que regula la materia, no existiendo actuación ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que invoca el actor. Lo mismo puede afirmarse respecto de la recurrida Policía de Investigaciones, la cual evacuó los certificados y ante la cual no se ha formulado al menos que se haya acreditado, reclamo alguno, por lo que la presente acción constitucional debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°27388-2025 Protección.