Protección contra Contraloría General de la República

C.A. de Santiago Santiago, seis de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Rodolfo Navarrete Peña, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República (en adelante CGR), representada por su Contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, con motivo de la emisión de la Resolución N°NUM000, que rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el actor en virtud del artículo 156 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo Municipal, confirmando la sanción de destitución aplicada por la I.

Municipalidad de San Joaquín mediante Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 20 de julio de 2023. Funda su acción en la presunta vulneración de las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2° y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente es ingeniero en construcción se desempeñaba como funcionario de planta en la I. Municipalidad de San Joaquín, con calificaciones en Lista 1, sobresaliente, durante los años 2020, 2021 y 2022. Mediante Decreto Alcaldicio N°NUM002 se instruyó sumario administrativo en su contra por conductas de acoso, cuyos cargos se sustentaron exclusivamente en apreciaciones subjetivas "miradas libidinosas", "comentarios incómodos", sin evidencia objetiva, pericial ni testimonial directa. El Fiscal Instructor propuso como medida disciplinaria la suspensión del empleo por 3 meses. Sin embargo, el alcalde mediante Decreto N°NUM001 de 2 de agosto de 2023, elevó la sanción al máximo legal, aplicando la destitución, sin aportar nuevos antecedentes que justificaran el agravamiento de la pena.

Interpuesto Reclamo de Ilegalidad ante la CGR, ésta lo rechazó mediante Resolución N°NUM000. Dicha resolución fue notificada en un domicilio antiguo del recurrente, tomando conocimiento recién el 1 de diciembre de 2025, fecha que debe considerarse como inicio del cómputo del plazo para interponer la acción de protección.

La Resolución N°NUM000 adolece de ilegalidad y la CGR incurre en una interpretación errada del ordenamiento estatutario al sostener que, una vez acreditada una falta a la probidad, la autoridad edilicia se encontraría en el imperativo de destituir al funcionario, sin margen alguno para graduar la sanción. Dicha tesis contradice abiertamente el régimen disciplinario establecido en la Ley N°18.834, del Estatuto Administrativo que rige a los funcionarios públicos, cuyo espíritu y texto consagran el principio de proporcionalidad como límite del ejercicio de la potestad sancionatoria.

En cuanto a la arbitrariedad, ésta se configura al confirmarse una decisión que carece de la motivación racional exigible a todo acto administrativo que irroga perjuicio. El alcalde de San Joaquín se apartó de la propuesta técnica del Fiscal Instructor —quien, en mérito de las probanzas reunidas y con inmediación directa respecto de los testigos, estimó suficiente la medida de suspensión— sin aportar nuevos antecedentes de hecho ni fundar jurídicamente por qué aquella propuesta resultaba insuficiente para satisfacer las exigencias del caso.

La arbitrariedad aumenta al tener por acreditada una conducta imposible de verificar —las denominadas "miradas libidinosas"— elevándola a fundamento de la sanción más grave que contempla el ordenamiento estatutario, prescindiendo por completo de la conducta funcionaria pretérita intachable del recurrente nombre reservado, quien registraba calificaciones en Lista 1 Sobresaliente durante los 3 años inmediatamente anteriores al sumario.

La Contraloría General de la República, al avalar mediante la resolución impugnada este modo de proceder, no cumple su rol de garante de la legalidad de la actuación administrativa, sino que lo sanciona y legitima.

El recurrente solicita que se declare ilegal y arbitrario el acto administrativo impugnado; que se deje sin efecto la Resolución N°NUM000 de la CGR y el Decreto Alcaldicio N° NUM001 de la I.

Municipalidad de San Joaquin, que se ordene su reincorporación a sus funciones habituales y que se disponga el pago íntegro de las remuneraciones y cotizaciones previsionales devengadas durante el período de separación de funciones.

Segundo: Que, evacua informe la abogada Carolina Requena Duschner, Fiscal, en representación de la Contraloría General de la República, quien expresa que mediante Decreto Alcaldicio N° NUM002, de 3 de agosto de 2022, la Municipalidad de San Joaquín instruyó sumario administrativo en contra de nombre reservado, investigando denuncias de acoso sexual y laboral formuladas por funcionarias bajo su dependencia. Tramitado el procedimiento, el alcalde tuvo por acreditada su responsabilidad administrativa y le aplicó la sanción de destitución mediante Decreto N°NUM001, de 20 de julio de 2023, confirmada por acto de fecha 2 de agosto de 2023.

Deducido reclamo de ilegalidad ante la CGR conforme al artículo 156 de la Ley N° 18.883, éste fue rechazado mediante Res.

N°NUM000, de 2 de enero de 2025. El recurrente interpone la presente acción de protección con fecha 30 de diciembre de 2025, alegando ilegalidad y arbitrariedad del referido oficio, con vulneración de las garantías de los numerales 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Como primera cuestión la CGR Alega la extemporaneidad del recurso, para ello sostiene que el la Res. N°NUM000 fue notificada válidamente el 2 de enero de 2025, a las 13:53 horas, al apoderado del recurrente, abogado Rodolfo Navarrete Peña, mediante envío a la casilla electrónica que él mismo consignó en todas sus presentaciones ante el ente contralor. Este hecho queda confirmado de manera irrefutable por el propio apoderado, quien interpuso recurso de reposición en contra del referido oficio el 8 de enero de 2025, señalando expresamente que le había sido "notificado el mismo día" de su emisión.

En consecuencia, el plazo de 30 días corridos para interponer la acción de protección venció el 1 de febrero de 2025, de modo que el recurso deducido el 30 de diciembre de 2025 resulta manifiestamente extemporáneo. La alegación del recurrente relativa a la notificación en domicilio antiguo es desestimada, toda vez que dicha comunicación fue remitida al domicilio informado por el propio funcionario en su primera comparecencia en el sumario, sin que conste gestión posterior destinada a actualizarlo, siendo obligación del interesado mantener vigente dicha información.

Luego, la CGR reclama falta de legitimación pasiva, pues el acto que produce el agravio alegado es el Decreto Alcaldicio N°NUM001, de 2023, dictado por la Municipalidad de San Joaquín en ejercicio de su potestad disciplinaria. Agrega que su representada intervino únicamente a solicitud del recurrente para resolver el reclamo de ilegalidad, sin participar en la tramitación del sumario ni en la decisión de destituir. La Res. N°NUM000 no alteró lo resuelto por el municipio, limitándose a desestimar la impugnación administrativa deducida.

A mayor abundamiento, aun en el evento de acogerse la acción y ordenarse a la Contraloría emitir un nuevo pronunciamiento favorable al recurrente, ello solo implicaría dejar sin efecto el oficio contralor, sin que ello conlleve necesariamente la invalidación de la destitución, que es la pretensión de fondo. Las peticiones del recurso —reincorporación al cargo y pago de remuneraciones devengadas— son de imposible cumplimiento por parte de la Contraloría, pues recaen en atribuciones propias de la autoridad edilicia. El recurso debió dirigirse en contra de la Municipalidad de San Joaquín.

Hace presente, además, que conforme al artículo 54 de la Ley N.° 19.880, la notificación del Oficio N.° NUM000 reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional en contra del acto municipal, no en contra del ente contralor.

Por último, la CGR denuncia falta de emplazamiento a la Municipalidad de San Joaquín, atendido que la citada municipalidad es la autora del acto cuya invalidación se persigue, tiene la calidad de interesada en el presente recurso. Sin embargo, no ha sido emplazada en autos, lo que impide la correcta formación de la relación jurídico- procesal y vulnera el derecho a defensa de la entidad edilicia, en contravención con lo dispuesto en el artículo 3.° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Tercero: Que, como cuestión previa, corresponde analizar la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida. Sobre el particular, consta en autos que el oficio N° NUM000, de 2 de enero de 2025, fue notificado al apoderado del recurrente, señor Rodolfo Navarrete Peña, mediante envío a la casilla electrónica DIRECCION000, el mismo día 2 de enero de 2025 a las 13:53 horas, dirección que dicho profesional consignó expresamente en todas sus presentaciones ante la Entidad de Control para efectos de notificación.

Más aún, obra en el expediente que el propio apoderado del recurrente interpuso un recurso de reposición ante la Contraloría General con fecha 8 de enero de 2025 —Referencia N° NUM003, de 2025—, en cuyo texto señaló expresamente: "vengo a deducir fundado recurso de reposición en contra del oficio folio NUM000 emitido por la Contraloría General de la República, de 02 de enero de 2025 y notificada a esta parte el mismo día". Esta declaración constituye un reconocimiento inequívoco del conocimiento cierto y oportuno del acto impugnado en la fecha señalada.

En consecuencia, el plazo de 30 días corridos establecido en el N°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia venció el día 1 de febrero de 2025, de modo que la acción interpuesta con fecha 30 de diciembre de 2025 resulta manifiestamente extemporánea, circunstancia que por sí sola es suficiente para desestimar el recurso.

Cuarto: Que, sin perjuicio de lo resuelto en el motivo precedente, y aun cuando la extemporaneidad constituye un impedimento procesal que obsta al análisis del fondo del asunto, esta Corte estima pertinente pronunciarse sobre las restantes alegaciones formuladas por las partes, a mayor abundamiento.

Quinto: Que, en lo que atañe a la falta de legitimación pasiva de la Contraloría General de la República, resulta pertinente observar que el acto que efectivamente produce el agravio alegado por el recurrente —esto es, la pérdida de su empleo— es el Decreto Alcaldicio N° NUM001, de 20 de julio de 2023, de la Municipalidad de San Joaquín, que dispuso la sanción de destitución, confirmada por acto administrativo de 2 de agosto de 2023.

La Contraloría General intervino con posterioridad, a instancia del propio interesado, para resolver el reclamo de ilegalidad previsto en el artículo 156 de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo, sin participar en la instrucción del sumario ni en la adopción de la medida disciplinaria.

Luego, el oficio N° NUM000, de 2025, se limitó a desestimar dicha reclamación, sin alterar la situación jurídica creada por el decreto municipal. De este modo, aun cuando se dejara sin efecto el pronunciamiento de la Contraloría, ello no conllevaría la invalidación de la destitución, que es lo expresamente pretendido por el actor.

Por consiguiente, la acción cautelar ha sido erróneamente dirigida contra un órgano que no es autor del acto generador del agravio que se invoca.

Sexto: Que, vinculado con lo anterior, debe advertirse que la Municipalidad de San Joaquín, entidad que dictó el acto que el recurrente pretende dejar sin efecto, no ha sido emplazada en estos autos, circunstancia que impide la correcta formación de la relación jurídico-procesal, toda vez que cualquier determinación que altere lo resuelto en el sumario administrativo afectaría directamente los derechos e intereses legítimos de dicho municipio, sin que éste haya tenido oportunidad de ser oído.

Séptimo: Que, en cuanto a la naturaleza de la acción interpuesta, esta Corte ha sostenido reiteradamente que el recurso de protección, por su naturaleza cautelar, está destinado a amparar derechos indubitados que se encuentren afectados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios, y no constituye la vía idónea para impugnar resoluciones dictadas en procedimientos disciplinarios que, de ordinario, apuntan a revisar el mérito de las decisiones que las sustentan.

En la especie, el recurrente pretende que este Tribunal se pronuncie sobre la proporcionalidad de la sanción, la suficiencia de la prueba rendida en el sumario, la calificación jurídica de los hechos y la fundamentación del decreto alcaldicio, materias todas que exceden con creces el ámbito cautelar propio de esta acción constitucional.

En este sentido, resulta plenamente aplicable el criterio sostenido por la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso en sentencia rol N° 1.511-2025, confirmada por la Excma. Corte Suprema en rol N°19.888-de 2025, con fecha 13 de junio de 2025, en cuanto a que la acción constitucional de protección, por su naturaleza cautelar, no es vía idónea para impugnar resoluciones dictadas en procedimientos sumarios disciplinarios que apuntan a revisar el mérito que las sustentan, respecto de las alegaciones de afectación de los principios de culpabilidad y de proporcionalidad en la decisión sancionatoria.

Octavo: Que, adicionalmente, el oficio N° NUM000, de 2025, de la Contraloría General de la República, no adolece de ilegalidad, toda vez que fue emitido en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 156 de la Ley N°18.883, en relación con los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 6° y 9° de la Ley N°10.336, sobre Organización y Atribuciones de dicha Entidad de Control.

Dicho pronunciamiento constituye un acto motivado en términos jurídicos, que expone de forma clara los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que sustentan la desestimación de las alegaciones formuladas por el recurrente, habiendo efectuado un análisis razonado del sumario administrativo instruido, de las actuaciones practicadas y de los antecedentes sumariales, con apego al ordenamiento jurídico vigente. El hecho de que el recurrente discrepe del resultado de dicho análisis no transforma la decisión en ilegal o arbitraria.

Noveno: Que, en lo tocante a la alegación de desproporcionalidad de la sanción, cabe señalar que el artículo 123, inciso segundo, de la Ley N°18.883 establece que la destitución procederá, entre otros supuestos, cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa.

En el caso de autos, la autoridad edilicia calificó las conductas del recurrente —consistentes en acoso sexual y laboral en contra de funcionarios bajo su dependencia— como constitutivas de una vulneración grave a dicho principio, sanción cuya procedencia fue validada por la Contraloría General al examinar el expediente sumarial.

A este respecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley N°18.883, la calificación de los hechos que constituyen las faltas objeto del procedimiento disciplinario y la determinación del grado de responsabilidad administrativa son materias entregadas a los órganos de la Administración activa.

La proposición del fiscal instructor no resulta vinculante para el alcalde, quien, en su calidad de titular de la potestad disciplinaria, se encuentra plenamente facultado para modificar dicha indicación, inclusive aumentándola, cuando a su juicio los hechos lo ameriten.

Sobre la materia, la Excma. Corte Suprema, en causa rol N°1.237-2022, de 22 de junio de 2022, sostuvo que, asentada la afectación grave del principio de probidad administrativa, la sanción correspondiente no admite graduación por la valoración de circunstancias atenuantes de responsabilidad, criterio que resulta plenamente aplicable a la especie.

Décimo: Que, respecto de la supuesta vulneración de la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, el recurrente no ha logrado acreditar la existencia de un trato discriminatorio o de una diferencia arbitraria en el actuar de la Contraloría General. La discordancia entre la propuesta del fiscal instructor y la decisión del alcalde no constituye per se una diferenciación arbitraria, sino el ejercicio legítimo de una potestad expresamente conferida por la ley.

Undécimo: Que, en lo que dice relación con la garantía del artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, cabe recordar que, conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental, el recurso de protección respecto de dicho numeral solo procede en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto del mismo, sobre negociación colectiva.

En la especie, no se advierte de qué modo la actuación de la Contraloría General pudiera conculcar la libertad de trabajo, su libre elección o contratación, siendo la medida de destitución una decisión exclusiva de la Municipalidad de San Joaquín, adoptada en el marco de un procedimiento disciplinario legalmente tramitado.

Duodécimo: Que, al no haberse acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria atribuible a la recurrida que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, unido a la manifiesta extemporaneidad de la acción deducida, el recurso de protección interpuesto no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se declara que:

I.- se acoge la excepción de extemporaneidad, y II.- se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

N°Protección-27368-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus, e integrada por el ministro señor Pablo Toledo González y la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.