nombre reservado con SECRETARIA REGIOONAL MINISTERIAL BIENES NACIONALES REGION METROPOLITANA

C.A. de Santiago Santiago, treinta de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Secretaria Regional Ministerial De Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la notificación de su término de contrata, lo cual constituiría una infracción a sus garantías consagradas en el artículo 19 N°1, 2, 3 inciso 5°, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que fue designado el 31 de agosto de 2022, como Coordinador de Gabinete de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región Metropolitana, desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta designación se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023 mediante la Resolución Exenta RA N°324/1756/2022 del 29 de noviembre de 2022. Refiere que su jefatura directa era el Seremi de Bienes Nacionales, y que desde septiembre de 2022 fue elegido presidente del Comité Paritario, gozando de fuero laboral desde esa fecha.

Refiere que, a partir del 12 de enero de 2023, le fueron otorgadas varias licencias médicas hasta el mes de marzo de 2023, atendido que debió someterse a una serie de exámenes para determinar la existencia de cáncer a la próstata, junto con dializarse tres veces por semana, en el horario de 20:30 horas hasta las 00:30 horas.

Indica que el 5 de enero de 2023, don nombre reservado, renunció como Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, siendo reemplazado por don nombre reservado; no obstante, atendida sus licencias médicas, no pudo conocer a su nueva jefatura.

Relata que mediante notificación de 1 de marzo de 2023, se le comunicó el término anticipado a su designación a contrata, a contar del día 8 de marzo de 2023, dando como razones que el actual Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana informó a la Sra. Subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilén Cabrera que, luego de una revisión del funcionamiento de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, requería reforzar técnica y profesionalmente a las distintas unidades del servicio y que, para el desempeño de sus funciones directivas, no se requería un funcionario que se desempeñara en la labor de Coordinador del Gabinete Regional, dado que no contaría con un equipo de gabinete cuyo trabajo sea necesario coordinar.

Asimismo, se indicó que si bien la actual autoridad regional contará con un Jefe de Gabinete, cargo que no existe en la División Administrativa, dicho cargo debía ser desempeñado por una persona que contara con su exclusiva confianza, argumento que no dice relación alguna con el recurrente, pues no era Jefe de Gabinete, ni era de exclusiva confianza, no obstante que por lo anterior, ya no necesitaban de sus servicios.

Finalmente, se señaló la incapacidad para reasignar sus funciones dentro de la entidad. Indica que esta notificación se recibió mientras estaba con licencia médica.

Afirma que la notificación recibida es ilegal, por cuanto no se ajusta a los actos administrativos al no hacer mención a alguna Resolución emitida por el respectivo servicio que pone término a los servicios. Asimismo, siendo Presidente del Comité Paritario desde el segundo semestre de 2022, goza de fuero laboral por 2 años o hasta el término de su contrata, por lo que no puede ser despedido conforme el artículo 174 del Código del Trabajo.

En segundo término, refiere que la decisión es arbitraria, ya que los fundamentos señalados son falsos, pues su cargo no era de exclusiva confianza, y aquellas fueron desarrolladas según su contrato.

En virtud de lo anterior, solicita se acoja el recurso, y se declare ilegal y/o arbitrario el “acto administrativo” denominado “Notificación” de fecha 1 de marzo de 2023, dejando sin efecto el término anticipado de la contrata, el reintegro a sus funciones.

Segundo: Evacuando informe nombre reservado, por la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, señala, en primer término, que el recurrente fue contratado por el antiguo Seremi, para ejecutar el cargo de Coordinador General de Gabinete de la referida autoridad, ejerciendo funciones que dan cuenta de su calidad de exclusiva confianza de la jefatura.

Indica que, no obstante es efectivo que el recurrente fue elegido presidente del Comité Paritario, de acuerdo a la interpretación de la legislación atingente, el recurrente no gozaría del beneficio de fuero o de alguna otra índole, puesto que su participación en dicho comité lo hizo en su calidad de representante de la autoridad, y no de los trabajadores.

Seguidamente, indica que la actual jefatura del Seremi no cuenta con un equipo de gabinete, atendido que se priorizó reforzar otras unidades que desarrollan funciones técnicas, por lo cual, atendido que solo existe un jefe de gabinete, dicho cargo debe ser desempeñado por una persona que cuente con la exclusiva confianza de la autoridad, requisito que no cumple el recurrente.

Al efecto, afirma que no fue posible, atendida las funciones que le fueron asignadas al recurrente, poder ajustar y restructurar el Servicio con el objeto de que este pudiese ejecutar otras funciones, toda vez que se requería de un conocimiento técnico y un perfil distinto al que detenta.

Indica que la autoridad ministerial ordenó comunicar el término de la contrata al recurrente con fecha 1 de marzo de 2023, la cual se haría efectivo el 8 de marzo, haciendo expresa mención que los fundamentos de dicho término se encontraban en el acto administrativo que le sería notificado oportunamente. De esta forma, expresa que mediante la Resolución Exenta N° 324/523/2023 de 23 de marzo de 2023, se puso término anticipado a la designación de contrata del recurrente, la cual contiene los fundamentos de hecho y de derecho correspondientes.

Afirma que la Seremi no es legitimada en el recurso señalado, puesto que solo emitió un acto que comunicó la decisión impugnada, pero que el término anticipado correspondió a un acto del Ministerio.

Seguidamente, en cuanto al fondo de la decisión de poner término anticipado a la contrata del recurrente, indica que la resolución de 23 de marzo de 2023 se encuentra ajustada a derecho y al procedimiento administrativo establecido, la cual contiene los antecedentes de hecho y fundamentos legales, en los cuales se explica la motivación del acto administrativo, por lo cual, no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: De los antecedentes acompañados por la recurrente, más los hechos valer por la institución recurrida se puede inferir que el actor se desempeñó, en forma ininterrumpida, para la recurrida por un período inferior a dos años, ya que no tuvo una segunda renovación en esa calidad.

En efecto, conforme a la documentación aportada por los litigantes, el recurrente ingresó, mediante Resolución Exenta RA N° 324/1100/2022, como funcionario a contrata, asimilado al cargo de Técnico Grado 9°, de la E.U.R, al Ministerio de Bienes Nacionales, con fecha 31 de agosto de 2022, entre el 1° de julio y el 31 de diciembre del año 2022, siendo posteriormente renovada esa contrata -en la misma calidad, grado y Planta- para el año 2023, mediante Resolución Exenta N° 324/1756/2022, de 29 de noviembre de 2022, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.

Por ende, conforme a la reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que exige como lapso mínimo el de cinco años ininterrumpidos en la misma institución pública para poder invocar la “confianza legítima”, (v.g. sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 30 de junio de 2023, en Ingreso Rol N° 47.617-2023, considerandos 10° y 11°), el actor no puede ampararse en ese principio, pues ha permanecido ligado al servicio un tiempo inferior a ese lapso -menos de dos años- e incluso cuenta con una sola renovación.

Quinto: En lo que concierne a la fundamentación del acto impugnado, tratándose este caso de poner término anticipado a la contrata, cuya primitiva expectativa se prolonga para el funcionario hasta el 31 de diciembre del año respectivo, unido al carácter transitorio de dicho vínculo, mal puede reprocharse ilegalidad o arbitrariedad de la recurrida al haber procedido de esa forma, toda vez que -fundado en que no son necesarios los servicios del recurrente para el resto del año 2023, por las razones que se indican en el mentado acto- máxime si se trata de un desempeño transitorio, como es la contrata, se le comunicó oportunamente al recurrente esa decisión, facultad que no solo contempla la ley, esto es el artículo 11 del D.F.L. 29 de 2005, Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo.

En cuanto a que la fecha de interposición del presente recurso no se había dictado el acto administrativo que disponía el término anticipado de su contrata, aquello no es efectivo, pues el recurso de presentó el día 27 de marzo de 2023 y la Resolución que se impugna por esta vía cautelar es la N° 324/523/2023, de fecha 23 de marzo último.

Sexto: Por otra parte, el acto administrativo que es objeto del recurso, en concepto de esta Corte, sí es fundado, como se desprende de sus considerandos, teniendo en cuenta -además- que ya se la había notificado al actor esa decisión, en forma anticipada, con fecha 2 de marzo de 2023, por similares fundamentos a las que contiene la precitada Resolución N° 324/523/2023, razón por lo cual no puede argüirse que esta última sea ilegal o arbitraria.

Séptimo: Consecuencia de lo anterior, al no existir un acto ilegal o arbitrario imputable al Ministerio recurrido, al decretar el término anticipado de la contrata con el recurrente, el presente recurso debe ser rechazado, resultando inoficioso ponderar las garantías fundamentales supuestamente vulneradas.

Por los fundamentos precedentes, más lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, artículo 11 del D.F.L. 29 de 2005, del Ministerio de Hacienda y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y deduce recurso de protección en contra del Ministerio de Bienes Nacionales.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

Protección N° 2.726-2023.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por el Ministro se{pr Tomás Gray Gariazzo el ministro (S) señor Fernando Guzmán Fuenzalida y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia. No firma el ministro (S) señor Fernando Guzmán Fuenzalida, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber terminado su suplencia.

En Santiago, treinta de octubre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.