nombre reservado con SUPERINTENDECIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

Al folio N° 27: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, cajera de supermercado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por doña nombre reservado (S), abogada, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de licencias médicas.

Expone que en el año 2017 sufrió un accidente vascular, por el cual permaneció hospitalizada durante tres semanas, hasta que se le otorgó el alta médica, manteniendo controles médicos permanentes.

Indica que posteriormente fue víctima de episodios delictivos en su lugar de trabajo, lo que desestabilizó su salud, ocasionando que se le extendieran licencias médicas desde el 18 de abril hasta el 12 de julio de 2020, las que fueron pagadas sin inconvenientes.

Luego, indica que su médico tratante siguió concediéndole licencias médicas, las que fueron rechazadas sin fundamento alguno, mediante las siguientes resoluciones:

1) Resolución Exenta Nº R-01-UME-16053-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, por medio de la cual la SUSESO confirmó la decisión de la COMPIN Metropolitana de rechazar las licencias médicas Nºs RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 70 días a contar del 15 de noviembre de 2020, siendo la causal del rechazo: reposo no justificado;

2) Resolución Exenta Nº R-01-UME-24600-2121, de fecha 2 de marzo de 2021, que confirmó la decisión de la COMPIN de rechazar las licencias médicas Nºs RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 56 días a contar del 24 de agosto de 2020, siendo la causal del rechazo: reposo no justificado.

Precisa que actualmente su diagnóstico es de “trastorno ansioso sin crisis de pánico, con insomnio de conciliación, distimia y sensación de inseguridad al contacto social secuelar a la pandemia y relacionado con su trabajo en supermercado”.

Acusa que la decisión de la parte recurrida es arbitraria e ilegal porque jamás fue citada ante la comisión médica para una evaluación de peritaje y además porque adolece de falta de fundamentación.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene que el actuar de la recurrida afecta aquellas consagradas en el artículo 19 N° 1, 3 inciso 6° y 24 de la Constitución Política de la República.

Solicita en definitiva se ordene al pago de todas y cada unas de las licencias médicas recurridas y sus efectos de seguridad social, bajo apercibimiento de tomar todas las medidas que sean conducentes al restablecimiento y la protección de sus derechos constitucionales, con costas del recurso.

Segundo: Que habiéndose requerido informe a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, al evacuar el mismo, se indicó que rechazaron las licencias médicas N°(s) RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un plazo total de 70 días de reposo a contar del día 15 de noviembre de 2020 hasta el día 23 de enero de 2021, fundado en que el reposo no se encontraba justificado, ya que no fueron acompañados elementos suficientes para fundar el rol terapéutico del reposo laboral.

Expresa que la labor de la Contraloría Médica de COMPIN RM obedece a una actuación bajo criterios lógicos y racionales que llevaron a los profesionales médicos de ese Servicio a rechazar consecutivamente las licencias médicas en base a el mismo razonamiento: falta de antecedentes/justificación para prolongar el reposo laboral.

Ejemplifica lo anterior con el rechazo del recurso de reposición presentado por la señora nombre reservado contra la resolución que rechazó la licencia médica N° RUT reservado, pues al concluir mantener el rechazo se dijo lo siguiente: “(…) Adjunta informe médico no protocolizado, con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, en tratamiento médico con psicofármacos, sin mención de ajuste o adecuación del tratamiento, sin informe psicológico o intervenciones psicosociales, sin índice GAF, sin plan de reintegro laboral, sobrepasando rango de días de reposo laboral estimados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y el reintegro laboral (…)”

Por su parte, para el rechazo de las restantes licencias médicas, indica cuáles fueron las conclusiones que se registraron en la cartola, esto es: “Mujer de 55 años, con reposo laboral desde el 18/04/20, por Fxx indicado por médico general particular, alto emisor de LMs. Informe médico enviado es muy general e insuficiente para justificar la prolongación del reposo más allá de los 100 días ya autorizados. Sin ingreso a PSM, sin psicoterapia, sin evaluación de psiquiatra, sin GAF, ni otros indicadores de gravedad. Rechazo los RRs 708-4, 050-1, 158-6 y 102-4. ULME.”

Tercero: Que evacuando su informe la Superintendencia de Seguridad Social, solicita el rechazo de la presente acción de protección, con costas.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, atendido que la señora nombre reservado reclamó en contra de la COMPIN Región Metropolitana por el rechazo de las licencias médicas que indica, con fechas 17 de noviembre de 2020 y 16 de enero de 2021, épocas en las que ya tenía conocimiento del acto que hoy tilda de ilegal y arbitrario.

Luego, sostiene la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social.

En subsidio de las precedentes alegaciones, informa en cuanto al fondo del asunto que analizando el marco jurídico aplicable, concluyendo que no existe acto ilegal o arbitrario de su parte, pues se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencias, sin que ella sea titular del “derecho a licencia médica”, por no cumplirse los requisitos legales para que este nazca a la vida del derecho, razón por la cual no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado. En definitiva, afirma que la Superintendencia de Seguridad Social se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la seguridad social, los reclamos que la recurrente presentó en su oportunidad en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Expone que la señora nombre reservado reclamó de las decisiones de la COMPIN Región Metropolitana de confirmar el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 56 días a contar del 24 de agosto de 2020, por reposo no justificado, y de las licencias N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 70 días a contar del 15 de noviembre de 2020, por la misma causal; frente a lo cual la SUSESO dictó las resoluciones que por esta vía se impugnan, y que se sustentan, en síntesis, en que, habiendo estudiado los antecedentes, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas no se encontraba justificado y los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado -103 días-. Precisa además que en la primera de las resoluciones cuestionadas se especificó que “la interesada no adjunta tratamiento medicamentoso, ni informe de sicoterapia, ni evaluación por salud mental”.

Da cuenta del contenido de los informes médicos de la institución, siendo en definitiva los fundamentos de la resolución, los siguientes: “LM extendidas por médico general alto emisor. El informe médico aportado, no protocolizado, breve, sin detalles de la evolución, funcionalidad, cambios o ajustes del tratamiento ni plan de tratamiento, sin plan de reintegro laboral, no justifica mayor reposo. Sin derivación a especialidad. Tampoco acredita psicoterapia ni tratamiento en programa de salud mental de la red de salud .Reposo laboral desde el 18/04/20. Antecedentes insuficientes para justificar prolongación del reposo que alcanza 98 días autorizados. No acoge” (sic).

Finalmente, niega haber incurrido en la vulneración de derechos que por el recurso se denuncia.

Cuarto: Que, atendido lo ordenado por esta Corte de Apelaciones con fecha 3 de septiembre pasado, la COMPIN amplió su informe, refiriéndose particularmente a la justificación médico-administrativa que llevó a la Contraloría Médica de la COMPIN Región Metropolitana a rechazar las licencias médicas N°(s) RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

Indica sobre el particular que dicha decisión se fundamenta en que en virtud de los artículos 16 y 21 del D.S. N°3/1984 y los artículos 3 y 4 del Decreto Supremo N° 7/2013, el reposo no se encontraba justificado, puesto que no se apreció que el reposo laboral estuviera cumpliendo un rol terapéutico suficiente para superar la incapacidad temporal que aquejaba a la actora. Incluso, se apreciaron evidentes indicios del nulo rol terapéutico que estaba cumpliendo su reposo: i) licencias médicas extendidas por médicos generales sin la especialidad de psiquiatría; ii) Que el médico general que extendió precisamente las licencias reclamadas se encuentre según los registros en la categoría de “muy alto emisor de licencias médicas”; iii) Presentación de informes médicos muy escuetos y generales; iv) Poca claridad acerca de si efectivamente la paciente estuvo asistiendo a sesiones periódicas de psicoterapia, y v) Falta de informe GAF que determina la escala de gravedad.

Agrega que de todo lo anterior se dejó registro en la cartola médica el día 16 de noviembre de 2020 al rechazar un recurso de reposición presentado por la actora.

Quinto: Que es menester recordar que como reiteradamente se ha expresado, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Sexto: Que debe descartarse la argumentación de la SUSESO referida a la oportunidad de la presente acción de protección pues el acto que lo motiva dice relación con las resoluciones de la recurrida de 10 de febrero y 2 de marzo del año en curso, y el libelo fue presentado el 7 de marzo pasado, de lo que se concluye que, a la fecha de su interposición no había transcurrido el plazo contemplado en el Auto Acordado sobre la materia.

La misma suerte tendrá la alegación relativa a la improcedencia de conocer este asunto por esta vía, por tratarse de un tema relativo al derecho a la seguridad social que no está dentro de los tutelados en el artículo 20 de la Carta Política, toda vez que de los antecedentes expuestos aparece que la situación que afecta a la actora puede vulnerar también otros derechos fundamentales que sí son protegidos por esta acción constitucional, como se ha denunciado en autos, lo que determina el rechazo de la citada alegación.

Séptimo: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, consta que el rechazo de las licencias médicas indicadas obedeció a la causal de reposo injustificado.

Octavo: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

Noveno: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Décimo: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; señalando la Ley 16.395, en su artículo 2º, modificada por la Ley N° 20.691, las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Undécimo: Que, de esta forma, es dable colegir que con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1 de la Ley N° 16.395, que fija el Texto refundido de la Ley de Organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a la Superintendencia la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego, de acuerdo con los artículos 2, 3 y 27, la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra el Compin.

Duodécimo: Que, así las cosas, decidido el rechazo de las licencias de la recurrente por la Compin, la Suseso confirmó dicha decisión y luego resolvió las solicitudes que guardaban relación con lo mismo, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

Décimo tercero: Que por lo demás, lo decidido guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo 1 del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en cuanto “entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "COMPIN", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "SEREMI", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Décimo cuarto: Que descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza sin costas, la acción constitucional deducida en autos por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-2726-2021.