Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Santiago, diez de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece el abogado Sebastián Caroca Colarte en favor de nombre reservado, servidor público (sic), domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), en razón de haber incurrido en un acción ilegal y arbitraria, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de 1 de diciembre del año 2025, por la Superintendencia de Seguridad Social, que denegó el pago de cinco licencias médicas extendidas por patologías de salud mental, careciendo de la necesaria fundamentación ni tampoco propicia la realización de diligencias para determinar la real situación de salud del actor, afectando sus derechos constitucionales, por lo que solicita se aprueben las referidas licencias médicas.

Segundo: Que evacua el informe respectivo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN RM), indicando que la SUSESO confirmó el rechazó realizado por la COMPIN de las licencias médicas N°NUM001, NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005, extendidas por un total de 150 días a contar del 02 de marzo de 2023, por reposo no justificado.

Señala que el actor interpone reposición ante el rechazo de sus licencias médicas, el que se desestima porque los antecedentes no son suficientes para establecer o justificar la prolongación del reposo otorgado por el diagnostico anunciado, más allá del periodo que ya ha sido autorizado, ya que no cuenta con informe médico de especialista, sin acreditar derivación y/o consultoría con psiquiatra, sin plan terapéutico, sin exámenes, sin informe de psicoterapia, sin aplicación de escala de funcionalidad de una persona (GAF), como tampoco cuenta con una fecha de recuperabilidad laboral.

Finalmente expresa que las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto con el fin de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales, por lo que estima que la COMPIN ha actuado dentro del marco de sus facultades legales.

Tercero: Que, por otro lado, comparece la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), alegando la improcedencia de la acción de protección frente a hechos que dicen relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En cuanto al fondo expresa que el recurso interpuesto desborda los límites de la acción de protección, ya que el “derecho a licencia médica” del actor no reúne la condición de ser un derecho preexistente e indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Indica que la SUSESO mediante la Resolución Exenta NUM000 de 01 de diciembre de 2025, concluyó que “el reposo prescrito por las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del reposo ya autorizado por la misma patología.

Que, los informes emitidos por los tratantes, no permiten justificar adecuadamente el rol terapéutico del reposo reclamado. En efecto, los informes citados no exponen un plan de tratamiento psicofarmacológico concordante con la extensión total del periodo de reposo. Sumado a lo anterior, el informe psicológico adjunto no permite acreditar la realización de un proceso psicoterapéutico intensivo durante toda la extensión del reposo citado.”

Se añade que se trata de un hombre de 42 años, administrativo, afiliado a Fonasa, que reclama por 150 días desde el 2-3-23 por patologia psiquiátrica, con 90 días previos rechazados y 72 autorizados, es decir, 162 previos totales, y 312 totales de reposo. Se sostiene que los informes emitidos con fecha por los tratantes, no permiten justificar adecuadamente el rol terapéutico del reposo reclamado, precisando que no exponen un plan de tratamiento psicofarmacológico concordante con la extensión total del periodo de reposo y el informe psicológico adjunto no permite acreditar la realización de un proceso psicoterapéutico intensivo durante toda la extensión del reposo citado, sin dosis máximas de antidepresivos en 312 días de reposo y sin psicoterapia intensiva.

En consecuencia, manifiesta que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer evolución clínica documentada, respuesta al tratamiento farmacológico, limitación funcional actual, ni la existencia de un plan terapéutico orientado al reintegro laboral o una fecha probable de alta médica, y no se configura una incapacidad laboral de carácter transitorio que justifique la prolongación del reposo más allá de lo ya autorizado.

Finalmente niega la existencia de vulneración alguna a garantías fundamentales por cuanto la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Cuarto: Que, en lo relativo a la improcedencia del recurso, sobre la base que la garantía constitucional invocada, referida a que la seguridad social no está amparada por la acción ejercida, tal argumento carece de fundamento, en atención a que este Tribunal, dado el ámbito de la acción ejercida, tiene la capacidad de identificar la vulneración de otras garantías establecidas en el artículo 20 de la Constitución, teniendo para ello en consideración la naturaleza desformalizada de la acción. En efecto, el análisis del caso revela que el rechazo del pago de las licencias médicas se enlaza con otras garantías, referidas tanto al patrimonio como a la integridad psíquica de la persona que acciona, derechos que están protegidos por la norma constitucional mencionada, lo que conduce al rechazo de esta alegación.

Quinto: Que, en relación con el fondo de la acción deducida, para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte del recurrido, que provoque la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia.

Sexto: Que, en tal contexto, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio, exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes, se desprende que la Resolución Exenta que mantuvo el rechazo de las licencias médicas, se encuentra debidamente fundada, desde que explica la razón por la que decidió rechazar la reconsideración presentada por el recurrente. Asimismo, es dable advertir que el acto impugnado fue dictado por el órgano competente, dentro de sus atribuciones y en la forma que prescribe la ley, de lo que se sigue que no ha existido en la especie un actuar ilegal o arbitrario que conculque los derechos fundamentales de la actora, motivo por el cual el recurso de protección necesariamente debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°27251-2025 Protección