nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de abril de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 11 y 12: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Óscar Olivares Jatib, abogado, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Conchalí (CORESAM), por haber decidido no renovar su nombramiento a contrata a partir del 31 de diciembre de 2024. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos garantizados en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que su representada presta labores desde el 18 de junio del 2020 en establecimientos de salud administrados por la Corporación Municipal de Conchalí, renovándose en forma sucesiva sus servicios hasta la época de presentación de su recurso, manteniendo buen desempeño y no siendo objeto de medida disciplinaria alguna. Agrega que a contar del 01 de enero del año 2024 comenzó a desempeñar labores de técnico odontólogo a contrata, asimilada a la categoría C, grado 13, percibiendo un ingreso mensual de $1.278.997 aproximadamente, en el Cesfam Alberto Bachelet de la comuna de Conchalí.

Señala que, llegado el mes de diciembre de 2024, solicitó permiso a su jefatura para hacer uso de feriado legal, autorizándose el descanso a partir del día 24 de diciembre y hasta el 03 de enero de 2025, lo que considera indiciario de que los servicios continuarían desarrollándose con regularidad. Sin embargo, manifiesta que el 12 de diciembre de 2024, CORESAM le comunicó personalmente, mediante Resolución S/N de fecha 10 de diciembre, el cese de sus servicios por "vencimiento del plazo del contrato" según el artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378, a partir del 31 de diciembre de 2024.

Argumenta que dicha causal resulta inaplicable porque la recurrente llevaba cinco años en la dotación de salud, de modo que la relación laboral devino en indefinida, pudiendo cesar solo por calificación insuficiente o sumario administrativo. Añade que el cargo está siendo cubierto por trabajadores a reemplazo, lo que demostraría que existen otras razones para la desvinculación. Aduce que, a la fecha de presentación del recurso, la recurrida adeuda a la Sra. nombre reservado 8 días de vacaciones correspondiente al año 2023, 13 días de incentivo por servicios prestados durante la pandemia de Covid y 15 días de feriado legal del año 2024.

Respecto a los fundamentos jurídicos, alega ausencia de motivación del acto administrativo, citando los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, que obligan a expresar los hechos y fundamentos de derecho en los actos que afecten derechos de particulares. Invoca el Dictamen Nº 6.400/2018 de la Contraloría General, que establece que no resulta suficiente fundamentar la no renovación con expresiones como "vencimiento del plazo".

Plantea que desde 2017 la Corte Suprema ha sostenido que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente, se transforma en una relación indefinida conforme al principio de confianza legítima, pudiendo el funcionario ser separado solo por calificación deficiente o sanción disciplinaria.

Por estas razones, solicita se acoja el presente recurso y se deje sin efecto la actuación recurrida; se disponga el reintegro de la protegida en su puesto de trabajo con la misma categoría y grado; se ordene el pago íntegro de las remuneraciones devengadas en el período de desvinculación, incluyendo el bono compensatorio de sala cuna; y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que don Sebastián Maldonado Tapia, abogado, en representación de la recurrida Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores (en adelante "CORESAM"), evacúa el informe solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado.

Explica que la recurrente prestó servicios desde el 18 de junio de 2020 bajo modalidad de contrato a plazo fijo conforme al artículo 14 inciso 3° de la Ley N° 19.378, acumulando al 31 de diciembre de 2024 aproximadamente 4 años y 6 meses de servicios. Mediante Resolución S/N de fecha 10 de diciembre de 2024, notificada el 12 de diciembre, se le comunicó el término de su contrato por vencimiento del plazo. Aclara que la recurrente confunde este documento con la decisión de no renovación, que sí está debidamente fundada en la Resolución N° 735/2024 de 2 de diciembre de 2024.

Invoca el ORD N° 281 del 3 de mayo de 2024 de la Dirección del Trabajo, según el cual no existe obligación de dar aviso anticipado del término de contratos a plazo fijo, por lo que habría cumplido con lo exigido por el ordenamiento jurídico.

Respecto a la aplicación del principio de confianza legítima, la recurrida argumenta que por su naturaleza jurídica de persona jurídica de derecho privado, no resulta aplicable tal principio. Añade que, aun considerándolo aplicable, no se cumplirían los 5 años de permanencia exigidos por el criterio actual de la Corte Suprema (fallo Rol 135613-2022 de 23 de mayo de 2023), pues la recurrente solo tiene 4 años y 6 meses de antigüedad.

En cuanto al marco normativo, establece que CORESAM es una Corporación de derecho privado creada al amparo del artículo 12 del DFL N° 13.063 de 1980, no siendo un órgano de la administración del Estado según dictámenes N° 69.200/2010 y 25.303/2011 de Contraloría. Precisa que la relación laboral se rige por la Ley N° 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y, supletoriamente, por la Ley N° 18.883, no por la Ley N° 18.834.

Sobre la supuesta arbitrariedad e ilegalidad, sostiene que la decisión está motivada conforme al artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378 y fundamentada en la Resolución N° 735/2024. Cita los artículos 14 de la Ley N° 19.378 y 2° de la Ley N° 18.883, que establecen que los contratos a plazo fijo duran hasta el 31 de diciembre, cesando por el solo ministerio de la ley si no hay prórroga, sin existir obligación de renovarlos.

Refuta que el contrato haya devenido en indefinido, argumentando que dicha consecuencia se contempla en el Código del Trabajo, inaplicable al caso. Señala que su decisión respondió al cumplimiento de la Ley N° 21.308 y del artículo 56 de la Ley N° 19.378, respetando el límite del 20% de la dotación en calidad de contratados a plazo fijo y proveyendo cargos en calidad de titular mediante concurso público.

En cuanto a la falta de derecho indubitado, argumenta que la recurrente no ha fundamentado debidamente la vulneración de garantías constitucionales. Asevera que se requiere un juicio de lato conocimiento, existiendo además un procedimiento específico de reclamación ante la Contraloría según el artículo 156 de la Ley N° 18.883.

Por todo lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar la acción de protección, con costas.

Tercero: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

De lo que resulta, como requisito indispensable de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Cuarto: Que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte consiste en la decisión de la recurrida de no renovar el contrato de trabajo de la recurrente para el año 2025.

Quinto: Que, para dilucidar la controversia planteada es preciso tener presente que, examinadas las funciones asignadas a la recurrente, la forma y periodicidad de éstas y de conformidad a lo señalado en el artículo 1° de la Ley N° 19.378, es dable concluir que éste es el marco regulatorio que corresponde aplicar a la cuestión tratada en autos.

Lo anterior se colige claramente de lo dispuesto en el artículo 1° citado que señala: “Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades al 30 de junio de 1991, en virtud de convenios regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980 (…) También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud”.

Por su parte, el artículo 14 del mismo cuerpo normativo establece, en lo que importa, que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario”.

Finalmente, el inciso primero de su artículo 4 prescribe que “En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales”.

Sexto: Que, de los preceptos legales transcritos precedentemente, se desprende que la relación estatutaria entre las partes se encuentra regulada por la Ley N° 19.378, y sólo supletoriamente, en aquello no previsto de manera expresa, han de recibir aplicación las disposiciones contenidas en la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales.

En este orden de consideraciones, si bien el artículo 14, inciso 2°, de la Ley N° 19.378 permite al Municipio la contratación a plazo fijo por un período igual o inferior al año calendario, es manifiesto que estas normas deben interpretarse en armonía con las normas laborales que regulan esta materia, puesto que la especialización de dicha área del derecho permite resguardar el principio protector del trabajador que es el eje del sentido interpretativo de dichas disposiciones.

Así, por lo demás, la ha resuelto la Excma. Corte Suprema en el pronunciamiento Rol N° 31.981-2023, de fecha tres de enero de dos mil veinticinco.

Séptimo: Que, en la línea de lo que se viene razonando, es pertinente señalar que el numeral 4 del artículo 159 del Código del Trabajo señala: “El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año” y agrega “El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo”.

Octavo: Que, en este entendimiento, si bien la recurrida se asila en la facultad de término unilateral consignada en el contrato respectivo, lo cierto es que, conforme los antecedentes que se han tenido a la vista, la contratación de la actora ha superado, en su extensión cronológica, el plazo máximo contemplado en el inciso 2°, del artículo 14, de la Ley N° 19.378, esto es un año, lo que obsta la aplicación de ésta disposición, debiendo aplicarse, en consecuencia, la norma citada en el considerando precedente del Código del Trabajo, considerando además que sus servicios han sido prestados en cumplimiento de una función permanente, en el área de su expertiz.

En esta línea de razonamiento, siendo un hecho pacífico que el contrato a plazo fijo de la parte recurrente fue renovado en más de dos ocasiones, dicha circunstancia que tuvo el efecto de transformar el contrato a plazo fijo en uno indefinido, por lo que el término de este debió sujetarse a las disposiciones del Código del Trabajo y no las invocadas erradamente por la recurrida.

Noveno: Que, así las cosas, se debe concluir que habiéndose convertido el contrato a plazo fijo en indefinido, la decisión de término del contrato de trabajo es ilegal por contravenir las disposiciones del Código del Trabajo que regulan su término, vulnerándose la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de los actores sobre sus remuneraciones, garantizados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Décimo: Que, atento a lo razonado, se acogerá la acción constitucional en análisis, en la forma que se indicará en lo resolutivo del presente fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores, dejándose sin efecto la Resolución N° 735/2024 de fecha 02 de diciembre de 2024, debiendo la recurrida reincorporar a la recurrente, en las mismas condiciones en que venían prestando sus servicios y enterar las remuneraciones y demás emolumentos legales, debidamente reajustados, entre la fecha de su separación y la de su reincorporación.

Acordada con el voto en contra del Ministro (s) Sr. Valderrama Martínez, quien estuvo por rechazar la acción constitucional deducida en la especie, teniendo presente para ello los siguientes fundamentos:

1.- Que, tratándose la recurrida de una Corporación de derecho privado, no se encuentra comprendida en el artículo 1º de la Ley Nº18.834, sobre el Estatuto Administrativo, sino que, la relación entre la actora y dicha entidad se encuentra regulada por la Ley Nº19.378, que en su artículo 14 dispone que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación”.

A su turno el artículo 48 del mismo cuerpo normativo, en su letra c) indica: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…) c) Vencimiento del plazo del contrato”.

2.- Que, de lo señalado, aparece que la recurrente se encontraba sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley 19.378, específicamente su artículo 48 que en la letra c). En dicho sentido, la pretensión de la recurrente importaría en la práctica la transformación de su contrato a plazo en uno indefinido, lo que es del todo improcedente en atención a lo dispuesto en el artículo 14 antes citado.

3.- Que, dentro del contexto material que se viene reseñando, no resulta factible adoptar alguna medida de cautela a favor de la recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse que exista un derecho indubitado que a su vez sea constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que haya sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiera acontecido.

4.- Que, por lo antes indicado, en parecer de quien disiente el hecho que motiva la interposición de esta acción cautelar no constituye una actuación arbitraria o ilegal, por lo que no puede prosperar y, en cuanto a su mérito, no corresponde calificarlo en esta sede puesto que el ordenamiento jurídico provee los canales adecuados y especializados para ello.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-27244-2024.