nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de mayo de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece el abogado Óscar Olivares Jatib, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado, y en contra de la Corporación Municipal de Conchalí, por la dictación de la Resolución S/N, de 10 de diciembre de 2024, notificada el 13 del mismo mes y año, por medio de la cual se determinó no renovar su nombramiento a contrata a partir del 31 de diciembre de 2024, pero sin informar las razones que justifican dicha decisión, asumiendo la legitima confianza de que su nombramiento sería prorrogado para el año 2025.

Señala que la recurrente presta labores a plazo fijo de técnico de nivel superior en odontología desde el 26 de junio del año 2019 en establecimientos de salud regidos por la Ley N°19.378 y administrados por la Corporación Municipal de Conchalí, renovándose en forma sucesiva sus servicios, manteniendo buen desempeño y no siendo objeto de medida disciplinaria alguna. Luego, a contar del 01 de enero del año 2021 comienza a desempeñar labores de técnico odontólogo a contrata, asimilada a la categoría C, grado 13, y en el cumplimiento de dicha actividad asiste a los cirujanos dentistas en los diferentes procedimientos clínicos, servicios que fueron prestados en el CESFAM Alberto Bachelet de la comuna de Conchalí. Agrega que el cargo de técnico de nivel superior en odontología constituye un puesto de trabajo indispensable para el servicio dental de la comuna, no existiendo ningún otro funcionario dentro de la dotación que pueda cubrir dicho puesto de trabajo. De esa manera, la actora estaba convencida de que seguiría vinculada a la Corporación Municipal, especialmente, porque su relación laboral se remonta al año 2019, configurándose la legítima confianza de que sus servicios serían requeridos para el año 2025.

Refiere que, en ese contexto, la Corporación Municipal de Conchalí, a través de la directora del CESFAM, le comunica personalmente el 13 de diciembre de 2024, el contenido de la Resolución S/N denominada “Aviso de término de contrato de trabajo”, de fecha 10 de diciembre del mismo año, en la cual no se exponen las razones que justifican dicha decisión, limitándose a invocar la causal prevista en el artículo 48 letra c) de la Ley N°19.378, esto es, “vencimiento del plazo del contrato”, la que resulta inaplicable porque la recurrente venía desempeñándose desde hace cinco años en la dotación de salud de la comuna de Conchalí, de modo que la relación laboral devino en indefinida, por lo que solamente podía cesar en virtud de calificación insuficiente o sumario administrativo.

Afirma que la recurrida no ha dado cumplimiento a las exigencias impuestas por la ley, toda vez que, si bien la decisión de no renovar la contratación de la recurrente para el año 2025 encuentra aparentemente validez en el citado artículo 48 letra c) de la Ley N°19.378, vencimiento del plazo del contrato, lo cierto es que no se ha dado cumplimiento al deber de motivación o de fundamentación del acto administrativo, establecido en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, por lo cual constituye una actuación arbitraria e ilegal, pues no expone las razones fácticas y jurídicas que motivan la decisión de no renovar la contratación, en circunstancias que la recurrente contaba con cuatro años de antigüedad en la dotación de salud.

Hace presente que las Corporaciones Municipales, independiente de su naturaleza jurídica de derecho privado, son entidades que prestan un servicio público, lo cual explica precisamente que el personal de su dependencia quede sujeto a un estatuto administrativo, como es el contenido en la Ley N°19.378. Por lo mismo, el hecho que la recurrida se auto perciba como empresa demuestra que no se ha cumplido con la normativa administrativa que rige sus actuaciones, como es, precisamente, la Ley N°19.880.

Sostiene que se han vulnerado las siguientes garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República: a) La igualdad ante la ley, del numeral 2°, ya que existe una discriminación ilegal y arbitraria, pues a otros funcionarios públicos dependientes de la Corporación de Salud Municipal se les mantiene en su puesto de trabajo cuando existen sucesivas renovaciones; b) El derecho de propiedad, del numeral 24, pues dicha norma ampara también el derecho al pago de las remuneraciones del personal administrativo que le corresponden por el cumplimiento de sus servicios, impactando severamente en su patrimonio personal y familiar producto de la cesación ilegal y arbitraria de sus funciones.

Por lo expuesto, pide: (i) Se disponga el reintegro de la recurrente en su puesto de trabajo, asimilándola a la misma categoría y grado que ostentaba a la fecha de su desvinculación; (ii) Se disponga el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que media entre la separación de sus funciones, esto es, desde el 01 de enero del año 2025 y hasta la reincorporación de la recurrente en su puesto de trabajo; (iii) Disponer cualquier otra medida que SS. Iltma. estime pertinente destinada a restablecer el imperio del derecho y amparar las garantías constitucionales de la actora; (iv) Se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que, evacuando informe por la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores, comparece el abogado Sebastián Maldonado Tapia, quien expone que su representada es una corporación de derecho privado creada al amparo del artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley N°13.063, de 1980, de manera que se trata de una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar los servicios traspasados del área de educación, salud y atención al menor. Añade que conforme a los Dictámenes N°69.200 de 2010 y N°25.303 de 2011 de la Contraloría General de la República, no es un órgano integrante de la administración del Estado, pese a que realiza funciones propias de una municipalidad.

Destaca que el principio de confianza legítima sólo es aplicable para funcionarios públicos y no para asistentes de la salud primaria dependientes de una corporación privada. Indica que la recurrente de autos se considera regulada por el Estatuto de Atención Primaria de la Salud por aplicación del artículo 1° de la Ley N°19.378, de manera que no es una funcionaria pública, y no está comprendida en el artículo 1° de la Ley N°18.834.

Afirma que la decisión del término de contrato de la recurrente se encuentra motivada, con pleno apego al ordenamiento jurídico nacional, al hacer uso del artículo 48 letra c) de la Ley N°19.378, esto es, vencimiento del plazo del contrato, y contradice el argumento de una eventual arbitrariedad el hecho de existir la Resolución N°735/2020 de la Corporación Municipal de Conchalí, de 2 de diciembre de 2024, en virtud de la cual se dispone la no renovación de contratos a plazo fijo de determinados funcionarios, dentro de los cuales se encuentra la recurrente, acto debidamente fundado en razón de los argumentos en él expuestos.

Sostiene que la actora no tiene un derecho de carácter indubitado que haya sido vulnerado, siendo necesario que en un juicio de lato conocimiento se determine el derecho de la recurrente sobre el contrato que no fue renovado. Agrega que, en el caso que se considere aplicable el concepto de confianza legítima, la recurrente no cumple con el lapso requerido para invocarla a su favor, el que según la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema debe extenderse a cinco años de renovación continua.

Por lo expuesto, pide tener por evacuado informe, y rechazar la acción de protección deducida, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, se desprenden los siguientes hechos:

1.- Con fecha 2 de enero de 2024 doña nombre reservado, celebró un contrato de trabajo con la Corporación Municipal de Conchalí, conforme a las normas de la Ley N°19.378, para prestar servicios de Técnico de nivel superior en odontología, en el Centro de Atención de Salud Cesfam Alberto Bachelet, de la comuna de Conchalí, bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, con fecha de término el 31 de diciembre de 2024.

2.- Mediante carta de fecha 10 de diciembre de 2024, la Corporación Municipal de Conchalí dio aviso a la señora nombre reservado sobre el término del contrato de trabajo “por la causal del artículo 48 letra c) de la Ley N° 19.378, esto es, vencimiento del plazo del contrato”.

Quinto: Que, resulta relevante tener en consideración que, la relación laboral entre la recurrente señora nombre reservado y la recurrida, Corporación Municipal de Conchalí, se encuentra regulada por la Ley N°19.378, Estatuto de la Atención Primaria de Salud Municipal, que en su artículo 14 dispone que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación”.

A su turno, el artículo 48 del mismo cuerpo normativo, en su letra c) indica: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…)

c) Vencimiento del plazo del contrato”.

Sexto: Que, de lo señalado, aparece que la recurrente se encontraba sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo de la recurrida se ajustó a las disposiciones de la Ley 19.378. En dicho entendido, la Corporación Municipal de Conchalí no se apartó de la legalidad en su proceder, en cuanto se limitó a hacer aplicación de los preceptos legales que reglan la materia en cuestión, por lo que no resulta posible concluir que el acto impugnado se haya dictado en contravención al ordenamiento jurídico como lo pretende la protegida, circunstancia que conduce necesariamente al rechazo de dicha protesta.

También debe descartarse la arbitrariedad denunciada por la parte recurrente, en cuanto la decisión de la Corporación recurrida, al fundarse en criterios de evaluación objetivos, no puede catalogarse de antojadiza o carente de fundamentos Séptimo: Que, por lo antes razonado, al no haberse verificado la existencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada por la parte actora, y considerando además que lo pretendido mediante la interposición de su arbitrio, excede por mucho los márgenes de la presente acción cautelar, esta será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Conchalí.

Se previene que el ministro señor Astudillo concurre al rechazo del recurso, aunque teniendo únicamente presente las razones que siguen:

1.- Se hace imprescindible subrayar la naturaleza esencialmente cautelar de la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental y, particularmente, la circunstancia que con ella se busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. En suma, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o el reconocimiento de derechos;

2.- En tal sentido, viene al caso poner en relieve que lo propuesto a través de esta acción constitucional comporta la necesidad de elucidar el estatuto jurídico al que se encuentra sometido el vínculo que liga a las partes y, con ello, la definición de en qué medida pueda resultarle aplicable la normativa del Código del Trabajo. Dicho directamente, se busca que por esta vía se declare que la relación contractual, de plazo fijo, devino en indefinida al amparo del artículo 159 N°4 del Código del Trabajo y tal pretensión supone erigir a esta Corte en una suerte de juzgado de primera instancia y hacer que ejerza atribuciones que le están vedadas, so pena de vulnerar de ese modo el mandato de los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó el ministro suplente señor Aravena y la prevención, su autor.

N°Protección-27229-2024.