Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece don Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, en representación de don nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en la omisión de dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria presentada mediante carta certificada con fecha 2 de mayo de 2025, ni remitir los antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, conforme a la Ley N° 20.430 .

Expone que el recurrente, ciudadano venezolano, se vio obligado a abandonar su país de origen debido a la violencia generalizada, ingresando a Chile por paso habilitado el día 9 de junio de 2019 .

Señala que, inició gestiones para regularizar su situación migratoria que concluyó sin resultados favorables. En razón de ello, con fecha 2 de mayo de 2025, remitió carta certificada a la Subsecretaría del Interior solicitando su regularización conforme al artículo 155 de la Ley N° 21.325, acompañando todos los antecedentes necesarios. Sin embargo, a la fecha de interposición del recurso, no ha recibido respuesta alguna por parte de la autoridad, ni ha sido contactado, ni se le ha otorgado la visación de residente temporario contemplada en el artículo 32 de la Ley N° 20.430 .

Indica que esta falta de respuesta constituye una omisión ilegal y arbitraria, afectando gravemente su situación jurídica.

Agrega que el derecho a solicitar refugio es un derecho humano fundamental, reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la Constitución Política de la República, que en su artículo 5° impone al Estado el deber de respetar y promover los derechos fundamentales .

Sostiene que la actuación de la recurrida vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al haberse otorgado un trato desigual respecto de otros extranjeros en situación similar, al no tramitar su solicitud ni otorgar respuesta dentro de un plazo razonable .

En cuanto a la procedencia del recurso, indica que concurren los requisitos del artículo 20 de la Constitución, esto es, la existencia de una omisión ilegal y arbitraria, la afectación de garantías constitucionales y la relación de causalidad entre dicha omisión y el perjuicio sufrido, consistente en la imposibilidad de regularizar su situación migratoria .

En definitiva, solicita se acoja el recurso de protección, declarando ilegal y arbitraria la actuación de la autoridad, ordenando dar curso a la solicitud presentada con fecha 2 de mayo de 2025, remitir los antecedentes a la autoridad competente y otorgar la visa temporaria correspondiente mientras se resuelve la solicitud de refugio SEGUNDO: Que, comparece doña Alejandra Salinas Silva, abogada, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, evacuando informe en relación con la acción de protección interpuesta en favor de don nombre reservado .

Expone, en primer término, que existe una confusión en el recurso, toda vez que el recurrente alude indistintamente a dos solicitudes diversas: por una parte, una solicitud de regularización migratoria por motivos humanitarios conforme al artículo 155 de la Ley N° 21.325; y, por otra, una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado conforme a la Ley N° 20.430, precisando que se trata de mecanismos jurídicos distintos, con procedimientos, requisitos y autoridades competentes diferentes .

En lo pertinente al caso concreto, informa que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal del recurrente fue recibida con fecha 20 de agosto de 2025, encontrándose actualmente en tramitación el acto administrativo que debe resolverla, el cual será notificado una vez concluido el procedimiento .

Sobre el fondo, sostiene que no existe omisión ilegal ni arbitraria, por cuanto estas solicitudes requieren un análisis exhaustivo y su tramitación puede ser extensa, atendido el alto volumen de requerimientos. Indica que, por ejemplo, solo entre enero y mayo de 2024 se presentaron más de 4.500 solicitudes de este tipo, y que han experimentado un aumento exponencial desde el año 2022 .

Agrega que el plazo de 6 meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República, por lo que su eventual superación no implica ilegalidad del procedimiento .

Sostiene que no se ha acreditado la vulneración de garantías constitucionales.

En virtud de lo expuesto, solicita el rechazo del recurso de protección, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar TERCERO: Que, a su vez allegó informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo íntegro de la acción por no configurarse los presupuestos del artículo 20 de la Constitución Indica que el recurrente solicitó ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, fijándosele una cita para el día 15 de abril de 2025, a la cual no asistió. En consecuencia, con fecha 6 de junio de 2025, se procedió al archivo de dicha solicitud .

Agrega que, con fecha 2 de mayo de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones recibió una carta certificada mediante la cual el recurrente solicitó la regularización de su situación migratoria al amparo del artículo 155 N° 8 y 9 de la Ley N° 21.325 .Que, mediante Oficio Ordinario N° NUM000, de fecha 18 de agosto de 2025, el Servicio remitió todos los antecedentes de dicha solicitud a la Subsecretaría del Interior, por ser el órgano legalmente competente para conocer y resolver este tipo de peticiones .

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que, la acción que se califica de ilegal y arbitraria consiste en la falta de pronunciamiento respecto de la presentación enviada por el actor con fecha 2 de mayo de 2025, mediante carta certificada, por la cual solicitó la regularización de su situación migratoria al amparo del artículo 155 de la Ley N° 21.325, vinculando dicha omisión, además, a la supuesta falta de tramitación de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

SEXTO: Que, para resolver la controversia de autos, es preciso mencionar, que respecto a la tramitación de condición de refugiado esta se encuentra archivada, atendido lo señalado en el informe del Servicio Nacional de Migraciones.

En cuanto, a la regularización migratoria, que aunque el artículo 27 de la Ley N° 19.880 establece un plazo de seis meses para concluir los procedimientos administrativos, este no es fatal.

Esto ha sido confirmado tanto por la Corte Suprema como por la Contraloría General de la República, quienes han sostenido que el vencimiento de dicho plazo no invalida ni caduca el procedimiento administrativo, debiendo interpretarse la norma en el sentido de que la Administración se encuentra obligada a pronunciarse y/o concluir un procedimiento en un plazo razonable, a fin de evitar mantener en la incertidumbre a los peticionarios. precisando la Subsecretaría de Interior en su informe a esta Corte que los antecedentes se encuentran actualmente en análisis, con el fin de continuar con el procedimiento.

SÉPTIMO: Que, en ese sentido, el tiempo transcurrido desde la solicitud de la parte recurrente no aparece como desproporcionado, arbitrario o carente de razón, atendida la naturaleza de la petición, la que por su carácter excepcional requiere un análisis más exhaustivo por parte de la autoridad administrativa. En efecto, se ha informado que la solicitud se encuentra actualmente en tramitación, por lo que la duración y estado del procedimiento no configuran, a la fecha, una actuación ilegal o arbitraria.

OCTAVO: Que, por otra parte, no se explica ni se desprende de las alegaciones de la parte recurrente, ni de los antecedentes expuestos en la presente acción cautelar, de qué manera se han vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso. En efecto, no se ha acreditado que alguna persona, en condiciones similares a las del protegido, haya recibido un trato desigual. En consecuencia, no se ha demostrado que la falta de resolución de su solicitud haya privado, perturbado o amenazado al recurrente en el ejercicio de alguno de sus derechos fundamentales, lo que determina que la presente acción no pueda prosperar, debiendo ser desestimada;

NOVENO: Que, no advirtiendo esta Corte un acto arbitrario o ilegal de parte de la Subsecretaría del Interior, siendo el órgano de la administración competente para la dictación de un acto terminal que resuelva la petición de la parte recurrente, procede, como se dirá, el rechazo del presente arbitrio cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-27216-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Fernando Antonio Valderrama Martínez, el Ministro (S) señor Manuel Esteban Rodríguez Vega y el Abogado Integrante señor Luis Hernández Olmedo.

En Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.