Protección contra Hospital Dr. Luis Tisné Brousse

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado deduciendo recurso de protección en contra del Hospital Dr. Luis Tisné Brousse, representado por su director don nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la resolución que confirmó y dispuso hacer efectiva la medida disciplinaria de destitución con ocasión del sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N° NUM000, de 26 de mayo de 2025.

Expone que la medida disciplinaria se funda en haber viajado a República Dominicana entre los días 6 y 13 de agosto de 2024 mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica N° NUM001, emitida el 20 de julio de ese año, que se extendía hasta el 18 de agosto.

Sostiene que la decisión administrativa es ilegal y arbitraria por cuanto no se ponderó adecuadamente su condición médica y psicológica, especialmente las circunstancias que estaba embarazada, padecía una patología de salud mental y contaba con antecedentes médicos que explicaban la necesidad de alejarse de los factores que agravaban su estado emocional. Afirma que el viaje no obedeció a fines recreativos ni a una intención de defraudar al servicio, sino a una medida adoptada en un contexto de crisis personal y de salud.

Agrega que el procedimiento sumarial omitió antecedentes relevantes, desatendió certificados médicos y declaraciones que daban cuenta de su situación clínica, y calificó de manera desproporcionada su conducta como infracción grave al principio de probidad administrativa, sin justificar suficientemente por qué los hechos ameritaban la sanción máxima de destitución.

Estima vulneradas las garantías consagradas en los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, relativas a la vida e integridad física y psíquica y a la igualdad ante la ley.

Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución recurrida, se disponga su mantención o reincorporación en el cargo y se ordene el pago de las remuneraciones correspondientes al período en que haya permanecido separada del servicio, con costas.

Segundo: Que, informando el Hospital Santiago Oriente Dr. nombre reservado

Brousse, solicita el rechazo del recurso.

Expone que el 23 de mayo de 2025 la Contraloría General de la República informó mediante Oficio NUM002 una nómina de funcionarios del hospital que registraban salidas o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica, entre quienes se encontraba la recurrente.

Señala que por Resolución Exenta N° NUM000, de 26 de mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo para determinar su eventual responsabilidad funcionaria y que, luego de la etapa indagatoria, se tuvo por acreditado que la recurrente viajó a República Dominicana el 6 de agosto de 2024 y regresó al país el 13 de agosto del mismo año, mientras se encontraba con reposo laboral otorgado por licencia médica extendida el 20 de julio de 2024 por veintiocho días.

Indica que mediante Resolución N° NUM003, de 7 de agosto de 2025, se aprobó el sumario administrativo y se aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de destitución, conforme a los artículos 121 letra d) y 125 del D.F.L. N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Refiere que luego se dictó la Resolución Afecta N° NUM004, de 9 de septiembre de 2025, que aplicó en forma definitiva la medida disciplinaria, remitiéndose los antecedentes a la Contraloría General de la República para el trámite de rigor. Agrega que el órgano contralor tomó razón del acto mediante Oficio de 20 de noviembre de 2025, con el alcance relativo a que la medida expulsiva no podía producir efectos sino una vez transcurridos sesenta días del acto eleccionario presidencial de 14 de diciembre de 2025, razón por la cual se notificó a la recurrente que la sanción se haría efectiva a contar del 13 de febrero de 2026.

Sostiene que la acción de protección no constituye una instancia de revisión del mérito del sumario administrativo, ni permite reabrir la ponderación probatoria efectuada por la autoridad administrativa. Añade que el procedimiento fue legalmente tramitado, que la recurrente fue notificada, formuló descargos, ejerció los recursos administrativos correspondientes y que la resolución sancionatoria fue tomada de razón por la Contraloría General de la República.

En el folio 16 aclaró que por un error involuntario en su informe señaló que la recurrente se desistió de interponer recurso de reposición en contra de la Resolución Afecta N° NUM003, en circunstancias que según consta del expediente, presentó dicho recurso el 26 de agosto de 2025, el que fue desestimado mediante Resolución Afecta N° NUM004, de 9 de septiembre del mismo año, notificada personalmente el 22 del mismo mes.

Informó, además, que la recurrente dedujo reclamación ante la Contraloría General de la República por los mismos hechos, la que fue resuelta el 11 de marzo de 2026, absteniéndose de emitir pronunciamiento por encontrarse pendiente el recurso de protección.

Tercero: Que, por su parte, la Contraloría General de la República informó que los antecedentes relativos a la recurrente fueron puestos en conocimiento del Hospital Dr. Luis Tisné Brousse el 22 de mayo de 2025, consistentes en la nómina de trabajadores del órgano que habían salido del país mientras hacían uso de licencia médica durante el período 2023-2024, elaborada a partir de información proporcionada por la Superintendencia de Seguridad Social y la Policía de Investigaciones de Chile.

Señaló que dicha comunicación tuvo por objeto que el hospital instruyera los procedimientos administrativos de rigor para determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades comprometidas, sin perjuicio de comunicar a la COMPIN o a las instituciones de salud previsional respectivas las irregularidades que se verificaran.

Asimismo, informó que, en el caso de la recurrente, el registro daba cuenta de una salida del país el 6 de agosto de 2024 y de un ingreso el 13 del mismo mes y año por el Aeropuerto nombre reservado, en circunstancias que existía licencia médica emitida el 20 de julio de 2024 por veintiocho días.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, en la especie, el acto impugnado se inserta dentro de un procedimiento sumarial instruido por la autoridad competente, a partir de antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad administrativa de la recurrente por haber salido del país durante el período cubierto por una licencia médica.

De los antecedentes aparece que la recurrente fue sometida a un sumario administrativo; que se le formularon cargos; que presentó descargos; que el fiscal instructor emitió vista fiscal; que el Director del Hospital dictó resolución aprobando el sumario y aplicando la medida disciplinaria de destitución; que la recurrente interpuso recurso de reposición que fue rechazado mediante Resolución Afecta N° NUM004, de 9 de septiembre de 2025; y que el acto fue remitido a toma de razón ante la Contraloría General de la República.

Sexto: Que, de esta manera, no se advierte una omisión absoluta de procedimiento ni una privación del derecho a defensa que permita calificar el acto como manifiestamente ilegal. Por el contrario, la recurrente ejerció sus derechos dentro del procedimiento administrativo, formuló sus alegaciones, acompañó antecedentes y dedujo los recursos administrativos que estimó pertinentes.

Cuestión distinta es que discrepe de la ponderación efectuada por el fiscal instructor, por el director del Hospital o por el órgano contralor respecto de la gravedad de los hechos, la suficiencia de sus explicaciones médicas o la procedencia de la sanción aplicada. Sin embargo, tal discrepancia no transforma, por sí sola, el acto recurrido en ilegal o arbitrario para efectos de esta vía cautelar.

Séptimo: Que la recurrente sostiene, en lo medular, que el viaje efectuado durante el período de licencia médica obedeció a una situación excepcional de salud mental, embarazo, angustia y necesidad terapéutica de alejarse del entorno que agravaba su estado emocional. Tales alegaciones pueden resultar relevantes desde una perspectiva médica, funcionaria o disciplinaria; sin embargo, fueron precisamente materias planteadas dentro del procedimiento sumarial y ponderadas por la autoridad administrativa al resolver.

En consecuencia, acceder a lo solicitado importaría que esta Corte revisara nuevamente el mérito del expediente disciplinario, revalorara los certificados médicos, los descargos, las declaraciones y la apreciación de la gravedad funcionaria realizada por la Administración, cuestión que excede la naturaleza breve y cautelar del recurso de protección.

Octavo: Que, además, la medida disciplinaria impugnada fue sometida al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, órgano que cursó el acto con el alcance relativo a la oportunidad en que podía producir sus efectos, sin representar su ilegalidad. Si bien dicho control no impide en términos absolutos el control jurisdiccional de un acto administrativo, sí constituye un antecedente relevante para descartar, en esta sede, la existencia de una ilegalidad manifiesta.

Noveno: Que tampoco se advierte vulneración de la igualdad ante la ley. La recurrente no aporta antecedentes suficientes que permitan sostener que, frente a situaciones sustancialmente equivalentes, la Administración haya otorgado un trato diverso, inmotivado o discriminatorio. Lo que plantea es, más bien, una disconformidad con la calificación jurídica y disciplinaria de su conducta, cuestión que no basta para configurar la garantía invocada.

Décimo: Que, en cuanto a la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, las alegaciones de la recurrente relativas a su estado de salud mental, embarazo, antecedentes personales y afectación emocional fueron expuestas como fundamento de su defensa frente a la sanción administrativa. No obstante, de ello no se sigue que la dictación de la resolución disciplinaria constituya, por sí misma, una afectación ilegal o arbitraria de su vida o integridad física y psíquica, en los términos exigidos por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Undécimo: Que, en definitiva, la acción deducida pretende dejar sin efecto una medida disciplinaria aplicada luego de un procedimiento administrativo regular, sustituyendo por esta vía la valoración efectuada por la autoridad competente respecto de la infracción funcionaria, la gravedad de la conducta y la sanción correspondiente. Tales materias deben ser discutidas, en su caso, a través de las vías administrativas o jurisdiccionales ordinarias que contempla el ordenamiento jurídico, y no mediante la presente acción cautelar.

Duodécimo: Que, en las condiciones expuestas, no se ha acreditado la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, razón por la cual el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Hospital Santiago Oriente Dr. nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro Rodriguez Moreno.

N° Protección-27211-2025.