Protección contra TESORERO PROVINCIAL DE MAIPÚ

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de agosto de dos mi veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, factor de comercio, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, deduce acción de protección en contra del TESORERO PROVINCIAL DE MAIPÚ, don nombre reservado, en su calidad de juez sustanciador, domiciliado en domicilio reservado, por los hechos que pasa a exponer.

Explica que consta en expediente administrativo Rol N°10.000-2011, tramitado ante el recurrido, que el 8 de abril de 2011, en el domicilio de domicilio reservado, doña Gladys Cornejo Osorio, en su calidad de recaudador fiscal de la Tesorería Provincial de Maipú, notificó y requirió de pago al recurrente por las obligaciones tributarias seguidas en dicho proceso, así como procedió a trabar embargo sobre los Vehículos placa patente NL-4406 y FY-3448, sin existir oposición a la ejecución.

Refiere que, a la fecha, el citado expediente administrativo se encuentra sin movimientos desde el 17 de junio de 2015, por lo que, con fecha 29 de julio de 2019, solicitó ante el Tesorero Provincial de Maipú, que en aplicación de lo preceptuado por el artículo 201 del Código Tributario, declarara la prescripción o caducidad de las acciones de cobro, dada su inactividad. Aquel mediante resolución de 30 de octubre de 2019, resolvió no dar lugar a una solicitud de decaimiento administrativo.

Ante dicha resolución, interpuso recurso de reposición con recurso jerárquico supletorio, alegando que la resolución recurrida no resuelve derechamente su petición, ya que no se pronuncia respecto de la caducidad del citado procedimiento, atendiendo a los plazos de prescripción señalados en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, sino que, se limita a resolver sobre cuestiones que no fueron sometidas a la decisión del Tribunal y que nada tienen que ver con su petición concreta.

Luego, el 10 de diciembre de 2019, la Tesorería Provincial de Maipú dicta resolución que rechaza ambos recursos. Respecto del recurso de reposición le niega lugar por extemporáneo; sin embargo, manifiesta que efectivamente lo resuelto en sentencia del 30 de octubre de 2019 es distinto a lo solicitado, por lo que en virtud de las facultades de corrección de oficio que le otorga el artículo 177, inc. 3° del Código Tributario ordena se informe sobre la caducidad planteada.

Por resolución de 16 de diciembre de 2019, la recurrida rechaza su solicitud de caducidad del procedimiento, que señala que: “La normativa tributaria tiene el carácter de especial y en este contexto, solo en lo no contemplado por la misma norma se aplicará supletoriamente el Derecho Común, por lo que no resulta procedente la aplicación por analogía que se pretende mediante el criterio en análisis, como ya se ha señalado, la caducidad reclamada no tiene sustento legal y, en dicho supuesto no es posible emplear la analogía si estamos frente a una normativa de carácter especial, sólo aplicable al caso particular y descrito por la propia norma, no es dable aplicar una parte de la norma que beneficia al contribuyente prescindiendo de lo restante, se debe considerar la totalidad de la misma en miras a resguardar el espíritu del legislador”.

Expone que de las gestiones de dicho expediente administrativo, el cierre de la etapa administrativa del proceso se habría producido el 23 de marzo de 2012; luego se señala que el 21 de enero de 2013, se habría emitido resolución que ordena derivar los antecedentes al Juzgado Civil y que, el 28 de marzo de 2013 se habría producido la notificación de inicio de la 2ª etapa judicial, cuestiones todas que no se realizaron jamás en los citados autos, los que luego se extraviaron en dicha repartición pública. Así, consta también que el 16 de abril de 2015 y ante el desconocimiento de la ubicación material del expediente, se ordenó su búsqueda exhaustiva y su reconstitución, fijando un plazo de 5 días para ello, quedando constancia de todo esto en el Acta de Reconstitución de Diligencias por parte de la Recaudadora Fiscal Doña Gladys Cornejo Osorio.

Concluye que sólo consta como gestión en los citados autos administrativos, la diligencia de 8 de abril de 2011, en que se le notificó dicha instancia, y se le requirió de pago embargándosele bienes. Posterior a esto, consta que la siguiente gestión realizada por el Tesorero Provincial es de fecha 17 de junio de 2015 y por la cual ordena ampliar el embargo, resolución a la que no se le ha dado el debido diligenciamiento.

Refiere que el historial de gestiones incorporado a los autos administrativos resulta ser impreciso y alejado a la realidad material del expediente, pues no consta de ninguna forma la supuesta resolución de cierre de la etapa administrativo del proceso de fecha 23 de Marzo de 2012, ni la resolución de fecha 21 de Enero de 2013 en que se habría ordenado derivar los antecedentes al Juzgado Civil y ni mucho menos que con fecha 28 de Marzo de 2013 se habría producido la notificación de inicio de la 2ª etapa judicial remitiendo los antecedentes a la Justicia Ordinaria, en conformidad al artículo 179 del Código Tributario. Es más, a esta fecha tampoco existe constancia de que se hayan derivado los antecedentes al juzgado de letras de Peñaflor (Tribunal Civil Competente), como lo ordenó el Sr. Juez nombre reservado en su resolución de fecha 16 de diciembre de 2019 que desechó definitivamente nuestra solicitud de declaración de prescripción, ni consta en dicho Tribunal ingreso alguno de requerimiento de la Tesorería derivado de dichos autos administrativos.

Finalmente, señala que la inactividad de la administración en la prosecución del procedimiento administrativo de cobro es una acto ilegal y arbitrario que vulnera su garantía constitucional establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita acoger el presente recurso, ordenando al recurrido dictar conforme al artículo 14 de la ley 19.880, en el expediente administrativo rol 10.000-2011, la resolución que lo declara terminados por desaparición de su objeto, en aplicación de la prescripción establecida en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, dejando sin efecto lo en ellos obrado, con costas.

Segundo: Que, evacua Informe el abogado CRISTIAN VARGAS BUGUEÑO, en su calidad de Fiscal y en representación de la Tesorería General de la República, solicita el rechazo del recurso de protección por las razones que pasa a exponer.

Indica que la presentación a que alude el recurrente no es otra que la caducidad del procedimiento administrativo de conformidad al artículo 200 y 201 del Código Tributario, donde basta una simple lectura para darse cuenta que en ninguna parte solicita o requiere la prescripción aludida, en su requerimiento sólo pide se declare la caducidad conforme a los artículos 200 y 201 del Código Tributario, refiere al decaimiento del procedimiento administrativo y la mentada caducidad.

Sostiene que la notificación administrativa del giro o liquidación fue realizada el 8 de abril del 2011, planteando que han trascurrido más de 8 años desde la notificación y requerimiento de pago. Sin embargo, señala que el contribuyente confunde los plazos de la prescripción de la acción fiscalizadora del Servicio y la prescripción de la acción de cobro, que una vez practicada la notificación y requerimiento de pago, genera un efecto de interrupción que naturalmente el contribuyente omite.

En cuanto al recurso interpuesto, solicita primero su rechazo por cuanto el recurso de protección no es la vía idónea para discutir y resolver la cuestión planteada, ya que no existe un derecho indubitado al no haber sido acogida una solicitud de caducidad y decaimiento del cobro de obligaciones tributarias por parte del Servicio de Tesorerías.

Relata que la Tesorería General de la República dedujo, oportunamente, un procedimiento judicial ejecutivo de cobro en contra del actual recurrente. Este procedimiento judicial contiene la deuda del contribuyente, se trata de formulario 21, cuyo detalle de folios aparece en el expediente, por sumas giradas por el Servicio de Impuestos Internos, a saber, Impuesto al Valor Agregado, IVA, el 28 de febrero del 2011. La fecha del giro se consigna en el cod. 215 del formulario y folio señalado. Ello, según el siguiente detalle del expediente administrativo que se acompaña en un otrosí del presente Informe. La cobranza de los folios comienza con el Expediente Administrativo de cobro, el que fue generado por la Tesorería Provincial de Maipú del Servicio de Tesorerías el 28 de febrero del 2011, con el número 10000-2011 de la Comuna de Padre Hurtado, debido al domicilio domicilio reservado.

En dicho expediente consta que el recurrente no opuso en su oportunidad la excepción de prescripción correspondiente y que hoy alega como “caducidad”, lo que estima es del todo improcedente, ya que los artículos 176 y 177 del Código Tributario señalan, en lo que interesa, que el ejecutado podrá oponerse a la ejecución ante la Tesorería Comunal respectiva, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la fecha del requerimiento de pago practicado conforme al artículo 171º, y luego que dicha oposición del ejecutado sólo será admisible cuando se funde en alguna de las siguientes excepciones: 1º.- Pago de la deuda; 2º.- Prescripción, y 3º.- No empecer el título al ejecutado.

Alega, además, que la discusión planteada requiere de un pronunciamiento declarativo, en concreto, lo que se está planteando en el recurso de protección deducido es una discusión acerca de la procedencia o no de declarar la prescripción de una deuda, la caducidad o el decaimiento administrativo, todos con efectos extintivos, y que el recurso de protección se trata de un procedimiento jurisdiccional cautelar y extraordinario, de carácter breve y urgente, y, ciertamente, no un juicio declarativo de derecho.

Refiere que tampoco hay actuación ilegal o arbitraria de la Tesorería, por cuanto señala que es improcedente la caducidad y/o decaimiento en el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias, la que no está contemplada en la normativa pertinente del Código Tributario, manifestando que el legislador al señalar las excepciones correspondientes emplea la expresión “sólo será admisible”, vale decir que no se admiten otras distintas.

Así tampoco es posible sostener que puede ser aplicable la sanción de ineficacia del decaimiento del acto administrativo en este juicio de obligaciones tributarias, ya que explica que la doctrina y jurisprudencia ha establecido ciertos requisitos y supuestos para entender la posibilidad de aplicación de esta pérdida de eficacia para los actos administrativos, entre ellos que el administrado se encuentra en la incertidumbre cuando se ha generado un largo transcurso de tiempo dentro de un procedimiento administrativo -cuyo resultado será una sanción por parte del órgano fiscalizador correspondiente- sin que este haya concluido con el acto administrativo terminal que regula esa situación de supuesto incumplimiento o infracción, y en este caso el procedimiento de cobro no es un procedimiento sancionatorio que tenga por objeto imponer una sanción, lo que no ocurre en el caso.

Por último, entiende que, si bien el procedimiento seguido ante el Juez nombre reservado es la primera fase del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias ante un órgano administrativo, no puede desconocerse que el mismo si tiene carácter jurisdiccional, por lo que no sería aplicable la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos N°19.880, sino que ha de aplicarse las reglas establecidas para este procedimiento en el Código Tributario.

Por todo lo anterior, sostiene que no hay actuación ilegal o arbitraria de su parte, por lo que solicita el rechazo de la acción interpuesta.

Tercero: Que, se trajeron los autos en relación.

Cuarto: Que, el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso recurrir a la Corte de Apelaciones a fin de que se adopte de inmediato las providencias que fuere necesario para establecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

Sexto: Que, según no resultó discutido y consta de la documental incorporada, que el contribuyente no opuso excepciones a la ejecución y, que con fecha 21 de enero de 2013, se ordenó la remisión de los antecedentes al Juzgado Civil competente, para efectos de lo dispuesto en el artículo 179 del Código Tributario.

Séptimo: Que, en consecuencia, el asunto que ha servido de sustento a la acción constitucional promovida en estos autos se encuentra sujeto a discusión ante el Juzgado Civil competente, de modo que la cuestión en examen está sometida al procedimiento adecuado, que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos y donde deben, por tanto, impetrarse las solicitudes que digan relación con las actuaciones de dicho proceso. En consecuencia, la situación controvertida se encuentra bajo el imperio del derecho.

Octavo: Que, por los fundamentos antes señalados, el presente arbitrio no podrá prosperar y será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA SIN COSTAS, el recurso de protección intentado por nombre reservado en contra del TESORERO PROVINCIAL DE MAIPÚ.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

N°Protección-2721-2020.

Pronunciada por la Undécima Sala de esta I. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo, e integrada por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega y la Abogado Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.