Protección contra Superintendencia de Seguridad social

Santiago, siete de julio de dos mil veintidós.

Visto.

Primero: Que, Patricio Cornejo González, abogado, deduce recurso de protección en favor de Sofía, soltera, chilena, en contra de la Superintendencia de Seguridad social.

Refiere que el 16 de diciembre de 2021 fue notificada por correo electrónico por parte de la Superintendencia de Seguridad Social de la Resolución Exenta Nº NUM000 que confirma el rechazo de la licencia por no encontrarse justificado el reposo.

Con el fin de acreditar sus dichos acompaña informe médico del facultativo nombre reservado que concluye sobre el reposo médico que este corresponde, que al momento de la entrevista y desde un punto de vista psiquiátrico, en su opinión personal, la paciente presenta un compromiso moderado de su capacidad funcional por lo que no está en condiciones de reinsertarse a su trabajo. Estima que la recurrente, estará en condiciones de reingresar a su trabajo en un plazo de 60 días.

Arguye que, en la especie, la decisión de la autoridad recurrida vulnera las garantías de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Respecto de la primera garantía vulnerada, explica que ello se verifica dado que las negativas injustificadas indujeron a que la recurrente tenga distintas dificultades económicas, afectando su salud síquica y física.

Respecto de la segunda garantía constitucional denunciada como vulnerada, dice que sufrió una privación y disminución real de su patrimonio siendo que el contrato de trabajo con su empleador se ve afectado, lo cual constituye un atentado claro y preciso a la expresada garantía constitucional. La conducta reprochada se traduce en un gravamen económico para la recurrente que vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad que le asiste sobre los derechos que emanan del contrato, y la seguridad social.

Pide, previas citas legales, tener por interpuesto el recurso de protección y con su mérito, ordenar que se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal del rechazo de las licencias médicas según Resolución Exenta N° NUM001, Santiago 27 de diciembre del año 2020, que se paguen en forma íntegra todas las licencias médicas rechazadas, con costas.

Segundo: Que, evacuando informe la Superintendencia de Seguridad Social solicita, en cuanto a defensas de forma, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso de protección, ya que por presentación de 12 de octubre de 2021 la recurrente reclamó por el rechazo de la licencia médica, confirmándose el rechazo de la misma el 16 de diciembre de 2021. Ahora bien, la acción constitucional se ejerció el 13 de enero de 2022, cuando el plazo fatal de 30 días corridos se encontraba vencido con creces, pues ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la COMPIN el 7 de abril de 2021.

También alega la improcedencia de la acción constitucional de protección en materias de seguridad social y solicita se declare improcedente, atento que el libelo de protección se refiere a una garantía constitucional que no se encuentra cubierta por la acción interpuesta.

En subsidio a todo lo anterior, plantea la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad y la ausencia de derechos vulnerados, pues solo se ha limitado su representada a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. Solicita el rechazo de la presente acción cautelaren todas sus partes.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, es posible sostener que la recurrente previamente agotó la vía administrativa interna, que se contempla en estos casos, y sólo recurrió de protección en contra del acto final que mantuvo el rechazo de las licencias médicas aludidas por la protegida en su libelo, que corresponde a la Resolución Exenta N° NUM000 de 16 de diciembre de 2021, fecha desde la cual debe computarse el plazo de 30 días corridos que contempla el artículo 1° del Acta N° 94/2015 de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. En consecuencia, el recurso ha sido deducido dentro de plazo, al haberse presentado el 13 de enero de 2022, motivo por el cual se rechazará la alegación de extemporaneidad.

Quinto: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social, toda vez que materias como la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, serían al decir de la recurrida propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y como de manera reiterada lo ha sostenido esta Corte, esa defensa será desatendida, puesto que lo que se censura en este caso, está dado en una supuesta falta de motivación y contradicción de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida, y al derecho de propiedad por el no pago de las licencias rechazadas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como se alude.

Sexto: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso recordar que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, preceptúa que: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", como asimismo lo ordenado en su artículo 21: "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica".

Séptimo: Que, de la revisión de los antecedentes aparejados por las partes de este arbitrio constitucional, y teniendo además a la vista lo acompañado por la recurrida en su informe, puede establecerse que se extendió la licencia N° NUM002 por el médico tratante de la recurrente por 18 días a contar del 15 de marzo de 2021, indicándose como diagnóstico “Pte en proceso de separación, marco conflictos, se ha acelerado con aislamiento, su madre esta en crisis” (sic).

Consta de los datos allegados por la recurrida, que se citó a la recurrente a un peritaje por parte de su Isapre, no habiendo concurrido a dos peritajes indicados por su Isapre. Se debe consignar que por este mismo diagnóstico (código F43), la paciente está con licencia desde el 24 de julio de 2020, emitidas todas por el mismo médico, nombre reservado.

Octavo: Que, el mismo informe médico acompañado por la actora, extendido por su médico tratante, consta en los antecedentes acompañados por la recurrida, informe de 8 de abril de 2021, sin embargo, no se aprecia que exista una justificación médica, conforme al diagnóstico clínico, para mantener el reposo, pues del peritaje efectuado ya en el mes de junio de 2020 por instrucción de Isapre Banmédica, de la sola lectura de ambos informes, se aprecia que las conclusiones son similares, y que el tiempo de reposo sugerido, es menor.

Además, hay que considerar que la recurrida tampoco se presentó a otros dos peritajes instruidos por su Isapre, y que se amparan en lo regulado en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional.

Noveno: Que, así las cosas, se aprecia que el acto administrativo impugnado por la recurrente, se ajusta a derecho, ha sido pronunciado por la autoridad en el marco de su competencia, y que lo hace ponderando los antecedentes médicos de la recurrente, por lo que se ajusta a un criterio de fundamentación del acto administrativo, de lo que se colige entonces, que no hay ilegalidad ni arbitrariedad en el mismo.

Décimo: Que, a mayor abundamiento, no se está en presencia de un derecho indubitado, dado que el acceso a la licencia médica, supone la existencia de un diagnóstico clínico debidamente respaldado por antecedentes médicos, y cuyo reposo suponga una recuperación de la salud de la paciente, lo que en la especie, no queda claro con los datos aportados por la actora, los que además, constituyen antecedentes debidamente ponderados por la autoridad recurrida, de lo que se sigue entonces, que no existe vulneración o perturbación alguna a las garantías constitucionales denunciadas como amagadas.

Undécimo: Que, por las razones anotadas de forma precedente, la acción de protección deducida deberá ser rechazada en todas sus partes, como se dirá.

En mérito de lo razonado y explicitado y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por Patricio Cornejo González, abogado, en favor de Sofía, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Redacción del Ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza.

Rol Corte Nº 272-2022 (Protección)